Cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando la princesa Sofía trajo al mundo a un infante heredero, por fin varón, que garantizaba la sucesión del príncipe Juan Carlos por vía venérea. Se llamó Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, el retoño real que creció en los saraos franquistas de El Pardo, que asistió en primera fila a la coronación de su padre allá por 1975 y que se calzó él mismo la corona hace ahora más de tres años, en las horas de mayor descrédito de la monarquía.
Era 14 de abril de 2012, efeméride de la Segunda República española, cuando los diarios publicaron que el rey Juan Carlos se había trizado la cadera durante una cacería en Botsuana. Después se supo que el monarca le había zumbado siete disparos a un elefante. Tenía un rifle de oro y cristales. La fotografía del cazador triunfal y el paquidermo muerto saltó a los diarios entre noticias cotidianas de paro, ejecuciones hipotecarias y crisis económica. El safari había costado al erario público al menos 45.000 euros.
Para entender mejor el contexto histórico, hay que recordar que en mayo de 2011 estalla el movimiento indignado y se abre un ciclo inédito de manifestaciones, huelgas, marchas y mareas. Es la fiebre de los desahucios y el rescate bancario. La caída del PSOE. Los recortes del PP. Después de tantos años de una concordia más bien epidérmica, el régimen bipartidista queda en entredicho, la monarquía dañada y los poderes mediáticos y financieros con su reputación maltrecha.
Como resultado de aquellos días convulsos y de movilización permanente, aparecen dos grandes expresiones institucionales de descontexto con el régimen: Podemos y el bloque independentista catalán. El 16 de enero de 2014, el Parlament lleva al Congreso su nueva Ley de Consultas. Al día siguiente Podemos se presenta en sociedad. En poco tiempo, Podemos ya aparecía como primera fuerza española en los sondeos electorales y el independentismo catalán abría las urnas el 9-N y afianzaba su mayoría parlamentaria.
En estos primeros meses de 2014, el régimen del 78 diseña una colosal operación de maquillaje para contrarrestar las nuevas expresiones de descontento social. Si el viejo orden estaba cuestionado, bastaba con ofrecer un recambio juvenil a las antiguas instituciones. Así es como lo viejo se viste de viejoven en apenas una semana. El 25 de mayo, el viejo Ciutadans conquista dos escaños en el Parlamento Europeo y abre paso al joven Ciudadanos. El 26 de mayo, el viejo Rubalcaba abandona el timón del PSOE y abre paso al joven Pedro Sánchez. El 2 de junio, el viejo rey Juan Carlos abandona la corona y abre paso al joven Felipe.
Dicen que los capturaron en Roquetas de Mar, a las nueve de la tarde, a la salida de una tienda de recuerdos turísticos. Dicen que los torturaron hasta la muerte en un cuartel abandonado junto a la playa de Retamar. Dicen también que los devolvieron muertos y desmembrados al Ford Fiesta alquilado en que viajaban. Que los arrasaron a balazos, que vaciaron una lata de gasolina sobre los cuerpos tumefactos y les prendieron fuego para que no quedara rastro de las heridas. Era la madrugada del 9 al 10 de mayo de 1981. Los muertos se llamaban Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Cobo Mier. Vivían en la vieja provincia de Santander. Al menos once guardias civiles participaron en el crimen. Solo tres de ellos fueron condenados. Lo llamaron «Caso Almería».
Esta semana pasada hemos sabido que en el próximo mes de mayo, cuando se cumplan treinta y siete años del asesinato, el Parlamento de Cantabria rendirá por fin homenaje a las tres víctimas. Un acto público para los familiares y una declaración institucional que llegan demasiado tarde y gracias en buena medida a Desmemoriados, colectivo cántabro por la memoria histórica que se ha empeñado en poner de acuerdo a los cinco grupos políticos de la cámara. A día de hoy, en una asimetría injustificable, el Estado sigue sin reconocer a Mañas, Montero y Cobo como víctimas del terrorismo. El Parlamento de Andalucía, por su parte, las reivindica desde el pasado mes de marzo gracias a la nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática.
Pero vamos a 1981. En el escudo de España aún luce el águila de San Juan coronada por el lema franquista «Una, grande y libre». La UCD de Adolfo Suárez se desmorona y Leopoldo Calvo-Sotelo asume la presidencia del Gobierno en este último año de agonía. Tejero irrumpe a tiros en el Congreso de los Diputados y su excursión golpista se prolonga durante la noche de los transistores. Se dibuja el nuevo diseño autonómico con el café para todos de la LOAPA. El PSOE clama «OTAN de entrada NO». Tres trabajadores en paro secuestran al futbolista Quini. Suena «Las chicas son guerreras» de Coz. Triunfa el cubo de Rubik. Llega Verano Azul.
23-F
El tejerazo de febrero abre una fase de repliegue en el joven régimen juancarlista. Cinco días después del golpe fallido, y en un panorama de incertidumbre, ETA político-militar declara un alto el fuego indefinido. La tregua da paso a conversaciones entre Euskadiko Ezkerra y el Gobierno español en las que se abordan medidas de reinserción para militantes sin delitos de sangre. ETA militar, por otro lado, aminora su actividad pero no la interrumpe. A las diez de la mañana del 7 de mayo de 1981, el teniente general Joaquín Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, sobrevive a una explosión mientras circula con su vehículo por la calle Conde de Peñalver de Madrid. Los tres militares que le acompañan mueren en la detonación. Son el teniente coronel Guillermo Tevar, el soldado conductor Manuel Rodríguez y el suboficial de escolta Antonio Noguera.
A las cuatro de la tarde del mismo día 7, tres jóvenes trabajadores se citan en Santander y emprenden un viaje hacia el sur. Juan Mañas trabaja en FEVE, tiene 24 años y espera reunirse con su familia en su natal Pechina, Almería, para celebrar la primera comunión de su hermano Francisco Javier. Luis Montero es salmantino, trabaja en FYESA, y tiene 33 años y carné del PCE y de CCOO. Luis Cobo es de Santander, trabaja en ACERIASA, y tiene 29 años y un Seat 127 a punto para la carretera. La primera noche de viaje duermen en Madrid. El coche de Cobo, que ya ha flaqueado por el camino, se avería sin enmienda en El Provencio, Cuenca. El contratiempo terminará costándoles la vida. Confían el vehículo a un taller y un mecánico los acerca hasta Villarobledo, Albacete, para que puedan viajar en tren hasta Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y alcancen de esta forma una conexión ferroviaria con Andalucía. Pero el próximo tren sale de madrugada, así que resuelven alquilar un coche. En la estación de Alcázar de San Juan, unos taxistas y trabajadores de Renfe les remiten a la localidad vecina de Manzanares. Llegan en tren a Manzanares y en Viajes Dian alquilan a nombre de Luis Cobo un Ford Fiesta verde matrícula CR-1625-D donde varias horas más tarde los encontrarán muertos.
Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas
El día 9, después de que los jóvenes ya hayan llegado a Pechina, los periódicos publican los rostros de dos miembros de ETA militar a quienes la policía atribuye el atentado contra el teniente general Valenzuela. Son José María Bereciartúa, Chema, y José León Mazusta, Fresku. En Alcázar de San Juan, los taxistas y operarios de Renfe examinan las fotografías de los hombres reclamados por la ley. Recuerdan a los tres forasteros del vehículo averiado y encajan las piezas. Se convencen de que, por fuerza, deben de ser ellos. Presentan denuncia. A las dos de la tarde, la Guardia Civil llega a Viajes Dian y se apodera de la documentación del Ford Fiesta alquilado. La Dirección General de la Guardia Civil emite una orden de búsqueda y la Comandancia de Almería recibe el aviso. A las ocho y media de la tarde, localizan el automóvil en Roquetas de Mar. A las nueve, la Guardia Civil arresta a los tres jóvenes en la puerta de la tienda de souvenirs Renate. No se vuelve a saber nada de ellos hasta la madrugada siguiente, cuando aparecen muertos dentro del Ford Fiesta calcinado en una cuneta a la altura del kilómetro ocho de la carretera C-326 de Gérgal. De lo que ocurre entre la detención y la aparición de los cadáveres no tenemos más que algunas certezas y demasiadas especulaciones.
El 14 de junio de 1982, trece meses después de los hechos, la Audiencia Provincial de Almería abre el juicio contra tres de los once guardias civiles que participaron en la operación. El proceso se prolonga hasta el 27 de julio. Todos los implicados han pactado hace tiempo una versión única, inconsistente y fantasiosa, que el Ministerio de Interior defiende sin embarazo. Que los tres jóvenes asesinados eran miembros de ETA. Que iban armados (y para demostrar la inculpación, deslizan entre las pruebas dos viejas pistolas Astra de 9 mm cubiertas de óxido). Que los once guardias civiles organizaron un convoy de cuatro vehículos, entre ellos el Ford Fiesta, con el propósito de transportar a Madrid a los detenidos y entregarlos a la Dirección General. Que si se desviaron por aquella carretera fue para recoger las pertenencias de uno de los detenidos. Que los jóvenes esposados aprovecharon un descuido para atacar a los guardias civiles y escapar en el Ford Fiesta. Que fue necesario disparar a las ruedas para evitar la fuga. Que el coche se salió de la carretera y ardió al explotar el depósito.
Familiares de los fallecidos
Pero aparecen algunos testimonios que desbaratan el relato policial. A las seis de la madrugada, seis pescadores del club El Palmeral avistan las llamas del Ford Fiesta y se aproximan con un extintor para ayudar a reducir el fuego. No obstante, el guardia civil Fernández Llamas rehúsa su colaboración y les conmina a abandonar el lugar porque, según les asegura, los heridos ya han sido evacuados a hospitales. Más tarde los trabajadores de la funeraria acudirán al levantamiento de los cadáveres y hallarán dentro del coche los cuerpos abrasados y mutilados. La versión acordada por los implicados termina de resquebrajarse cuando uno de ellos revela por error que los detenidos han sido conducidos a Casas Fuertes, un viejo cuartel abandonado junto a la costa. El abogado de la familia, Darío Fernández, nunca llega a creer el relato de los guardias civiles y mantiene la teoría de que los han asesinado. No en vano, apenas tres meses antes del Caso Almería, la Policía Nacional ha torturado hasta la muerte al miembro de ETA militar Joseba Arregui durante nueve días de interrogatorio incomunicado. De modo que el abogado Fernández, convertido ahora en detective privado, visita de noche el antiguo edificio de la benemérita y descubre salpicaduras de sangre. De inmediato, comunica su hallazgo a la justicia, pero el juez se demora dos semanas en ordenar una investigación. Las paredes del viejo cuartel aparecen entonces encaladas y ha desaparecido de un plumazo toda evidencia.
A falta de pruebas para imputar un delito de asesinato, el juicio concluye con tres condenas por homicidio. El Tribunal Supremo ratifica en 1983 la sentencia. En primer lugar, el teniente coronel Castillo Quero, responsable de la Comandancia de Almería, recibe una condena de veinticuatro años. El teniente Gómez Torres obtiene quince años. Al guardia civil Manuel Fernández Llamas le corresponden doce. Al primero se le aplica atenuante de «cumplimiento del deber»; a los dos últimos, atenuante de «obediencia debida». Todos ellos son apartados de la Guardia Civil y, sin embargo, mucho más tarde se sabe que han recibido varios millones de pesetas a cargo de los fondos reservados del Estado como ayuda del Gobierno para afrontar su condena.
En un último giro de guión, y con el caso ya cerrado, la familia del joven Juan Mañas recibe una misiva con la confesión anónima de un guardia civil. La carta confirma que torturaron a los jóvenes en el cuartel de Casas Fuertes. Los mataron. Les sustrajeron dinero y compraron cinco litros de gasolina en San Silvestre. En la carretera de Gérgal, introdujeron los cadáveres en el Ford Fiesta y vaciaron sobre ellos dos cargadores de treinta cartuchos para simular un tiroteo. Arrojaron el coche a la cuneta y lo hicieron arder. Así es como se avala la hipótesis del abogado Darío Fernández, que ha tropezado siempre contra un hermético pacto de silencio y un proceso colmado de irregularidades, destrucción de pruebas y encubrimientos. Durante la instrucción del caso, Fernández pone todo su empeño en esclarecer los hechos y castigar a todos los culpables. Incluso llega a reclamar un proceso contra el director general de la Guardia Civil, José Luis Aramburu Topete. Su pertinacia le sale cara. Tanto él como la familia de los jóvenes como otros allegados padecen toda clase de intimidaciones y amenazas. Un día, Fernández descubre un explosivo debajo de su vehículo. Decide apartarse de la investigación.
«El caso Almería», de Pedro Costa
En 1983, el director Pedro Costa reconstruyó los hechos a partir de la sentencia y rodó El caso Almería. Antonio Banderas, Juan Echanove e Iñaki Miramón interpretaban a los tres jóvenes. Tanto Costa como las salas que anunciaron el filme fueron recibiendo advertencias de la extrema derecha hasta que por fin, en la misma semana de su estreno, el Cine Teatro Regio de Granada fue engullido por las llamas. Fue en febrero de 1984. El incendio adquirió tal dimensión que los bomberos tuvieron que desalojar a los vecinos de las inmediaciones. Un simpatizante de Antonio Tejero conocido como Al Capone telefoneó a una emisora de radio en nombre de un supuesto grupo patriótico llamado Hombres de España y reivindicó el ataque, pero la policía quiso restar importancia a la llamada. Al día siguiente, dos jóvenes atacaron un cine de Vigo y días más tarde, en el mismo lugar, un individuo sufrió heridas mientras manipulaba un artefacto explosivo. En Valladolid, los exhibidores retiraron la película después de haber sufrido amenazas de atentado.
El teniente Gómez Torres cumplió siete de los quince años de condena. Fernández Llamas cumplió apenas cinco de los doce que le impusieron. El teniente coronel Castillo Quero, jefe del operativo, pasó once años en prisión. Murió en Córdoba en 1994, cuando llevaba dos años de libertad condicional. Tal vez Castillo Quero intuyó en la operación una oportunidad para arrogarse méritos y cubrirse de medallas. Sea como sea, sobre él recayeron la mayor parte de las responsabilidades de un crimen institucional que ningún alto mando se atrevió a asumir. Habían transcurrido poco más de dos meses desde el golpe de Tejero y el atentado contra una autoridad de las fuerzas armadas tan próximo al rey Juan Carlos exigía una respuesta implacable que apaciguara las aguas revueltas del entorno castrense. Se les fue de las manos.
Manifestación en recuerdo de los asesinados
Dice la madre de Juan Mañas, María Morales, que a su hijo lo mataron tres veces: «a palos, a tiros y quemado». En la cuneta de la carretera de Gérgal donde encontraron los cuerpos hay un monolito. A veces tiene flores. Son casi cuarenta años de amnesia oficial, pero las familias siguen reclamando verdad, justicia y memoria para las tres víctimas del Caso Almería. Porque recordarlos es un imperativo democrático. Y porque olvidarlos es una forma de matarlos cuatro veces.
Ayer, el que será probablemente la persona más famosa de Madeira, se quejaba amargamente de que sus ingresos (más de 21 millones de €uros) son insuficientes, y que se siente infravalorado. Es difícil no empatizar con el astro luso cuando su antagonista generacional, el pequeño astro argentino Lionel Messi, cobra aún más que él. Pero claro, si entendemos que Cristiano Ronaldo llore por las esquinas, imaginemos como tienen que estar las más de 9 millones de pensionistas que cobran menos de 645€ al mes, 9000 € al año. Dicho de otro modo, con lo que ingresan la dupla Ronaldo-Messi, podríamos pagar más del 30% de las pensiones de la provincia de Soria. 2 personas que meten goles en prime-time cobran lo mismo que 7500 sorianos. ¡Ay si lo pensamos con el gasto salarial de esos equipos! Entonces, con lo que cobran los jugadores del Real Madrid y del Barça cobrarían todos y todas las jubiladas de esa provincia castellano leonesa y sobraría dinero para pagar algunos vinos.
Ahora bien, las que preocupan son las pensionistas. Ellas y ellos son las que ponen en riesgo al Estado. Todo está mal, todo es insostenible. Así que ayer, mientras Cristiano Ronaldo lloraba, Fatima Bañez anunciaba que el Gobierno va a proponer que para el cálculo de la pensión se tome la totalidad de los años cotizados. Y ahí me enfrasqué yo en hacer una retrospectiva de mi vida laboral, y sentí un sudor frío recorriendo mi espalda.
Mi primer contrato laboral, que no mi primer empleo, fue allá por el año 1991, cuando Reincidentes editaba “Ni un paso atrás”. Aquella primera nómina reflejaba 79.565 pts, o sea, 478€. 5 años más tarde, cuando me despidieron eran 90.000, 540€. Si me jubilase hoy mismo con los cálculos actuales mi pensión rondaría los 1500€, sin embargo, si aumentásemos la cotización a toda la vida laboral 1100€ (manteniendo la actualización de renta actual) 950€ si eliminan las medidas correctoras actuales. Y yo soy, probablemente, un privilegiado. Así que no es descabellado decir que el recorte calculado a tiralíneas por el Gobierno rondará el 30%.
No me preocupa, en mi caso, los 40 años de cotización que se exigen o exigirán o exigirían si llego a jubilarme, tengo ya 27 años de cotización, y hasta los 65 me quedan otros 20, así que si llego, me jubilaré después de más de 45 años de cotización. De modo que puede estar tranquila la Sra Villalobos, salvo que viva hasta los 115 años es seguro que habré cotizado más tiempo del que cobre la jubilación. Lo que debería intranquilizar a la Sra Villalobos y a todos esos lobos que ven el negocio de las privadas, el negocio de lucrarse de lo público mientras lo destruyen, deberían ser las barricadas que van a colapsar las calles. Deberían temblar ante la posibilidad de perder sus privilegios y tal vez algo más. Y con ese miedo deberían intervenir de manera urgente, sentarse con el Señor Florentino e inflar aún más la cuenta de Castor para que pueda subir el salario del pobre luso para que vuelva a meter goles y la afición se alegre.
La democracia liberal, la auténtica, la que tenemos, la consagrada, la homologada, la genuina, la que lucen en la solapa peperos, socialdemócratas y advenedizos de todo pelaje y condición, cada vez responde más y mejor al monopolio del poder y del dinero. Aquel principio, santo y seña del liberalismo, de «gobernar lo menos posible» hoy se ha transformado en ordenar y disponer lo más posible con la «menor democracia posible».
Insistir en la colonización por parte de los mercados de la política, de la democracia, es tan obvio que casi resulta grotesco denunciar esa invasión y ese vaciamiento de la democracia. Que quienes marquen el paso a los políticos, a la política, sean ajenos a las estructuras democráticas está tan interiorizado en la sociedad, que son colocados al frente de gobiernos e instituciones (sin rubor alguno) a organizaciones puramente mercantiles. Pero no se conforman con eso, quieren, también, estar presentes en la batalla ideológica por el alumbramiento de la nueva «moral» apropiándose del término en esa dialéctica de individualismo frente a colectivismo, ricos frente a pobres, potentados frente a necesitados…, que es el terreno donde se dirime el concepto de lo «ético» y lo «moral».
Michael J. Sandel hace una reflexión pormenorizada sobre la incidencia que tiene el mercado en los ámbitos de la moral y la ética. Analiza con rigor las incursiones y los intentos de invasión que realiza el mercado en una sociedad como la nuestra, totalmente mercantilizada, para apropiarse de valores cívicos, de los compromisos morales de la sociedad, y del bien común, a través de mecanismos puramente economicistas. La economía de mercado se nos presenta como garantía para la pervivencia de los valores morales, que aunque puede parecer caricaturesco, lo cierto es que a los economistas y mercantilistas, a sueldo del poder, les sobran argumentos de alto nivel académico, para defender, desde la intelectualidad más erudita, las bondades de una moral y una ética mercantilizadas. Una moral construida desde las entrañas del neoliberalismo, allá, en los laboratorios del lenguaje, pongamos por caso desde Palo Alto.
Estamos observando con gran preocupación cómo la construcción del sentido de lo social se aleja progresivamente de la política, hasta introducirse, cada vez más, en un mundo de ficción. Entramos en un nuevo universo simbólico, decía Baudrillard, en donde no queda sitio para la esperanza política, que cada vez está más denostada y desprestigiada, a la vez que se vislumbra una sociedad fagotizada por las densas y abusivas relaciones mercantiles, que marcan y dirigen nuestra agenda «moral».
Son las jerarquías sociales, las élites financieras quienes se encargan de organizar y armonizar los engranajes sociales para garantizar el «buen» funcionamiento de todo el entramado económico e institucional de una sociedad que es un conflicto regulado, un conjunto estratificado de clases sociales que se distribuye en función del reparto desigual de los recursos, entre quienes sustentan el poder y aquellos que son sometidos por éste. Los gobiernos y los parlamentos nacionales, son meros ejecutantes de decisiones, acordadas en otra parte, y no en el marco de lo que «todavía» se llama soberanía nacional.
Este panorama, este escenario, responde a una realidad que nos muestra cómo no se ha sabido responder a los grandes cambios que han ido forjando todo un mundo nuevo de sujetos, anómicos, asociales, apáticos, acríticos, lo que hace que el «metarrelato» construido sobre el relato marxista de la abolición de la injusticia a través de la socialización de los medios de producción, de alguna forma se reveló como proyecto fallido y perdió credibilidad.
Tampoco hoy, el cuadro ideológico que surge, tras el vacío dejado por las grandes ideologías anteriores, no tiene aspiraciones tan determinantes como las que tenía el marxismo. Son ideologías más abiertas y fluidas que no pretenden constituir una ideología integral. Estas ideologías, como manifiesta Eugenio del Río, que aunque siguen manifestando anhelos de transformación social profunda y a gran escala, están encontrando notables dificultades para abrirse paso.
Creo que es verdad aquello que decía Aníbal Quijano de que fuimos derrotados mundialmente. Entre mediados de los setenta y finales de los ochenta todo aquello que era antagónico, incluso meramente rival de los núcleos de poder en el mundo, fue acabado. No solo eso: las esperanzas fueron derrotadas.
Esta nueva era de la modernidad ha producido y está produciendo profundos cambios en la forma de vida con el surgimiento de nuevos sujetos sociales. La sociedad de masas se ha convertido en un fenómeno trascendente que se ha instalado en la vida social, cultural y política, a lo largo y ancho de las sociedades occidentales. Este proceso de transformación ha pasado a formar parte de la constitución social del individuo (individuo – ciudadano), de la mercantilización de la economía y del orden político y democrático, que ha invadido todos los ámbitos de la vida social.
Durante los últimos cuarenta años, el neoliberalismo se ha convertido en un chantaje permanente, un chantaje que se cierne constantemente sobre los conflictos políticos, donde las instituciones, presuntamente democráticas, han actuado siempre a los dictados de los poderosos y donde el neoliberalismo se nos presenta como única forma posible de organizar la convivencia humana en un momento donde no aparecen alternativas plausibles a la vista.
Vivimos un mundo globalizado que es irreversible y que en algunos aspectos actúa independientemente de lo que hagan los gobiernos. Ahora bien, como apunta Eric Hobsbawm, otra cosa bien diferente es la ideología basada en la globalización, la ideología del free market, eso que se ha llamado también «fundamentalismo del libre mercado». El carácter neoliberal de la globalización, es decir, el sometimiento del proceso de producción, distribución circulación y consumo, ese «fundamentalismo del libre mercado», así como de la vida social y los valores del individualismo, se impone mediante un proceso político dirigido por las élites.
El neoliberalismo ha lanzado una auténtica cruzada de intenso adoctrinamiento ideológico con el pretexto de hacer frente a la crisis económica, a la vez que ha emprendido un ataque en toda regla contra las conquistas sociales de varias décadas. Es inexcusable construir «acciones fuerza» contra los dogmas conservadores, contra la propaganda del capitalismo. Xenofobias, homofobias y fundamentalismos religiosos de todo pelaje están cada vez más presentes en una sociedad que precisa de soluciones fáciles para problemas mundanos. Necesitamos salir de este laberinto liberal y recuperar la política, o lo que es lo mismo, la democracia.
Nos han prometido un mundo pletórico de bienes materiales para colmar las ansias infinitas de voracidad de una humanidad cada vez más numerosa y cada vez más proclive a consumir, a devorarnos a nosotros mismos. Democracia y neoliberalismo no conjugan igual. La democracia del mercado se ha construido, de alguna forma, con la complacencia de los consumidores atrapados en la lógica de expectativas, ideológicamente adquiridas, que han permitido la prevalencia de las teorías más conservadoras. Así, el catecismo del neoliberalismo campea a sus anchas por las instituciones y las ideologías dominantes no encuentran las resistencias necesarias, y el capitalismo lo sabe.
La realidad más cercana, la que vemos día a día, nos muestra una democracia devaluada, que no se ve (quizás porque apenas existe). La batalla contra los dogmas conservadores es inexcusable y precisa una acción ideológica contra la propaganda de este neoliberalismo atiborrado de dogmas, el cual es muy consciente de la trascendencia que tienen las victorias ideológicas. Es imprescindible tomar la iniciativa y plantar cara a un modelo atrapado en su propia utopía frenética.
Pasaron las elecciones del 155. C´s gana en votos y escaños. Mayoría independentista con una participación histórica que supera el 80%. Y en esto que desde la izquierda que iba a asaltar los cielos argumenta que pierde la izquierda y gana la derecha. No importa el contexto, no importa cuál ha sido el eje de la campaña. No, porque según ellos la derecha ha ganado precisamente porque la campaña ha girado en torno al eje nacional. ¿De verdad? Van unas tablitas;
AÑO
DERECHA
IZQUIERDA
1980
61
74
1984
83
52
1988
78
57
1992
77
58
1995
77
58
1999
68
69
2003
61
74
2006
65
70
2010
83
52
2012
78
57
2015
2017
74
61
Me cuesta contabilizar al PSOE como izquierda, pero aceptamos barco. En el año 2015 Junts x Sí congregaba a un partido de cada eje, por lo que no se puede valorar
AÑO
CONST
¿3ªVÍA?
INDEPE
1980
53
25
57
1984
52
6
77
1988
51
9
75
1992
47
7
81
1995
51
11
73
1999
64
3
68
2003
57
9
69
2006
54
12
69
2010
49
10
76
2012
48
13
74
2015
52
11
72
2017
57
8
70
¿Qué es la tercera vía? Partidos de izquierda (PSUC, ICV, Podemos) que en teoría defendían el derecho de autodeterminación, aunque las experiencias recientes nos debería hacer pensar que debieran estar situados en la columna de los constitucionalistas. También hay que tener en cuenta, que hasta 2012 la apuesta de la derecha nacionalista no pasaba de una apuesta autonomista.
AÑO
DCH ESTA
DCH INDEP
IZQ ESTA
IZQ INDEP
1980
18
43
60
14
1984
11
72
47
5
1988
9
69
51
6
1992
7
70
47
11
1995
17
60
45
13
1999
12
56
55
12
2003
15
46
51
23
2006
17
48
49
21
2010
21
62
38
10
2012
28
50
33
24
2015
36
27
2017
40
34
25
36
Pues será que no tengo muchas ganas de hablar, pero es que creo que las tablas lo dejan claro. La derecha ha ganado históricamente en Catalunya. Y sí, ganaba la derecha identitaria cuando esta se conformaba con su reino de taifas, con sus 3%, con su Pujol… en Euskadi algo sabemos de esto. Pero mayoritariamente, la derecha sociológica ha ganado con asiduidad. Incontestable es la victoria perenne del nacionalismo. Sin embargo, según la “nueva” izquierda nos dice que en 2017 ha perdido la izquierda y lo que no especifican es que la que ha perdido es la izquierda estatal. Por primera vez en 37 años los partidos de izquierda estatal están menos representados que la izquierda independentista. Esa es en realidad su derrota.
Por cierto, también han dicho, por activa y por pasiva que el Procés era un movimiento burgués y, fijénse que curioso, que en las mismas elecciones en las que por primera vez la izquierda estatal recibe menos votos que la independentista, coincide con el único momento en la historia en que la derecha estatal supera a la derecha catalana. A ver si lo que va a pasar es que la derecha es más de rojigualda. A ver si resulta que cuando el pueblo catalán ha decidido que había llegado el momento de romper amarras con Castilla han elegido hacerlo desde abajo y a la izquierda y los Monederos y Errejones no lo saben leer. No sé, será que me gustan demasiado las estadísticas, y hoy no me apetece sacar conclusiones, sacadlas vosotras.
Oskar Matute – Portavoz de Alternatiba y diputado de EH Bildu en Madrid
A menudo, y más en Euskal Herria, surgen dudas sobre la utilidad y sentido de instituciones con un elevado olor a naftalina como el Congreso de los Diputados. Hay quien pone en cuestión si dicha institución sirve para algo más que la confrontación teatralizada de las fuerzas políticas que sueñan con gobernar España. Y no les falta razón. Sin embargo, hay espacios generados en esa rancia institución que pueden traspasar sus muros y servir para alertar, informar y/o determinar si en algún espacio de la esfera pública ha habido actuaciones ilegales y señalar con claridad quién ha procedido de tal manera.
Y uno de esos espacios útiles es, sin duda, la comisión que investiga la financiación irregular del Partido Popular que ha arrancado este trepidante 2017. Muy a pesar de muchos, EHBildu forma parte de la misma, y estamos teniendo la oportunidad de ayudar a visibilizar el saqueo alevoso y premeditado a las arcas públicas del estado perpetrado por una organización delictiva, como la propia fiscalía ha certificado, para denominar al PP.
Es útil porque, más allá de las conclusiones y el efecto práctico que pueda alcanzar, puede y debe servir para arrojar luz a una práctica sistemática, sostenida en el tiempo y extendida como una hiedra a todos los niveles de decisión política para robar dinero público y depositarlo en bolsillos privados, los suyos.
Pese a la actitud obstruccionista del PP, la comisión va avanzando, aunque lentamente. Los populares pretendían que la comisión fijara un arco temporal que exonerara a Rajoy e impidiera investigar procesos como la trama Gürtel, sugiriendo ahora a cada persona citada los riesgos penales, a modo de amenaza, en los que pudiera incurrir si asevera tal o cual cosa.
Hasta la fecha han comparecido los tesoreros del PP, con Bárcenas como estrella, el Inspector Jefe de la UDEF, el excomisario de la Policía Judicial en la época de investigación y destape de Gürtel, y dos periodistas que bien a través del trabajo en su diario de referencia o mediante la publicación de un libro pasan por ser personas con un conocimiento importante sobre los llamados «papeles de Bárcenas». Y solo con esto y a la espera de las muchas que quedan, podemos afirmar con rotundidad que nuestra tesis principal sobre el origen, alcance y dimensión de la corrupción en el estado español se está corroborando.
EHBildu muestra y expone su certeza de que la corrupción es sistémica en el estado. Que todo el modelo económico y de desarrollo se basa en la convivencia entre la administración de los recursos públicos, una cohorte de empresarios que se benefician de las adjudicaciones públicas y las mordidas derivadas de estas adjudicaciones a los políticos de turno. Que los empresarios ordenan y los políticos dóciles y subvencionados disponen. Evidentemente, no por el interés general de la ciudadanía sino por el interés particular de las grandes empresas españolas.
Los informes periciales revelan que el PP actuó de forma generalizada y coordinada como una “organización delictiva” especializada en detraer dinero de forma directa o indirecta del erario público para su beneficio particular a través del cobro de comisiones ilegales y obtención de adjudicaciones públicas amañadas. Así lo refrendó el Inspector Jefe de la UDEF y, no se trata de una definición subjetiva. Denomina “organización delictiva” a la estructura del PP porque cumple con los parámetros que para tal denominación, de evidentes consecuencias penales, establece la propia Interpol.
Con la misma crudeza hemos podido constatar que quienes han investigado tanto la trama Gürtel, como los llamados papeles de Bárcenas, otorgan total veracidad tras su análisis a los famosos papeles de “Luis el Cabrón”. Y en ellos queda de manifiesto quiénes eran los perceptores de los sobres de dinero. De igual manera que queda probado que esa práctica de sobresueldos en B asociados a donaciones generosas de grandes prohombres de la patria era una práctica habitual y sostenida en el tiempo y de la que participaban o eran conocedores muchos, muchísimos de los políticos conservadores que en la actualidad siguen en puestos de responsabilidad en muchos casos.
Sobres repletos de euros “donados” por empresarios que, como Fabra y su fortuna para ganar un premio de lotería tras otro, enganchaban con igual acumulación de “suerte” un sinfín de obras públicas. Que estas fueran de interés general o no es otro cantar. Entre esos “indiciariamente políticos comprados o corruptos” aparecen todos los prebostes del PP en las ultimas dos décadas: Mariano Rajoy, Javier Arenas, Paco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, María Dolores de Cospedal…
Pero en todo caso en el que existen corruptos, existen corruptores. Y fue el excomisario de la Policía Judicial hasta 2012 (casualidades de la vida su fecha de cese coincide con la llegada al poder del PP) quien señaló que en la investigación de la trama Gürtel aparecen como beneficiarios y donantes grandes empresas de la construcción y financieras del estado español. Tiempo tendremos de preguntarles cara a cara cómo lo hacían. Y digo que tiempo tendremos si es que antes no siguen saliendo a la luz más grabaciones como la del empresario Rafael Palencia que certifiquen tales entregas de dinero al PP.
El mismo ex comisario antes mencionado rubricó en los informes elevados a fiscalía la participación en este expolio de numerosas empresas como la ACS de Florentino, OHL de Villar Mir y otras tantas. Y el propio Correa, en sede judicial, señaló que lo que hacía no era anormal ni inédito, que en definitiva, así funcionaba este sistema.
Sin embargo, no es descartable que la comisión de investigación del congreso concluya como probada y cierta la participación activa de la cúpula del PP en el saqueo de lo público bajo la forma de corrupción generalizada y sistémica, y que eso a la vez no acarree consecuencias penales en los juzgados, que es el ámbito en el que se dirimen esas cuestiones, ni para corruptores ni para corruptos, salvo para los chivos expiatorios por todos y todas conocidos.
¿Por qué? Porque el carácter generalizado de la práctica corrupta de las “mediaciones y comisiones” afecta a tanto preboste del estado español que el propio sistema caería con él. Y eso conociendo solo la punta del iceberg de la corrupción.
Por eso se explica el relativo escaso eco mediático de lo revelado en el congreso. ¿Acaso la mayoría de los medios de comunicación españoles no tienen ligazón notoria con los próceres económicos señalados en la Gürtel, Púnica y demás procesos abiertos? ¿Acaso no están actuando en defensa del sistema y su orden constitucional en esta y otras cuestiones como la catalana? Hace tiempo que, en su gran mayoría, han preferido ser medios de formación de opinión en lugar de medios de información. Y por eso se explica que sean capaces de que la masa en el estado se ocupe y preocupe más de si la camiseta de la selección incluye una tricolor republicana naif o de si en Catalunya se cumple la legalidad del régimen del 78 vía artículo 155 o no.
Probablemente quieran zanjar este incómodo trance para ellos con más oscuridad mediática, algunas penas de cárcel simbólicas, a tenor de lo que han robado y no han devuelto, para los Correa, Ignacio González, Bárcenas, etc. y la promesa de más reformas legales para impedir, a futuro, nuevos casos de corrupción. Es decir, tapar el asunto y a otra cosa, que el show debe continuar.
Son numerosas las críticas que se pueden hacer a la hora de analizar minuciosamente cómo se ha llevado a cabo el proceso soberanista en Catalunya , pero bajo mi punto de vista, el tiempo en el que se han ido produciendo los acontecimientos, ha sido un momento ilusionante, de alegría y esperanza para quienes creemos en el derecho de autodeterminación de los pueblos y en el soberanismo; y que además nos sentimos republicanos.
Sin embargo, a día de hoy, no ha podido ser. De ello se han encargado las fuerzas de la represión, tanto desde dentro de Catalunya como desde fuera. Y es que, el Estado Español está gobernado por la derecha, y Europa por el liberalismo y la socialdemocracia. A lo largo de los últimos años ya hemos visto cómo actúan cuando se trata de oprimir a los pueblos, a los trabajadores o a las personas refugiadas que huyen de las guerras y que terminan muriendo ahogadas en el mar o de hambre y frío en tierra. En el caso de Catalunya, también se han unido a la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución, poniéndose también el PSOE a las órdenes de la derecha española.
Ahora, se acaba de iniciar una nueva fase con la convocatoria de las elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre, con parte de los candidatos al Parlament encarcelados o exiliados. La situación es muy delicada, pero demostrando en todo momento que el Procés sabe resistir. Y lo hace a pesar del chantaje del capitalismo facilitando y apoyando el traslado a otras comunidades de la sede social de las empresas catalanas.
La batalla de la soberanía y la república la han perdido de momento, pero esperemos que las fuerzas independentistas ganen las elecciones. Hay una parte importante de Euskadi que está con todos ellos, para que la hoja de ruta del pueblo catalán continúe adelante y puedan ejercer libremente el derecho a decidir.
Si Catalunya proclama la república y la independencia, el régimen del 78 saltaría por los aires y esto es algo que tanto la derecha como el PSOE no van a consentir mientas tengan a la policía y al ejército. Pero a pesar de todo, creo que esa parte del pueblo catalán ha demostrado una ejemplarizante capacidad de movilización pacífica, pero contundente, en defensa de su libertad.
Jorge Freytter-Florián – Cofundador de la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero y exiliado político en Euskal herria
Tras el Tratado de Paz firmado por el Gobierno de Colombia y las FARC, la sociedad sigue convulsa por el paso lento de su desarrollo y por los muchos tropiezos existentes. Se puede decir que hay un alto incumplimiento por parte del Estado, reflejado con los jueces de facto en los tribunales de los circuitos departamentales, impidiendo emitir sentencias de libertad para las y los presos políticos de las FARC-EP recluidos en cárceles. Tras los barrotes del régimen de Juan Manuel Santos, numeroso campesinado, defensores de DDHH, mujeres, afrocolombianos, militantes LGTBI, etc. son violentados en sus derechos fundamentales.
Otra conmoción ha sido el Caso Odebrecht. Algunos sectores del paramilitarismo, representados en el Centro Democrático, generan opinión sucia frente a la implementación de los Acuerdos de Paz. Este grupo político, heredero de la estructura política generada por el conflicto colombiano, históricamente se ha basado en la corrupción, apoyado por los grandes medios de comunicación afines al proyecto neoliberal de Santos y, sobre todo, a la posición belicista del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Caso Odebrecht ha destapado una trama donde funcionarios, concejales departamentales y campañas electorales fueron financiadas por esta multinacional brasileña que busca asegurar mega-contratos. Estos escándalos ocurren a la vez que se dan sistemáticos asesinatos a insurgentes y sus familiares que se encuentran en las Zonas Verdales de Transición y Normalización (ZVTN), espacio de reincorporación a la vida política legal.
Cumpliendo los Acuerdos, las FARC-EP dejaron de ser una organización militar para pasar a desarrollar su actividad política en el marco legal con el nombre FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria Común. Este nuevo agente se constituye como un partido político generador de dinámicas políticas no tradicionales donde millones de colombianos y colombianas inconformes con el actual sistema tengan un espacio de lucha y de conformación de debate, política y construcción de poder con nuevos aires. Así, se abre una ventana de oportunidad real para avanzar hacia una solución integral y duradera para los conflictos sociales y políticos del país.
En otra línea, se encuentra la reivindicación de la mesa de conversaciones de Quito entre el ELN y el Gobierno de Colombia, una pieza más para la construcción de la paz. Debe efectuarse un acompañamiento al cese al fuego bilateral vigente hasta el 9 de enero de 2018. Los Gestores de Paz de está organización insurgente, ponen en cuestión unas demandas que siguen vigente:
“Queremos apostarle a que la violencia sea parte del pasado, pero para que ello sea posible debemos caminar en construir un país con plenas garantías, con pluralidad, con democracia real, con participación y con cambios”, ELN 30-8-2017.
1. Aspectos quebrantados del acuerdo.
La Ley de Amnistía de diciembre de 2016 establece términos que son el soporte jurídico para la libertad de las y los presos políticos. De las 3.500 personas encarceladas por vínculos con las FARC-EP, 700 pueden tener derecho a la amnistía establecida en la Ley y el resto tiene derecho a ser excarcelado en distintas condiciones.
Otro elemento importante es el control en los centros carceleros. Se siguen estableciendo mecanismos de represión sistemática: dispersión, agresiones a presos, falta de acceso a servicios sanitarios… No debemos dejar de lado al preso político y académico Simón Trinidad, que queda pendiente de solución tras el Acuerdo.
En las ZVTN donde se realizó la dejación de las armas, insurgentes sufren constantes violaciones por parte de militares. Además, las condiciones mínimas acordadas que incluyen el suministro eléctrico y agua potable, están en un 60% de las infraestructuras; algo básico como la atención médica, está siendo manejada como primeros auxilios, muchas veces les toca asumir al cuerpo sanitario de la insurgencia.
Con el Nuevo Partido, muchos insurgentes que hicieron parte de la lucha armada, pasarán automáticamente hacer parte de las nuevas estructuras políticas, de las misma manera, las y los militantes del Partido Comunista Clandestino Colombia, PC3, expresión organizativa en las ciudades, pasarán a la vida política pública.
2. Aspectos legislativos en el acuerdo.
“Voces de Paz y Reconciliación”, que ha sido la encargada de verificar el proceso de cumplimiento del Acuerdo de Paz, ha logrado llevar al Senado y darle seguimiento en las siguientes iniciativas legislativas:
• Ley de innovación Agropecuaria.
• Participación de sectores rurales y urbanos al Consejo Nacional del Sistema.
• Falta de garantías a miembros del partido político FARC.
• Lento trámite de la Reforma Política en el Gobierno.
• La exequibilidad de actos legislativos.
• Bienes entregados por las FARC-EP a Naciones Unidas.
3. El denominado Bloque de Poder contrainsurgente (BPCIS).
El denominado “Paramilitarismo” –política Contrainsurgente con estrechos vínculos con el Estado, los políticos nacionales y regionales, Fuerzas Armadas y narcotráfico- asesinó de manera selectiva 8.903 personas entre los años 1985 y 2012. La Parapolítica sigue intacta, y sus grandes ideólogos tienen representación en el Centro Democrático.
El gobierno de Santos y el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira, se niegan aceptar la existencia de paramilitares en todo el territorio nacional, y siguen aplicando su “plan pistola” asesinando sistemáticamente a líderes sociales, comunitarios, defensores de DDHH, y militantes de izquierda. La presión social y la bandera del desmonte del paramilitarismo debería seguir siendo un estandarte de las víctimas de crímenes de Estado y del conjunto del movimiento social y político, reconocido por la Constitución para rechazar públicamente y judicializar cualquier expresión de paramilitarismo que pueda existir.
Las investigaciones deben ser profundas en relación con el Paramilitarismo, que seguirá siendo la mayor amenaza de la fase de implementación de los Acuerdos de Paz, y de las conversaciones con el ELN.
4. Elecciones y la Unidad Popular.
La tensión aumenta por la implementación de los Acuerdos y que se proporcione garantía a estos y a las conversaciones con el ELN. El Centro Democrático, Partido de Álvaro Uribe Vélez, Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, y otras figuras de extrema derecha, están por la no continuidad al proceso, pues consideran que se está dando participación política a “terroristas y comunistas”. Un discurso de odio que puede calar en los sectores más manipulables, como ocurrió en el plebiscito de 2016.
La tarea fundamental para afianzar una verdadera Paz estable y duradera, es construir una fuerte comunidad política diversa y mayoritaria -Unidad Popular o Frente de Izquierda- que pueda democratizar la política desde abajo, como decía Iván Márquez (FARC): “Seremos partido territorial y poder urbano”.
Con el nuevo escenario político, surgirán nuevas propuestas de instituciones, quizás no para derribar al Estado, pero sí para forzarlo a defender el bien soberano de respetar nuestros recursos. Las fuerzas populares comprometidas con el cambio tienen retos grandes como acabar con la pobreza extrema de amplias capas sociales. O luchar contra la maquinaria clientelista y corrupta que ha venido imperando. También consolidar la paz tras más de 60 años de conflicto.
La nueva FARC alza sus banderas para la construcción de un nuevo orden político. Empieza así a trabajar por el respeto claro a la soberanía, las mujeres, el medio ambiente, la democracia plena y el internacionalismo. Con una perspectiva clara de clase, que enfrente la “Necropolítica” que se está acentuando cada vez más en las periferias de grandes urbes, pero también en los municipios recónditos. Se vislumbran batallas ideológicas de gran calado y de estrategia en pro del logro máximo de la Unidad Popular de los sectores progresistas y de izquierdas, para juntos, a través de la movilización social y política como músculo de esa lucha de clases en el espacio electoral, lograr “la toma del poder”. Todo este cúmulo de esfuerzos tiene que seguir a la par que la movilización social. Es fundamental intervenir en una dinámica social y política en clave democrática que supere la polarización y movilice a sectores sociales que todavía no manifiestan su apoyo explícito al Proceso de Paz.
Desde Euskal Herria el compromiso con Colombia debe ser irreversible, para que no sea olvidada en las agendas sociales y políticas. Es imprescindible realizar un acompañamiento internacional en clave de defensa de los DDHH y fortalecimiento de los procesos de participación política en lo local.
Para todas aquellas que seguimos GoT, entre los que figura el prohombre de la coleta, la frase nos llevará sin duda al estúpido, contumaz y aprendiz de Joffrey, Viserys Targaryen. Sin duda uno de los personajes más odiables, aunque su reinado en la pantalla y en los libros fuera breve. Con esta frase amenazaba a su hermana Daenerys, antes de que ésta tuviese sus propios dragones. “Si me enfadas sentirás la furia del dragón, si por el contrario te portas bien, eres sumisa, atenta y reservada te compensaré tratándote como mi mercancía, mi propiedad, y vendiéndote al mejor postor si fuera preciso” Igualico, igualico que los intelectuales de Podemos, oiga. Que si nos portamos bien, calladitos, y en el rincón del aula nos dejarán respirar, incluso puede que manifestarnos y realizar algún acto folklorico festivo en alguna campa de la Lautada alavesa, pero si rechistamos… sentiremos la furia de las águilas imperiales.
Miren que odio yo lo de utilizar comparativas de violencia machista, pero es que es tan fuerte el influjo del macho hispano maltratador que, ¿cómo evitarlo? Si es que vais provocando, marcando banderas, defendiendo culturas, rompiendo España, y así, claro, no hay quien os defienda.
Empiezo a estar un poco harto de alguna pseudo-izquierda intelecta de núcleos irradiadores y profesores de ciencias políticas. No ya porque no nos pongamos de acuerdo, o no defendamos las mismas cuestiones, sino porque no sean capaces ni de reconocer al enemigo cuando lo tienen delante. ¿De qué se extrañaron cuando en Zaragoza los asediaron? Pero si fueron ellos los que despertaron a la turba organizando un sarao rojo-masón. Y así no hay quien pueda construir nada.
Podemos está realizando el recorrido del PCE y el PSOE en tiempo récord y sin tener que aprobar en congreso alguno dejar el marxismo porque nunca lo abrazaron.
En la concatenación de elecciones generales Podemos obtuvo su mejor resultado en Catalunya, Euskadi y Nafarroa, pero claro, para asaltar Madrid (si es que en realidad lo desean) han llegado a la conclusión de que tienen que abrazar con fuerza la rojigualda para ver si así pueden aumentar sus apoyos mesetarios. Claro que eso no es nuevo, ya lo hizo el PCE y es fácil percatarse del éxito de tales políticas. ¿Creen que lo poco que ganarán, si ganan, en la Meseta conjugará sus pérdidas en Catalunya, Euskadi y Nafarroa? No sé, pero cada vez tengo más la sensación de que Podemos ha sido la mejor herramienta del Régimen para perpetuarse. La vacuna perfecta.
Sí, es posible que el dragón fascista se haya despertado por el proceso Catalán, pero lo preocupante es que el dragón esté vivo, y lo grave es que quienes dicen querer acabar con él, les preocupe que se despierte. ¿Cómo pensaban acabar con él, a abrazos y besos? Pues que quieren que les diga, a grandes males grandes remedios, aunque no sean tan espectaculares como una olla de oro vaciada sobre el cráneo de las águilas. Sí, para hacer una tortilla siempre hay que romper unos cuantos huevos.
¿Cual debe ser la misión de la política? Unos te dirán que la política consiste en mantener el orden, otros te dirán que la política es consensuar y aplicar las normas. Desde EH Bildu pensamos que se equivocan, que a esa gente el árbol les impide ver el bosque. La política debe consistir y debe tener como fin último cuidar a la gente. La política debería consistir en construir sociedades que cuiden a su gente.
Pero la política no pasa por sus mejores momentos. La gente no percibe protección y cuidado por parte de sus representantes institucionales. Los políticos clásicos se perdieron en el camino. Confundieron cuidar a la gente con dinamizar la economía y confundieron dinamizar la economía con ayudar a las élites empresariales. Se perdieron en el camino porque ni la ayuda a las élites empresariales dinamiza la economía, ni dinamizar la economía es condición suficiente para cuidar a la gente. Algo también se llevaban al bolsillo por el camino aquellos políticos.
El resultado es que han acabado equiparando el bienestar de una sociedad al estado de su economía. Y han equiparado el estado de su economía al crecimiento del PIB. Y el PIB va bien. Pero, ¿qué tal está la gente? Evidentemente, el bienestar de la ciudadanía es mucho más que su nivel de ingresos, pero por simplificar vamos a aceptar este indicador: mientras el Eustat nos dice que el PIB ha crecido en Euskadi un 2,9% el último año, el Consejo Económico y Social certifica que desde 2014 la pobreza laboral se ha incrementado. Esto es, tener trabajo ya no garantiza no ser pobre. La economía va bien, pero la gente va mal.
Alguien se preguntará qué hace un concejal raso cuestionándose la macroeconomía y el bienestar de las sociedades. En mi opinión, los concejales estamos para lo mismo, para cuidar a la gente. Pero sobre todo escribo este artículo preocupado al corroborar que el alcalde Urtaran está cometiendo los mismos errores que quienes dirigen la economía. Alimenta las fracasadas inercias del pasado, solo invierte en ladrillo como motor de la economía y mima a las élites económicas… pero se olvida de las personas. Y el resultado de toda esta inercia económica es que a la gente le falta empleo, pero sobre todo que el empleo al que accede es precario. Un dato: Gasteiz ha creado 71.258 contratos en 2017, 66.160 han sido temporales, y la duración media del contrato ha sido de 27 días.
Hasta la fecha las élites políticas, de la mano de las élites económicas, se han preocupado de que el PIB crezca, de contentar a las poderosas multinacionales y de rescatar a la banca. Pero, ¿cuándo vamos a empezar a defender el empleo y a cuidar a nuestra gente?
Desde EH Bildu Gasteiz le pedimos al Alcalde que para cuidar a la gente empiece desde lo cercano, desde el entorno más inmediato sobre el que tenemos influencia directa. Me refiero al ámbito de la contratación pública, a esos miles de personas que trabajan para el Ayuntamiento. Observamos con preocupación la precarización de estos sectores que garantizan los servicios públicos municipales. Hace unos meses eran las y los socorristas y monitores deportivos los que levantaban la voz por cobrar 700€. Ante la cronificación de su precariedad laboral no dudaron en convocar una huelga que cerraba las piscinas. Y todo Gasteiz entendió su lucha. Al fin y al cabo, todos tenemos un hijo, una hermana o una pareja precarizada con sueldos de 700€. Todos tenemos cerca ejemplos de gente que no llega a final de mes, no por estar desempleado, sino porque hoy en día su trabajo no les permite salir de una situación de pobreza.
Ahora ha llegado a EH Bildu el caso de las trabajadoras de ocio y tiempo libre del Ayuntamiento. Sí, el de esas mujeres que día a día hacen posible que en los Centros Cívicos nuestros menores disfruten del tiempo libre y estén atendidos. Apenas el 10% de ellas trabajan a jornada completa. A una gran mayoría, el sueldo no les da para más de 700€ al mes. La única salida que les queda para conseguir reunir a final de mes un sueldo que les permita vivir es el pluriempleo. Muchas de ellas se ven obligadas a trabajar para el Ayuntamiento entre semana y recurrir a la hostelería los fines de semana. Todo ello para apenas conseguir un sueldo que les permita salir de condiciones de pobreza. Sí, hablo de ellas porque el componente de género es estructural. El empleo precarizado es mayoritariamente femenino, y ésta no es la excepción.
El ejemplo de María es representativo. Trabaja de lunes a sábado. Todos los días se encarga de la ludoteca por las tardes de 17 a 19h. Dos o tres mañanas a la semana, de 10 a 12h, le corresponde también abrir la ludoteca txiki. Por si esto fuera poco, tres días a la semana tiene que atender las visitas escolares al mediodía, de 15 a 16h. A esto hay que añadir el tiempo necesario para preparar las actividades y las reuniones de coordinación semanales. Tiene que estar pendiente del teléfono móvil día a día por si se le requiere para cubrir alguna baja o imprevisto en otro lugar. Como se observa es un trabajo que requiere disponibilidad absoluta de lunes a sábado, mañana y tarde. Y la recompensa son sueldos que oscilan entre los 600 y los 650 euros. Salarios por debajo del umbral de la pobreza. Y una exigencia de horarios y disponibilidad que ni siquiera les permite pluriemplearse para intentar conseguir unos ingresos que les permitan vivir dignamente.
¿Cuántos cientos de trabajadores de servicios municipales viven en estas condiciones? No es admisible que el alcalde Urtaran base los servicios públicos que nos garantizan una calidad de vida digna a los Gasteiztarras sobre la precarización de sus trabajadores, que al fin y al cabo no dejan de ser hijos, hermanas, padres o compañeras nuestras.
El Ayuntamiento no puede permitir esta precariedad estructural en sus servicios. Evidentemente no es éticamente admisible que bajo el paraguas de la institución se maltrate a nuestra gente. Además, el Ayuntamiento falta a su deber ejemplarizante porque debería ser el primero en erradicar la precarización laboral marcando el camino al resto de sectores económicos. Por último, no hay que olvidar que, bajo esta precarización, es imposible garantizar la calidad de nuestros servicios públicos.
Está en nuestras manos dar solución a tiempo a este triste secreto a voces y evitar el bochorno público futuro. No podemos esperar a futuras huelgas y a poner en peligro los servicios públicos que Gasteiz se merece. Por ello pedimos al Alcalde que acepte nuestra propuesta para firmar un “Pacto por la dignificación de los salarios” para que ninguno de los y las trabajadoras de los servicios municipales cobre menos de 1.200 euros.
Es necesario solucionar esta lacra que tan de cerca afecta a los ciudadanos y que tan mala imagen ofrece de nuestra institución más cercana. Porque, al fin y al cabo, un Ayuntamiento debe cuidar de su gente.
