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El trabajo invisible en lucha

Amaia Agirresarobe y Xabier Soto – Alternatiba

Hay trabajos inútiles. Hay trabajos que lejos de dignificar, pervierten a las personas que los realizan. Hay muchos, demasiados, trabajos prescindibles porque no aportan nada, porque son insostenibles o porque solo son posibles gracias a la explotación de otras personas. Y también hay trabajos imprescindibles, pero que no dejan huella. Son los trabajos invisibles, aquellos que no vemos a pesar de que se realicen delante de nuestros ojos, a pesar de que sean fundamentales para garantizar las necesidades de nuestras vidas. Su máximo exponente es el trabajo de cuidados.

El trabajo de cuidar la vida es invisible porque no genera prestaciones sociales, tan invisible que siempre está penalizado en términos de condiciones salariales y laborales, invisible porque está oculto dentro de los hogares, invisible porque ni siquiera merece el nombre de trabajo, invisible por el nulo reconocimiento otorgado como una tarea esencial para sostener la vida, invisible porque lo realizan las mujeres. Así, se da por hecho que nadie debe protegerlos, financiarlos o reivindicarlos porque el cuidado de las personas no es un derecho, no es una responsabilidad colectiva y porque, de todas formas, y gracias a las mujeres, siempre van a estar ahí, infinitamente inflexibles, sumamente precarios pero en una cantidad suficiente para que nuestras vidas continúen.

La injusta organización social de los cuidados, privatizada en los hogares, en manos del trabajo precario y no remunerado de las mujeres y con una protección ínfima de la administración pública, casi nunca salta al terreno del debate público y, cuando lo hace, es porque los cuidados faltan y porque las mujeres no hacen todo lo que se espera de ellas. La discusión, en definitiva, se realiza en términos de culpabilización de las mujeres y nunca desde una óptica de derechos. ¿Son los cuidados recibidos suficientes en cantidad y calidad para todas las personas o solo para unas pocas personas, las que puedan pagarlos, y a costa de la precariedad de una mayoría de mujeres? Estas preguntas no ocupan la agenda ni la preocupación de la mayoría de los partidos políticos valedores de un modelo que hace aguas y que requiere de la subordinación y explotación de las mujeres para subsistir.

Excepcionalmente, el  menosprecio de esta realidad, permanentemente invisibilizada, ha salido a la luz través del conflicto desatado entre el Departamento de Política Social de la Diputación de Gipuzkoa y Adegi. A diferencia del resto de administraciones, la Diputación de Gipuzkoa ha dado el paso de defender una mejora de las condiciones laborales para el sector, partiendo de que la responsabilidad de cuidar la vida es una responsabilidad colectiva y no sólo un nuevo nicho de negocio para las empresas privadas. En esta ocasión, los derechos de las personas cuidadoras, relegadas al olvido y a una lucha desigual dentro de los muros de una empresa privada, son parte de la preocupación de una institución pública. Así, el conflicto entre la Diputación y la patronal es un enfrentamiento contra la avaricia de las empresas, interesadas en primar sus beneficios a costa de las condiciones laborales de las trabajadoras y la calidad de los servicios de los cuidados. Pero, sobre todo, este conflicto supone también la reivindicación de la responsabilidad pública en la cobertura de los cuidados frente a la extensión impune de la lógica privada en el cuidado de la vida de la ciudadanía. Un paso en la necesaria apuesta por situar el mantenimiento de la vida y no los intereses del capital en el centro de las políticas públicas.

Así, en el trasfondo de este conflicto está la tensión sobre quién y cómo asume la responsabilidad de cuidar y cuál debe ser el papel de las instituciones públicas en la superación de un modelo, marcado por la creciente privatización de los servicios, y que en ningún caso garantiza el derecho al cuidado de todos y todas ni unas condiciones laborales dignas para el sector. Lo que está en juego son los derechos de todos y todas y el cuestionamiento de un modelo injusto y excluyente donde las empresas han hecho y deshecho con la plácida connivencia de la administración pública.

Por lo tanto, no nos equivoquemos, la lucha de las mujeres que hoy en Gipuzkoa han decidido estar en la calle defendiendo sus derechos supone todo un desafío al modelo actual, y esto duele a sus valedores, interesados en mantener los cuidados invisibles, fuera de la intervención pública, lejos de los focos del debate público, allí donde el negocio y el lucro prevalecen sobre los derechos de todas las personas. La lucha de estas mujeres es también una lucha feminista, una lucha por unos cuidados dignospara todas las personas. Y su visibilización y defensa, ¡nos concierne a todos y todas!

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El huracán San Fermín

Josu Estarrona y Cristina Bereciartua – Alternatiba Araba

Para cuando se publique este artículo, el seminario organizado por SEA Empresarios Alaveses sobre el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos ya habrá concluido, es decir, los convenios que no se hayan renovado en esa fecha dejarán de tener carácter normativo.

El empresariado adscrito a dicho sindicato habrá debatido sobre el escenario posterior al 7 de julio, momento en el que “expira” la ultraactividad de importantes convenios sectoriales en Araba, convenios que afectan a 49.851 personas del territorio. Dicha “caducidad” provocará que esos y esas trabajadoras pasen a depender de un convenio de ámbito superior, (Convenio Estatal) o directamente al amparo del paraguas legal del Estatuto de los Trabajadores, bajo la amenaza de un salario mínimo de 645,30€ al mes y más de 1.800 horas anuales.

El empresariado alavés dice sentirse profundamente preocupado por la situación de desamparo en la que quedarán estas personas trabajadoras, y asegura estar dispuesto a mantener las actuales condiciones, afirmación que lleva a pensar que el descuelgue colectivo que pudiera producirse el próximo 8 de julio será un “advenimiento”, algo así como una hecatombe natural impredecible e irrefrenable ajena a la voluntad del empresariado. Sin embargo nada más lejos de la realidad, y es que, la Ley, la Reforma Laboral marca tan solo una línea de mínimos, en ningún caso exige a las empresas a que, pasado el tiempo de la ultraactividad deban aplicar sistemáticamente el convenio de rango superior vigente.

Dicho en lenguaje llano, si a una mujer, como trabajadora de una empresa, el 7 de Julio le correspondía trabajar 1.650 horas, el 8 de julio seguirá con ese mismo calendario salvo que al empresario se le ocurra modificarlo entendiendo que la Ley le da ese derecho, y en ese caso, la responsabilidad de ese cambio en la jornada laboral será responsabilidad única y exclusiva de dicho empresario. Lo mismo ocurre con ese derecho a transporte, a la limpieza de los buzos de trabajo, al litro de leche por trabajos tóxicos, u otros acuerdos que pudiera contener el convenio, no caducarán ni desaparecerán por acción divina, sino que lo harán por la decisión unilateral del empresario, eso sí, avalada por una Ley cruel e inhumana.

En Alternatiba Araba lo tenemos claro, estamos convencidos de que la cerrazón empresarial en materia de negociación colectiva a la que hemos asistido en este último año no perseguía otro objetivo que el de llegar a este momento y en esta situación. Un momento en el que a los trabajadores y trabajadoras alavesas solo les ofrecen elegir entre susto y/o muerte. Susto, si se acogen a las últimas ofertas empresariales de aumento de jornada, reducción de salario y condiciones laborales, o muerte, con el fin de la ultraactividad y el descuelgue colectivo.

Está bien, y es democrático que el SEA Empresarios Alaveses defienda sus intereses, igual ocurre con el derecho de la clase trabajadora a defender los suyos, pero lo que no se puede permitir es que pretendan hacer pasar por estúpida a la sociedad alavesa. Ni la Reforma Laboral, ni la ultraactividad, ni el descuelgue de convenios que presumiblemente van a ejercer han caído del cielo, tiene unos responsables claros, y el SEA Empresarios Alaveses haría bien en asumir su parte de culpa.

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Exhibición de solidaridad en Ondarroa

Jonathan Martinez – Alternatiba

Hagamos memoria, que es lo único que nos permiten hacer.

En enero de 2010, la recién estrenada División Antiterrorista de la Ertzaintza arrestó a siete ciudadanos vascos -entre ellos a la edil de Ondarroa, Urtza Alkorta- en una redada patrocinada por el gobierno de Patxi López en colaboración con ese tribunal de excepción franquista rebautizado como Audiencia Nacional.

Los nuevos inquilinos de Ajuria Enea decidieron obviar el protocolo para la prevención de torturas que la policía autonómica aplicaba hasta entonces, y dejaron vía libre a sus agentes para que hincharan a hostias a los detenidos durante interrogatorios ilegales. Cinco de ellos permanecieron ocho días incomunicados y tres fueron hospitalizados para escándalo de Amnistía Internacional y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que en sus informes señalan al Reino de España como una versión cutre y cañí de Guantánamo.

El CPT explicó en el caso de Beatriz Etxebarria, violada en las mazmorras madrileñas de la Guardia Civil en marzo de 2011, que «el objetivo de los malos tratos alegados era el de conseguir que la persona detenida firmara una declaración (es decir, una confesión) antes de que acabara la detención en régimen de incomunicación». El recurso de la tortura ya había servido para arrancar a Urtza Alkorta una falsa autoinculpación que se convirtió en la única prueba que necesitaba el juez Eloy Velasco para endosarle cinco años de trena acusada de colaboración con banda armada.

Los abogados de los detenidos, Haizea Ziluaga y Alfonso Zenon, denunciaron públicamente el comportamiento del gobierno del PSE. «La Ertzaintza tortura a las órdenes del señor Ares», dijo Zenon. Rodolfo Ares, el verdugo de Iñigo Cabacas, en lugar de investigar las denuncias, decidió esconder las grabaciones de los interrogatorios cuando se las solicitaron el Ararteko y un juzgado de Durango, y plantó una querella criminal contra Zenon y Ziluaga «para defender el buen nombre de la Ertzaintza». Seguimos a la espera de un juicio absurdo al que mi compañero Ander Rodríguez y yo hemos sido llamados como testigos después de que entregáramos un escrito de autoinculpación haciendo nuestras las palabras de los imputados.

Urtza Alkorta permaneció dos años y medio en prisión hasta que un recurso la excarceló el verano pasado. Sin embargo, en febrero recibió una nueva orden de encarcelación que activó la alarma y la resistencia popular. Con la desobediencia civil del Aske Gunea de Donostia en la memoria, un millar de personas han ido atrincherándose alrededor de Urtza durante cinco días y cinco noches para protegerla de la policía, que no se ha atrevido a asaltar el puente de Ondarroa hasta esta mañana. Treinta furgonetas de la nueva «policía de proximidad» de la consejera Estefanía Beltrán de Heredia han tomado el pueblo y han empleado más de tres horas en disolver el muro humano y secuestrar a Urtza.

Dice Beltrán de Heredia que quienes defendían a Urtza estaban «alterando el orden público». Otros, sin embargo, hemos visto en Ondarroa una exhibición de solidaridad demasiado difícil de encontrar en una sociedad capitalista educada para la sumisión y el consumo. Es triste ver a una policía vasca entregada a los caprichos de venganza de un imperio en estrepitosa decadencia, pero todavía nos dibuja una sonrisa el espectáculo de dignidad de un pueblo que ha renunciado a rendirse.

Hay paredes que hablan y nuestra pared desobediente se lo ha gritado a los encapuchados a la cara: «vosotros por dinero, nosotras por amor.»

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Las mujeres son responsables, y libres

Diana Urrea y Carmen García – Mesa Feminista de Alternatiba

La mujer no es responsable; es uno de los argumentos esgrimidos por Gallardón en el Senado para defender su reforma de la ley sobre derechos sexuales y reproductivos. Efectivamente ministro, he ahí el quid de la cuestión y he ahí el destape de sus verdaderas intenciones: situar a las mujeres en la obediencia, a las mujeres como menores de edad, como incapaces de decidir sobre sí mismas, las mujeres debiendo ser castigadas o enfrentándose a riesgos graves para su salud por practicarse abortos clandestinos.

Dice usted que el dilema está en coordinar el derecho al proyecto de vida de las mujeres con el derecho a la vida del “no nacido”. No señor Gallardón y séquito ultraconservador del Partido Popular, no se vayan por las ramas con argumentos moralistas. Podrán llenar los comités de bioética de militantes de los Kikos, del Opus Dei o Legionarios de Cristo, que ninguno podrá discernir con mayor razón que nadie cuando empieza o termina una vida, por mucho que quieran imponer su moralina católica al mundo entero. No son más que soldados de la ideología conservadora que se pasan por el forro de sus genitales masculinos un principio fundamental en bioética: reconocer que la moral es personal e intransferible.

¿Cómo conseguir situar la importante lucha que se va a dar, la de los que claman y predican por las mujeres obedientes y sumisas, útiles al sistema y quienes clamamos por las mujeres libres e irreverentes, luchando por la emancipación del sistema múltiple de dominación que nos atenaza en lo cotidiano? Y es que nos enfrentamos a un futuro mediático en torno al aborto que va a tener a dos protagonistas: por una parte al PSOE, partido que ayer mantenía el acuerdo con la iglesia católica pese a que Rouco siempre se mostró ingerente en los asuntos de Estado; partido que nunca defendió con plenitud el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus vidas, su sexualidad y maternidad poniendo plazos, tutelas y periodos obligatorios de reflexión ridículos a los derechos. Y por otra al PP actuando como palmero de la ideología más conservadora y reaccionaria dentro de la España más retrógrada y espeluznante. Ambos utilizándonos nuevamente a nosotras las mujeres y nuestra libertad como potencial caladero de los tan anhelados votos para dos entes en declive electoral; por otra parte, su único fin y razón de ser.

Sin embargo, el debate es para nosotras las mujeres y para el feminismo anticapitalista mucho más que discusiones sobre supuestos y plazos, no traten de marear la perdiz, patriarcales declarados o neomachistas políticamente correctos. La lucha por el derecho al aborto es la lucha contra la crisis, vieja conocida para las mujeres del mundo porque nos mantiene en un estado de precariedad y vulnerabilidad perpetuo, y no es de antes de ayer.

Porque si nos imponen pedir permiso para abortar, el patriarcado nos está imponiendo la obediencia debida en todo, ya que no nos considera personas autónomas para decidir sobre cuestiones tan básicas como el cuerpo, la vida, la sexualidad y la maternidad. Porque si somos insumisas a la futura ley la violencia vendrá en forma de castigo en el Código Penal y en abortos clandestinos que pondrán en grave riesgo nuestra salud y nuestra vida. Porque si la ley sale adelante las ricas seguirán teniendo ese derecho reconocido aunque sea con la discreción propia de la clase alta y las pobres no lo tendrán ni mucho menos garantizado. Porque el capitalismo saldrá ganando abriendo un nuevo negocio con el aborto, ya que no será una intervención de salud pública hecha consecuentemente en el sistema público de salud. Porque si no podemos abortar, nos dicen que debemos seguir pariendo hijos e hijas y cuidándolos para mantener esta rueda infernal del producir para el capital, y estar contentas con sus migajas que ya no sostendrán ni un mediocre estado de bienestar. Porque si no podemos abortar la maternidad y el cuidado seguirá siendo nuestro destino, y se desarrollará en los hogares donde amortiguaremos las embestidas de recortes como el de la Ley de Dependencia con nuestro trabajo silencioso, gratuito e invisibilizado. Porque si no podemos decidir sobre abortar o no ¿quién nos dice que somos las mismas que podemos decidir sobre el sistema de organización social que deseamos, queremos y necesitamos?

No tenemos esperanzas en esta pelea que se librará en los sillones de cuero y dorados con roble del Congreso de los Diputados, tampoco en conseguir que UPN o PNV sean insumisos a nada llegado del Reino, mucho menos con la amplia tradición e inmersión católica de su ADN. Pero sí que albergamos una esperanza, e incluso profesamos una fe: la firme creencia en el poder de las mujeres para desobedecer y empoderarnos colectivamente en contra de este monstruo capitalista y patriarcal de varias cabezas.

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Bilbao, ciudad santa

Ana Etxarte y Carmen Garcia – Alternatiba Bilbo

Parece evidente que la sociedad está cada vez más alejada de las religiones, y muy especialmente de la Iglesia católica, como consecuencia de no representar en absoluto los valores y creencias de la mayoría social. Sin embargo, hay instituciones como el Ayuntamiento de Bilbao, que siguen empeñadas en mantener esa estrecha relación Estado-Iglesia, muy alejada de la aconfesionalidad que deberían ejercer.

Esta estrecha relación, este trato de favor del Ayuntamiento para con la Iglesia Católica lo hemos podido ver en el último Pleno, al presenciar el apoyo del PNV a una propuesta del PP por la cual se declarará la Semana Santa de Bilbao Bien Cultural Calificado, por serel cristianismo, dicen los populares, el credo religioso mayoritario en Bizkaia.

Cabe preguntarse, cuando menos, si está suposición es cierta. Así, a bote pronto, negamos la mayor; solo hay que acercarse a la puerta de una iglesia tras la misa de turno para constatar que, a día de hoy, no son precisamente multitud las personas que acuden a practicar su fe, presuntamente mayoritaria, a los templos cristianos.

Pero es que además, los datos confirman nuestras sospechas. Un reciente estudio del Gobierno Vasco refleja que el 54% de la juventud vasca se declara atea, agnóstica o indiferente. Este porcentaje, que año tras año va en aumento, se contrapone al 34% que se declara católica, aunque sólo un 4% es  practicante.

Esta es la realidad actual, frente a oscuros tiempos donde la religión hegemónica invadía todos los espacios públicos, la sociedad está cada vez más alejada de ésta y no profesa credo alguno.

Pero parece que el PP obvia estos datos, y prefiere centrarse en los de la propia Iglesia Católica, que cuenta como feligrés a toda persona bautizada. Da igual que dicha persona no practique, no crea, e incluso que quiera apostatar. Para la Iglesia, con un claro fin económico y negociador para con el Estado, para toda la vida se es feligrés. Como en toda secta que se precie, se  entra pero no se sale.

Lo más grave de la decisión del PNV al nombrar la Semana Santa de Bilbao Bien Cultural es que atenta directamente contra la aconfesionalidad y el laicismo de nuestra sociedad. Hoy en día, existe una ingente la cantidad de actos, festividades y realidades públicas que están definidas en función de la religión católica. Esta decisión ahondará aún más en esta lógica injusta, ajena a una sociedad en la cual las tradiciones católicas y su seguimiento por parte de la ciudadanía es cada vez menor; en la que la variedad de confesiones es muy amplia; y en la que éstas deberían estar circunscritas al ámbito privado.

Necesitamos más laicismo, y es en esa dirección en la que debemos avanzar. Éste es el único marco que asegura una mejor convivencia de personas que tienen diferentes creencias. Y no cumplir este principio supone discriminar, imponer los valores de unas personas sobre los de otras y, en definitiva, vulnerar un derecho fundamental como la libertad de conciencia.

Separar la administración pública de las diferentes confesiones religiosas supone dejar de recoger en la publicidad municipal las procesiones de la Semana Santa como parte de nuestro patrimonio y personalidad, ya que muchas personas no nos sentimos identificadas con la religión católica. Pero también supone, y esto sí que es importante en tiempos de recortes, dejar de financiar con dinero público -este año han sido 9.000 euros-, este tipo de actividades. Mejor sería invertir este dinero en otras actividades culturales más respetuosas con las creencias de todas personas, como las fiestas de los barrios.

Desgraciadamente, a la vez que el PNV dice no a una moción de Bildu que permitiría celebrar funerales civiles en lugares públicos y locales municipales, dice sí a esta propuesta que recoge la esencia de las derechas bilbaínas PP y PNV: conservadurismo religioso aunado con una obsesión por convertir Bilbao en una ciudad escaparate y enfocada al turismo. Todo esto a costa de los barrios, del pequeño comercio y de los derechos laborales.

Queremos decirle a Azkuna y a su equipo que la ciudadanía de Bilbao prefiere que sean otro tipo de actividades las que sean declaradas Bien Cultural. Actividades respetuosas con las creencias y derechos de todas las personas, y que no estén relacionadas con el sufrimiento, la culpa, la sangre y la marcialidad, características que definen a la Semana Santa. Para sufrimiento, tenemos más que suficiente con las reformas y los recortes que las derechas están poniendo en marcha.

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Desobediencia civil contra la austeridad capitalista

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Todos los Manuales de Desobediencia Civil publicados por las numerosas organizaciones que la promueven en el Estado español coinciden en definir la desobediencia civil como “una acción política no violenta, consciente y organizada, contra una ley, una disposición gubernamental o una orden de alguna autoridad considerada injusta e ilegítima, que se emprende con el objetivo de invalidar dicha ley y de establecer una nueva legalidad constituyente en la que los derechos sociales y civiles que se reivindican queden reconocidos de facto”.

Esta secuencia se ha repetido siempre en todos los movimientos de desobediencia civil realizados hasta ahora. Este fue el caso del potente y generalizado movimiento antimilitarista de los años 80-90 que consiguió eliminar el reclutamiento militar forzoso a través de la objeción de conciencia y de la insumisión al Ejército. También lo fue en el caso de Itoitz, aunque en esta ocasión no se consiguiera la victoria, o en el más reciente del movimiento feminista con la campaña de autoinculpaciones en apoyo de las clínicas abortistas que habían practicado en Madrid abortos no permitidos por la ley. La misma secuencia puede apreciarse igualmente en las campañas de desobediencia realizadas contra empresas privadas, como en el caso de las luchas por la moratoria nuclear contra las compañías eléctricas, o en el más reciente contra los desahucios de viviendas impuestos por las entidades bancarias.

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Todos los ejemplos de desobediencia civil conocidos hasta ahora presentan algunos rasgos comunes que deben tomarse en consideración a la hora de plantearse la desobediencia contra las políticas de austeridad capitalista. Destacamos entre otros las siguientes:

  1. Que la desobediencia civil es una herramienta de lucha que dignifica a las personas y colectivos que la realizan, contribuyendo más que ninguna otra a pasar de la condición de siervos domésticos del poder, a la condición de ciudadanos libres. Esta es una de sus principales virtudes.

  2. Que, con alguna excepción, los sujetos de la acción han sido siempre las personas, grupos de personas o colectivos sociales directamente afectados por una ley o por una situación de injusticia manifiesta: los jóvenes en edad militar en unos casos, las mujeres y los movimientos ecologistas en otros, los directamente afectados por los desahucios de viviendas, etc.

  3. Que, salvo excepciones, la mayor parte de las organizaciones tradicionales: partidos políticos y sindicatos, han permanecido al margen de estos movimientos, lo que ha contribuido a crear un problema adicional de legitimación social de la desobediencia civil.

  4. Que las instituciones políticas: Parlamento y Gobierno central, Parlamentos y Gobiernos autónomos, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, han sido siempre y en todas partes hostiles a la desobediencia civil, aún cuando la mayoría social la considere legítima y la apoye de alguna manera. La única excepción a esta “norma de conducta” la encontramos en algunos municipios vascos que, de la mano de los partidos antes mencionados, se autoinculparon en solidaridad con los insumisos vascos al servicio militar en el Ejército español, o en el apoyo que posteriormente dieron a los insumisos de Itoitz. Estos son unos buenos precedentes para reemprender ahora la desobediencia civil contra la austeridad capitalista en Euskadi.

  5. Que en todos los casos ha habido represión política, condenas judiciales, años de prisión y multas económicas para quienes han hecho la desobediencia. Esta reacción de los poderes públicos ayuda siempre a la legitimación social del movimiento, pero requiere un alto grado de conciencia, de compromiso militante y de solidaridad ciudadana para soportar las consecuencias derivadas de la acción práctica

  6. Que sólo triunfan las desobediencias civiles que obtienen una alto grado de legitimación social , de apoyo ciudadano y de cobertura institucional

  7. Que la desobediencia civil es una herramienta de autodefensa que, en caso de victoria, puede hacer desparecer las causas (leyes o decisiones gubernamentales) que generan determinadas situaciones de injusticia, pero que no puede resolver por sí misma las consecuencias derivadas de la austeridad capitalista en el marco de los Estados-Nación que conforman la Unión Europea. La solución a los problemas del desempleo, del empobrecimiento general de las clases trabajadoras, de la deuda externa, o del deterioro general de los servicios sociales, requieren de movilizaciones generales y continuadas de toda la sociedad civil en un grado y con una intensidad superior a las que conocimos en el pasado, pues ahora nos enfrentamos no sólo al Estado español, sino también a la Unión Europea. La impotencia de los trabajadores griegos para doblegar a su propio Estado nacional a pesar de las sucesivas HGs que han protagonizado, nos muestra la intrincada relación entre la escala nacional-estatal y la escala europea en que se plantean las alternativas centrales a la austeridad capitalista. Esto plantea la necesidad de elaborar una escala reivindicativa diversificada en los ámbitos nacionales, estatales y europeos, así como una política de unidad de acción apropiada a cada una de esas escalas, entre todos los sindicatos y todos los movimientos sociales en alianza con todas las izquierdas políticas. Otra de las condiciones necesarias para el éxito la desobediencia civil es llevarla al interior de las instituciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamento y Gobierno Vasco), con el fin de que hagan suyas las demandas ciudadanas y las transformen en leyes más justas o en demandas que ellas mismas asuman antes las instituciones españolas y europeas.

 

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El momento en que vivimos es uno de los más propicios que se pueden imaginar para promover movimientos de desobediencia civil contra las políticas de austeridad capitalista, pues están reunidas todas las condiciones que pueden hacerla posible. A saber: (1) la ausencia de perspectivas de vida digna en el marco de las políticas económicas y sociales del Estado español y de la Unión Europea. (2) la crisis de credibilidad de un sistema político que es incapaz de garantizar las condiciones mínimas de existencia a todos los ciudadanos. (3) la indignación ciudadana ante tanta injustica social y ante tanta corrupción política como la que estamos conociendo estos días. (4) la existencia en Euskal Herria de una amplia red de organizaciones sindicales, sociales y políticas, educadas en la rebeldía política contra el Estado.

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La gota que está desbordando el vaso de la indignación ciudadana es la información sobre los sucesivos episodios de corrupción en la que están implicados todos los poderes económicos y políticos del Estado español. La oligarquía financiera en primer lugar, con los directivos del Banco Santander y de Bankia (Botín y Rato) a la cabeza; los empresarios del ladrillo y otros especuladores, como el presidente de Sacyr y el ex-presidente de los empresarios españoles ( Díaz Ferrán); los “lobbys” políticos que han vaciado las Cajas de Ahorro asignándose sueldos y primas de escándalo, o que están obteniendo grandísimos beneficios de la privatización de la sanidad y de otros servicios públicos (el yerno de Aznar y el marido de Cospedal entre otros); los partidos políticos (la cúpula del PP en el Gobierno central y en los gobiernos autonómicos del País Valenciá, Les Illes, Galicia.etc.); la Generalitat Catalana y las directivos de Convergencia (recordar la acusación de Maragall a Artur Mas cuando afirmó que su problema era la comisión del 3% que cobraba a todas las obras públicas que se realizaban en Cataluña), y de Unió (reconocido por Durán y Lleida en sede judicial). Tampoco el PSOE escapa a esta lacra social, pues a los casos ya conocidos de Filesa, Roldan y Urralburu, se añade ahora el fraude de los ERE en Andalucía; ni UPN en Navarra (ver el desfalco de Caja Navarra), ni la monarquía española, pues el caso Urdangarin parece descubrir una corrupción que afecta a todo el estamento monárquico. Todo esto es conocido porque ha sido publicado, pero no deja de ser más que la punta de un enorme iceberg, que encubre la descapitalización de los Bancos y de las Cajas de Ahorro, producida no sólo por la especulación inmobiliaria y financiera, sino también por el traslado de fondos a cuentas corrientes privadas en paraísos fiscales protegidos por el secreto bancario. Lo que eufemísticamente se llama “fuga de capitales” debiera llamarse en realidad “desfalco”, “robo” o “expolio generalizado de la riqueza nacional”. La corrupción que envuelve a esta oligarquía político-financiera es así una auténtica bofetada a la ética de los poderes públicos y a la credibilidad de un sistema político que no ha dudado en reformar la Constitución por imperativo del Gobierno alemán para convertir la deuda privada de los Bancos y Cajas en deuda pública, y para que su devolución a cargo de los impuestos de toda la ciudadanía tenga prioridad sobre sus necesidades sociales; sobre la Sanidad, la Educación, las Pensiones, el Seguro de Desempleo, la Vivienda o las inversiones públicas para el sostenimiento del empleo. El enorme círculo de especulación financiera así creado se cierra con la imposición de altos tipos de interés sobre la deuda a través de la “prima de riesgo”, por la que los Bancos cobran intereses del 6% a un dinero que ellos obtienen del Banco Central Europeo al 1%. Las élites españolas han saqueado así a su propio país en beneficio propio, endeudándolo de por vida y entregando la riqueza colectiva a los acreedores alemanes. Lo más indignante de todo es que intentan convencernos de que lo hacen por el bien común y para crear empleo. Afortunadamente nadie les cree porque los 6 millones de parados, el millón y medio de familias en las que no entra ningún salario, o las decenas de miles de personas amenazadas por el desahucio de sus viviendas habituales, son realidades tan lacerantes que legitiman con creces la rebelión política y la desobediencia civil a ojos de casi todos, incluyendo en ese “casi todos” a buena parte del electorado del PP

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La desobediencia civil ha empezado a desarrollarse a través de la oposición a los desahucios. El protagonista de la acción han sido los propios afectados, pero la solidaridad recibida ha alcanzado incluso a una parte de los estamentos del Estado como en el caso de los jueces que se niegan a dictar sentencias de desalojo, o de algunos colectivos de policías locales que se resisten a cumplir esas órdenes. Lamentablemente para todos, esa actitud solidaria no ha llegado todavía en grado suficiente a las mayorías sindicales y a los Ayuntamientos pues sus declaraciones de apoyo no sirven al caso a pesar de la solemnidad con la que se hacen. Para ganar la batalla de los desahucios hace falta dar un paso más. Un paso que implique a los comités de empresa de Bancos y Cajas en la negativa a tramitar expedientes de desalojo. Un paso hacia la creación de un amplio movimiento de ocupación de viviendas vacías en cada municipio, que empuje a las instituciones públicas: Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamentos y Gobiernos a promover leyes de expropiación para hacerse con un fondo de viviendas públicas que puedan ponerse al servicio de quienes las necesiten al precio que puedan pagar según sus posibilidades

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En esa política de escala a la que nos referíamos antes, hace falta promover un amplio consenso ciudadano alrededor de una política de choque contra el paro y la pobreza que actúe sobre las causas que lo generan. Una política que debiera contener al menos estas 7 medidas:

  1. La apertura de todas las cuentas corrientes que tengan la ciudadanía del Estado Español en los paraísos fiscales de Suiza, Luxemburgo, Panamá, etc., con el fin de conocer la verdadera dimensión del expolio y la totalidad de los responsables del mismo.

  2. El procesamiento y condena de todos los implicados en el expolio de la riqueza colectiva, pues no habrá justicia para todos mientras exista la desproporción que hoy existe entre las condenas a 12 años de prisión para un joven vasco que ha quemado un cajero automático de la BBK y la ausencia de condenas para los crímenes sociales cometidos por los políticos y los banqueros.

  3. La expropiación de todas las cuentas corrientes que existen en los paraísos fiscales, para hacer frente al pago de la deuda externa que nos han endosado injustamente a todos los ciudadanos del estado español.

  4. La renegociación de la deuda externa con los tenedores de la misma, a fin de reconvertir en deuda privada la que es privada, de tal modo que su devolución no se haga a costa del erario público.

  5. La nacionalización de la Banca privada a objeto de que las enormes sumas de dinero público invertido para sanearlas pueda regresar a la Caja común del Estado.

  6. El establecimiento de una nueva política fiscal que persiga el fraude y grave en mayor medida a las rentas más altas, que aplique los tipos generales a las rentas de capital y a los beneficios empresariales de acuerdo con los baremos medios de la Unión Europea. Que prohíba a escala europea e internacional los paraísos fiscales de forma que, además de obtener enormes recursos necesarios para atender necesidades sociales, se contribuya a erradicar la criminalidad de las redes de venta de armas, de “trata de blancas”, de narcotráfico y otras.

  7. La creación de nuevos puestos de trabajo mediante políticas de reparto del empleo basadas en la reducción de la jornada laboral y en el adelantamiento de la edad de jubilación. De acuerdo con el feminismo anticapitalista y el ecologismo social tenemos que volver a hablar de necesidades – qué necesitamos realmente las personas para disfrutar de una buena vida que sea extensible a las mayorías sociales- y como dice Yayo Herrero hay que hacer una propuesta de modelo económico y político que ponga en evidencia qué trabajos son social y ambientalmente necesarios y cuáles no y la lógica para valorarlos debe ser, en qué medida facilitan el mantenimiento de la vida en equidad.

En relación a la deuda hay que poner en marcha y de manera inmediata una auditoría ciudadana pública y trasparente. Debemos conocer cuánto se debe, quién lo debe, los motivos que han generado la deuda y quién la tiene que pagar. La auditoría no sólo se justifica por sus objetivos, si no por el proceso democrático que implica; es un mecanismo de control democrático de las mayorías sociales sobre el poder político y económico. No obstante, la auditoría requiere trasformar los argumentos jurídicos, económicos y políticos contra el pago de la deuda, en una práctica política cotidiana de intervención y transformación.

La auditoría de la deuda en Euskal Herria exige una amplia iniciativa ciudadana popular y una alianza firme, al menos, entre los movimientos sociales, el sindicalismo vasco y la izquierda radical. Implica rechazar y desobedecer la reforma del artículo 135 de la Constitución que blinda el pago de la deuda frente a los derechos de las mayorías, y por tanto, de la ley de presupuestos que condiciona la gestión de los recursos desde las instituciones vascas. No se debe aceptar la hipoteca de la deuda ilegal e ilegítima; los presupuestos de las instituciones vascas deben ajustarse a este principio. Todo ello requiere alianzas firmes, trasparencia, consulta continua y confrontación democrática con el Estado y con las fuerzas políticas sumisas a la mercantilización de los derechos de las mayorías sociales. Es la senda hacia la ruptura con el gobierno y la clase dominante española y con los dictados del capital, y sobre todo, es la manera de ir transformando las resistencias y la desafección con el sistema político y económico en un nuevo sujeto político transformador.

Será difícil articular un movimiento concertado a escala estatal entorno a estas medidas, y más difícil todavía recuperar la vieja propuesta de Carta Europea de Derechos Sociales, pero merece la pena intentarlo allí donde existen posibilidades como en el caso vasco.

José Ramón Castaños y José Luis Longarte son Portavoces de la de Carta de Derechos Sociales. Juan Hernández Zubizarreta y Mikel de la Fuente son Profesores de la UPV/EHU.

Revista Herria 2000 Eliza nº 242

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Los grandes de Maquiavelo

Diana Urrea y Xabier Soto – Alternatiba

“En toda República hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo”. Fue Maquiavelo, hace cinco siglos, quien anticipó con esta frase la existencia de un conflicto de intereses en toda sociedad. La propiedad privada y las leyes establecidas por la élite político-económica han creado un abismo entre dos clases jerárquicamente diferenciadas entre sí: la clase de los propietarios, de los poderosos y de los amos, frente a la clase de las personas no propietarias, pobres y trabajadoras. Los privilegios de unos pocos frente al bien común, la tensión causada entre el pueblo, por una parte, y los grandes, por otra.

Coincidiendo con este Primero de Mayo, y en puertas de una convocatoria de huelga general para el próximo día 30, Gipuzkoa asiste a un ejemplo perfecto de esa lucha de clases teorizada hace siglos. Pero esta vez, hay un matiz diferente. Algo ha cambiado. Los grandes ya se han dado cuenta, y están nerviosos.

Las 4.800 personas que trabajan en las residencias de personas mayores de todo el Territorio pelean por no perder sus derechos en la negociación del convenio laboral. Lo hacen con las únicas armas de las que dispone la clase obrera: carteles, silbatos, consignas, pancartas… Pero se enfrentan a un gigante armado. Los grandes de Maquiavelo, la patronal Adegi en este caso, que arremeten con todo su poder político, económico y mediático contra estas trabajadoras (no es casualidad que la mayoría de ellas sean mujeres).

Amparada por poderosos grupos de comunicación y grandes partidos como PNV y PP, Adegi se aprovecha, además, de la más útil y perversa de las armas puestas a su servicio por sus cómplices de Madrid: La contrarreforma laboral española. En virtud de la misma, y al igual que sucederá con docenas de convenios en Euskal Herria, de no lograrse un acuerdo entre las partes, el próximo 7 de julio entrará en vigor el convenio estatal del sector, perjudicando gravemente las condiciones laborales actuales de decenas de miles de personas. En las residencias de Gipuzkoa, si las trabajadoras no aceptan las condiciones de la patronal, en poco más de dos meses esta será su situación: 400 euros menos de sueldo al mes y 200 horas más de trabajo al año.

La lucha no puede ser más desigual. Los silbatos, aun cargados de razón, nada pueden contra la artillería pesada de la alianza entre los poderes políticos y económicos. Por primera vez, sin embargo, algo está cambiando. La ciudadanía guipuzcoana ha decidido que el poder institucional lo ostenten quienes, en la lucha de clases, están al lado del pueblo, y tras décadas de alianzas con gobiernos del PNV, los grandes han perdido un cómplice en Gipuzkoa. El Gobierno foral de Bildu ha decidido hacer bandera de la defensa de los servicios públicos y respaldar a esas mujeres que trabajan en las residencias y centros de día del Territorio. Ha dicho alto y claro: “Cubriremos sus espaldas”.

Se ha encargado de hacer saber públicamente su frontal oposición a la reforma laboral española y a la pérdida de cualquier derecho adquirido por parte de cualquier trabajador o trabajadora de este país. Su compromiso lo ha sellado poniendo encima de la mesa 8,2 millones de euros para sustentar las subidas de sueldo de las empleadas, de cuya dignidad laboral depende dispensar unos servicios igualmente dignos en calidad a la ciudadanía.

La airada respuesta de Adegi ha sido la interposición de una demanda judicial contra la Diputación por “injerencia sin precedentes en la negociación colectiva”. Y esa es la clave: “sin precedentes”. Desconcertados, los grandes de la patronal aseguran que es la primera vez en su historia que se han visto obligados a recurrir al extremo de demandar a la Diputación. Lo dicen atónitos, desorientados ante la pérdida de la tradicional connivencia del poder político con el empresarial. Acostumbrados, como están, a años de pasearse por la Diputación entre apretones de manos, comilonas a costa del erario público y reuniones con grandes hombres con corbata, han pedido amparo a los tribunales porque el Gobierno foral no quiere seguir engordando sus bolsillos.

Los grandes de Maquiavelo están nerviosos. La actitud del nuevo Gobierno de Bildu es tan inusual, que hasta les parece ilegal. Jamás habían escuchado que un Gobierno actuara en la defensa de lo público y la dignidad de las personas trabajadoras. Ignoraban que el poder político pudiera oponerse a seguir empeorando las condiciones laborales de un sector ya de por sí precarizado y feminizado, como es el de los cuidados. Desconocían que hay quien, desde las instituciones, defiende a las mujeres víctimas de la inestabilidad laboral, de la economía sumergida del cuidado, del empleo precario, del subempleo con contratos a tiempo parcial como medio para tener algún ingreso mientras siguen sosteniendo las cargas familiares.

Y por eso desde Alternatiba apoyamos la actitud del Departamento de Política Social de la Diputación, de su representante Ander Rodriguez, compañero además de militancia, y la de todo su equipo. Del mismo modo que aplaudimos que la Diputación de Gipuzkoa haya reiterado el compromiso con las y los trabajadores al anunciar estos días que sancionará a aquellas empresas que incumplan las condiciones laborales y los convenios en aquellas obras sufragadas con dinero público.

Hoy, cuando las mujeres, las clases trabajadoras y los sectores oprimidos encuentran por primera vez un aliado en su Gobierno, hierve la lucha de clases, en Gipuzkoa y en toda Euskal Herria.

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La democracia es de izquierdas

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate  – Mesa Internacionalista de Alternatiba

El culebrón post-electoral al que Italia ha asistido en los últimos tiempos, motivado por la irrupción del Movimiento 5 Estrellas y el desbarajuste consiguiente entre los partidos tradicionales al elegir presidente, podría ser analizado simplemente como una anomalía más en un país con una democracia peculiar.

No obstante, y analizado el caso italiano en clave histórica y mundial, podríamos llegar a defender la idea de que la onda expansiva generada por este movimiento osado, radical, complejo e indefinido, iría más allá. Así, se insertaría en un amplio y profundo proceso de creciente deslegitimación de la democracia de baja intensidad en la que vivimos a nivel global, que es incapaz de satisfacer los intereses de las grandes mayorías y de dar respuesta a los deseos globales de participación, justicia y paz. Este proceso habría llegado con fuerza a Europa.

En este sentido, cada vez es mayor el alejamiento entre la ciudadanía y la toma de las decisiones importantes; cada vez es más notoria la escasez democrática de una participación entendida como elección de representantes cada cuatro años; cada vez es más evidente la primacía de las empresas y de los mercados sobre las personas y los gobiernos; cada vez, también, se constata la deslegitimación en la que han caído los partidos políticos como instrumento de masas y de vehículo de defensa de propuestas transformadoras y emancipadoras.

Así, el modelo de la democracia liberal-representativa y sus agentes fundamentales -los partidos- están siendo cada vez más cuestionados, y la población llega incluso a entender el entramado institucional-electoral generado en torno a dicho modelo como algo irrelevante e incluso contrario a sus intereses. En esta clave se entienden por ejemplo alguno de los más significativos procesos de cambio en América Latina: muchas de las iniciativas más alternativas -Bolivia, Ecuador y Venezuela- comparten un origen al margen de los partidos tradicionales, de sus agendas estrechas y de su cultura política miope, y proponen nuevas formas de participación al margen del enfoque liberal, incluso llegando a enfrentarse con la llamada partidocracia. Al mismo tiempo, observamos que son diferentes movimientos sociales los que a lo largo y ancho del mundo están protagonizando las luchas de transformación, y aglutinando en torno a nuevas agendas a importantes sectores populares.

Cierto que siempre ha habido contestación a esta democracia devaluada, y gentes y organizaciones que la desbordaban. No obstante, el cansancio y la desidia frente a este modelo corrupto e injusto es creciente, así como la necesidad de sustituirlo por otras formas de entender la democracia, la participación, el poder. Por ello, tanto la ciudadanía como los partidos políticos -hijos de ese modelo- debemos extraer lecciones que nos preparen para enfrentar el futuro de la mejor manera posible.

Asistimos en la actualidad a un proceso de devaluación de la ya de por sí devaluada democracia. Por un lado, vemos como en Italia todos los partidos defensores del sistema -derechistas, liberales, socialdemócratas- se unen para garantizar la gobernabilidad del país, esto es, mantener el statu quo del que viven. Esta unión de las derechas es algo a lo que asistiremos cada vez más a menudo en cualquier latitud, intentando frenar los vientos del cambio; por otro lado, la represión, la criminalización de la protesta y la violencia institucional parecen ir en aumento, al mismo ritmo que las desigualdades aumentan y que la gente se organiza en la defensa de sus derechos. Los asesinatos políticos a lo largo y ancho del mundo (Guatemala, México, Colombia, etc.), así como la criminalización en el Estado español de la Plataforma contra los Desahucios, o la detención de 8 jóvenes vascos por parte de la Ertzaintza por su militancia política, son sólo algunos ejemplos de esta nueva fase vinculada a la crisis y al intento de los poderosos de mantener sus privilegios, cueste lo que cueste. No podemos perder de vista esta realidad cada día más presente.

Ante esto, la izquierda debe extraer otra lección fundamental de este diagnóstico sobre la democracia: el juego electoral-institucional, pese a mantener en la actualidad una relevancia notable, cuenta con profundas grietas, está profundamente deslegitimado, por lo que cada vez representa menos para la sociedad. Si nos contentamos con priorizar básicamente la estrategia electoral-institucional, sus ritmos y sus dinámicas, corremos el riesgo de acabar como los músicos que seguían tocando cuando el Titanic se hundía.

Pretendemos ganar jugando sólo -o sobre todo- a un juego en el que la derecha ha amañado las cartas, cuando cada vez parece más claro que los campos donde se producen los cambios son múltiples y diversos, y donde las cartas son también diversas. A la derecha le vale con votos para gobernar y mantener el poder, a la izquierda le hace falta algo más que votos: le falta convencer, formar, proponer alternativas; le falta acumular fuerza política. Esas deben ser nuestras cartas, ese es nuestro juego, y eso no sólo -ni fundamentalmente- se hace desde las instituciones -aunque también-.

La ola que pudiera arrasar este modelo de democracia de baja intensidad puede no distinguir entre agentes, incluso podría llevarse por delante a aquellos más honestos, si no son capaces de entender el momento y ampliar sus miras. Por ello debemos ampliar la democracia, también en las instituciones donde estamos: en primer lugar, priorizar de manera estructural y permanente la puesta en marcha de experiencias de democracia directa y participativa allí donde sea posible, siendo importante el qué y el cómo, y sin miedo al resultado: en última instancia, la democracia directa es en sí un ejercicio de izquierdas; en segundo lugar, fomentar las herramientas de la desobediencia civil activa (gran ejemplo de la juventud vasca en el Aske Gune); en tercer lugar, y de manera estratégica, dedicar esfuerzos, recursos y tiempo a la articulación con movimientos sociales, generando espacios y agendas de confianza y entendimiento real. En definitiva, superar y desbordar –antes de que nos desborde- los estrechos marcos de esta democracia decadente, ofreciendo a la ciudadanía formas de democracia más emancipadoras. La democracia es de izquierdas, reclamemos esta bandera.

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La demanda de Adegi

Enrique Martínez-Florez, juntero de Bildu en Gipuzkoa y miembro de Alternatiba

He conocido con cierta estupefacción la presentación por parte de la patronal Adegi de un contencioso administrativo contra el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en particular, contra la propuesta para renovar el convenio colectivo del personal de las residencias para mayores.

La Diputación se comprometió el pasado 8 de febrero a destinar 8,2 millones de euros en dos años para financiar mejoras en las condiciones laborales de las 4.800 trabajadoras y trabajadores de las residencias y Centros de Día del Territorio. De este modo, daba un paso al frente y presentaba una solución para superar la situación de bloqueo en las negociaciones existente entre la representación sindical del sector y la patronal. Pero a la responsabilidad y al compromiso públicos, Adegi respondió con una demanda contra por “injerencia en la negociación colectiva” y con la exigencia de una indemnización de 187.000 euros.

No voy a realizar un análisis jurídico, pues corresponde éste a otras personas, y la valoración final a los/as jueces/zas y tribunales; no quiero, por tanto, caer en el mismo error que voy a imputar a Adegi y equivocarme de instancia (no se entienda en términos procesales). Únicamente quiero hacer una aproximación desde el punto de vista político.

Para centrar este ejercicio de opinión es preciso acudir esquemáticamente a la evolución del Constitucionalismo. La primera etapa corresponde a la definición del Estado como Estado de Derecho, es época de los derechos civiles y, en particular, del derecho de propiedad. En aquel momento, la principal tarea del Estado fue facilitar el enriquecimiento sin poner trabas, garantizar  la seguridad jurídica, especialmente para el tráfico y el comercio (no es casual que el Código de Comercio sea anterior al Código civil). Posteriormente, el Estado se hace democrático al abandonar el sufragio censitario, recoger el voto femenino y reconocer la participación como derecho. Por último, después de la Segunda Guerra Mundial, después del pacto Keynesiano de capital y trabajo, el Estado adquiere la potestad de regular e intervenir en la vida económica para garantizar los derechos de los y las más desfavorecidas.

Esta perspectiva, de carácter meramente socialdemócrata, nos permite apreciar cómo el lenguaje y la postura ideológica que subyace en la demanda  de Adegi contra la Diputación corresponden a la primera etapa reseñada. Conceptos como “injerencia del departamento”, repetido hasta la saciedad en la demanda de la patronal para justificar la pretensión, no sirven sino para negar el derecho del Estado, en este caso, la Diputación, para intervenir en la vida económica, siquiera para ejercer un derecho tan básico como la libertad de expresión, formulando una propuesta que se considera justa y que beneficia a ambas partes.

Sí, incluso en procesos de negociación colectiva tiene derecho a participar, haciéndolo como ahora, actuando sin imperium. Basta recordar acuerdos de naturaleza tripartita en las que el Estado ha participado, Pactos de la Moncloa, AES o AMI.   

Lo anterior no es ninguna sorpresa, todos conocemos la postura de la Patronal favorable a los planteamientos neoliberales (aunque la partícula neo, no sea lo más propio, como hemos visto). Lo que más sorprende es su  pasmo ante “una actuación con connotaciones evidentemente políticas”. ¿Qué creen que se hace o se debe hacer desde el Gobierno, sino política?

¿No es una actuación política la promulgación de la Reforma Laboral, que tanto defiende la demanda y, con la que tanto coincide la postura de la Adegi? Pues también la Reforma Laboral es producto de una política de un Gobierno de derechas, y coincide con las pretensiones de una de las partes de la negociación colectiva, le favorece y le proporciona una posición más fuerte en la negociación.  Estos son los argumentos de Adegi, que considera válidos para sí y no para su contraparte.

¿Qué espera Adegi de un gobierno de izquierdas? Si acusa a este Gobierno de defender el interés común, entendido éste como coincidente con un interés de clase; si acusa a este Gobierno de plantear una forma distinta de salida la crisis, más justa, apostando por la igualdad como elemento dinamizador de la economía, pues resulta que acierta.

No puedo terminar sin explicar por qué entiendo que el contencioso se plantea contra el Departamento de Política Social y no contra un acto. Simplemente, porque no existe el acto. El documento 24 de la demanda comienza diciendo que estamos ante una “mera propuesta sin valor y eficacia jurídica”. Por lo tanto, para dejarlo sin eficacia, mejor dicho, para que pase a mejor vida, pues eficacia no tiene, basta con que Adegi diga que no. En su derecho estará, y libremente puede hacerlo. Como en su derecho estarán quienes juzguen política o éticamente, nunca desde la legalidad, tal decisión. Si es esta la preocupación, y parece que no hay otra (así lo justifica la apelación que en la demanda se hace al honor) sus argumentos, que seguro que los tiene, aunque no se compartan, debe dirigirlos a las trabajadoras, a la sociedad en general o a aquellos y aquellas cuya reprobación tema, pero no a los tribunales.

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El manual de golpismo de Capriles

Jonathan Martínez – Alternatiba

La derecha venezolana ha sufrido tantas derrotas electorales que ya solamente confía en el recurso del fuego, el pogromo y la bala. No en vano, las huestes de Henrique Capriles han decidido replicar el guión del golpe de estado de 2002 contra el presidente Chávez y pintar de sangre las calles.

Hace ya once años que la oposición, la patronal y los medios de comunicación privados promovieron el enfrentamiento popular en Caracas y llenaron la avenida Baralt de francotiradores. Diecinueve muertos y cientos de heridos sirvieron de excusa para asaltar por la fuerza el Palacio de Miraflores. La prensa oficial española aplaudió el secuestro del jefe de estado legítimo, y el gobierno de Aznar se apresuró a ofrecer su «disponibilidad y apoyo» al presidente golpista, Pedro Carmona.

Capriles, que conoce al dedillo el manual del golpismo, ha llamado a impugnar unas elecciones cuya transparencia ha sido ratificada por todos los organismos de observación internacional. Por eso los cachorros de la burguesía han salido a incendiar centros médicos y sedes del PSUV, han salido a asediar televisiones públicas y centros sociales, han salido a atacar a médicos cubanos y a disparar contra simpatizantes bolivarianos. Siete muertos a tiros que no serán portada porque son parias y no viven en Boston.

La Revolución continúa. El fascismo y el silencio de sus cómplices parece que también.

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