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Gobierno de Israel, enemigo de la paz

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate – Mesa Internacionalista de Alternatiba

La escalada de violencia iniciada la semana pasada por el Gobierno de Israel ya se ha cobrado decenas de vidas, mayoritariamente palestinas, y amenaza con agudizarse si se confirma la invasión terrestre del territorio de Gaza por parte del ejército israelí. Esta posibilidad cobra mayor fuerza día a día, y miles de reservistas se están preparando para este escenario, que sólo un alto el fuego generado por la presión de la comunidad internacional podría evitar. Si no es así, podríamos asistir a un nuevo episodio de matanzas indiscriminadas como el de 2008, en las que la Operación Plomo Fundido generó más de 1.300 muertes provocadas por el bombardeo masivo y por la entrada del ejército en Gaza, de las cuales 8 de cada 10 eran civiles consideradas ‘personas protegidas’ por el Derecho Internacional.

Muchas son las razones que los analistas ofrecen para explicar este nuevo brote violento, dentro de un conflicto enquistado en la historia de la humanidad desde los tiempos de la descolonización. Se comenta que, al igual que en 2008, cuando se acercan las elecciones israelíes los gobiernos sionistas, sostenidos sobre la mano dura y la patrimonialización del conflicto y sus miedos, provocan nuevas agresiones que realcen su supuesto papel de defensa de la población israelí, mediante ataques indiscriminados a la población palestina. Así, frente a una sociedad civil israelí cada vez más hastiada del rumbo teocrático de un estado cada vez menos social y menos de derecho, el gobierno acude a la violencia como forma de disciplinamiento contundente. “O conmigo, o con la destrucción de Israel”, parecen querer decir.

Además, también se señalan como posibles causas de esta nueva espiral la posibilidad de que la Asamblea de las Naciones Unidas declare próximamente a Palestina como Estado, algo a lo que Israel se opone; o la preocupación israelí ante nueva correlación de fuerzas en la región, con un Egipto que parece no plegarse como en tiempos de Mubarak a los intereses israelíes y estadounidenses.

De esta manera, incrementando la violencia y agudizando el conflicto, pretende, en primer lugar, controlar a su propia población; en segundo lugar, romper el proceso de aprobación de Palestina como estado soberano, cuestión incompatible con su teoría y práctica de ocupación, presentándose como víctima siendo el victimario; en tercer lugar,  mostrar su poder en la región, obligando a las naciones árabes y especialmente a Egipto a clarificar su posición.

Por lo tanto, miles de vidas pueden ser de nuevo sacrificadas por mor de los intereses geopolíticos de un gobierno de ultraderecha. Lo antes dicho no hace sino demostrar que el gobierno israelí no quiere la paz, no busca el entendimiento, sino que vive y necesita del conflicto, un conflicto asimétrico y desigual, del cual extrae toda su fuerza y su poder.

Pero todo ello sólo es posible gracias al apoyo de la Comunidad Internacional, y es ahí donde también reside la única vía de solución. Frente a la complicidad con el victimario, frente a la supuesta equidistancia entre dos actores en disputa, la comunidad internacional debe asumir y reconocer que se trata de un proceso truncado de descolonialización; que una de las partes es inmensamente más fuerte que la otra, y se está valiendo de esa fuerza para aplastar y aniquilar a la población palestina, a partir de un proceso violento y sistemático de apartheid; que la normativa internacional hay que cumplirla, e Israel la lleva incumpliendo desde su proclamación como Estado, sin ser sancionado por ello.

Por ello, hay que pasar a la acción ya, si no es así, seguiremos siendo cómplices de lo que ocurra. Se debe poner en práctica desde ya un boicot a los productos e inversiones israelíes mientras no se avance en la búsqueda de la paz; se debe sancionar de manera ejemplar a un estado que incumple la normativa internacional; y se debe evitar, por los medios que sean, una invasión del territorio de Gaza.

La paz y la democracia se enfrentan en palestina a la violencia y la sinrazón. ¿De qué lado se va a colocar esta vez la comunidad internacional?

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Guatemala: Militares, transnacionales y neoliberales

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate – Mesa Internacionalista de Alternatiba

Guatemala, 4 de octubre de 2012, Totonicapán. El ejército asesina a ocho personas, hace desaparecer a otra, y hiere de bala y de arma blanca a múltiples mujeres y hombres procedentes de los 48 cantones del territorio. Motivo: las movilizaciones pacíficas llevadas a cabo con el objetivo de protestar frente a los abusivos precios de la electricidad, así como por la defensa de la educación pública y de calidad, entre otros reclamos.

Guatemala, 1 de mayo de 2012, Santa Cruz de Barillas. Una persona es asesinada y 10 permanecen hoy en día todavía encarcelados, acusados de sedición y terrorismo, enfrentando penas de incluso 50 años. Motivo: la oposición mayoritaria de las comunidades del municipio a la construcción de una central hidroeléctrica, decisión que incumple la legislación internacional (convenio 169 de la OIT), ya que no respeta la consulta popular realizada, y que mayoritariamente vota no a este proyecto.

Son dos ejemplos recientes de toda una serie de agresiones violentas a los sectores populares en Guatemala. Desgraciadamente, la lista es amplia, y su periodicidad, persistente: Polochic, San Juan Sacatepécez, Uspantán, etc., son sólo algunos de los casos más graves. Ante ello, pudiéramos caer en la tentación de interpretarlos como hechos aislados. O, quizá, como la continuidad inerte de la ya de por sí muy violenta historia de Guatemala desde los años 60 del siglo pasado.

Lamentablemente, creemos que no es así. Al contrario, pensamos que la escalada de violencia política no es sino el ensayo de un modelo social todavía más excluyente y antidemocrático, en el que se plantea incluso la implantación de nuevos gobiernos cívico-militares. Éstos serían, de esta manera, la única forma política capaz de sostener la agudización del proyecto neoliberal en esta crisis civilizatoria. En este sentido, el gobierno actual, presidido por Pérez Molina (militar e implicado en el genocidio producido durante el conflicto armado entre 1960-1996), no sería sino un paso más en esta estrategia de militarismo neoliberal.

En este punto es necesario resaltar que este nuevo modelo no es una cuestión estrictamente guatemalteca, sino que tiene a su vez alcance global. Así, cada vez más, y por supuesto que no sólo en Guatemala, el capitalismo y la democracia entran en una contradicción creciente, incluso con la democracia de baja intensidad actualmente hegemónica. De esta manera, la lógica capitalista, ante la crisis actual, no hace sino acrecentar la búsqueda desesperada de ganancia, y se está dispuesto  a todo con tal de conseguirla. En este sentido, y consciente de su creciente falta de legitimidad, los actores fundamentales del sistema –empresas transnacionales y oligarquías locales- se quitan progresivamente la careta democrática y recurren a la fuerza, a la violencia, a la represión, para poder desarrollar su proyecto injusto e inequitativo. Siempre lo han hecho, ya lo sabemos, pero ahora de manera más evidente, sin ambajes, a cara descubierta. Y necesitan experiencias probatorias para ello: Guatemala es uno de sus exponentes.

Este sería por tanto la propuesta política que se ensaya en Guatemala: empresas transnacionales; oligarquías alineadas con los mercados globales; policía y ejército como elementos de represión generalizada; gobiernos sin pretensiones ni ropajes democráticos, al servicio explícito y directo de las necesidades de los que detentan el poder.

Así, la violencia política que sufre el país puede ser entendida a la puesta en práctica de este proyecto militarista neoliberal, atajando la contestación social y preparando el camino para este tipo de gobierno, no de mano no dura, sino durísima. De esta manera, si escarbamos un poco en los casos antes citados, descubriremos que el gobierno del militar Pérez Molina y la Embajada Española apoyan de manera explícita la construcción ilegal de la hidroeléctrica en Barillas por parte de la empresa constructora, que no es otra que la gallega Hidralia Energía, favorecida con créditos de Bankia. Al parecer, el supuesto asesino es parte de la filial de dicha empresa, la Hidro Santa Cruz, según informan fuentes comunitarias.

O también descubrimos que la causa que generó la movilización que acabó con el asesinato de 8 personas a manos del ejército en Totonicapán -el precio desorbitado de la luz-, tiene su origen en la privatización del sector, que pasó a manos de Unión Fenosa, que después vendió la empresa a una compañía colombiana. Ambas, por supuesto, incrementaron precios e impidieron cualquier negociación ni diálogo con las comunidades.

Pero aún descubrimos más. En un país de enorme pobreza, y a la vez que ocurría todo esto, se anuncia también la compra de seis aviones militares y de radares especiales por parte del ejército guatemalteco, presumiblemente con fines antisubersivos. El valor enorme de esta compra se financia con créditos millonarios, concedidos por el BNDES brasileño y…por el BBVA.

Esto es lo que hay, por tanto: empresas gallegas, españolas, colombianas, ejército, seguridad privada, oligarquías, gobierno guatemalteco, embajadas, por un lado. La ciudadanía, los sectores populares, por el otro. La cuerda se tensa.

En definitiva, son varios los aprendizajes que tenemos que hacer de la situación de Guatemala: el primero, que este capitalismo salvaje sólo se para con una fuerte, rotunda y contundente contestación social, y los movimientos sociales y comunitarios guatemaltecos lo están haciendo. Desde aquí nuestro más profundo reconocimiento; el segundo, la solidaridad internacionalista es fundamental este momento, ya que la denuncia y la contestación frente a todos los actores involucrados es una responsabilidad compartida y global, al igual que las redes capitalistas globales que vemos operan en Guatemala; el tercero, Guatemala no es sino la antesala de lo que puede llegar a otras latitudes, también aquí a Europa. En este sentido, siempre creímos que el ajuste estructural era cuestión de países empobrecidos, y, mira por donde, ahora lo tenemos encima, aplastándonos. ¿Queremos que Guatemala prefigure otra vez nuestro futuro? Parémoslo mejor ahora, por ellos, por ellas, pero también por nosotros, por nosotras.

Actuemos, denunciemos, generemos alianzas, confianzas. Toda nuestra solidaridad por tanto con el pueblo de Guatemala, toda nuestra denuncia a las empresas transnacionales europeas. Un futuro común, una lucha común.

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Encrucijada de caminos

Amaia Agirresarobe y Ana Etxarte

Las próximas elecciones vascas suponen una oportunidad para marcar  un  nuevo hito en el camino de rebeldía política que está transitando la sociedad vasca: son una ocasión para la movilización ciudadana, para plantear una propuesta política radical y para avanzar en legitimidad entre las mayorías sociales y populares, cada vez más desapegadas del sistema. En este sentido, las elecciones no son un objetivo en sí mismo, sino una etapa más en la larga lucha por construir una Euskal Herria alternativa.

Afrontamos las elecciones en un contexto de crisis sistémica, caracterizada por una situación generalizada de pobreza a nivel mundial, desigualdad creciente, dictadura de los mercados y superación de los límites físicos del planeta. Euskal Herria no es una excepción a este patrón y la ciudadanía sufre una grave conculcación de derechos políticos, económicos, culturales y sociales.

Este proceso electoral es una nueva encrucijada con dos vías contrapuestas: la nueva ruta que explora EHBildu y el sendero de cabras del resto de partidos, coincidentes, con diferencias de matices más o menos significativos, en la apuesta por mantener el actual sistema socio-económico.

El modelo de EH Bildu se basa en el reparto de la riqueza mediante una fiscalidad diferente y la promoción prioritaria de la política social, el control público de los sectores estratégicos de la economía, la garantía de los derechos laborales, la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres desde una perspectiva feminista, la realización de infraestructuras respetuosas con el medio medioambiente, la democracia directa y participativa, la normalización completa del euskera, la apuesta por la soberanía alimentaria, la construcción nacional en el marco europeo y la defensa del concepto inclusivo de ciudadanía universal. Medidas todas ellas encaminadas a un cambio radical del modelo político, social y económico que sufrimos y que ponen en evidencia el falso discurso monocorde del conjunto de siglas que cada día nos acusa de no tener ni programa ni proyecto.

¿Y cual es precisamente el proyecto de país de que ofrecen PP, PSE y PNV? Por muchos atajos que nos propongan, pues, ni mas ni menos, el que satisface a la patronal española que, a través de su presidente Juan Rosell, ha bendecido públicamente sus programas. En definitiva, más de lo mismo: desregulación y neoliberalismo, megaproyectos en beneficio de unos pocos, reformas laborales que recortan derechos, involución en la situación de las mujeres, privatización y deterioro de los servicios públicos, criminalización de los sectores más vulnerables de la sociedad y fórmulas estatutarias agotadas.

Desde Alternatiba tenemos claro que este es un camino sin retorno que sólo lleva al precipicio a las mayorías políticas y sociales del país y, por ello, trabajamos en el cada día más numeroso pelotón de EH Bildu, que supone un esfuerzo de articulación de diferentes sensibilidades políticas con un objetivo común: la superación de un modelo político, económico y social injusto.

Somos conscientes de que esta es una carrera a largo plazo requiere el concurso de diferentes agentes sociales y debe ser aterrizada en la práctica diaria, tanto en la calle como en las instituciones. En este último ámbito, consideramos necesario alcanzar acuerdos concretos que nos permitan avanzar soberanía política, fiscalidad, participación ciudadana, igualdad, sostenibilidad ecológica… y también creemos que no son posibles acuerdos de gobierno con ninguna de las fuerzas políticas que apuntalan el sistema.

Estas fórmulas pueden parecer autopistas cuyo destino sean saltos cuantitativos respecto a la soberanía política o la justicia social pero, en realidad, no son más que callejones sin salida con copilotos más que dispuestos a pagar el peaje de políticas económicas neoliberales, recortes sociales o negación del derecho de autodeterminación. En definitiva, se trata de no dejarnos en la cuneta la coherencia respecto a nuestro objetivo, ni las aspiraciones de las personas esperanzadas en este proceso y que sí están dispuestas a acompañarnos en este viaje.

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Queremos una Venezuela con Hugo Chávez

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate – Mesa Internacionalista de Alternatiba

De acuerdo. Estamos dispuestos a discutir sobre la personalidad de Hugo Chávez, sobre su estilo tan propio de liderazgo, que aquí en Europa a algunos escama, mientras que otros y otras lo adoran.

Vale, también podremos debatir sobre algunas de sus alianzas internacionales, en donde la razón de Estado pesa más que la razón ideológica. No es un mundo fácil este, ni fácil es el convulso e incierto momento de crisis civilizatoria.

De acuerdo de nuevo, seguramente nos diréis que los avances no son rápidos, que no se sabe muy bien qué es eso del Socialismo del Siglo XXI, que dónde están algunas de las banderas que caracterizan a la izquierda alternativa hoy en día. Tortuosos y procelosos son, en todo caso, los caminos de la emancipación para quien se atreve a adentrarse en ellos.

Vale también, quizá la extrapolación mimética del modelo venezolano a otras latitudes sin analizar las condiciones específicas de cada territorio y cultura, no sea la mejor forma de hacer política de izquierdas en los tiempos que corren.

Sobre todo ello, digo, podemos discutir, debemos discutir. Forma parte precisamente de Venezuela, y parte muy importante, de un continente en efervescencia, donde se ensayan nuevos paradigmas, nuevas propuestas políticas, llenas de contradicciones, de límites, de pasos adelante y hacia atrás, pero, sobre todo, llenas de riqueza, de diversidad, de política con mayúsculas.

Los procesos europeos, como el de Euskal Herria, llevan otras lógicas, otros derroteros, y eso está bien, así debe ser. Pero nunca debemos olvidar que la izquierda es parte de un proyecto común, y siempre hay que mirar de reojo a quienes practican y teorizan sobre la emancipación.

Por eso queremos que gane Chávez en las próximas elecciones, porque es bueno para Euskal Herria. Así, y aunque podemos discutir todo lo anteriormente señalado, hay cosas sobre las que no estamos dispuestos a hacerlo, y sobre las que tenemos mucho que aprender aquí. En primer lugar, su nítida vocación internacionalista, ya que desde un principio ha entendido que el futuro de todos y todas es interdependiente, y se ha empeñado de manera denodada en la integración regional e internacional sobre bases alternativas al neoliberalismo y a la modernidad capitalista. De esta manera, Venezuela ha tenido un papel protagónico en la conformación de entidades como el ALBA, la UNASUR, la CELAC, etc. lo que ha cambiado la correlación de fuerzas regional y mundial frente al imperio, demostrando a su vez que los países pueden y deben entenderse desde la solidaridad desinteresada.

En segundo lugar, porque pese al ritmo más alto o bajo de los procesos, hace una apuesta explícita por el socialismo, y porque señala directamente los antagonistas, confronta con ellos, con nombres y apellidos –no únicamente apelando a los famosos mercados- y formula democráticamente políticas que inician un horizonte de vida sin capitalismo, fuera de todo lo que nos ha llevado al abismo actual.

En tercer lugar, porque estos horizontes no son sólo discurso, sino realidades: democratización de los medios de comunicación; políticas de reforma agraria y soberanía alimentaria; normativa laboral avanzada; nacionalización de sectores y empresas estratégicas; fomento de la economía solidaria, y un sistema de participación popular que para EH lo quisiéramos.

Por todo ello y por muchas cosas más –junto la alegría que nos daría ver la cara de derrota de la derecha golpista a la que se enfrenta- te enviamos todo nuestro apoyo: Hugo, gana por Venezuela, gana por América, gana por Euskal Herria.

Ilustración: Matiz

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Informática del pueblo para el pueblo

Iagoba Itxaso – Mesa de Comunicación Crítica de Alternatiba

El software es básico en nuestro día a día. Forma parte de toda la tecnología que manejamos, y es un elemento estructural tanto en instituciones como en empresas públicas y privadas.

Existen dos tipos de software atendiendo a su forma de ser distribuidos y comprendidos: tenemos por un lado el software privativo, en el que podemos incluir sistemas operativos como Windows o aplicaciones conocidas por todos como MS Office y Photoshop; por el otro lado tenemos el software libre, con GNU/Linux como sistema operativo estandarte y software tan conocido como OpenOffice y Firefox.

Aunque en algunos casos las líneas entre uno y otro se vuelvan un tanto difusas, la diferencia es fácil de comprender. El software libre se denomina así porque todo el mundo es libre de usarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo; al software privativo, por contra, se le atribuye este apelativo porque una o varias de estas libertades no han sido facilitadas por quienes ostentan los derechos de autoría. Es decir, nos vemos privados y privadas de dicha libertad.

Nuestras instituciones utilizan software tanto libre como privativo, siendo el segundo el que se lleva mayor peso en cuanto a inversión. Se nos ocurren algunas razones para utilizar software privativo y defenderlo, pero consideramos que los argumentos para utilizar e invertir en software libre son mucho más importantes, garantes de democracia y populares en todo el sentido de la palabra.

El control sobre el software que utiliza una institución pública es fundamental. Sin lugar a dudas, la única forma de asegurar nuestra soberanía en lo que respecta a nuestros sistemas informáticos es usar software libre. El código de una aplicación privativa es cerrado y no podemos saber a ciencia cierta qué contiene al completo. El software libre se sitúa bajo el control de la ciudadanía. Si utilizamos, por ejemplo, un sistema operativo privativo, ¿tiene la institución o la ciudadanía el control sobre todo lo que pasa por sus sistemas?

Por otro lado, tenemos la proyección del propio software, hasta dónde podemos llegar con él. Si empleamos software libre, abriremos la opción de que más desarrolladores puedan colaborar en su mejora y ampliación, no viéndonos limitados por un código cerrado totalmente y dependiente de su dueño. Por ejemplo, si desde una institución pública se realiza un concurso para desarrollar una aplicación, tras finalizarse el desarrollo nada impide que se abra a la ciudadanía la posibilidad de mejorarlo. Por otro lado, si en un futuro se lanza un nuevo concurso para ampliar de una forma concreta ese software, su código abierto habrá permitido que varias empresas ya lo hayan podido estudiar, se hayan podido habituar al mismo y puedan realizar un presupuesto más adecuado y ajustado, sin inferioridad de condiciones respecto a la empresa que desarrolló originalmente la aplicación.

Portar los sistemas de una administración hacia software libre, sin duda, tiene un coste. Pero el software privativo también tiene su coste en licencias, que puede ser mucho mayor. Esos costes de instalación o mantenimiento, además, se pueden someter a concurso, donde proveedores de soporte locales podrán acceder a proporcionar dicho servicio. Es decir, en lugar de gastar el dinero público en licencias, lo que haría que fuera mayoritariamente percibido por empresas extranjeras, lo invertiríamos en empresas locales. Además, naturalmente, siempre se pueden crear plazas públicas para cubrir de forma permanente estas necesidades, ampliando aún más la soberanía sobre nuestro sistema informático y apostando al mismo tiempo por el trabajo público, estable y en condiciones dignas.

El concepto de software libre, además, se funde filosóficamente con conceptos como el trabajo colaborativo, la democracia, la horizontalidad, la igualdad social y de género y el internacionalismo. Promover el uso del software libre desde cualquier cartera de las instituciones, destacando apartados como educación o industria, es un bien común que debemos defender. Si lo pensamos detenidamente, podemos afirmar que no puede haber una nación soberana, ni una democracia real, ni una libertad ciudadana plena, si nuestras instituciones no utilizan software libre.

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Nuestros derechos, ¿para cuándo?

Ana Etxarte y Diana Urrea – Mesa Feminista de Alternatiba

La ola neoliberal y ultraconservadora que ha traído el gobierno del Partido Popular al Estado (casi de sitio) español, está atacando directamente a los derechos de la clase trabajadora con mano dura y despiadada. Pero también está empuñando otra espada con especial crueldad, soberbia, autoritarismo y paternalismo patriarcal y eclesiástico, por no decir casposo, contra los derechos fundamentales de las mujeres. Y sí, cómo no, estamos hablando del aborto, o dicho de otra manera, del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo que, así leído, parece que se da por supuesto, pero que gracias a nuestra clase política, es una posibilidad que aparece o desaparece según quien gobierne. Pasan los años y seguimos en la misma, desempolvando pancartas y gritando más alto, y vislumbrando escenarios de derechos a la carta según nuestro poder adquisitivo (o puedes pagarte un aborto en condiciones, aquí o en Londres, o te buscas la vida) y de nuevo, con la certeza de que nuestros derechos y reivindicaciones son de segunda y de que el hecho de que coarten la capacidad soberana de cada una de nosotras a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y sobre el número de hijos e hijas que deseamos no merece el mismo cuidado que la reivindicación de otros derechos y soberanías. Esto es «asunto de mujeres».

Queremos preguntar a partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales ¿Qué sucede?, ¿Qué están haciendo mientras los derechos fundamentales de todas nosotras son atacados tan descaradamente? ¿Es que no vemos relación alguna entre este ataque a nuestra autonomía y libertad de decisión con respecto al estado y la sacrosanta iglesia católica apostólica romana y la barbarie de los recortes a la clase trabajadora?, ¿Es que no os dais  cuenta de que la vulneración de derechos contra la clase trabajadora y la vuelta a la dominación de las mujeres van de la mano? Por supuesto que compartimos la urgencia y la necesidad de combatir los recortes en la calle, exigiendo que estos no sean aplicados en Euskal Herria. Pero lo que no entendemos es por qué no se responde con la misma contundencia ante la nueva regulación del aborto, que va a suponer uno de los ataques más brutales a los derechos de las mujeres.

El PP anunció a primeros de año, en boca de Gallardón, que reformaría  la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, cumpliendo, esta vez sí, con lo prometido en la campaña electoral. Se trata así de revocar las tímidas e insuficientes propuestas aprobadas por el PSOE hace dos años, a través de una ley tibia y cobarde que no recogía las reivindicaciones que durante años llevaba realizando el movimiento feminista y que no garantizaba la soberanía y capacidad de decisión total sobre nuestros cuerpos a las mujeres. Y es que esta ley ya limitaba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al no establecer medidas concretas y claras que garantizaran la práctica del aborto en el sector público y no sacar el aborto voluntario del Código Penal.

Ahora el PP quiere reformar esta ley, y aunque no sabemos con seguridad qué recogerá la nueva normativa anunciada para este otoño, lo que tenemos claro es que va a suponer  un retroceso sin precedentes en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, así como una vulneración de nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo.

Y lo sabemos porque son varias ya las informaciones que el señor Gallardón nos ha ido lazando a modo de globos sonda. Al principio, la modificación parecía ser una regresión al sistema de supuestos similar a la regulación de 1985. Esto es, un sistema que generaba desprotección tanto a las mujeres como al personal sanitario que las atendía, y que no garantizaba en absoluto el respeto a la voluntad de las mujeres.

Más tarde, Gallardón anunció que la malformación del feto no sería ya un supuesto para realizar un aborto, obligando a las mujeres a continuar con su embarazo aun sabiendo que el feto tiene graves problemas físicos o psíquicos. Esta gran idea vino aderezada con cierta dosis de moralina, haciéndonos saber que “los discapacitados deben tener los mismos derechos que el conjunto de los españoles”, y que dejar este supuesto fuera de la nueva ley es la clave para  que estos derechos no se vulneren. A la vergüenza ajena, al cabreo, a la perplejidad (si nos queda capacidad de sorpresa) que este tipo de buenas nuevas nos provocan, hay que sumarle un poquito de visión global, porque esta propuesta proviene de un gobierno al que le está faltando tiempo para cargarse la Ley de Dependencia.

Y por si esto nos pareciera poco, el ministro nos fue adelantando que la nueva normativa recogerá un único supuesto para la interrupción del embarazo, el daño psíquico de la mujer siempre y cuando éste sea reconocido en un informe médico. Esto supone que una mujer tendrá que contar con un informe médico favorable que le permita ejercer su derecho a abortar, incluso en el supuesto de violación y malformación fetal.

No sabemos a quién quiere convencer Gallardón cuando dice que esto “favorece la maternidad”. Manipula cuando antepone supuestos derechos (los de las mujeres, las personas con discapacidad o los “no nacidos”); diciéndonos que una ley del aborto como la actual tiene relación directa con la ausencia de libertad de las mujeres para ser madres; queriendo vendernos que ellos son los que verdaderamente saben lo que nosotras necesitamos y que, desde luego, debe existir una ley como la que proponen para “apartarnos del mal camino”. Porque la razón por la cual Gallardón modifica la normativa no tiene nada que ver con garantizar nuestras libertades, tal y como dice. Si así fuera, su gobierno debería dejar de aplicar recortes que empobrecen a muchas mujeres. Los verdaderos motivos tienen que ver con unos valores religiosos que la jerarquía de la iglesia católica y el Partido Popular nos quiere imponer. Porque la iglesia y sus defensores siguen sin entender que la religión es una cuestión privada, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanos, y también, por más que les pese, para sus ciudadanas. 

Las mujeres seguiremos abortando si esa es nuestra decisión, y lo único que generará esta nueva ley será el aumento de los abortos clandestinos y con ello los índices de morbimortalidad entre aquellas mujeres que  por razones económicas no puedan ir a otro país a abortar.

Las intenciones del PP suponen un ataque a la autonomía de las mujeres y al derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. La tutela a la que nos quieren someter es un gravísimo acto de violencia patriarcal al que debemos responder de manera contundente y desde todos los ámbitos, y es una responsabilidad de todas las fuerzas  políticas, sociales y sindicales de Euskal Herria exigir, hoy más que nunca, el aborto libre y gratuito, de la misma manera y con la misma vehemencia con la que se hacen otras reivindicaciones. ¿O es que los derechos de las mujeres tienen que esperar?

Imagen: @Transfeministas

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Los topes salariales y el IRPF

Txema Mendibil – Inspector de Hacienda

Como gustaba afirmar Galbraith, es inmoral y propio de una sociedad enferma que haya personas que ganen más de 100 veces el sueldo medio y cuya principal meta parezca ser ganar todavía más.

De esa y parecidas reflexiones ha surgido siempre la necesidad de limitar y regular las escandalosas diferencias salariales propiciadas por el capitalismo salvaje. Esta limitación no suele ser una prohibición directa, dada la facilidad que tienen las rentas altas de disfrazar parte de su sueldo. Más bien se intenta poner tipos altísimos en las rentas del trabajo (del 90% o superiores) a partir de un umbral de ganancias.

Una versión light la tenemos en la propuesta socialista francesa en el impuesto sobre la renta, gravando al 75% todo lo que supere el millón de euros de sueldo. Es decir, a un IRPF más bajo que el de Gipuzkoa e incluso que los de los otros herrialdes, le ponen un estrambote para rentas estratosféricas (más de 30 veces el salario medio de Euskadi). Y antes de que se empiecen a oír tonterías sobre pasadas por la izquierda y demás, conviene estudiar sus consecuencias aquí, para ver si estamos hablando de nóminas o de fútbol.

Porque podríamos afirmar que Euskadi no es Madrid, Barcelona, París o Londres y que aquí esas rentas o menores apenas existen. Y que las pocas que hay corresponden a retribuciones de consejos de administración de empresas muy grandes o a alguna jubilación de oro, con una facilidad enorme para cambiarse de domicilio fiscal. Por lo que incrementos como el descrito solo servirían para tranquilizar conciencias, sin ninguna importancia práctica.

Pero una mirada más cautelosa sí nos muestra empresas cuyos ejecutivos realizan trabajos ligados al terreno y perciben esas millonarias cantidades. Son las dedicadas al espectáculo de fútbol o baloncesto, en las que abundan los sueldos brutos (por todos los conceptos) superiores a 300.000 euros. E incluso en Athletic, Real Sociedad u Osasuna hay bastantes que superan el millón de euros.

¿Se podría aplicar entonces la reforma Hollande en Hegoalde? Sí, pero teniendo claro que eso casi supondría para los clubes citados bajar a la segunda división española. Y claro, el enorme despilfarro de dinero público y privado dedicado al deporte profesional en todo el Estado, los valores reaccionarios que transmiten tan disparatadas prebendas, los estúpidos ritos tribales que lo sustentan… todo eso tiene su reflejo en Euskadi.

Sin contar con el empeño de la derecha nacionalista en sublimar la cuestión nacional con los éxitos deportivo-cirquenses, que tan buenos réditos le dio en la transición.

Lógicamente, con ligas vascas esta dependencia enfermiza del deporte espectáculo se reduciría drásticamente. Un Athletic-Amurrio sirve de chiste para nacionalistas españoles, pero a mí me merece más respeto que trasladar miles de forofos a 5.000 km. de distancia para ver jugar a tu equipo contra otro de Madrid (y viva el desarrollo sostenible).

Y entonces podremos abordar ese cambio fiscal. Mientras tanto, conformémonos con que los deportistas profesionales tributen igual que el resto de los mortales, aunque sea a partir de 300.000 euros. Porque, para asombro de propios y extraños, actualmente pagan la mitad en tres de los cuatro herrialdes merced a unas disposiciones enterradas en lo más profundo de la normativa foral. Un ejemplo para ilustrarlo: Bizkaia subvenciona fiscalmente a los jugadores del Athletic con varios millones de euros, como si no hubiera necesidades más urgentes y solidarias en estos tiempos de crisis.

¿Y por qué en Gipuzkoa no se ha eliminado totalmente y siguen pagando la mitad por los primeros 300.000?. Pues sí, es injusto, pero aquí hay que ser posibilista. Porque en caso contrario, el IRPF francés sería más bajo y el agujero a la recaudación fiscal considerable si todos se mudan a Iparralde. Pegas de tener una nación con tantas soberanías fiscales distintas.

Como veis, lo que amenazaba con ser una discusión fiscal puede transformarse en otra sobre la hipertrofia del deporte profesional en nuestra sociedad y sus prebendas. Espero que este debate no se obvie con argumentos tontos del tipo: «es que a ti no te gusta el deporte». Porque se podría responder como hizo recientemente un concursante televisi- vo para pasmo de la presentadora: «A mí me encanta hacer el amor y no soporto las películas pornográficas». Pues eso.

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No aceptamos sacrificios

Cuenta la Biblia que Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac sin confensarle si quiera que era precisamente  él, su vástago, el sacrificio que se disponía a ofrecer a Dios. Estaba a punto de cumplir la orden divina cuando un ángel apareció y le dijo: “No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo”. Mucho nos tememos que el episodio no dista demasiado del que ocupa las portadas de los periódicos en las últimas semanas.

El presidente del Reino de España, Mariano Rajoy, presentó el navajazo en el cuello del pueblo en forma de recortes, subida del IVA y reducción de las cotizaciones sociales, bajando así parte del salario de las personas trabajadoras. Para justificar el atropello, el sucesor de Aznar afirmó que era el momento de “aceptar el sacrificio y renunciar a algo” en vez de “rechazar los sacrificios y renunciar a todo”. La todopoderosa Banca pide sangre y no enviará ningún ángel a detener a Abraham. Ha de ser el pueblo el que se libere y se rebele, pues aceptar el sacrifico ahora significa renunciar a todo.

Rajoy dijo que la ayuda a España no llevaba condiciones impuestas. Tras ver el memorando de entendimiento, MoU, en el que se marcan las exigencias que ha seguido punto por punto es evidente que mentía, y por partida doble. La ayuda no es a España; es una ayuda a la banca alemana y al resto de acreedores de la banca privada. Además, las condiciones leoninas impuestas solo servirán para agravar aún más la mala situación económica de las clases más desfavorecidas, colocando al Reino de España en la antesala de otro rescate por no ser capaz de pagar la deuda. La vigilancia para que se cumplan todas las condiciones impuestas estará en manos del BCE, la Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea.

A diferencia de la troika vigilante de Grecia los ortodoxos del  FMI, que recientemente había sugerido una quita hipotecaria para mitigar el lastre de la deuda privada, han sido sustituidos por la Autoridad Bancaria Europea, entidad que dice promover la estabilidad del sistema financiero y la transparencia de los mercados y productos financieros y tiene su sede en el corazón de la opaca City londinense.

El navajazo supone la subida del IVA, impuesto que grava a los contribuyentes por igual independientemente de su capacidad económica. Los bienes empleados en actividades agrícolas y ganaderas pasan del 8 al 21%, mientras Montoro admite que pagarán justos por pecadores (quienes defraudan el IVA y los que aprovechan la amnistía fiscal, o quienes se aprovecharán de las deducciones por patrocinar el enésimo intento olímpico de la Capital del Reino). También supone la rebaja las cotizaciones sociales en perjuicio del sistema público de pensiones y reduce las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes de desempleo con el pretexto de incentivar la búsqueda de un trabajo inexistente. Los recortes suman 65.000 millones de euros, pero se olvidan de recortar las obras social y medioambientalmente insostenibles o figuras antediluvianas como el ejército, la monarquía o el Senado. También rebajan, de nuevo, el sueldo al funcionariado (regalándole parte de sus sueldos a la banca) y reducen la contestación y el control político al eliminar el 30% de las y los concejales.

Podría parecer que no han dejado títere con cabeza pero, lamentablemente, podemos tener la certeza de que los recortes no acaban ahí: la rebaja de las pensiones y la aceleración en el retraso de la edad de jubilación están a la vuelta de la esquina.

Desde la aprobación del Tratado de Maastricht, pasando por el Tratado de Lisboa y la reforma de la inmaculada constitución para incluir el límite al déficit público, el Reino de España ha ido renunciando paso a paso a sus herramientas para hacer política económica. El memorando MoU marca las 37 condiciones que tiene que cumplir el sistema financiero español, incluso apostilla que si quiere tomar alguna medida que no esté incluida tienen que pedir permiso a los vigilantes. Esta renuncia a la soberanía, el tener que pedir permiso a terceros se vio reflejando en las declaraciones del ministro de Exteriores Margallo cuando señaló que «es una estupidez hablar ahora de soberanías nacionales, porque vivimos en un mundo de soberanías compartidas».

El MoU también establece que España confeccionará una ley para obligar a las cajas de ahorro a tener una participación inferior al 50% de los bancos. Cuando esto suceda, las cajas vascas dejarán de controlar Kutxabank y solo faltará un paso para perder la obra social. Así pues, queda en evidencia que los bienintencionados límites que se negociaron desde las entidades fundadoras en Gipuzkoa no han sido suficientes para paralizar la privatización, lo cual es más doloroso en estos momentos en los que una banca pública es tan necesaria.

La solución, una vez más, va en la dirección contraria a las medidas adoptadas. Si las entidades financieras eran demasiado grandes para dejarlas caer, no se entiende que la solución de Europa fuese plantear nuevas fusiones. Antes de rescatar la banca privada habría que estudiar por qué esa deuda tiene que ser cubierta por la ciudadanía. Cuando la banca alemana de Ackermann compraba esa deuda, ¿acaso ignoraba que jamás podría devolverse? Es necesaria una auditoria para decidir qué parte de la deuda es ilegítima, qué parte se paga y cuál no.

Las políticas e intervenciones futuras ponen el beneficio y la renta financiera por encima de todo. La austeridad, los recortes de derechos, la privatización, son todas políticas de desposesión y depredación social. La solución pasa por la distribución de renta y riqueza, y por la ampliación de los derechos sociales. No aceptaremos sacrificios, ni a Dios ni a la banca.

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Iberdrola o cómo premiar al culpable

El año pasado el Ayuntamiento de Bilbao otorgó, por iniciativa de su alcalde, el señor Azkuna, el título de bilbaíno ilustre a la empresa Iberdrola. Tal y como recoge el Reglamento de Honores, Distinciones y Ceremonial, el Ayuntamiento de la Villa hace ilustres a personajes e instituciones que se hayan destacado ostensiblemente en la defensa del nombre, de la imagen y de los intereses de esta Villa de Bilbao o de algunos de sus ciudadanos. Este título, en concreto, se concede en reconocimiento a una conducta cívica ejemplar.

Pareciera que la manera de entender por parte del equipo de gobierno el concepto de una conducta cívica ejemplar es bastante extraña, ya que nos dan a entender que la ejemplaridad consiste en situar a la ciudadanía bajo riesgo nuclear; en poner en práctica deducciones fiscales que nos impiden a los y las bizkainas desarrollar políticas sociales; en coartar los derechos de los y las trabajadoras de las empresas subcontratadas y, en última instancia, en producir un impacto terrible en términos sociales y ecológicos allá donde Iberdrola se implanta, fundamentalmente en América Latina. ¿Será eso lo que entienden por una conducta ejemplar?

Porque no nos engañemos, Iberdrola sigue apostando, a pesar de lo ocurrido en Fukushima, por el mantenimiento de la central nuclear de Garoña, independientemente de la situación de vulnerabilidad en la que nos coloca a todos y todas, y plantea mantener una central con más de 40 años de antigüedad. Primero el beneficio y luego, si acaso, la seguridad de nuestras vidas.

También Iberdrola se aprovecha de las salvajes y sucesivas reformas de los gobiernos de Madrid para explotar a sus trabajadores y trabajadoras, incluyendo en este grupo a sus subcontratas. Un ejemplo de ello es el caso de KONEKTA, que desde que asumió el servicio de atención al cliente ha despedido a 50 trabajadoras. Un comportamiento realmente ejemplar.

Finalmente, como toda buena multinacional, su ánimo incesante de lucro le lleva a explotar los recursos de otros países, olvidando su retórica verde, y dejando en América Latina su huella mediante el olvido de los derechos políticos, sociales y ambientales recogidos por el marco internacional de DDHH. Así y aprovechándose de las permisivas leyes y la favorable institucionalidad de ciertos países, son norma común de su actuación el despido, el chantaje a trabajadores/as sindicadas, la manipulación de precios y cobros, los desplazamientos forzosos generados por sus proyectos energéticos, etc.

¿Es esto un comportamiento ejemplar? ¿Es ejemplar seguir aumentando frenéticamente beneficios a costa de las vidas de muchas personas de América Latina, de las políticas sociales en Bizkaia, y de nuestra seguridad? ¿Es ejemplar otorgar un premio a una empresa cuyo presidente, con estos niveles de paro, pobreza y exclusión, cobra más de 9 millones de euros anuales?

Esto es sólo una parte de la práctica habitual de Iberdrola. ¿Dónde está el civismo en todo esto? Sólo vemos insolidaridad, falta de ética e injustica. Nos parece inadmisible que se  premie este tipo de conductas. Es vergonzoso que se premie a los culpables de tantos atropellos contra las personas.

Ana Etxarte – Alternatiba Bilbo

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Mujeres permanentemente en crisis

Ana Etxarte y Carmen García – Mesa Feminista de Alternatiba

Parece que hay un empeño general en hablar exclusivamente de crisis económica o de estallido financiero, cuando lo que realmente estamos viviendo es una crisis civilizatoria en toda su extensión. Esto es, una crisis que afecta a los parámetros básicos del sistema vigente -sociales, ecológicos, alimentarios, climáticos, políticos, económicos y de género- y que además no nace en 2007, sino que estalla en ese año, siendo su gestación muy anterior en el tiempo. De esta manera, la punta se confunde con el conjunto del iceberg, y la dimensión financiera oculta múltiples crisis, espacialmente la crisis perpetúa que asola a más de la mitad de la población mundial, las mujeres.

Es inaceptable constatar cómo los diagnósticos sobre la crisis son absolutamente ciegos a la realidad de precariedad, explotación y subordinación de las mujeres, y cómo las medidas que se toman en base a estos diagnósticos, en ningún caso estudian ni priorizan su impacto sobre las mujeres. El resultado de todo ello es que nuestra crisis no es LA CRISIS y por tanto las lógicas de dominación de acentúan exponencialmente.

Especialmente significativa es la invisibilización y el desprecio del trabajo reproductivo y de cuidados, básicamente desarrollado por mujeres, y cómo se está tratando en esta etapa de crisis. No nos engañemos, la famosa economía -real y financiera- también es otra punta del iceberg, que se sostiene sobre un sistema de trabajo reproductivo sin el cual todo el sistema se vendría abajo. Así de claro, las mujeres sostenemos la vida y el planeta, y el mercado y la economía oficial sólo pueden existir si existe un trabajo reproductivo, y éste, por supuesto, o es no remunerado o es precario. A pesar de ello, y en vez de dar valor a este trabajo, se le discrimina como si no fuera parte de la crisis real. Así, se están tomando decisiones que ahondan en esta lógica. Es necesario denunciar que con la excusa de la crisis y mediante los recortes de derechos, nos quieren encerrar de nuevo en el hogar, en el hogar propio y en el ajeno, y en una situación cada vez más precaria.

Prueba de esto son los recortes anunciados en la Ley de Dependencia, una ley que ya fue del todo insuficiente en su formulación, y que no solucionó, ni mucho menos, la cuestión del reconocimiento social del trabajo de cuidados ni de la corresponsabilidad -en muchos casos, perpetuó a las mujeres en el trabajo doméstico y promocionó la precarización del empleo sumergido y sin derechos a través de la contratación de mujeres migrantes-, pero que al menos sacó a la luz pública la realidad y la relevancia de estos trabajos mayoritariamente, como decimos, desarrollados por mujeres.

Pero en vez de mejorar la ley y de avanzar en el reconocimiento de la explotación y dominación histórica de las mujeres, lo que plantea la derecha con la crisis es cargarse de un plumazo las tímidas medidas tomadas. Ya nos lo anunció el PP hace unos meses: “La ley de dependencia no es viable y se hará lo que se pueda”. Y lo que se pueda es recortarla y eliminar derechos, precarizando aún más su situación, y reforzando un sistema patriarcal cada vez más conservador y represivo para con las mujeres.

De esta manera, el gobierno de Rajoy nos ha anunciado, primero, que las CCAA tienen libertad para reducir como mínimo un 15% la prestación económica a percibir, como si los 400 euros mensuales que se recibían de media fueran un exceso inasumible. Segundo, que las personas cuidadoras, mujeres la mayoría, ya no cotizarán a la Seguridad Social, siendo de nuevo un trabajo de segunda; tercero, las cuidadoras deberán vivir con las personas dependientes para percibir las ayudas: la mujer en casa y con la pata quebrada, que es donde mejor está. Y cuarto, como última desfachatez, se aprueba que para resolver las solicitudes y otorgar las ayudas, las administraciones tendrán un plazo máximo de dos años -frente a los 6 meses actuales-. Han oído bien, dos años. Parece una tomadura de pelo, pero no lo es. Para los bancos, todo. Para la economía productiva, poco, pero algo. Para el trabajo de cuidados, nada, para las mujeres, las lógicas patriarcales más nauseabundas.

Aun con ello, el gobierno tiene la desvergüenza de afirmar que este tipo de medidas creará más empleo, ya que las familias, las mujeres mejor dicho, optarán por contratar estos servicios. Lumpen-empleo, por supuesto.

¿Pero no deberían ser las instituciones públicas quienes garantizaran los derechos en situación de dependencia? Este es un ejemplo más de cómo mientras hay rescates millonarios para los culpables, las personas inocentes vemos nuestros derechos conculcados, privatizando la responsabilidad pública y aumentando la pesada mochila de piedras que las mujeres tenemos que asumir hoy en día.

Basta ya. Por ello hacemos una llamada a la movilización, una llamada a que los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones sociales a que se manifiesten con fuerza en contra de estos recortes. Es vergonzoso ver cómo la eterna alianza entre capitalismo y patriarcado se agudiza aún más, manteniéndonos en crisis permanente mediante la discriminación y la violencia como método de control de nuestras cuerpos, de nuestras decisiones, de nuestros deseos y necesidades, en definitiva, de nuestras vidas. Nuestras vidas primero, no a los recortes de dependencia, no al capitalismo, no al patriarcado.

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