El Dios mercado y las pensiones> Joseba Ugalde, Ander Rodríguez y Jon Lasa (Alternatiba)

Joseba Ugalde, Ander Rodríguez y Jon Lasa
Alternatiba

Escuchamos una y otra vez que el sistema público de pensiones es inviable y, por tanto, hay que reducir las prestaciones y aumentar las contribuciones. La excusa es la habitual cuando se trata de vaticinar la debacle de la Seguridad Social: brusca reducción de la natalidad e incremento de la esperanza de vida que conducen a una insostenible elevación de la tasa de dependencia. En definitiva, la ruptura del equilibrio entre la población mayor de 65 años y la que se encuentra en edad de trabajar. A partir de ahí, la conclusión es inmediata: la subida del gasto en prestaciones por jubilación pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema. Para evitarlo, dicen, se impone una reforma.

Y es ahí donde la salmodia del Gobierno español se corresponde milimétrica y sospechosamente con la de entidades financieras que aspiran a hacerse con el botín de las pensiones públicas. Las mismas que diez años atrás recomendaban la contratación de planes privados porque el sistema público no estaría en condiciones de garantizar nuestra jubilación, a pesar de que haya sido el sistema público el que finalmente ha tenido que rescatar al privado de la bancarrota, vuelven a la carga recomendando las mismas medidas de ortodoxia neoliberal anteriores al estallido de la crisis.

Los defensores del dios mercado basado en el dogma de la globalización y el pensamiento único vuelven a las andadas desde Davos sentando en el banquillo al Reino de España y las Repúblicas Helénica y de Lituania, exigiendo fuertes recortes del gasto. El Reino de España se ha apresurado a dar un giro a la derecha y asumir las tesis más conservadoras, que pueden hacer estragos en los derechos sociales. Los especuladores, el Gobierno, el Banco de España y demás “expertos en economía” -algo así como los brujos tribales que advertían de una sequía dos semanas antes de que el poblado se inundara- reiteran machaconamente las mismas advertencias para que interioricemos que la Seguridad Social peligra. ¿Por qué nadie plantea reformar instituciones tan deficitarias como el Ejército o la Casa Real?

Asumir que la Seguridad Social no escapa a la lógica de los factores demográficos y del mercado no tiene que suponer abrazar los clichés que modelan nuestra compresión colectiva del sistema. El más importante de ellos es el que concibe la Seguridad Social como un ente separado del Estado y exige que los cotizantes la sufraguen íntegramente. Por lo pronto, habría que revisar el Pacto de Toledo y eliminar esta dependencia. Y es que no hay ninguna razón que justifique que estas prestaciones no puedan derivarse de los ingresos generales del Estado, como en Francia, donde han creado un impuesto especial de contribución social generalizada. De esta forma, además, ganarían peso principios como la solidaridad y la redistribución.

El segundo de los clichés es el relacionado con el sesgo de los gastos en todas las propuestas de reformas y la imposibilidad de incrementar las cotizaciones. Una parte de éstas se dedica ahora al subsidio por desempleo, en concreto, 7,5 puntos del total, pero si se destinase a jubilaciones se produciría un aumento del 20% de los recursos disponibles.

Otra fórmula para lograr mayor disponibilidad económica son las bonificaciones en el IRPF por la contratación de planes de pensión privados, que alcanzarían un 5% de la cuota de dicho impuesto. No tiene sentido incentivar este tipo de productos, cuyos más directos beneficiarios son las entidades bancarias, cuando esos fondos podrían dedicarse al sistema público.

Y éste es el tercero de los clichés. Se plantea la insostenibilidad del sistema público, presentando el privado como si fuera inmune. Un fondo privado puede quebrar y hay casos en la historia reciente que así lo demuestran. Otra falacia es su supuesto mayor beneficio, ya que la rentabilidad media de esos fondos en los últimos 10 años no ha superado la inflación, es más, ha sido similar a la inversión en Bonos del Estado.

Necesitamos otra política económica y, para ello, el mundo del trabajo debe encontrar el protagonismo político que ahora se le niega y que, en ocasiones, renuncia a ocupar. Pero para que este cambio se produzca, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, los movimientos sociales, los partidos de izquierda deben aclarar y aclararse adónde quieren ir, y no entretenerse tanto en definir hasta dónde están dispuestos a que les lleven. Y nos pueden llevar, como expresaba una viñeta de El Roto, a que para garantizar el futuro de las pensiones haya que hacerlas coincidir con la fecha de fallecimiento. Ahí es nada.

 

Argazkia: lilit.

Políticos y/o empresarios> Arturo Muñoz y Jonathan Martínez (Alternatiba)

Arturo Muñoz
Jonathan Martínez

Alternatiba

“es como la culminación de una carrera, y la gente se preguntará cuál ha sido el precio”.
Xabier Arzallus, a propósito del nombramiento de Imaz como presidente de Petronor.

¿Qué ha hecho un político en los años que ha ocupado un cargo en la Administración para que una multinacional pague un precio por sus servicios? Lamentablemente, los políticos y empresarios se intercambian el oficio con demasiada frecuencia como para que este caso parezca extraño.

Los ejemplos de políticos que van al mundo empresarial son abundantes y a menudo rayan la ilegalidad. Mayor Oreja dirigió la empresa de servicios y de seguridad Eulen después de dejar el Ministerio de Interior. David Taguas pasó de Secretario de Estado con el PSOE a dirigir el lobby de las grandes empresas constructoras que iba a negociar con el Gobierno del que acababa de salir. Inaxio Oliveri pasó de ser Consejero de Educación del Gobierno Vasco con EA a Rector de la privada Universidad de Mondragón. Manuel Pizarro abandonó la jefatura de Endesa para defender en el parlamento el lobby nuclear. José Alberto Pradera dejó de ser Diputado General de Bizkaia donde mandaba construir carreteras para presidir Autopista Vasco-Aragonesa. José Antonio Ardanza pasó a dirigir Euskaltel cuando dejó la Lehendakaritza y Atutxa dio el salto a consejero de Iberdrola.

Un político es elegido en elecciones para servir a la sociedad. Pero si el político proviene del mundo empresarial o pasa a ser empresario nada más terminar su carrera política cabe preguntarse a quién ha estado sirviendo esa persona, al pueblo o a una sociedad anónima. ¿A quién hace más caso el ministro de Industria a la hora de fijar el precio de la luz? ¿A las compañías eléctricas o al consumidor? El ministro de Industria Miguel Sebastian, proviene del servicio de estudios del BBVA. ¿Prefiere que las pensiones públicas mengüen para que aumenten las pensiones privadas del BBVA o prefiere que todos los pensionistas tengan una pensión digna y pública? El Secretario de Estado de Economía ha colaborado con Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank y Banesto ¿no preferirá que aumenten las pensiones privadas? A la ministra de Economía Elena Salgado, ¿le preocupa la salud financiera de la Banca Privada Fortis?

Hay quien justifica la presencia de los empresarios en la política alegando que son los emprendedores quienes arriesgan su patrimonio y saben cuándo hay que tomar las decisiones sin demorarse. Se obvia, no obstante, que no andan sobrados de filantropía los empresarios, que precisamente es su patrimonio lo que más les interesa, y que el éxito empresarial se basa, en no pocas ocasiones, en pisar a los demás y en ser el tiburón mas voraz. Por eso mismo , a nadie extrañe que el empresario de éxito que da el paso a la política haya cobrado el máximo a sus clientes, pagado el mínimo a sus trabajadores y trabajadoras y en algunos casos incluso no ha tenido reparos en contaminar el medio ambiente, promover el empleo precario, obviar los riesgos laborales y tributar en paraísos fiscales.

Algo que nunca hará un político que venga del mundo empresarial es tirarse piedras contra su propio tejado. Si en el PSOE había ministros y secretarios de Estado que tenían SICAVs (instrumentos financieros que sirven para pagar menos impuestos) cuando se legisló al respecto es imposible que legislen de una forma justa y eficaz. Al contrario, celebrarán cuando se les hurte a los inspectores de Hacienda la capacidad de investigar las SICAVs. Tampoco se puede esperar de los ex-empresarios que copan los gobiernos del PSOE, PP y PNV que aumenten el Impuesto sobre Sociedades a los beneficios de los empresarios para que la sociedad pueda participar de las plusvalías sustraídas a los trabajadores y trabajadoras.

Lo que sí se puede esperar que propongan los empresarios que entran en ministerios o los empresarios que nutren los comités asesores del Gobierno Vasco son las recetas que siempre recita la patronal: llámese mayor flexibilidad laboral, llámese bajar los impuestos a las grandes fortunas o reducción del gasto público de las Administraciones. ¿A quién representan estos políticos-empresarios? ¿A los trabajadores y trabajadoras que van a ser despedidos/as con una indemnización menor o a los empresarios que se quejan de que les sale caro mandar al paro a sus empleados/as?

Necesitamos cambios en la Kutxa> Jon Lasa Laboa (Alternatiba Donostia)

Jon Lasa Laboa
Concejal del grupo municipal Alternatiba-Aralar

Por fortuna para todos, corren tiempos de cambio en Kutxa. En unos meses, se realizará un proceso de renovación de la Asamblea General y la actual mayoría perderá su hegemonía. Por eso, ha llegado el momento de reclamar una dirección de la Caja guipuzcoana sensible a los intereses públicos, ajena a maniobras especuladoras y dispuesta a responder a las personas con soluciones. Y esto quiere decir una nueva Kutxa que no dé la espalda a operaciones urbanísticas necesarias para la regeneración de todo un barrio y para el bienestar de 174 familias, como es el caso del proyecto que el Ayuntamiento de Donostia pretende desarrollar en San Bartolomé.

La polémica sobre esta operación, paralizada por la falta de voluntad de las entidades financieras de aportar créditos, ha vuelto a poner de relieve el papel de las diferentes instituciones en la solución de los problemas de la ciudadanía. En este contexto, Kutxa señala que no está dispuesta a aportar recursos suficientes como para poder empezar la obra, a pesar de que se trata de una inversión que no supone un gran riesgo económico. Resulta curioso que Kutxa, que durante los años de explosión inmobiliaria ha jugado un papel que ha supuesto inflar más los precios de la vivienda en Donostia y otros lugares (como en el Sur), mire hacia otro lado ahora que necesitamos cierta valentía, así como la puesta en valor de su vertiente social.

¿Cómo puede un guipuzcoano medio entender que Kutxa financiara suelo para viviendas a precios astronómicos en Aldunaene o Riberas de Loiola a empresas que luego se han declarado en bancarrota y se niegue ahora a colaborar en un desarrollo urbano que ayuda a todo un barrio como San Bartolomé?

Nosotros apostamos por la gestión de una Kutxa con criterios diferentes a los que utilizan las entidades bancarias privadas. En los últimos meses, en los que se está hablando tanto acerca de la reestructuración de las cajas, creemos necesario –al contrario de lo que platean otros- que las cajas sigan politizadas. Lo que necesitamos es control y compromiso público porque, para hacer lo mismo que el BBVA o el Banco Santander, con la única diferencia de colocar a miembros del un partido en el Consejo de Administración, mejor vendemos el chiringuito.

Digámoslo claramente, el portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Donostia, Xabier Ezeizabarrena, es el vicepresidente del Kutxa y esto hace que sus responsabilidades en el cargo también sean públicas y políticas. No vale hacer el juego de Doctor Jekyll y Mister Hyde, pedir vivienda en alquiler como portavoz del PNV y no ofrecer suelo para el alquiler como vicepresidente de la Kutxa.

Por eso, a las puertas del proceso de renovación de la Asamblea General de Kutxa que hará perder su hegemonía a la derecha, nosotros pedimos una dirección sensible a los intereses públicos. Corren tiempos de cambio, más que de personas, de políticas. Y para ello, nosotros estamos dispuestos. Estamos trabajando en ello, en la construcción de una alternativa de izquierda, sensible a los intereses públicos, comprometida con la labor social. Una Kutxa por y para los ciudadanos. Estamos en ello.

Un sistema penal insostenible> Johnny Salgado (Alternatiba Gasteiz)

Johnny Salgado

Alternatiba Araba

Hace ya unos meses que se iniciaron los movimientos de tierra en el antiguo polvorín de Zaballa. Movimientos previos imprescindibles para la construcción del nuevo presidio que el Gobierno del Reino de España ha decidido levantar en territorio alaves, muy cerca del ya existente en Nanclares de la Oca.

Desde el mismo momento en que se hizo pública dicha intención, desde Alternatiba hemos mantenido una posición crítica y contraria contra su construcción, y por ello, en las últimas fechas nos hemos adherido al “MANIFIESTO CONSTITUYENTE DE LA PLATAFORMA ALAVESA PARA LA INMEDIATA PARALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA MACROCARCEL EN NANCLARES DE LA OCA” e instamos a la ciudadanía a participar de la manifestación que tendrá lugar este sábado en la capital alavesa. Compartimos el analisis que en dicho manifiesto se hace sobre la situación del sistema penal, y de la política de construcción de macro-cárceles en la que parece haberse instalado el Gobierno estatal. Más y mayores prisiones no son garantes de una mayor seguridad ciudadana.

Ha llegado el momento en que la sociedad moderna supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que incumplen las normas penales. No es razonable. No es útil. No es realista.

Ineficacia de la rehabilitación; Actualmente, más del 90% de la población reclusa del Reino de España, lo és, por delitos menores (hurtos y robos en la gran mayoria) y atentar contra la salud pública (delitos derivados del tráfico y consumo de drogas). Normalmente no tienen dinero, ni empleo, ni educación, ni vivienda, y en muchos casos presentan adicción a las drogas. Estos problemas no son solucionados con la entrada en la carcel, y por tanto al salir de ella, muy probablemente se verán abocados a reincidir en su estatus delictivo.

Ineficacia preventiva; Esto es, la ineficacia para disuadir a “otros” de cometer delitos por medio de la intimidación.

Esto es fácil de observar, a mayor dureza de las penas, (mayor duración de las mismas) mayor masificación de las carceles, sin embargo, basta un pequeño vistazo a las estadísticas para darse cuenta de que salvo en casos marginales, no han producido una reducción de los delitos.

Ineficacia incapacitadora; que justifica el encarcelamiento simplemente para prevenir que las personas enviadas a la carcel puedan volver a delinquir.

El desarrollo penal en los USA desde los años 70 puede verse como un macro-experimento de incapacitación colectiva. Cada año nuevas generaciones de jóvenes cometen actos delictivos, y nada se soluciona manteniendo a las viejas generaciones en prisión. Todo lo que se logra es un aumento de la población reclusa hasta alcanzar pasmosas poblaciones penitenciarias, que han llegado a ahogar la economía del Estado. Baste el ejemplo del rancho del Gobernator SCHWARZENEGGER, quien recientemente ha manifestado su intención de trasladar buena parte de sus presos a penales mexicanos bajo arrendamiento de los mismos….

No ayuda a las víctimas; Esta afirmación contradice una arraigada opinión pública. Pero es cierto, y es importante decirlo en estos días y tiempos de grán énfasis a las víctimas.

Hay muchas maneras de aliviar y mejorar el bienestar de las víctimas. De hecho, debieramos centrarnos en aumentar las ayudas a las víctimas de delitos “serios” en vez de incrementar el castigo a los infractores. La creación de nuevas cárceles no alivia el dolor de las víctimas, y sin embargo si promociona en el subconsciente colectivo, una psicología personal de venganza, que se transmite a los hijos y al entorno.

La masificación carcelaria puede ser resuelta por otras vías; Como he dicho anteriormente, las cárceles no sirven para la rehabilitación, ni tienen una eficacia preventiva, y por desgracia ni siquiera siguen un canon de justicia equitativo. La mayor parte de los reclusos cumplen condenas de larga duración por delitos menores reiterados. Bastaría por tanto con estudiar y modificar los ratios de condena. Simplemente si realizasemos una escala condenatoria a la inversa, donde la condena mayor impuesta fuese la realizada a los grandes delitos (asesinatos, estafas multimillonarias, malversacion… etc) y desde esa fuesemos reduciendo los tempos condenatorios, nuestra población reclusa tomaría una senda de decrecimiento irreversible.

No podemos permitir es que las macro-cárceles nos fagociten, y atrapen. 6000 reclusos más cada cuatro años, (dato este dado por el propio Gobierno) es una cifra más que considerable, como para que alguien pueda plantear la insostenibilidad de este Sistema desde su planteamiento.

Competitividad> Xabier Soto (Alternatiba)

Los días 7, 8 y 9 de febrero, dentro de los actos relacionados con la presidencia española de la Unión Europea, tendrá lugar en Donostia el Consejo Europeo de Competitividad, que reunirá -entre otros gallifantes- a los ministros y las ministras de Industria, Ciencia y Tecnología de los 27 estados comunitarios.

Las palabras bonitas suelen esconder malas intenciones. Haciendo uso de palabras de cuya bondad nadie duda, nos desnudan virtualmente en los aeropuertos en nombre de la “seguridad”, arrasan nuestros paisajes en nombre del “progreso”, ilegalizan partidos en nombre de la “democracia” e invaden países en nombre de la “libertad”. Algo similar ocurre con el concepto “competitividad”, que aplicado a una persona, a una empresa o a un país, es considerado como positivo por la mayoría de la sociedad.

Pero ¿qué significa realmente la palabra competitividad? Si buscamos ejemplos concretos, lo cierto es que hoy en día una persona es considerada más competitiva si acepta realizar un determinado trabajo a cambio de un menor salario; una empresa es considerada más competitiva si utiliza materias primas extraídas de países en vías de desarrollo; y un país es considerado más competitivo si en su territorio se producen más máquinas destructoras del medio ambiente, también conocidas como coches… y es que por mucho que éstos sean eléctricos o les pongamos el adjetivo de “ecológicos”, siguen suponiendo un consumo de energía insostenible.

Por tanto, antes de valorar las bondades de la competitividad, es necesario plantear a los participantes en el Consejo la siguiente pregunta: ¿Cómo y para qué fomentar la competitividad? ¿Transformando los sistemas universitarios para ponerlos al servicio de las empresas, haciendo desaparecer toda carrera o materia que no demuestre ser beneficiosa para sus intereses? ¿Permitiendo a empresas de la Unión Europea trasladarse con total libertad a otros países comunitarios para contratar mano de obra más barata, obligando a la clase trabajadora a elegir entre aceptar peores condiciones laborales o emigrar? ¿Recaudando beneficios de multinacionales que operan en países del tercer mundo para impedir su desarrollo autónomo, al mismo tiempo que se acentúan y eternizan las diferencias norte-sur?

Si lo desean pueden tratar de dar respuesta a estas preguntas mientras compiten con sus homónimos europeos por ver quién se pone más las botas en la cena de gala del próximo domingo en el Palacio Miramar; pero ante todo, no se preocupen ustedes por su seguridad, puesto que como quedó de manifiesto en la pasada cumbre de Copenhague y como bien conocemos en este país, vuestra seguridad está completamente garantizada gracias a la competitividad entre las fuerzas de seguridad del estado.

Finalmente, solo cabe resaltar que en toda competición hay ganadores y perdedores, y si en esta ocasión permitimos que las reglas de la competición las marque una Unión Europea neoliberal como la actual, ya podemos adelantar quién saldrá perdiendo: las condiciones laborales de la clase trabajadora en los países desarrollados, la capacidad de supervivencia de las personas que nacen en países en vías de desarrollo y el medio ambiente del planeta en su conjunto.

Por eso desde Alternatiba, frente a una Unión Europea creada y mantenida en función de los intereses del capital, reivindicamos una Unión Europea que garantice los derechos de todas sus ciudadanas y ciudadanos, así como los de las naciones -con o sin estado- que la conforman, sin que ello resulte en ningún caso perjudicial para el resto de la población mundial; ya que si algo tenemos claro es que no hemos venido al mundo para competir con nadie.

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