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Sahara, memoria contra el olvido

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate – Mesa Internacionalista de Alternatiba

El pasado 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, el Instituto Hegoa de la UPV/EHU y Euskal Fondoa presentaron en Donostia el Oasis de la Memoria. Se trata de un informe que recoge el trabajo de más de año y medio de recopilación de datos y de testimonios sobre la sistemática violencia ejercida por el Reino de Marruecos sobre el pueblo saharaui durante casi cuatro décadas.

El valor del documento reside en tres aspectos fundamentales: el primero es el período cubierto por el Informe, que parte desde el bombardeo de Um Dreiga en 1976 -que obligó a la población huida al desierto a internarse definitivamente en Argelia- y llega hasta el bombardeo de Gdem Izik, en noviembre de 2010. Por tanto, es un recorrido histórico completo, algo que nunca se había hecho hasta el momento.

El segundo aspecto que debe resaltarse es la cantidad y la calidad de los testimonios obtenidos -más de 260-, tanto en los campamentos en Argelia como en las complejas condiciones del Sahara Occidental ocupado. Este alto número permite constatar los muy variados tipos de conculcación de derechos humanos perpetrados por Marruecos. Así, en Informe se denuncian bombardeos, asesinatos, torturas, violencia sexual, pillajes, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, etc.

En este sentido se explicita la voluntad de Marruecos por ejercer la mayor violencia posible sobre las mujeres y hombres saharauis, con el ánimo de ahogar sus legítimos derechos de justicia y autodeterminación. También se explicita que esta estrategia, aunque varió, sigue vigente aún después del alto el fuego de 1991.

Por último, el tercer aspecto significativo es que el Oasis de la Memoria está elaborado según los estándares internacionales de este tipo de documentos, y por tanto puede y debe ser utilizada como herramienta política y jurídica para denunciar lo que ya se sabía pero no se había sistematizado, así como para situar este conflicto olvidado en el centro de la agenda internacional, sacándolo del olvido cómplice en el que se encuentra en la actualidad.

Porque precisamente si este documento tiene un gran valor es el de reconocer que el conflicto entre Marruecos y Sahara es uno de los procesos de descolonización no resueltos -como el palestino, por ejemplo-. A su vez, el Oasis de la memoria demuestra el uso sistemático de violencia con total impunidad, y en base a unas enormes asimetrías de poder entre perpetradores y víctimas.

De esta manera, y ante las pruebas presentadas por el Informe, los países y estamentos que permiten esa impunidad, así como los que no asumen sus responsabilidades históricas, deberán retratarse.

¿Qué dirá el Reino de España, constatándose la violencia ejercida por Marruecos frente a una población que abandonó a su suerte hace 37 años, frente a un poderoso país sediento de los recursos naturales saharauis? ¿No debería asumir su responsabilidad como fuerza colonizadora inicial y ofrecer una salida democrática a las legítimas aspiraciones saharauis?

¿Qué dirán Francia y Estados Unidos, aliados históricos de Marruecos, ante las evidencias presentadas por el Informe, que por ejemplo sitúan el ratio de población desaparecida más alto respecto a cualquier conflicto -por encima del 2 por 1.000-, o que ha ensayado formas nuevas de horror, como por ejemplo las personas detenidas-desaparecidas por más de 15 años? ¿Qué dirá la comunidad Internacional, en general, ante la imagen en el espejo que les devuelve este Informe?

Es momento de una solución democrática. Es momento de una implicación decidida de la comunidad internacional en la resolución del conflicto. Es momento de un reconocimiento del dolor infligido. Es momento de la verdad, de la justicia, y de la reparación. Es tiempo, también, de la dignidad de las víctimas. Y es tiempo, sobre todo, de la dignidad de un pueblo luchador que nunca hinca la rodilla. ¡Autodeterminación para el Sahara, ya!

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Alfon, desvelando la torpeza

Iagoba Itxaso – Alternatiba

En los últimos días hemos visto aumentar las muestras de apoyo en defensa de la liberación de Alfonso Fernández, único detenido durante el 14N (jornada de movilización obrera en Europa) que permanece en prisión.

Toda la situación da una desagradable sensación de déjà vu: acoso, encerrona, falta de pruebas, incomunicación, prisión preventiva, traslados, régimen FIES, indefensión… Faltaría el traslado a una cárcel a cientos de kilómetros para que el déjà vu cediera el paso a la perfecta mimetización.

La torpeza de una policía y un sistema judicial españoles que son meros instrumentos de un poder político rancio, reaccionario y represor, destapa aún más algunas de las burdas caretas mal colocadas en las diversas facetas de una España que se resquebraja desde dentro y desde fuera.

La marca España de un preso político madrileño parece difícil de deglutir y desvela una torpeza que no es sólo potestad de estos instrumentos del poder, sino que viene bien acompañada por la de otros. La del PSOE, por ejemplo, que más que por la tibieza como apunta alguno, pasa por la fría coherencia al comprender que son un partido ya no cómplice de este tipo de represiones, sino mano ejecutora, y guardan silencio. Un silencio sólo roto por aquellos que, aún más torpes, muestran su hipocresía a los cuatro vientos, con el puño en alto, haciéndose revolver en sus tumbas a los padres del socialismo.

Pero la torpeza continúa, porque cuando algunos colectivos e individuos coinciden en descubrir en Alfon a un preso político, lo hacen con sorpresa, ojipláticos, tal vez viendo el reflejo de situaciones como las que puedan darse en Palestina o la cárcel de Guantánamo, pero olvidando la situación de centenares de presos y presas vascas. Colectivos e individuos de «izquierda radical» -jocosamente así autodenominados o señalados por la caverna-, que apuntan a Alfon como único preso político en el estado.

Torpeza también la mía, ya que en lugar de gritar primero que ya basta, que este chico debe ser liberado ya mismo, que merece una declaración de su inocencia rápida y efectiva y que quienes merecen la cárcel son quienes han participado en su secuestro, me pierdo en comparaciones y en atacar a gente que le apoya.

Y es que esto que en algunos mentideros se conoce como la «vasquización de España», provoca sentimientos encontrados. La verdad, me resulta imposible hablar de un preso político madrileño, olvidándome de los enfermos y enfermas graves, la dispersión y las muertes que provoca, el ilícito alargamiento de las condenas, los juicios injustos, la tortura, los ataques a presos, presas y familiares…

Al menos quienes forman la representación de Amaiur en Madrid no han sido torpes, y han sabido estar ahí con la madre de Alfon por un lado, y apoyando la cita del mes que viene por el otro.

Alfon askatu eta U12 Bilbora!

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CAF: El ERE que nadie entiende

Xabier Soto – Coordinador de Alternatiba en Gipuzkoa

La empresa CAF se ha caracterizado siempre por el alto volumen de personas trabajadoras que ha tenido en sus plantas, pero también por las duras condiciones laborales que estas tenían en la producción, mayoritariamente, de vagones de mercancía. Es en la década de los 50 cuando la empresa realiza la modernización de sus plantas y, adquiriendo otras (Irún y Zaragoza), entra de lleno a fortalecer el mercado ferroviario del Reino de España. Durante los 70, la empresa invierte en desarrollo y apuesta por la modernización. Lo que no evitó que los años 80 fueran duros y la compañía peligrara. Es cuando se decide dar un paso más y apostar por la empresa, animando a los trabajadores a sentirse parte de ella y comprar acciones. Nace Cartera Social. En los 90 empieza un período de expansión internacional que nos lleva hasta nuestros días.

Aquellos años de lucha nos han llevado a una situación de bonanza en la que la empresa conseguía pedidos y mantenía altos sus beneficios. Pero la codicia ha llevado a una decisión inmoral e incomprensible. En un año como este 2012 que la propia compañía califica de “histórico”, se pretende presentar un ERE en la planta de Beasain que afectará a más del 40% de su plantilla.

Y todo esto tras largos años de lucha, huelgas, y sufrimiento para conseguir mejoras en la calidad de vida de las y los trabajadores, conseguir una política de empleo envidiable, eliminar horas extras, y mejorar las condiciones sociales en las negociaciones (incluso cediendo en actualizaciones salariales) para un reparto más justo y posibilitar la creación de empleo. Un ejemplo activo en solidaridad con las empresas del entorno en otras luchas colectivas y de éstas hacia CAF, sin olvidar el papel tractor de CAF para tantas Pymes de la comarca.

¿Qué se le puede decir a toda la gente que ha participado con su esfuerzo y sudor en conseguir que CAF sea lo que es hoy? Por ejemplo que van a ganar más de 100 millones de euros este ejercicio pero que no quieren gastar menos del 2% de esa cantidad para evitar un ERE que supone la sobreexplotación de la plantilla, pérdida de poder adquisitivo (a pesar de aumentar los beneficios de la empresa) y las consecuencias económicas negativas para el Goierri y toda Gipuzkoa. Esta es la encrucijada en la que ha situado la dirección de la empresa a sus trabajadores y trabajadoras, a la industria auxiliar y a toda la comarca en general. ¿Qué credibilidad puede tener esta contradicción?, ¿Dónde está su famosa Responsabilidad Social Corporativa?

Debemos recordar, además, que CAF es una sociedad anónima muy peculiar. ¿Cuántas ayudas públicas ha recibido? ¿Y la famosa Cartera Social? Porque a pesar de que sus dos accionistas de referencia son Kutxabank y la Cartera Social, no es cierto que esté controlada libremente por los trabajadores. Aquí es donde aparece la figura del PNV. Casualmente, los presidentes de esta cartera son miembros reconocidos de ese partido. Los trabajadores nunca han tenido voz ni voto en estos nombramientos, ni en su gestión diaria. Y si esta sociedad no se pronuncia decididamente en contra del ERE, convocando una Junta de CAF si es necesario, tal vez haya llegado el momento de cambiar a sus gestores.

Y qué decir de Kutxabank. Las cajas vascas ayudaron a salvar la compañía, pero a la postre ha sido una de las empresas que más beneficios les ha dado. Ahora, Kutxabank tiene un porcentaje de participación importante y, si quisiese, podría parar el ERE junto con Cartera Social. Esta codicia por un 2% más de beneficios parece ser otra muestra de en qué se está convirtiendo y hacia dónde nos lleva Kutxabank. Sólo así se entiende el pacto PNV-PP-PSE, y otros, para evitar determinada representación dentro de su consejo de administración.

A pesar de todos los planes viables presentados por el comité de empresa para evitar el ERE, la dirección los rechaza y reafirma con prepotencia que no hay marcha atrás. ¿Cómo explicárselo a la mayoría de la sociedad de Gipuzkoa que ven a CAF con un montón de beneficios? Esta misma sociedad va a tener que aportar su propio dinero para ahorrarle a la empresa los 6 meses de falta de trabajo en una división, mientras ésta no propone ninguna alternativa a cambio. ¿La sociedad vasca va a permitir darle al que tiene cuando apenas hay fondos públicos para ayudar al que menos tiene? ¿Qué pensará de todo esto un desempleado de larga duración?

Nadie en Gipuzkoa se explica que teniendo tantos beneficios pueda plantearse un ERE. Pero también temen la situación otras empresas más pequeñas que trabajan para CAF y que corren el riesgo de desaparecer, empresas a las que han obligado a endeudarse en maquinaria que ahora no podrán pagar. Además, se abre la caja de Pandora para que otras empresas saneadas soliciten EREs, porque si con su solvencia económica se le permite a CAF, cualquiera podrá presentar uno.

Reflexionando sobre este incierto panorama, ¿Qué dejaremos a los que están por llegar? ¿Habrá clase trabajadora en condiciones dignas en el futuro? ¿Habrá sociedad próspera con oportunidades para todos y todas, y posibilidades de trabajo y realización personal? ¿O habrá solo jauntxos que atenderán a la tiranía de los mercados y nos esclavizarán bajo su lógica del beneficio y las desigualdades sociales?

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También de la diversidad funcional

Igor Nabarro y Héctor Prieto – Alternatiba

El día 3 diciembre se conmemora, junto con otras conocidas efemérides en Euskal Herria, el día señalado internacionalmente como el de las personas con diversidad funcional. Lo cierto es que no se trata, ni mucho menos de un día de celebración, sino por el contrario de un día en el que se tienen que escuchar más alto si cabe las reivindicaciones de aquellas personas que por causa de nuestra discapacidad debemos todavía luchar por nuestros derechos, por la igualdad de oportunidades y por ser reconocidas en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Como no puede ser de otra manera, en este momento una de las mayores preocupaciones del colectivo se sitúa en los efectos que la crisis del sistema de capitalista esta teniendo en las personas con diversidad funcional, ya que, si bien la situación actual afecta a toda la sociedad, como suele ocurrir habitualmente se ceba en aquellas personas y grupos con mayor riesgo de exclusión social.

Es innegable que este colectivo se encuentra entre aquellos grupos con mayor riesgo de exclusión social ya que, si tomamos en cuenta una de las definiciones más aceptadas de exclusión, que la caracteriza como un concepto cuyo eje central son las relaciones de producción, distribución y consumo, las personas con diversidad funcional, se encuentran en especial riesgo de verse afectadas de un modo más profundo y violento por el colapso del sistema y sus consecuencias socioeconómicas.

Son varios los ámbitos en los que se puede observar las graves consecuencias de la crisis para las personas con discapacidad. Uno de ellos es el acceso al empleo.

Las personas con diversidad funcional conforman uno de los colectivos con mayores dificultades a la hora de acceder al mercado laboral, y de los que acceden en condiciones más precarias. Del mismo modo, son de los primeros en ser expulsados cuando la situación económica comienza a deteriorarse.

Para el sistema capitalista, las personas con diversidad funcional no son consideradas plenamente válidas debido a que no son «capaces» de producir y de participar en la creación de plusvalía en igual medida que el resto de las personas trabajadoras. Por eso, en muchas ocasiones, se les veta la entrada al mercado laboral y, cuando logran acceder, la mayoría se vean obligadas a hacerlo de un modo no normalizado.

En 2011, la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad alcanzó el 40% frente al 22% de la población sin discapacidad. Además, las mujeres con discapacidad presentaban una tasa aún más baja de acceso al empleo, más de 10 puntos porcentuales por debajo de los hombres.

Del mismo modo, las reformas y recortes aplicados por las diferentes Administraciones Públicas están provocando un grave retroceso en la inclusión de las personas con diversidad funcional, provocando la pérdida de derechos que tantos años de reivindicación y lucha han costado conseguir.

Las prestaciones que hasta ahora recibían las personas con discapacidad se han visto afectadas drásticamente. Por ejemplo, aquellas personas que recibían alguna prestación del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, han visto como, al destinar menos dinero para financiar el sistema, las prestaciones se han reducido y las condiciones para acceder a ellas se han endurecido.

Pero el aumento del riesgo de exclusión social de las personas con discapacidad por las consecuencias de la crisis sistémica, no está provocada solamente por las medidas de recorte específicas para las prestaciones del colectivo. Medidas como el aumento del IVA, el copago farmacéutico y de las prótesis y ortesis o el recorte de las prestaciones por desempleo entre otras, afectan directamente a nuestra condición de ciudadanía plena.

Por otro lado, vemos como debido a la situación de crisis múltiple, o tomándola como excusa, las diferentes administraciones están reduciendo las subvenciones, convenios y aportaciones de todo tipo que hasta ahora recibían las asociaciones y los diferentes colectivos organizados de personas con diversidad funcional.

Estas medidas también afectan a la calidad de vida y a las posibilidades de socialización y de inclusión social del colectivo, ya que estas organizaciones del tercer sector proporcionan posibilidades de reivindicación de derechos de ciudadanía y a su vez son fuentes de inserción sociolaboral.

El modelo de producción capitalista que domina nuestra sociedad y que niega la ciudadanía plena a las personas con diversidad funcional, convirtiéndolos en subproductos de la ciudadanía, ha llegado al límite de sus posibilidades, provocando una crisis que afecta a todo el sistema.

No hay duda de que los primeros y más afectados por el desmoronamiento del sistema van a ser los colectivos a los cuales el capitalismo ha situado en la frontera de la exclusión.

Es urgente e imprescindible que toda la ciudadanía, con diversidad funcional o no, nos unamos y sustituyamos el actual sistema capitalista por otro que tenga como fuente de legitimidad la justicia social y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Un modelo inclusivo que tenga en cuenta todas las variables por cuestión de género, edad, diversidad funcional o cualquier otra que pudiera producirse.

Irudia: Artgnosis

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Gobierno de Israel, enemigo de la paz

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate – Mesa Internacionalista de Alternatiba

La escalada de violencia iniciada la semana pasada por el Gobierno de Israel ya se ha cobrado decenas de vidas, mayoritariamente palestinas, y amenaza con agudizarse si se confirma la invasión terrestre del territorio de Gaza por parte del ejército israelí. Esta posibilidad cobra mayor fuerza día a día, y miles de reservistas se están preparando para este escenario, que sólo un alto el fuego generado por la presión de la comunidad internacional podría evitar. Si no es así, podríamos asistir a un nuevo episodio de matanzas indiscriminadas como el de 2008, en las que la Operación Plomo Fundido generó más de 1.300 muertes provocadas por el bombardeo masivo y por la entrada del ejército en Gaza, de las cuales 8 de cada 10 eran civiles consideradas ‘personas protegidas’ por el Derecho Internacional.

Muchas son las razones que los analistas ofrecen para explicar este nuevo brote violento, dentro de un conflicto enquistado en la historia de la humanidad desde los tiempos de la descolonización. Se comenta que, al igual que en 2008, cuando se acercan las elecciones israelíes los gobiernos sionistas, sostenidos sobre la mano dura y la patrimonialización del conflicto y sus miedos, provocan nuevas agresiones que realcen su supuesto papel de defensa de la población israelí, mediante ataques indiscriminados a la población palestina. Así, frente a una sociedad civil israelí cada vez más hastiada del rumbo teocrático de un estado cada vez menos social y menos de derecho, el gobierno acude a la violencia como forma de disciplinamiento contundente. “O conmigo, o con la destrucción de Israel”, parecen querer decir.

Además, también se señalan como posibles causas de esta nueva espiral la posibilidad de que la Asamblea de las Naciones Unidas declare próximamente a Palestina como Estado, algo a lo que Israel se opone; o la preocupación israelí ante nueva correlación de fuerzas en la región, con un Egipto que parece no plegarse como en tiempos de Mubarak a los intereses israelíes y estadounidenses.

De esta manera, incrementando la violencia y agudizando el conflicto, pretende, en primer lugar, controlar a su propia población; en segundo lugar, romper el proceso de aprobación de Palestina como estado soberano, cuestión incompatible con su teoría y práctica de ocupación, presentándose como víctima siendo el victimario; en tercer lugar,  mostrar su poder en la región, obligando a las naciones árabes y especialmente a Egipto a clarificar su posición.

Por lo tanto, miles de vidas pueden ser de nuevo sacrificadas por mor de los intereses geopolíticos de un gobierno de ultraderecha. Lo antes dicho no hace sino demostrar que el gobierno israelí no quiere la paz, no busca el entendimiento, sino que vive y necesita del conflicto, un conflicto asimétrico y desigual, del cual extrae toda su fuerza y su poder.

Pero todo ello sólo es posible gracias al apoyo de la Comunidad Internacional, y es ahí donde también reside la única vía de solución. Frente a la complicidad con el victimario, frente a la supuesta equidistancia entre dos actores en disputa, la comunidad internacional debe asumir y reconocer que se trata de un proceso truncado de descolonialización; que una de las partes es inmensamente más fuerte que la otra, y se está valiendo de esa fuerza para aplastar y aniquilar a la población palestina, a partir de un proceso violento y sistemático de apartheid; que la normativa internacional hay que cumplirla, e Israel la lleva incumpliendo desde su proclamación como Estado, sin ser sancionado por ello.

Por ello, hay que pasar a la acción ya, si no es así, seguiremos siendo cómplices de lo que ocurra. Se debe poner en práctica desde ya un boicot a los productos e inversiones israelíes mientras no se avance en la búsqueda de la paz; se debe sancionar de manera ejemplar a un estado que incumple la normativa internacional; y se debe evitar, por los medios que sean, una invasión del territorio de Gaza.

La paz y la democracia se enfrentan en palestina a la violencia y la sinrazón. ¿De qué lado se va a colocar esta vez la comunidad internacional?

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Guatemala: Militares, transnacionales y neoliberales

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate – Mesa Internacionalista de Alternatiba

Guatemala, 4 de octubre de 2012, Totonicapán. El ejército asesina a ocho personas, hace desaparecer a otra, y hiere de bala y de arma blanca a múltiples mujeres y hombres procedentes de los 48 cantones del territorio. Motivo: las movilizaciones pacíficas llevadas a cabo con el objetivo de protestar frente a los abusivos precios de la electricidad, así como por la defensa de la educación pública y de calidad, entre otros reclamos.

Guatemala, 1 de mayo de 2012, Santa Cruz de Barillas. Una persona es asesinada y 10 permanecen hoy en día todavía encarcelados, acusados de sedición y terrorismo, enfrentando penas de incluso 50 años. Motivo: la oposición mayoritaria de las comunidades del municipio a la construcción de una central hidroeléctrica, decisión que incumple la legislación internacional (convenio 169 de la OIT), ya que no respeta la consulta popular realizada, y que mayoritariamente vota no a este proyecto.

Son dos ejemplos recientes de toda una serie de agresiones violentas a los sectores populares en Guatemala. Desgraciadamente, la lista es amplia, y su periodicidad, persistente: Polochic, San Juan Sacatepécez, Uspantán, etc., son sólo algunos de los casos más graves. Ante ello, pudiéramos caer en la tentación de interpretarlos como hechos aislados. O, quizá, como la continuidad inerte de la ya de por sí muy violenta historia de Guatemala desde los años 60 del siglo pasado.

Lamentablemente, creemos que no es así. Al contrario, pensamos que la escalada de violencia política no es sino el ensayo de un modelo social todavía más excluyente y antidemocrático, en el que se plantea incluso la implantación de nuevos gobiernos cívico-militares. Éstos serían, de esta manera, la única forma política capaz de sostener la agudización del proyecto neoliberal en esta crisis civilizatoria. En este sentido, el gobierno actual, presidido por Pérez Molina (militar e implicado en el genocidio producido durante el conflicto armado entre 1960-1996), no sería sino un paso más en esta estrategia de militarismo neoliberal.

En este punto es necesario resaltar que este nuevo modelo no es una cuestión estrictamente guatemalteca, sino que tiene a su vez alcance global. Así, cada vez más, y por supuesto que no sólo en Guatemala, el capitalismo y la democracia entran en una contradicción creciente, incluso con la democracia de baja intensidad actualmente hegemónica. De esta manera, la lógica capitalista, ante la crisis actual, no hace sino acrecentar la búsqueda desesperada de ganancia, y se está dispuesto  a todo con tal de conseguirla. En este sentido, y consciente de su creciente falta de legitimidad, los actores fundamentales del sistema –empresas transnacionales y oligarquías locales- se quitan progresivamente la careta democrática y recurren a la fuerza, a la violencia, a la represión, para poder desarrollar su proyecto injusto e inequitativo. Siempre lo han hecho, ya lo sabemos, pero ahora de manera más evidente, sin ambajes, a cara descubierta. Y necesitan experiencias probatorias para ello: Guatemala es uno de sus exponentes.

Este sería por tanto la propuesta política que se ensaya en Guatemala: empresas transnacionales; oligarquías alineadas con los mercados globales; policía y ejército como elementos de represión generalizada; gobiernos sin pretensiones ni ropajes democráticos, al servicio explícito y directo de las necesidades de los que detentan el poder.

Así, la violencia política que sufre el país puede ser entendida a la puesta en práctica de este proyecto militarista neoliberal, atajando la contestación social y preparando el camino para este tipo de gobierno, no de mano no dura, sino durísima. De esta manera, si escarbamos un poco en los casos antes citados, descubriremos que el gobierno del militar Pérez Molina y la Embajada Española apoyan de manera explícita la construcción ilegal de la hidroeléctrica en Barillas por parte de la empresa constructora, que no es otra que la gallega Hidralia Energía, favorecida con créditos de Bankia. Al parecer, el supuesto asesino es parte de la filial de dicha empresa, la Hidro Santa Cruz, según informan fuentes comunitarias.

O también descubrimos que la causa que generó la movilización que acabó con el asesinato de 8 personas a manos del ejército en Totonicapán -el precio desorbitado de la luz-, tiene su origen en la privatización del sector, que pasó a manos de Unión Fenosa, que después vendió la empresa a una compañía colombiana. Ambas, por supuesto, incrementaron precios e impidieron cualquier negociación ni diálogo con las comunidades.

Pero aún descubrimos más. En un país de enorme pobreza, y a la vez que ocurría todo esto, se anuncia también la compra de seis aviones militares y de radares especiales por parte del ejército guatemalteco, presumiblemente con fines antisubersivos. El valor enorme de esta compra se financia con créditos millonarios, concedidos por el BNDES brasileño y…por el BBVA.

Esto es lo que hay, por tanto: empresas gallegas, españolas, colombianas, ejército, seguridad privada, oligarquías, gobierno guatemalteco, embajadas, por un lado. La ciudadanía, los sectores populares, por el otro. La cuerda se tensa.

En definitiva, son varios los aprendizajes que tenemos que hacer de la situación de Guatemala: el primero, que este capitalismo salvaje sólo se para con una fuerte, rotunda y contundente contestación social, y los movimientos sociales y comunitarios guatemaltecos lo están haciendo. Desde aquí nuestro más profundo reconocimiento; el segundo, la solidaridad internacionalista es fundamental este momento, ya que la denuncia y la contestación frente a todos los actores involucrados es una responsabilidad compartida y global, al igual que las redes capitalistas globales que vemos operan en Guatemala; el tercero, Guatemala no es sino la antesala de lo que puede llegar a otras latitudes, también aquí a Europa. En este sentido, siempre creímos que el ajuste estructural era cuestión de países empobrecidos, y, mira por donde, ahora lo tenemos encima, aplastándonos. ¿Queremos que Guatemala prefigure otra vez nuestro futuro? Parémoslo mejor ahora, por ellos, por ellas, pero también por nosotros, por nosotras.

Actuemos, denunciemos, generemos alianzas, confianzas. Toda nuestra solidaridad por tanto con el pueblo de Guatemala, toda nuestra denuncia a las empresas transnacionales europeas. Un futuro común, una lucha común.

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Encrucijada de caminos

Amaia Agirresarobe y Ana Etxarte

Las próximas elecciones vascas suponen una oportunidad para marcar  un  nuevo hito en el camino de rebeldía política que está transitando la sociedad vasca: son una ocasión para la movilización ciudadana, para plantear una propuesta política radical y para avanzar en legitimidad entre las mayorías sociales y populares, cada vez más desapegadas del sistema. En este sentido, las elecciones no son un objetivo en sí mismo, sino una etapa más en la larga lucha por construir una Euskal Herria alternativa.

Afrontamos las elecciones en un contexto de crisis sistémica, caracterizada por una situación generalizada de pobreza a nivel mundial, desigualdad creciente, dictadura de los mercados y superación de los límites físicos del planeta. Euskal Herria no es una excepción a este patrón y la ciudadanía sufre una grave conculcación de derechos políticos, económicos, culturales y sociales.

Este proceso electoral es una nueva encrucijada con dos vías contrapuestas: la nueva ruta que explora EHBildu y el sendero de cabras del resto de partidos, coincidentes, con diferencias de matices más o menos significativos, en la apuesta por mantener el actual sistema socio-económico.

El modelo de EH Bildu se basa en el reparto de la riqueza mediante una fiscalidad diferente y la promoción prioritaria de la política social, el control público de los sectores estratégicos de la economía, la garantía de los derechos laborales, la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres desde una perspectiva feminista, la realización de infraestructuras respetuosas con el medio medioambiente, la democracia directa y participativa, la normalización completa del euskera, la apuesta por la soberanía alimentaria, la construcción nacional en el marco europeo y la defensa del concepto inclusivo de ciudadanía universal. Medidas todas ellas encaminadas a un cambio radical del modelo político, social y económico que sufrimos y que ponen en evidencia el falso discurso monocorde del conjunto de siglas que cada día nos acusa de no tener ni programa ni proyecto.

¿Y cual es precisamente el proyecto de país de que ofrecen PP, PSE y PNV? Por muchos atajos que nos propongan, pues, ni mas ni menos, el que satisface a la patronal española que, a través de su presidente Juan Rosell, ha bendecido públicamente sus programas. En definitiva, más de lo mismo: desregulación y neoliberalismo, megaproyectos en beneficio de unos pocos, reformas laborales que recortan derechos, involución en la situación de las mujeres, privatización y deterioro de los servicios públicos, criminalización de los sectores más vulnerables de la sociedad y fórmulas estatutarias agotadas.

Desde Alternatiba tenemos claro que este es un camino sin retorno que sólo lleva al precipicio a las mayorías políticas y sociales del país y, por ello, trabajamos en el cada día más numeroso pelotón de EH Bildu, que supone un esfuerzo de articulación de diferentes sensibilidades políticas con un objetivo común: la superación de un modelo político, económico y social injusto.

Somos conscientes de que esta es una carrera a largo plazo requiere el concurso de diferentes agentes sociales y debe ser aterrizada en la práctica diaria, tanto en la calle como en las instituciones. En este último ámbito, consideramos necesario alcanzar acuerdos concretos que nos permitan avanzar soberanía política, fiscalidad, participación ciudadana, igualdad, sostenibilidad ecológica… y también creemos que no son posibles acuerdos de gobierno con ninguna de las fuerzas políticas que apuntalan el sistema.

Estas fórmulas pueden parecer autopistas cuyo destino sean saltos cuantitativos respecto a la soberanía política o la justicia social pero, en realidad, no son más que callejones sin salida con copilotos más que dispuestos a pagar el peaje de políticas económicas neoliberales, recortes sociales o negación del derecho de autodeterminación. En definitiva, se trata de no dejarnos en la cuneta la coherencia respecto a nuestro objetivo, ni las aspiraciones de las personas esperanzadas en este proceso y que sí están dispuestas a acompañarnos en este viaje.

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Queremos una Venezuela con Hugo Chávez

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate – Mesa Internacionalista de Alternatiba

De acuerdo. Estamos dispuestos a discutir sobre la personalidad de Hugo Chávez, sobre su estilo tan propio de liderazgo, que aquí en Europa a algunos escama, mientras que otros y otras lo adoran.

Vale, también podremos debatir sobre algunas de sus alianzas internacionales, en donde la razón de Estado pesa más que la razón ideológica. No es un mundo fácil este, ni fácil es el convulso e incierto momento de crisis civilizatoria.

De acuerdo de nuevo, seguramente nos diréis que los avances no son rápidos, que no se sabe muy bien qué es eso del Socialismo del Siglo XXI, que dónde están algunas de las banderas que caracterizan a la izquierda alternativa hoy en día. Tortuosos y procelosos son, en todo caso, los caminos de la emancipación para quien se atreve a adentrarse en ellos.

Vale también, quizá la extrapolación mimética del modelo venezolano a otras latitudes sin analizar las condiciones específicas de cada territorio y cultura, no sea la mejor forma de hacer política de izquierdas en los tiempos que corren.

Sobre todo ello, digo, podemos discutir, debemos discutir. Forma parte precisamente de Venezuela, y parte muy importante, de un continente en efervescencia, donde se ensayan nuevos paradigmas, nuevas propuestas políticas, llenas de contradicciones, de límites, de pasos adelante y hacia atrás, pero, sobre todo, llenas de riqueza, de diversidad, de política con mayúsculas.

Los procesos europeos, como el de Euskal Herria, llevan otras lógicas, otros derroteros, y eso está bien, así debe ser. Pero nunca debemos olvidar que la izquierda es parte de un proyecto común, y siempre hay que mirar de reojo a quienes practican y teorizan sobre la emancipación.

Por eso queremos que gane Chávez en las próximas elecciones, porque es bueno para Euskal Herria. Así, y aunque podemos discutir todo lo anteriormente señalado, hay cosas sobre las que no estamos dispuestos a hacerlo, y sobre las que tenemos mucho que aprender aquí. En primer lugar, su nítida vocación internacionalista, ya que desde un principio ha entendido que el futuro de todos y todas es interdependiente, y se ha empeñado de manera denodada en la integración regional e internacional sobre bases alternativas al neoliberalismo y a la modernidad capitalista. De esta manera, Venezuela ha tenido un papel protagónico en la conformación de entidades como el ALBA, la UNASUR, la CELAC, etc. lo que ha cambiado la correlación de fuerzas regional y mundial frente al imperio, demostrando a su vez que los países pueden y deben entenderse desde la solidaridad desinteresada.

En segundo lugar, porque pese al ritmo más alto o bajo de los procesos, hace una apuesta explícita por el socialismo, y porque señala directamente los antagonistas, confronta con ellos, con nombres y apellidos –no únicamente apelando a los famosos mercados- y formula democráticamente políticas que inician un horizonte de vida sin capitalismo, fuera de todo lo que nos ha llevado al abismo actual.

En tercer lugar, porque estos horizontes no son sólo discurso, sino realidades: democratización de los medios de comunicación; políticas de reforma agraria y soberanía alimentaria; normativa laboral avanzada; nacionalización de sectores y empresas estratégicas; fomento de la economía solidaria, y un sistema de participación popular que para EH lo quisiéramos.

Por todo ello y por muchas cosas más –junto la alegría que nos daría ver la cara de derrota de la derecha golpista a la que se enfrenta- te enviamos todo nuestro apoyo: Hugo, gana por Venezuela, gana por América, gana por Euskal Herria.

Ilustración: Matiz

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Informática del pueblo para el pueblo

Iagoba Itxaso – Mesa de Comunicación Crítica de Alternatiba

El software es básico en nuestro día a día. Forma parte de toda la tecnología que manejamos, y es un elemento estructural tanto en instituciones como en empresas públicas y privadas.

Existen dos tipos de software atendiendo a su forma de ser distribuidos y comprendidos: tenemos por un lado el software privativo, en el que podemos incluir sistemas operativos como Windows o aplicaciones conocidas por todos como MS Office y Photoshop; por el otro lado tenemos el software libre, con GNU/Linux como sistema operativo estandarte y software tan conocido como OpenOffice y Firefox.

Aunque en algunos casos las líneas entre uno y otro se vuelvan un tanto difusas, la diferencia es fácil de comprender. El software libre se denomina así porque todo el mundo es libre de usarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo; al software privativo, por contra, se le atribuye este apelativo porque una o varias de estas libertades no han sido facilitadas por quienes ostentan los derechos de autoría. Es decir, nos vemos privados y privadas de dicha libertad.

Nuestras instituciones utilizan software tanto libre como privativo, siendo el segundo el que se lleva mayor peso en cuanto a inversión. Se nos ocurren algunas razones para utilizar software privativo y defenderlo, pero consideramos que los argumentos para utilizar e invertir en software libre son mucho más importantes, garantes de democracia y populares en todo el sentido de la palabra.

El control sobre el software que utiliza una institución pública es fundamental. Sin lugar a dudas, la única forma de asegurar nuestra soberanía en lo que respecta a nuestros sistemas informáticos es usar software libre. El código de una aplicación privativa es cerrado y no podemos saber a ciencia cierta qué contiene al completo. El software libre se sitúa bajo el control de la ciudadanía. Si utilizamos, por ejemplo, un sistema operativo privativo, ¿tiene la institución o la ciudadanía el control sobre todo lo que pasa por sus sistemas?

Por otro lado, tenemos la proyección del propio software, hasta dónde podemos llegar con él. Si empleamos software libre, abriremos la opción de que más desarrolladores puedan colaborar en su mejora y ampliación, no viéndonos limitados por un código cerrado totalmente y dependiente de su dueño. Por ejemplo, si desde una institución pública se realiza un concurso para desarrollar una aplicación, tras finalizarse el desarrollo nada impide que se abra a la ciudadanía la posibilidad de mejorarlo. Por otro lado, si en un futuro se lanza un nuevo concurso para ampliar de una forma concreta ese software, su código abierto habrá permitido que varias empresas ya lo hayan podido estudiar, se hayan podido habituar al mismo y puedan realizar un presupuesto más adecuado y ajustado, sin inferioridad de condiciones respecto a la empresa que desarrolló originalmente la aplicación.

Portar los sistemas de una administración hacia software libre, sin duda, tiene un coste. Pero el software privativo también tiene su coste en licencias, que puede ser mucho mayor. Esos costes de instalación o mantenimiento, además, se pueden someter a concurso, donde proveedores de soporte locales podrán acceder a proporcionar dicho servicio. Es decir, en lugar de gastar el dinero público en licencias, lo que haría que fuera mayoritariamente percibido por empresas extranjeras, lo invertiríamos en empresas locales. Además, naturalmente, siempre se pueden crear plazas públicas para cubrir de forma permanente estas necesidades, ampliando aún más la soberanía sobre nuestro sistema informático y apostando al mismo tiempo por el trabajo público, estable y en condiciones dignas.

El concepto de software libre, además, se funde filosóficamente con conceptos como el trabajo colaborativo, la democracia, la horizontalidad, la igualdad social y de género y el internacionalismo. Promover el uso del software libre desde cualquier cartera de las instituciones, destacando apartados como educación o industria, es un bien común que debemos defender. Si lo pensamos detenidamente, podemos afirmar que no puede haber una nación soberana, ni una democracia real, ni una libertad ciudadana plena, si nuestras instituciones no utilizan software libre.

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Nuestros derechos, ¿para cuándo?

Ana Etxarte y Diana Urrea – Mesa Feminista de Alternatiba

La ola neoliberal y ultraconservadora que ha traído el gobierno del Partido Popular al Estado (casi de sitio) español, está atacando directamente a los derechos de la clase trabajadora con mano dura y despiadada. Pero también está empuñando otra espada con especial crueldad, soberbia, autoritarismo y paternalismo patriarcal y eclesiástico, por no decir casposo, contra los derechos fundamentales de las mujeres. Y sí, cómo no, estamos hablando del aborto, o dicho de otra manera, del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo que, así leído, parece que se da por supuesto, pero que gracias a nuestra clase política, es una posibilidad que aparece o desaparece según quien gobierne. Pasan los años y seguimos en la misma, desempolvando pancartas y gritando más alto, y vislumbrando escenarios de derechos a la carta según nuestro poder adquisitivo (o puedes pagarte un aborto en condiciones, aquí o en Londres, o te buscas la vida) y de nuevo, con la certeza de que nuestros derechos y reivindicaciones son de segunda y de que el hecho de que coarten la capacidad soberana de cada una de nosotras a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y sobre el número de hijos e hijas que deseamos no merece el mismo cuidado que la reivindicación de otros derechos y soberanías. Esto es «asunto de mujeres».

Queremos preguntar a partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales ¿Qué sucede?, ¿Qué están haciendo mientras los derechos fundamentales de todas nosotras son atacados tan descaradamente? ¿Es que no vemos relación alguna entre este ataque a nuestra autonomía y libertad de decisión con respecto al estado y la sacrosanta iglesia católica apostólica romana y la barbarie de los recortes a la clase trabajadora?, ¿Es que no os dais  cuenta de que la vulneración de derechos contra la clase trabajadora y la vuelta a la dominación de las mujeres van de la mano? Por supuesto que compartimos la urgencia y la necesidad de combatir los recortes en la calle, exigiendo que estos no sean aplicados en Euskal Herria. Pero lo que no entendemos es por qué no se responde con la misma contundencia ante la nueva regulación del aborto, que va a suponer uno de los ataques más brutales a los derechos de las mujeres.

El PP anunció a primeros de año, en boca de Gallardón, que reformaría  la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, cumpliendo, esta vez sí, con lo prometido en la campaña electoral. Se trata así de revocar las tímidas e insuficientes propuestas aprobadas por el PSOE hace dos años, a través de una ley tibia y cobarde que no recogía las reivindicaciones que durante años llevaba realizando el movimiento feminista y que no garantizaba la soberanía y capacidad de decisión total sobre nuestros cuerpos a las mujeres. Y es que esta ley ya limitaba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al no establecer medidas concretas y claras que garantizaran la práctica del aborto en el sector público y no sacar el aborto voluntario del Código Penal.

Ahora el PP quiere reformar esta ley, y aunque no sabemos con seguridad qué recogerá la nueva normativa anunciada para este otoño, lo que tenemos claro es que va a suponer  un retroceso sin precedentes en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, así como una vulneración de nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo.

Y lo sabemos porque son varias ya las informaciones que el señor Gallardón nos ha ido lazando a modo de globos sonda. Al principio, la modificación parecía ser una regresión al sistema de supuestos similar a la regulación de 1985. Esto es, un sistema que generaba desprotección tanto a las mujeres como al personal sanitario que las atendía, y que no garantizaba en absoluto el respeto a la voluntad de las mujeres.

Más tarde, Gallardón anunció que la malformación del feto no sería ya un supuesto para realizar un aborto, obligando a las mujeres a continuar con su embarazo aun sabiendo que el feto tiene graves problemas físicos o psíquicos. Esta gran idea vino aderezada con cierta dosis de moralina, haciéndonos saber que “los discapacitados deben tener los mismos derechos que el conjunto de los españoles”, y que dejar este supuesto fuera de la nueva ley es la clave para  que estos derechos no se vulneren. A la vergüenza ajena, al cabreo, a la perplejidad (si nos queda capacidad de sorpresa) que este tipo de buenas nuevas nos provocan, hay que sumarle un poquito de visión global, porque esta propuesta proviene de un gobierno al que le está faltando tiempo para cargarse la Ley de Dependencia.

Y por si esto nos pareciera poco, el ministro nos fue adelantando que la nueva normativa recogerá un único supuesto para la interrupción del embarazo, el daño psíquico de la mujer siempre y cuando éste sea reconocido en un informe médico. Esto supone que una mujer tendrá que contar con un informe médico favorable que le permita ejercer su derecho a abortar, incluso en el supuesto de violación y malformación fetal.

No sabemos a quién quiere convencer Gallardón cuando dice que esto “favorece la maternidad”. Manipula cuando antepone supuestos derechos (los de las mujeres, las personas con discapacidad o los “no nacidos”); diciéndonos que una ley del aborto como la actual tiene relación directa con la ausencia de libertad de las mujeres para ser madres; queriendo vendernos que ellos son los que verdaderamente saben lo que nosotras necesitamos y que, desde luego, debe existir una ley como la que proponen para “apartarnos del mal camino”. Porque la razón por la cual Gallardón modifica la normativa no tiene nada que ver con garantizar nuestras libertades, tal y como dice. Si así fuera, su gobierno debería dejar de aplicar recortes que empobrecen a muchas mujeres. Los verdaderos motivos tienen que ver con unos valores religiosos que la jerarquía de la iglesia católica y el Partido Popular nos quiere imponer. Porque la iglesia y sus defensores siguen sin entender que la religión es una cuestión privada, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanos, y también, por más que les pese, para sus ciudadanas. 

Las mujeres seguiremos abortando si esa es nuestra decisión, y lo único que generará esta nueva ley será el aumento de los abortos clandestinos y con ello los índices de morbimortalidad entre aquellas mujeres que  por razones económicas no puedan ir a otro país a abortar.

Las intenciones del PP suponen un ataque a la autonomía de las mujeres y al derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. La tutela a la que nos quieren someter es un gravísimo acto de violencia patriarcal al que debemos responder de manera contundente y desde todos los ámbitos, y es una responsabilidad de todas las fuerzas  políticas, sociales y sindicales de Euskal Herria exigir, hoy más que nunca, el aborto libre y gratuito, de la misma manera y con la misma vehemencia con la que se hacen otras reivindicaciones. ¿O es que los derechos de las mujeres tienen que esperar?

Imagen: @Transfeministas

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