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Azkuna y el bolo chino> Carmen García (Alternatiba Bilbao)

Carmen García

Asamblea de Alternatiba de Bilbao

Como si de Marco Polo se tratase, el alcalde de Bilbao y su fiel séquito se encaminaron hace algunos días, hacia el lejano Oriente. Eso sí, los tiempos cambian y la clase bussiness del transporte aéreo facilita mucho el viaje. Y es que la dura tarea a la que se enfrenta en estos días en la Expo de Shangái, donde no para de comer y cenar con ilustres de varios lugares, requiere de relax y confort para no estresarse en la faena.

Un nudo en la garganta se le hacía al excelentísimo cuando veía la ría de Bilbao en Shangai. Tanto se ha emocionado, que tras una de esas cenas a las que con mucho esfuerzo tiene que asistir, le apelaba a Bono, invitado en la mesa bilbaina, a que  estuviesen unidos en este importante momento que se supone tantos beneficios va a traer a Bilbao. Y es que de todos es sabido que cuando el buen beber acompaña una opípara degustación de manjares, la exaltación de la amistad siempre hace acto de presencia.

Y es que en palabras de Azkuna, el objetivo principal de esta aventura oriental es que “tenemos que remar todos juntos en la misma dirección para que vengan muchos chinos a nuestra ciudad a gastar dinero”. Mientras tanto, ya es nuestro dinero el que se está gastando en Shangái, en concreto 2,5 millones de Euros que se financian de dinero público proveniente de la Diputación de Bizkaia, el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento, que para esta cuestión han ido cogiditos de la mano hasta la China.

¿Cuánto supone esta cifra para Bilbao? En los actuales tiempos de crisis en los que vivimos, en los que se apeló en el presupuesto municipal 2010 a apretarse el cinturón a todas las áreas por el bien de la ciudad, no puede dejar impasible esta cifra exagerada de gasto, que se puede calificar de despilfarro, donde los beneficios que se supone que traerá esta inversión no dejan de aparecer cuanto menos poco claros.

Ya se sabe que las cuestiones numéricas son siempre muy relativas, y por eso quizá nos ilustre hacer algunas comparaciones con lo que el Ayuntamiento se gasta durante todo el año 2010 para algunas otras cuestiones.De vital importancia para el impulso económico de la ciudad, es invertir en políticas de empleo, ya que se sabe bien quien está pagando esta crisis y como se está cebando con las personas trabajadoras. En Bizkaia en concreto, durante el primer trimestre de 2010 la cifra de personas en paro ascendía a 60.900. ¿Cómo les va a beneficiar a estas personas el viaje de Azkuna y su séquito a Shangái? ¿Por qué no se ha invertido este dinero en políticas de empleo que se hubieran gestionado a través de Lan Ekintza? De hecho, esos 2 millones y medio de Euros gastados en protocolos, viajes, cenas, expositores, dantzaris y demás circos supone un 20% del total del presupuesto de Lan Ekintza para todo el año 2010.

Desde la Asamblea de Bilbao de Alternatiba, nos escandaliza esta cifra, nos escandalizan las declaraciones de Azkuna en el evento, y sobre todo nos escandalizan las prioridades de la política municipal de Bilbao, que prefiere despilfarrar el dinero en el lejano Oriente  a invertir en lo que realmente debería importar a cualquier gobernante y que son las personas, dando prioridad a quien más lo necesita en un momento en el que ya no nos quedan más agujeros en los cinturones, quizá por eso Azkuna usa tirantes, porque de tanta cena tampoco le van a dar los botones, eso sí, a la inversa.

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Días de fiesta> Jonathan Martínez (Alternatiba)

Jonathan Martinez
Alternatiba

Entre el 19 y el 22 de abril de 2010, Cochabamba ha celebrado una fiesta con veinte millares de personas invitadas. La han llamado Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, y sus protagonistas han tenido la oportunidad de sacarle los colores a los abajo firmantes de la crisis ambiental, denunciar sus gastos militares, reclamar justicia climática, en fin, la oportunidad de molestar a la bienpensante moral occidental con arengas anticapitalistas.

Entre el 7 y el 18 de diciembre de 2009, Copenhague celebró una fiesta con veinte millares de personas invitadas y un millar de personas detenidas. La llamaron Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, y de ella ya solamente recordamos la brutalidad de la policía danesa y el vergonzante encarcelamiento de dirigentes de Greenpeace.

América Latina también es territorio propicio para festejos de abuso y represión. Hay fiesta en Perú, donde Repsol YPF tramita nuevos permisos para irrumpir en la selva amazónica y ocupar suelo indígena. Confían en que la policía del presidente Alan García custodie sus fuentes de lucro con la sangrienta fidelidad que demostró en la masacre de Bagua contra la población nativa en junio de 2009.

Hay fiesta en Honduras, donde la policía secuestra y tortura al militante del Frente Nacional de Resistencia Popular, Óscar Flores. Donde se consolida la violencia de un gobierno golpista legitimado por las armas y por el silencio internacional, donde campan a sus anchas paramilitares extranjeros con la innoble tarea de exterminar cualquier resquicio de disidencia.

También hay fiesta en Colombia, donde la Asociación Campesina de Arauca anota el nombre de Alcidiades González Castro en la nómina de campesinos asesinados y cumple ya diez años de funeral permanente. Los festivos palmeros de Álvaro Uribe acumulan cuatro mil cadáveres de sindicalistas mientras quienes se atreven a denunciarlo lucen los hombros pelados de cargar ataúdes.

Otra fiesta campesina se oficia en Brasil, con el cuerpo de Pedro Alcantara de Souza convenientemente baleado por los enemigos de la reforma agraria. En la tierra de Lula, las multinacionales transgénicas saben dotarse de bien pagados sicarios que acallan a tiros las voces de la soberanía alimentaria.

El periodismo patrocinado no es ajeno al jolgorio. Quizá no conoce la fiesta de Brasil, ni la de Colombia, ni tan siquiera las fiestas de Honduras o de Perú. Nada se sabe tampoco de la fiesta de Copenhague. Eso sí -menos da una piedra-, se advierte su interés en la fiesta boliviana de Cochabamba, aunque por lo visto, es la que menos le gusta. Nuestros medios de comunicación, algunos investidos con vitola progre, exhiben una vez más su destreza para la lobotomía colectiva y perseveran en su linchamiento contra los mandatarios latinoamericanos que se atreven a contradecir la codicia transnacional.

Entretanto, las voces de la oficialidad se distraen celebrando el Día de la Tierra con falsa purpurina y convierten el conflicto ambiental en un decadente espectáculo mercantil. Lo dijo Eduardo Galeano en su saludo a la fiesta de Cochabamba: “estamos hartos de la hipocresía de los países ricos, que nos están dejando sin planeta mientras pronuncian pomposos discursos para disimular el secuestro.”

El 19 y 20 de diciembre de 2001, los tres millones de personas que se amontonaban en Buenos Aires celebraron una fiesta contra las políticas económicas de la clase gobernante. La llamaron Cacerolazo. En mitad del cachondeo, a alguien se le ocurrió celebrar su indignación con pintura en la pared y dedicarnos una frase que ya es imborrable: “Nos mean y los medios dicen que llueve”.

Damas y caballeros, que la fiesta continúe.

Fotografía: AZRainman

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Es ciudad para viejos> Jose Luis Agirre (Alternatiba)

Jose Luis Agirre
Militante de Alternatiba

Con tanto Guggenheim y tanto guiri a la caza del, cada vez más frecuente, menú del día depauperado sobre plato y orondo en factura, andábamos algo despistados e incluso olvidados de la gerontocracia municipal. Pero últimamente hay quejas por el olor a rancio y los seres sensibles dirigen sus ojos acusadores hacia el Ayuntamiento mientras tapan sus nasos para protegerlos del aroma a caduco y a alcanfor.

El postrer logro del Gran Munícipe, y sus entregados acólitos -activos unos, pasivos otros- ha sido elaborar una ordenanza para salvar la virtud pública. Tan recto intento haría las delicias de tratadistas de urbanidad, curillas del movimiento y flechas de la Falange. Carga el reglamento contra la cópula y el escarceo público, la pecaminosa música callejera, las indecorosas bicicletas, los molestos patinetes, las atrevidas cometas y los escandalosos espectáculos callejeros con mensaje político.

Este impulso redentor surgió en Miribilla, barrio de decente clase media nacido en los aledaños del lumpen de Las Cortes gracias a la labor regeneradora de la municipalidad. En Las Cortes antes hacían la calle sin más precio que el del viejo oficio -enfermedad, extorsión y hasta muerte- mujeres que integraban el paisaje sin que la autoridad hiciese aspaviento alguno. Pero ahora son fuente de perversión para el nuevo vecindario y, por eso, la piadosa corporación cedió un solar del barrio a la Santa Iglesia para que hiciese frente al pecado y, en estos momentos, propone una ordenanza para sancionar a las putas de exterior con multas de 700 a 1.800 euros. Ya lo dice el refranero: a Dios rogando y con el mazo dando.

Puestos a regular la carnalidad pensó el santo oficio municipal que mejor sancionar toda ella y no sólo la que es fruto de comercio, que contra éste no hay objeción, que aquí se reza a Jehová y al libre mercado. Por eso la nueva ordenanza reprime toda conducta sexual incívica en espacio público. De qué es incívico y qué es sexual decidirá el alcalde, máximo intérprete de la ordenanza ungido por la txapela y el espíritu santo.

Pero no atribuyamos todo el mérito de la feliz idea al shérif megabilbaino y a sus fieles munícipes. Esta ordenanza es reflejo de un equilibrio de poder. Mientras medio Bilbao haraganea al margen o en los márgenes de la política, la vieja ciudad -quede claro que lo viejo no es cuestión de edad ya que se sabe de muchos ancianos con el descarrío propio de la juventud- trabaja y elige a sus prebostes.

No vayan a pensar que son talibanes, la vieja ciudad estrenó a muchos de sus varones con putas y muchos de ellos de putas siguen pero ordenadamente, en los clubes regentados por honrados empresarios que pagan sus licencias. Y es que esta parte de la ciudad está compuesta, ni más ni menos, que por gente de orden: gente que consume drogas siempre legales salvo alguno que otro que comete níveos deslices, jamás admitidos, en la estricta intimidad, sin escándalos innecesarios; gente que engrosa los clubs de macramé de los partidos patria y ciertas áreas de jubilados adictos al canapé; personas todas ellas defensoras de la propiedad intelectual y de su cuota de acera; gente que repudia al mantero y a la chavalería que, sobre patín o a golpe de pedal, se niega a jugarse la vida en la carretera.

Agradecidos debemos estar a estas personas porque por ellas nada tememos de librepensadoras, ni de altermundistas, ni de jóvenes de cuerpo o espíritu, ni de las diferentes, ni que decir de esos caducos revolucionarios que se empeñan en joder, a base de manifestación, las felices tardes de compras por el centro. Ellos no forman parte del club aunque tal vez aún no se hayan dado cuenta. Esos malditos olfatos sensibles no se enteran de que, bajo este barniz de titanio hueco y perros naif, aunque no trasnoche, nunca descansa la ciudad de los viejos.

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Mercado libre y transgénico> Amaia Agirresarobe (Alternatiba)

Amaia Agirresarobe
Alternatiba

El día 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, el movimiento campesino junto con otras organizaciones sociales se manifestará en Madrid bajo el lema “por una agricultura y alimentación libre de transgénicos”. Esta día de lucha viene precedido por la decisión de la Comisión Europea de autorizar un nuevo cultivo transgénico en la UE, el primero desde 1998, una patata bautizada con el flamante nombre de Amflora. Esta decisión, amparada por la presidencia española, deja una vez más al descubierto el gran poder de las grandes transnacionales, verdaderos artífices y beneficiarios de una política agraria que, a pesar de la oposición de la mayoría de los ciudadanos/as de la UE, ha permitido la expansión de los transgénicos en nuestra alimentación.

Las grandes empresas de ingeniería genética han situado interesadamente el debate sobre el uso de transgénicos exclusivamente en términos de productividad. A través de una titánica campaña de propaganda, se nos ha vendido la manipulación genética de los alimentos como el último adelanto tecnológico capaz de aumentar la productividad de las cosechas creando cultivos resistentes a los insectos, tolerantes a los pesticidas y adaptables a extremas condiciones de frío y calor. La experiencia de 14 de años de comercialización de transgénicos, sin embargo, ha echado por tierra los “super poderes” atribuidos a estos cultivos. Los organismos genéticamente modificados (OGM) no son más productivos, no disminuyen los costes de producción, y en todo caso los aumentan, debido a sus mayores riesgos ambientales y su alta dependencia de químicos, casualmente comercializados por las mismas empresas que han diseñado y expandido los transgénicos. Los datos que avalan esta última conclusión son escalofriantes. Más del 81% de la superficie cultivada con variedades GM necesitan el herbicida Round-up, químico comercializado por la primera empresa de ingeniería genética del mundo, Monsanto. Mientras los beneficios para la población campesina se diluyen, los verdaderos vencedores de este negocio salen a la luz estimando sus beneficios para el 2010 en $25.000 millones

El intercambio de estudios sobre la productividad de los transgénicos ha ocultado y marginado otras implicaciones que sitúan al actual modelo agro-industrial en el centro del debate. Bajo esta perspectiva más amplia, la ingeniería genética se descubre como la nueva estrategia de las transnacionales (antes fue la Revolución verde) en su intento por expandir el actual modelo de producción industrial en el mundo. En este sentido, la implantación, o habría que llamarla imposición, de los transgénicos ha supuesto un recrudecimiento de los tres grandes fundamentos que caracterizan el actual modelo agropecuario: el control de las grandes corporaciones alimentarias de toda nuestra cadena de alimentación en connivencia con las políticas públicas agrarias, la indefensión y falta de autonomía de los/las pequeños campesinos/as en un mercado diseñado al servicio de las grandes empresas y la extensión de un modelo de producción intensivo, insostenible, de alta degradación ambiental y con posibles riesgos para nuestra salud. En definitiva, la llegada de los transgénicos es una nueva vuelta de tuerca del actual modelo de alimentación, ahora más dañino para la población campesina y consumidora, y que, además, parece no haber tocado límite en su avaricia.

La influencia de las empresas de ingeniería genética en las políticas públicas agrarias y, en este caso, en la expansión de los transgénicos es especialmente flagrante en la UE, la región donde mayor rechazo popular han despertado los OGM. La amplia oposición de la ciudadanía no ha impedido que la Comisión Europea, la última autoridad a la hora de aprobar o denegar las solicitudes de comercialización de OGM, haya autorizado desde 1998 el cultivo de dos variedades transgénicas, el maíz MON810, propiedad de Monsanto, y la recién autorizada patata Amflora. Ambas variedades han mostrado evidencias sobre su peligrosidad para la salud y/o el medio ambiente. Junto con estos dos cultivos, la UE ha autorizado también la importación de 21 variedades GM en forma de grano, mientras otras 57 esperan en la cola en la lista de aceptaciones. En el marco de esta timorata política agraria impulsada por la UE, el Estado español ha sido el país que con más entusiasmo ha abrazado los transgénicos. En el 2006, el Gobierno autorizó el cultivo de 53.000 hectáreas de maíz transgénico, exactamente el 83% del total cultivado en toda la Unión Europea.

El nivel de penetración de los transgénicos en el estado español es difícil de medir. Junto con las variedades legalmente importadas y la expansión a gran escala del cultivo del maíz MON 810, hay que añadir las producciones ilegales y la contaminación de semillas, cultivos y cosechas en el campo, difícilmente detectables por los actuales sistemas de trazabilidad. Según diferentes estudios y experiencias de la población agraria garantizar la ausencia de contaminación en territorios donde coexisten cultivos OGM y cultivos convencionales y ecológicos es técnicamente imposible salvo si se asumen enormes costes económicos, generalmente prohibitivos e incluso en algunas situaciones, aún así es imposible. En la práctica, todos estos factores han permitido que entre un 15 y un 17% de los alimentos a la venta en nuestros supermercados que contienen maíz o soja estén contaminados por transgénicos. Estos alimentos, además, pasarán inadvertidos para la población consumidora porque la actual ley de etiquetado del gobierno español permite que los alimentos que no superen la presencia de 0,9 de OGM no incorporen esta información en sus etiquetas, incluyendo los alimentos disfrazados de ecológicos.

La actual política agraria de la UE y las prácticas pro-transgénicas del Estado español, cliente número uno de Monsanto en toda la Unión Europea, han dado lugar a un fuerte movimiento de resistencia frente a los transgénicos. En Euskal Herria, hasta la fecha, se han declarado 250 zonas libres de OGM, incluyendo regiones y municipios, huertas escolares, explotaciones agrarias y huertas para consumo interno. Estas declaraciones de intenciones, difícilmente conciliables con las actuales políticas agrarias impulsadas por las instituciones, son la expresión de una voz disidente más amplia que el 17 de Abril en Madrid reclamará una alternativa al actual modelo de agricultura industrial. En esta lucha por un cambio de modelo, Alternatiba lo tiene muy claro, “Soberanía Alimentaria ya!!”.

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El CES y «los working poor»> Ander Rodriguez Lejarza (Alternatiba)

Ander Rodríguez Lejarza

Alternatiba

La Renta de Garantía de Ingreso desincentiva la búsqueda de empleo. Ésta es, a grandes rasgos, la insolidaria tesis que hemos escuchado de boca del Consejo Económico y Social de Euskadi (CES). Su nueva aportación a la sociedad es que la Renta de Garantía de Ingresos o Renta Básica, de 650 euros mensuales, se acerca demasiado a los sueldos de algunos sectores laborales, por lo que, para cobrar más o menos lo mismo, la gente se quedará en casa, especialmente quienes se dedican a tareas penosas y mal remuneradas. Y esto lo dice el CES sin sonrojo. Sin mostrar preocupación alguna por la inhumana precarización del empleo que se traduce de su argumento y que está haciendo avanzar un alarmante fenómeno denominado working poor:: trabajadores y trabajadoras con contrato legal que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Llama poderosamente la atención el Dictamen emitido por el CES -integrado por Confebask, CCOO, UGT y diversos agentes sociales e institucionales vascos- sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la Renta de Garantía de Ingresos: “Hay que valorar, a la hora de desarrollar la aplicación del Decreto, la interrelación con el mercado laboral en el caso de que se aproximen la cuantía de las ayudas y las retribuciones de algunos sectores”. El Consejo vasco no muestra inquietud alguna por la existencia de contratos basura, sino por una ayuda social que podría llevar a que un grupo de población se negara a aceptar trabajos precarios.

No resulta sorprendente que la crítica provenga de la patronal vasca, pero sí de CCOO y UGT, que asumen así un discurso ajeno a la clase que dicen defender. Lo apunta acertadamente Mikel de la Fuente, representante de la UPV en el CES y único voto negativo a la propuesta de acuerdo: “La cuantía de una prestación como la Renta de Garantía de Ingresos debe cumplir con ese objetivo de combatir la pobreza. Si se pretende que su cuantía no desincentive la integración en el mercado de trabajo, no procede la reducción de la prestación de garantía de ingresos, ya que en ese caso se alejaría aún de lo que ya está en el cumplimiento de ese objetivo, sino que son los salarios mínimos los que deben ascender a la cuantía de ‘por lo menos igual al 60 % del respectivo salario mediano’, como recoge la mencionada Resolución del Parlamento Europa y ya anteriormente la Organización Internacional del Trabajo”. El representante universitario da en el clavo al poner el acento en la finalidad de la prestación: la garantía política del derecho de existencia económica y social de toda la ciudadanía por el mero hecho de serlo.

Precisamente, el Tribunal Constitucional alemán instó recientemente al Gobierno del país a calcular la cantidad necesaria para garantizar la existencia digna de una persona, por entender que la prestación por desempleo actual vulneraba este derecho constitucional. Y ésta es la clave, ¿garantiza el actual Estado de Bienestar las condiciones materiales de la existencia de la ciudadanía?

Aplaude el CES que el Decreto “otorgue al empleo un papel central y protagonista, reconociéndole su capacidad como mecanismo de protección frente a la pobreza”. Como acertadamente apunta el profesor Daniel Raventós, “hay algo incongruente en esta afirmación. Para hacerla evidente se puede descomponer la afirmación en estas otras: A) se ha de luchar contra la pobreza. B) el trabajo asalariado es el instrumento principal para logra A). C) Estar de acuerdo con A) no significa, evidentemente, estarlo con B). Si el trabajo asalariado no está disponible para toda persona que quiera conseguir uno, nunca, siendo fieles a la argumentación apuntada, se conseguirá el objetivo de suprimir o paliar grandemente la exclusión social”.

Si mantiene el CES un compromiso real con la superación de las denominadas trampas de la pobreza y el desempleo debería apostar por la Renta Básica de Ciudadanía (RBC), esto es, un ingreso pagado por la Administración a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, independientemente de su relación pasada, presente o futura con el trabajo remunerado y de otras posibles fuentes de renta. La RBC, frente a los subsidios condicionados, presenta las siguientes ventajas: establece una cobertura del 100%; elimina humillantes controles; erradica la estigmatización de la pobreza; ahorra costes a la Administración; es de gestión simple; incentiva el autoempleo; reconoce el trabajo voluntario o doméstico; desaparece el fraude y supera las trampas de la pobreza y el paro.

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