¿Quién asume la responsabilidad en la sostenibilidad de la vida?

Son múltiples los factores, y lo es de forma clave el cambio en el rol de las mujeres, que han desestabilizado el modelo previo de reparto de responsabilidades de cuidados y que han hecho necesaria una reorganización del trabajo. ¿Cómo se distribuye ahora la responsabilidad de los cuidados? ¿Quién o quiénes están asumiendo la responsabilidad en la sostenibilidad de la vida? Preguntarse sobre cómo se resuelve esa necesidad supone indagar sobre quién y cómo asume la responsabilidad de garantizar las necesidades de la vida. Las respuestas a estas preguntas muestran un nuevo modelo basado en los mismos ejes de desigualdad social e invisibilidad de trabajos que presentaba el modelo de partida.

A pesar de la incorporación de las mujeres al espacio público (político y laboral), la mayor responsabilidad de los cuidados a niños/as y personas en situación de dependencia sigue recayendo sobre el trabajo no remunerado dentro de las familias. En lo referente a la infancia, hay que hacer la distinción entre niños/as menores y mayores de 3 años. Para los primeros, la existencia de servicios públicos es sumamente reducida, y esto obliga a desarrollar estrategias alternativas. Entre ellas, la reducción o renuncia al trabajo asalariado, renuncia casi exclusivamente femenina , el 95,2 por cien de las excedencias por cuidados a menores en 2005 fueron solicitadas por mujeres, según datos del Instituto de la mujer. Y, por otro lado, la contratación de personas o el recurso a guarderías privadas si se tiene ingresos, o el recurso a la familia extensa. A partir de los 3 años se percibe una fuerte descoordinación entre el sistema educativo y las necesidades familiares – horarios o periodo de vacaciones – en las que hay que a recurrir a estrategias alternativas.  En el caso de que la madre trabaje la ayuda de la familia extensa – sobre todo abuelas – es muy destacable. Su papel decrece en cuanto mayor es el nivel socioeconómico, en cuyo caso adquiere una mayor relevancia la existencia de una persona contratada para el servicio doméstico.

En todos los hogares, excepto los monoparentales, el apoyo a personas en situación de dependencia también recae en el trabajo no remunerado.  Sobre los cuidados a personas con discapacidad mayores de 65 años, cabe decir que, cuando no existe una institucionalización en base a centros de internamiento (residencias, hospitales geriatricos), la atención suele provenir del sistema doméstico, mientras que la participación de lo extra-doméstico suele tener un carácter puntual o sustitutivo. Los cuidados a personas con discapacidad en el sistema doméstico suelen organizarse en torno a la figura de una persona cuidadora principal y un círculo de apoyo. La persona cuidadora principal tiene un perfil muy definido: suele ser mujer, con bajos estudios, casada, de entre 45 y 65 años, y dedicada en exclusiva al trabajo de cuidados no remunerado, es decir, ama de casa. El género se mantiene como un elemento crucial en el que se ve con nitidez la adscripción femenina a los cuidados.

La cobertura pública y privada no cubre más que aproximadamente el 12 por cien del cuidado necesario, encargándose del resto los trabajos no remunerados. Así, los derechos reconocidos en la actualidad – ausencia del mercado laboral, atención socio-sanitaria, ayudas monetarias, vía seguridad social o vía tributaria- no son de entidad suficiente como para hablar de la existencia de un derecho social a ser cuidado/a en caso de dependencia. Este cuidado se cubre más o menos precariamente en la medida en que existe un tejido familiar suficiente y con suficiente presencia femenina. Por lo tanto, el papel del Estado y las instituciones públicas es subsidiario, es decir, sustituye al tejido familiar cuando no está presente, pero no lo complementa ni apoya suficientemente cuando está, es más, impone a las familias el cuidado.

De esta manera, la incorporación de las mujeres al mercado laboral en la medida en que no se encuentra correspondida ni con la dedicación de los hombres a las tareas del hogar ni con una cobertura pública de las necesidades de cuidados (recortes en el estado de Bienestar) está teniendo distintas repercusiones dependiendo de la clase social de cada familia. Entre las rentas altas se está produciendo una mercantilización del espacio doméstico, mediante el recurso a servicios externos de todo tipo (empleadas domésticas, servicios de hogares, jardines de infancia privados, etc); por el contrario, las familias con escasos recursos y sin poder adquisitivo para recurrir al mercado, tienen que intensificar el trabajo doméstico lo que suele traducirse en desatención a las personas en situación de dependencia de la familia y/o incremento de estrés familiar. De esta manera, aunque la responsabilidad del cuidado se sigue manteniendo en las familias, también es cierto que se está produciendo una reorganización de los cuidados en el seno de cada hogar, que tiene una claro componente de clase directamente ligado a la posibilidad de compra de servicios en el mercado. Este proceso, lejos de ser inocente, implica frecuentemente la reproducción de desigualdades, ya que los mercados sólo satisfacen las necesidades que se expresan a través de una demanda solvente.

En todo caso, la privatización no es un indicio de un proceso de corresponsabilización de los mercados en la satisfacción de la necesidad de cuidados de la población sino obedece al interés de obtener beneficios empresariales y está inextricablemente conectada con la feminización  y precarización del trabajo. Así, al hablar de cuidados profesionales, nos encontramos ante un sector feminizado muy basado en el empleo precario, siendo las empleadas del hogar máximas exponentes de la precariedad y con una creciente representación de población migrante.

En resumen, y en palabras de la economista y feminista Amaia Orozco, podríamos decir que “la satisfacción de las necesidades de cuidados se organiza en torno a redes de mujeres, entre las cuales se producen trasvases de cuidados, en base a ejes de poder, en una larga cadena que atraviesa las fronteras del mercado e incluso las naciones, cadena de la cual están sistemáticamente ausentes los hombres”.

La reflexión sobre las responsabilidades femeninas en los cuidados nos puede llevar a cuestionar el conjunto de la estructura socioeconómica en la que vivimos y los conflictos y desigualdades sociales de los que se sirve para persistir.  Pero hacer esto no es fácil, entre otras cosas, porque supone pleantearnos qué papel ocupamos nosotras en semejante entramado, cuáles es nuestra posición en la sociedad y, a la postre, quizá esta respuesta no sea fácil de asumir.

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Resumen de la situación de las trabajadoras del hogar

Argazkia: Olmo Calvo

El cuidado gratis, sobre todo el de las abuelas, junto con el empleo del hogar en condiciones precarias juega un rol central en la atención a la dependencia en el actual modelo de cuidados.  Respecto a la contratación de empleo del hogar siempre se han tratado de empleos muy precarios, ocupados por mujeres que no tienen más alternativa laboral y con un creciente número de mujeres inmigrantes.

Después de años de negación sistemática de derechos por parte del gobierno a este sector de empleo, este último mes se han producido dos episodios que abren la puerta a posibles mejoras en las condiciones laborales: un convenio aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el servicio doméstico y la incorporación de las empleadas del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. 

En este texto se dan las claves para entender la situación y las reivindicaciones de un sector de trabajadoras  sobre las cuales  descansa un pilar tan fundamental de nuestra sociedad como su sostenibilidad.

¿Cuántas mujeres trabajan como empleadas del hogar en la Comunidad Autónoma Vasca? La economía sumergida dificulta la obtención de una foto real sobre la dimensión de este sector  Pero, según el Ministerio del Trabajo en la  Comunidad Autónoma Vasca el número asciende a 24.318 trabajadoras de las que apenas 14.000cotizan de algún modo a la Seguridad Social.

¿Qué porcentaje de las trabajadoras del hogar son inmigrantes? En el estado Español, el perfil de la trabajadora doméstica inmigrante se ha disparado en los últimos años, pero los datos no son fáciles de extraer debido a la economía sumergida. Según la Encuesta de Población Activa del 2011, 703.800 personas (el 91,5% son mujeres) trabajan en el ramo de Actividades de los Hogares. De estas mujeres, apenas 294.270 (el 61,3%son extranjeras) están dadas de alta en el Régimen Especial de Empleados del Hogar de la Seguridad Social.

De acuerdo con la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, (ATH) el 33% de las trabajadoras internas que atendieron el pasado año, mayoritariamente dedicadas a cuidado de personas mayores en situación de dependencia, trabajaban sin papeles.

¿Cuáles son las condiciones laborales  de las trabajadoras del hogar? Las empleadas del hogar tienen un Régimen especial de Seguridad Social diferente al régimen general, que sitúa a las miles de empleadas domésticas entre el trabajo y la servidumbre. El Régimen Especial de Seguridad social del servicio doméstico refleja la desconsideración social de este trabajo y a pesar de las enormes críticas a penas ha sufrido modificaciones desde su creación en 1985.  

La discriminación de las trabajadoras y la vulneración de sus derechos es múltiple e inimaginable en muchos otros sectores laborales: no hay obligatoriedad de contrato escrito; la propia empleada tiene la obligación de darse de alta si trabaja menos de 20 horas para una misma persona empleadora; la arbitrariedad a la hora de extinguir la relación laboral; las ínfimas indemnizaciones por despido; la indeterminación de la jornada laboral debido a la figura del tiempo de disponibilidad; la posibilidad de sustraer hasta el 45 por ciento del suelo en concepto de alojamiento y manutención: la inexistencia de subsidio de desempleo y de enfermedad profesional; la baja por enfermedad no se cobra hasta el vigésimo día de enfermedad, la situación de incapacidad laboral transitoria no exime de la obligación de cotizar. En conjunto, este régimen, más cercano al de las personas autónomas que al de empleadas, provoca la existencia de un altísimo porcentaje de mujeres empleadas en situación informal.

¿Existen diferencias en las condiciones laborales entre las mujeres empleadas en el hogar? No todas las mujeres empleadas experimentan el mismo tipo de invisibilidad.  Según el colectivo Ioé, el 79% de las empleadas autóctonas realizan su trabajo sin regularizarlo frente al 36% de las migrantes. Los índices de informalidad son mucho mayores para las mujeres autóctonas. Esto se debe al régimen especial aplicable a este trabajo, que hace que muchas mujeres opten por la informalidad, dadas las altas cotizaciones exigidas y los pocos derechos asociados. En el caso de las mujeres migrantes, la necesidad de regularizar su situación hace que prefieran estar dadas de alta. El porcentaje de mujeres migrantes es mayor cuanto más desfavorable es la modalidad de empleo (2005, significa el 52,2% del empleo doméstico femenino). Asimismo, dentro de cada subsector las mujeres migrantes realizan más tareas, trabajan más horas y tienen un sueldo por hora inferior, aunque también todo esto está en función del país de origen y la etnia.

¿Cuál ha sido la actitud del gobierno respecto a la situación de las empleadas del hogar? El gobierno reconoce que el régimen del empleo de hogar adolece de desequilibrios. De hecho, una de las promesas del gobierno socialista fue equiparar sus derechos a las del resto de trabajadores. Pero desde el 2007 ha hecho sólo dos modificaciones. La eliminación de la opción de que se les descontase el 45% del salario en concepto de manutención y alojamiento.

Y, la segunda fue la aprobación esta semana de una enmienda que obliga a los/las empleadores/as a cotizar por los trabajadoras del hogar desde la primera hora.  En la actualidad, los empleadores solo cotizan por estos trabajadores si trabajan 20 horas a la semana o más. Si el empleado trabaja durante al menos 72 horas mensuales para más de un hogar, tiene la opción de pagarse él mismo las cuotas.

En definitiva, podemos decir que el Gobierno ha dado una de cal y otra de arena. Por un lado, ha avanzado en algunas mejoras que avanzan muy lentamente en la equiparación de las trabajadoras del hogar al resto de asalariados/as. Pero, por otro lado, ha aprobado una Ley de Reforma de la seguridad Social en materia de pensiones, que con el ánimo de reducir gasto de la Seguridad Social el Gobierno, aumenta el mínimo de años que se utilizan para calcular las bases de cotización de 15 a 20.  De este modo, según los cálculos de los sindicatos las pensiones se reducirán en un 6%. Esta medida afecta principalmente a las mujeres porque tienen menores tiempos de cotización por ser quiénes más entradas y salidas realizan del mercado de trabajo y por tener más contratos parciales. Y especialmente afecta a las trabajadoras que están en el Régimen Especial de los empleados del Hogar, puesto que el 32, 5% de las trabajadoras en este régimen está en la franja de quienes han cotizado entre 16 y 20 años. En la actualidad, a partir de los 65 años y por no haber podido cotizar durante su vida laboral, la mayoría vive de la jubilación de su marido o la pensión de viudedad.

A estas medidas, hay que añadir unacrisis que no ha disminuido el trabajo, pero sí ha provocado que las condiciones laborales empeoren.

¿Qué puede significar el nuevo convenio sellado por la organización Internacional del Trabajo (OIT)  del servicio doméstico? El pasado 19 de Junio la OIT selló un convenio histórico que reconoce que el trabajo doméstico continúa siendo “infravalorado e invisible”.  Las nuevas normas de la OIT establecen que las trabajadores domésticas tendrán los mismo derechos básicos que otros trabajadores incluyendo, “horas de trabajo razonables, descanso semanal al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, información clara sobre las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva”.  También tendrán derecho a percibir el Salario Mínimo Interprofesional en catorce pagas, hasta ahora sólo se aplicaban trece. Por último, la nueva normativa reconoce el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo y a la Seguridad Social en materia de bajas para que se pueda percibir la baja desde el primer día de accidente o desde el cuarto cuando se refiere a una enfermedad.

El convenio junto con la presión de organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos puede alterar las fuerzas a favor de la defensa de los derechos de las trabajadoras, hasta ahora sistemáticamente negados por todos los partidos que han ocupado el gobierno.

 

Foto: Olmo Calvo

La patronal siempre gana> Ana Etxarte y Asier Vega (Alternatiba)

 

La reciente aprobación del Decreto ley sobre de la negociación colectiva, junto a la del mercado de trabajo y de las pensiones, cierra un círculo infernal que sitúa los derechos de los empresarios y del capital por encima de los derechos de las mayorías sociales. La crisis financiera ha puesto sobre la mesa, con toda nitidez,  que el capitalismo no tiene límites y que la codicia es el principio ético sobre el que se sustenta.

La reciente aprobación del Decreto ley sobre de la negociación colectiva, junto a la del mercado de trabajo y de las pensiones, cierra un círculo infernal que sitúa los derechos de los empresarios y del capital por encima de los derechos de las mayorías sociales. La crisis financiera ha puesto sobre la mesa, con toda nitidez,  que el capitalismo no tiene límites y que la codicia es el principio ético sobre el que se sustenta.

Las normas laborales surgieron de la lucha de la clase trabajadora a lo largo de los últimos siglos. Dinamitarlas implica retrotraer las relaciones laborales a la Revolución Industrial, y colocar el contrato individual de trabajo basado en la asimetría entre las partes, como el nuevo principio sobre el que se articula la regulación del mercado laboral. La flexibilidad, la competitividad, la rigidez del ordenamiento jurídico laboral, etc., son conceptos reinterpretados desde el poder de dirección de la patronal, que se incrustan en los núcleos centrales de la  nueva regulación, adecuada a los intereses del capital y de las transnacionales. Los derechos de las minorías se imponen a los de las mayorías.

La reforma de la negociación colectiva es un eslabón más de una cadena interminable de reformas neoliberales. ¿Qué resultado práctico han dado las numerosas reformas laborales llevadas a cabo en los últimos treinta años? ¿Se han evaluado sus resultados? ¿Quién se ha enriquecido y quién se ha empobrecido? Lo que resulta muy claro y fehaciente es la complicidad entre los empresarios y el gobierno socialista. Además, el parlamento español se ha alejado de las preocupaciones de los sectores sociales más golpeados por la crisis y se ha sometido a la lógica del capital, de las transnacionales y de las instituciones de carácter  financiero. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la banca internacional y nacional… toman decisiones que afectan a las mayorías sociales, pero, ¿Quién les ha elegido? ¿Quién controla sus decisiones? ¿Las decisiones técnicas se imponen a los derechos sociales? Esta es la reforma que necesitan los empresarios. Sus obligaciones se derivan hacia prácticas voluntarias – creación de empleo, inversiones, trabajo conjunto por el progreso- y subordinadas a sus beneficios, mientras que sus derechos -privilegios-, se tutelan mediante reformas laborales de carácter imperativo y coercitivo que destruyen dichos derechos de los trabajadores y trabajadoras.

En esta lógica, el texto presentado tiene el claro propósito de restar  efectividad al convenio colectivo como herramienta básica de defensa de los derechos laborales, facilitando la posibilidad de que cada empresario se descuelgue del mismo, limitando además su alcance y capacidad movilizadora.

Así, en primer lugar, el texto aprobado modifica la estructura de la negociación colectiva, apostando por los acuerdos interprofesionales, los convenios estatales – salvo en la limitadas competencias en que se aplicarán preferentemente los convenios autonómicos- y los de ámbito empresarial. Combinación nefasta que frena la consolidación del marco vasco de relaciones laborales y apuntala el poder empresarial, poniendo en tela de juicio el papel de los convenios territoriales, el instrumento que mejor ha garantizado los derechos laborales en Euskal Herria.

En segundo lugar, da una vuelta de tuerca más a la flexibilidad interna, aumentando el poder legal del sector empresarial a la hora de definir salario, clasificación profesional y horario de trabajo.

En tercer lugar, la reforma dejará sin efecto práctico la ultraactividad de los convenios –su prórroga mecánica en caso de no ser sustituido por otro posterior-  de modo que los logros conseguidos por los trabajadores en años anteriores podrán desaparecer si la patronal así lo desea. Esta pérdida de derechos laborales es maquillada con la introducción de un mediador -obligatorio incluso – entre patronal y representantes de los trabajadores, que pretende diluir progresivamente la capacidad de movilización de la clase trabajadora. A su vez, se reduce el tiempo del binomiohuelga-convenio.

Esta reforma es el resultado final de un diálogo social sin confrontación democrática, de una negociación opaca, sin transparencia, llevada a cabo por cúpulas empresariales y, lo que es peor, sindicales, que secuestran el debate y apuntalan lógicas contrarias a los intereses de los hombres y mujeres de Euskal Herria. La única manera de enfrentar el resultado final de la negociación, es decir, la supuesta equidistancia del gobierno de ambas partes, es la huelga, la organización y la confrontación.

Alternatiba se sitúa en otro campo de juego, apostamos por la movilización, la organización, la extensión de alianzas con la mayoría sindical vasca y los movimientos sociales. Defender los derechos de las mayorías frente a los derechos de las minorías, no es una utopía, es una necesidad.

Nuevos tiempos, viejos métodos> Josu Estarrona (Alternatiba)

Tras los resultados del 22-M y esos 313.000 votos avalando una revolución en la izquierda, un nuevo modelo de hacer política y la necesidad de devolver el poder al pueblo, “Alternatiba” va a impulsar y garantizar esa apuesta de la sociedad por traer un nuevo aire a las instituciones, limpiando las mismas de prácticas clientelistas y alejándonos de los intercambios de cromos partidistas. Ese es nuestro reto más inmediato.

Estábamos convencidos/as de que esta apuesta ciudadana provocaría en la izquierda plural vasca un replanteamiento de sus métodos arcanos y su manera de entender las formas de hacer «política». Sin embargo, craso error el nuestro. Parece que la autocrítica, ni está, ni se le espera. El paupérrimo espectáculo dado por las dos procuradoras de Ezker Batua en el pleno de constitución de la mesa de las Juntas Generales de Araba no deja lugar a dudas.

Quienes un día se reivindican como la «única izquierda», al día siguiente son capaces, con su abstención, de permitir que la derecha más rancia de Europa presida la mesa de las Juntas Generales. Sin despeinarse, regala sus votos sesgados al PSOE para que alcance la Vicepresidencia primera a cambio tan sólo de un/a juntero/a para obtener grupo propio y hacer mejor «caja», Eso sí, ante la imposibilidad de justificar lo injustificable, echan balones fuera, e incluso insinúan errores ajenos a pesar de que sea el propio PSOE quien las desacredite.

Quieren sentarse a «negociar» con el PNV sus votos para la investidura del Sr. Agirre, dejando claro que no están «atadas». Y es que, “El disputado voto del Sr. Cayo”, de las dos procuradoras de EB, es imprescindible para la posible investidura, y ellas lo saben. No importan programas, ni ideas, es simplemente la ley de la oferta y la demanda. Tanto tienes, tanto vales, y sus votos valen una investidura. Es por eso que no importan afinidades, ni lo que la sociedad reclamó en las urnas: lo único importante es el «precio» que el PNV esté dispuesto a pagar. Un Diputado en el gobierno, o incluso, como se rumorea, un posible puesto en la administración de alguna empresa pública en Bilbao.

Desde luego, no es nuestra intención ni deber modificar las ideas y comportamientos de las procuradoras de EB, pero sídeseamos que por una vez, sean capaces de desalojar de sus objetivos la calculadora y el capital, para pensar con el corazón y la razón centrándose en el motivo por el que cientos de alaveses/as depositaron sus ilusiones en su candidatura y cuál es la mejor herramienta para defenderlas. Es el momento de desalojar de las instituciones los intereses partidistas y apostar por las personas, por los/las habitantes de Araba, dando la espalda a los viejos métodos, con responsabilidad y amplitud de miras. El futuro y la sociedad alavesa lo han exigido.

El pasado 22-M, los alaveses y las alavesas nos dieron la posibilidad de cambiar, la posibilidad de hacer política de otra forma, y esa es la responsabilidad de Alternatiba y el resto de partidos de izquierdas. Los votos que hemos recibido las fuerzas de izquierdas de Araba no se pueden «vender» al mejor postor. Son una fuerza irrenunciable y una responsabilidad única. No puede ser que por este o aquel puesto, se avale la gestión de los próximos cuatro años, sea cual sea el modelo. Ese no es el camino y EB no tendría más que hacer un pequeño repaso de a donde les ha llevado ese juego político en los últimos años.

Y todo esto, como diría Mourinho; ¿Por qué? Por dinero, cómo no.

La panacea de la fusión fría (Alternatiba)

La última crisis económica mundial, provocada por el ansia de beneficios a toda costa y la falta total de ética de los gestores del sistema financiero, ha vuelto a poner de actualidad las dos características que debe reunir el mercado del crédito para ser justo y eficiente.

La primera es que la casi totalidad del sector bancario debe ser público, salvando una pequeña porción en manos de cooperativas de crédito y otras instituciones sin ánimo de lucro personal. No se puede seguir dejando que los usureros decidan en contra de los intereses de la gran mayoría de la humanidad.

Porque eso es lo que hacen en su apuesta por desarrollos insostenibles, infraestructuras faraónicas, créditos a la carrera de armamentos y al mercado de las armas, apoyo a las nucleares y los transgénicos, a políticas fiscales y laborales regresivas… y un largo etcétera, todo con el fin de amasar fortunas obscenas. Cuando sus excesos se han vuelto delirantes, estos aprendices de tíos gilitos llevan su descaro hasta pedir la nacionalización de la banca (y de sus deudas) como ha pasado en Irlanda, con el fin de socializar las pérdidas antes de iniciar un nuevo ciclo de privatización del crédito.

Pero constatamos continuamente que el carácter público del sector es insuficiente. Una casta parasitaria de políticos sin escrúpulos puede ser igual de depredadora que la tradicional oligarquía financiera. Y así hemos visto la quiebra de las cajas de ahorros estadounidenses en tiempos de Reagan o Bush padre, o bastante más cerca geográficamente las tropelías de los consejeros de Caja Castilla La Mancha y de tantas otras.

De ahí surge la segunda característica necesaria: Una transparencia total y la elección del Consejo directamente por los impositores, sin que sea de recibo que su voluntad se vea secuestrada por representantes nombrados por las instituciones políticas.

Pues bien, cuando la propia crisis de la que hablábamos ha hecho inevitable la fusión de nuestras cajas de ahorros (¡cuánto camino sin recorrer desde aquella federación vasco-navarra de cajas y embarcada ya la navarra en un rumbo reaccionario!), esperábamos que por lo menos los clientes tuviésemos oportunidad de elección, que pudiesen escoger una entidad que profundizase en los dos aspectos señalados.

Pero ni por esas, la ley sobre las cajas de ahorros vascas ahonda en la opacidad (la llaman “profesionalidad”) y en sustituir a los impositores por representantes políticos para dificultar todo tipo de control ciudadano.

Esto queda patente tras el 22M, ya que las tres cajas parecen querer acelerar ahora su bancarización, con al menos dos claros objetivos: impedir que el voto recogido por Bildu, en Gipuzkoa sobre todo, dibuje un nuevo mapa en las asambleas de las tres entidades y evitar, al mismo tiempo, la nueva Ley de Cajas. Es cuando menos alarmante la nula representatividad del voto ciudadano en las actuales asambleas de BBK, Kutxa y Vital, y ahora calientan motores antes de que puedan trasladarse los resultados electorales a los ámbitos de decisión de las mismas.

En el terreno de los hechos, la ideología neoliberal se impone. En vez de crear una caja vasca con fuerte identidad pública, se avanza hacia una “fusión fría” que diluya el carácter público en una entidad cada vez más cercana a la concepción de un banco privado. Y los partidos unionistas también se han impuesto en el otro aspecto, sustituyendo lo que se convertiría en una nueva seña de identidad vasca por la yuxtaposición de tres provincianismos paletos a mayor gloria de sus mentores.

O sea que, gracias a ellos y al entreguismo de los “foralistas” del PNV, seguiremos sin enterarnos de muchas cosas. Porque ¿Cuánto ganaron las cajas por la venta de su participación en Airtel, cuántos impuestos pagaron por ella y en qué invirtieron los beneficios? ¿Quiénes decidieron elevar las comisiones para pasar de ser las cajas que menos cobraban a ser de las más careras del Estado? ¿Quiénes y cómo deciden que la obra social  no se limite a suplir las carencias sociales del Estado?…

Y por cierto, no nos oponemos a una muy moderada expansión de las cajas fuera de su ámbito natural, ya sea para prestar servicio a los vascos y vascas que viajan por el mundo, ya sea para extender un “saber hacer” sostenible y alternativo a los de la banca tradicional. Pero no parece ser el caso cuando se abren oficinas basándose en la promoción de segundas residencias. Y máxime cuando esas promociones conllevan compartir mesa y mantel con delincuentes de altos vuelos, mezclarse con ayuntamientos que perpetran barbaridades urbanísticas y/o medioambientales y financiar infraestructuras contrarias a cualquier criterio de sostenibilidad ecológica. Y todo esto no solo en Málaga, Almería o Murcia. La cornisa cantábrica está llena de otros (malos) ejemplos.

En resumen, se está aprovechando la crisis no para avanzar hacia un cambio progresista sino para implementar una regresión neoliberal que, además, no podrá ser reconducida en los próximos diez años. Eso supone el proyecto de fusión fría.

Ahora bien, si en la comunidad científica está aceptada la idea de que la fusión fría nuclear no estará lista ni servirá para justificar el desastre medioambiental y su utilización como panacea solo responde a la propaganda de políticos ineptos y “expertos” interesados, esperamos que la sociedad vasca llegue a una conclusión similar sobre este engendro frío… aunque tarde diez años.

 

http://alternatiba.net/old-files/Referencias en internet- Privatización de cajas de ahorros.pdf

Arrebatar el poder a los dioses > Sabino Cuadra Lasarte

Sabino Cuadra Lasarte. Rebelión

La frase que antecede, más o menos textual, fue utilizada por Oskar Matute en el mitin de Bildu, en el BEC de Baracaldo. Su prometeico contenido me hizo recordar la segunda estrofa de la Internacional, ésa que dice que “ni en dioses, reyes, ni tribunos está el supremo salvador; nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor”.

pbb 9446 (FILEminimizer)Hay que arrebatar el poder a los dioses. A los dioses del capital, el petróleo y el cemento; a los de la toga, la sotana y el birrete; a los dioses de la guerra, el orden mundial y la seguridad ciudadana; a la santa trinidad del patriarcado, la familia y la doble jornada; a los dioses imperiales y sus patrias impuestas,… La tarea es ardua, pero todo se andará. ¡Al tiempo!

Hay mucho dios desvergonzado suelto por este mundo predicando amores, pobrezas y humildades y practicando crueles inquisiciones, poderes absolutos y verdades eternas. Lo de los reyes y sus monarquías, esa especie parasitaria y atapuercana, es algo igual de obsceno. ¿Quién no querría conocer sus declaraciones de renta, propiedades inmobiliarias y la lista de sus inversiones en fondos apátridas prestos a ciscarse en sus más sagradas banderas?

Los cientos de concentraciones, acampadas y asambleas que han recorrido de punta a punta la piel de toro, han puesto de manifiesto, en gran medida, su hartazgo por los tribunos. Por toda esa pléyade de políticos, mandatarios, líderes, gobernantes y estadistas que han hecho de lo público un mercado de privilegios e influencias en el que todo vale, empezando por la mentira y el engaño, pasando por el sueldazo y el dietón y terminando en la rica cesantía y la jubilación principesca. Hartazgo de una democracia vacía y de un poder sobredimensionadamente saturado de sátrapas y vividores.

Una vez más, y ya van varias (movidas antiglobalización, foros sociales, manifestaciones anti-guerra, huelgas generales,…) la sociedad, y en primer lugar la juventud, ha demostrado que es posible plantar cara a los dioses del capital, la mentira, el imperio y la guerra. No es la sociedad la que no está a la altura de las circunstancias, sino su casta dirigente. Casi siempre que aquella ha visto la posibilidad de afirmarse y expresar de forma directa su rebeldía e indignación, lo ha hecho. Casi siempre que ha habido espacios y dinámicas que han permitido su participación y protagonismo directo, la gente ha respondido. No sobran razones ni ganas; faltan espacios y llamadas.

En Euskal Herria, a la par que se realizaban las acampadas, miles de personas luchaban en un frente paralelo por recortar el poder de los tribunos vendedores de paces huecas, torturas reales y democracias de excepción. La explosión de Bildu ha supuesto, en buena medida, la recuperación de un espacio del que una buena parte de la sociedad había sido excluida con malas artes legales y tahuradas jurisprudenciales. Con diferencia, el mayor fraude electoral existente en Euskal Herria era la expulsión del mapa político de esas más de trescientas mil voluntades expresadas en torno a Bildu.

pbb 9453 (FILEminimizer)Aún con todo, su legalización in extremis no debe confundirse, ni mucho menos, con la conquista de una situación de normalidad democrática. Queda mucho aún por desbrozar: ilegalizaciones, malos tratos y torturas, inhumana política carcelaria,.. O sea, la actual violencia realmente existente. Por otro lado, si bien Bildu ha permitido devolver a sus legítimos propietarios el poder de voto arrebatado por gobiernos policiales, la democracia, tal como se ha planteado en muchas asambleas y acampadas, va bastante más allá del mero poder votar y tiene también que ver con la lucha contra la partitocracia, la defensa de las listas abiertas, la práctica democrática de la consulta y el referéndum, la activación de la participación popular en el funcionamiento institucional, etc…

Al monopolio tramposo del poder se une hoy la apropiación individual y partidaria de sus prebendas. La extensión generalizada de la corrupción por las instituciones, el amiguismo en las adjudicaciones, la explosión burocrático-administrativa a fin de dar nombramiento, sueldo y dietas a afines y allegados, los sueldos de infarto de electos y designados, la pompa y el boato de los actos oficiales…, son algo vivido como un insulto por la ciudadanía. En la medida en que el Estado se hace cada vez más fuerte y la clase política se convierte en una casta, la democracia se hace cada vez más débil, las libertades y derechos son de peor calidad y la decencia es expulsada del ámbito institucional.

Las pasadas elecciones han supuesto la posibilidad de oxigenar el funcionamiento buena parte de las instituciones (sobre todo los ayuntamientos) y recortar drásticamente la galáctica distancia existente entre éstas y las gentes a las que dicen representar. Frente al mandar mandando de burócratas y tribunos hay que reivindicar el mandar obedeciendo defendido por los zapatistas. La democratización profunda institucional, la participación popular (plenos, comisiones, derechos de consulta y referendum,..) y la regeneración política interna (sueldos, dietas, asignaciones a grupos,..) deberían estar hoy en los primeros lugares de las prioridades políticas. Y es que, si pensamos que es posible llevar a la práctica un programa realmente popular sin meter a fondo el bisturí en el status y modus vivendi de los cargos electos y partidos y en el funcionamiento institucional, cometeremos un grave error, porque, al final, tal como muestran cientos de historias, la inercia y corruptelas intrínsecas al sistema terminan devorando programas y buenas intenciones.

Durante las pasadas elecciones dos bocanadas de aire fresco han irrumpido en el panorama político. La primera ha sido la recuperación de un espacio político soberanista y de izquierdas antes secuestrado, expresado en la irrupción de Bildu. La segunda, manifestada a través de las acampadas y asambleas, ha evidenciado el hastío de buena parte de la población –sobre todo juvenil- por el sistema político-social existente. La profundización de ambos fenómenos es el reto de los próximos meses. Temerosos de ello, los dioses recelan, los reyes se inquietan, los tribunos tiemblan.

Más allá de las elecciones > Euken Barreña (Alternatiba)

En la actualidad la indiferencia y el desapego de la ciudadanía respecto a la participación política es una realidad fácilmente verificable. Entre los factores que suelen mencionarse de forma recurrente para explicar este fenómeno se encuentran, por una parte, el hastío por el comportamiento de la clase política debido a la falta de transparencia en las instituciones, la ausencia de democracia interna en los partidos políticos y los casos de corrupción y, por otra parte, la apatía de la ciudadanía, que parece reacia a involucrarse de forma activa en la actividad política más allá del ritual de voto en las elecciones de turno y que se resume en la habitual frase “que lo arreglen los políticos, que para eso les pagamos”.

Sin embargo, frente a esta explicación simplista, surge la siguiente pregunta: ¿cabe exigir la misma responsabilidad por esta situación a aquellas personas que asumen cargos de representación política que la ciudadanía común? No parece lógico que así sea, máxime cuando desde las instancias político-institucionales se ha fomentado un interesado discurso sobre la creciente complejidad de las decisiones políticas que conllevaría la imposibilidad de que el ciudadano medio pueda involucrase en la toma de decisiones o se ha adoptado el discurso de la participación ciudadana pero sin tomar ninguna medida para llevarlo a la práctica.

Desde posiciones de izquierda tampoco se ha escapado a esta inercia contraria a la participación ciudadana, alegando el peligro de una derechización de las políticas o la falta de una verdadera demanda por parte de la ciudadanía para abrir vías de participación. Sin embargo, la vitalidad de asociaciones vecinales, movimientos sociales y otras formas espontáneas de movilización ciudadana contradicen esta idea. ¿Cómo romper, entonces, el círculo vicioso formado por el interés de una casta política interesada en minimizar la participación ciudadana y la apatía social que produce la falta de mecanismos de participación?

Desafortunadamente, en la actualidad muchas de las decisiones que nos afectan ya no se toman en los órganos de la democracia representativa donde supuestamente deberían acordarse (ya sean ayuntamientos, diputaciones, parlamentos o instituciones europeas) sino en ámbitos que no han sido democráticamente elegidos y escapan al control ciudadano. En consecuencia, la apuesta por herramientas y órganos de democracia participativa que complementen el déficit democrático de la democracia representativa debe ser una prioridad política.

Los resultados de las pasadas elecciones municipales suponen una gran oportunidad en este sentido, por lo que desde Alternatiba nos proponemos extender la democracia participativa en todos los ayuntamientos, basándonos en tres pilares: la apertura de los órganos de gobierno municipales a la participación de movimientos sociales y ciudadanos individuales, abandonando su monopolización por los partidos políticos; el impulso del presupuesto participativo y la creación de órganos de participación ciudadana abiertos a la ciudadanía en forma de consejos de barrio, consejos sectoriales y consejos de ciudad. Estos órganos no deben tener un carácter meramente consultivo, sino que sus decisiones deben ser vinculantes respecto a decisiones estratégicas para los municipios y, en los casos en los que se produzcan desacuerdos debería recurrirse a la consulta ciudadana.

Por supuesto la aplicación de estas medidas debe hacerse atendiendo a cada contexto concreto y dedicando los recursos necesarios, tanto desde el punto de vista económico como formativo y de sensibilización.

En definitiva, el compromiso con la participación ciudadana no es sólo una exigencia ética para preservar la salud de nuestra devaluada democracia, sino que depende también de una voluntad política clara con la Alternatiba se ha comprometido desde su fundación.

 

Imagen: Ciro Boro

¿Qué es Zabalgarbi? (Alternatiba)

¿Qué es Zabalgarbi?

Zabalgarbi S.A. es la empresa quegestiona el negocio de la incineración de los resíduos urbanos en Bizkaia a través de la planta incineradora Zabalgarbi. La empresaobtiene el 75% de sus ganancias a través de  la venta de la energía generada durante la combustión, por eso sus defensores hablan de «valorización energética» como eufemismo para evitar mencionar la incineración.

¿Quién compone Zabalgarbi S.A.?

A pesar de que la Diputación tiene la competencia en la gestión de residuos en nuestro herrialde, la participación pública en la empresa es escasa. La constructora FCC de Esther Koplowitz y la ingeniería Sener se reparten el 60% de las acciones, mientras que el resto corresponde a la Diputación de Bizkaia (20%), Gobierno Vasco (10%), Mancomunidad de Margen Izquierda (5%) y BBK (5%). Aunque existe un acuerdo de las Juntas Generales para reducir la presencia de capital privado, la tendenciaes inversa, y en 2008 FCC y Sener se hicieron con el 8% que poseíael Ministerio de Industria.

¿A quién beneficia este sistema privatizado de la gestión de las basuras?

Como es obvio, al interés privado, que en su lógica de obtención del máximo beneficio,  pondrá todos los obstáculos posibles para evitar la reducción del resíduo en origen y su reciclaje, porque eso restaría materia prima para la combustión, y por lo tanto, menguaría su beneficio.

¿Cómo gestionan el capital-público y privado- los responsables de Zabalgarbi S.A.?

En 2009, la mercantil Zabalgarbi perdió 3’7 millones de euros en la estafa piramidal de Bernard Madoff al haber invertido su capital en actividades especulativas (fondos de alto riesgo, sin ninguna regulación y bajo la jurisdicción de Bahamas) a través de Banco Santander. Esta entidad bancaria aportóun préstamo de 129 millones para la construcción de la planta en 2001, y a cambio obligó a Zabalgarbi S.A. a destinar 11 millones desu capital a depósitos de seguridad que terminaron dedicados a la especulación financiera.

¿Qué futuro le espera a Zabalgarbi?

Tras el escándalo de Madoff, el Diputado de Medio Ambiente, Iosu Madariaga asumió la presidencia de Zabalgarbi con el objetivo de reforzar el control público en la sociedad, aunque la mayoría del consejo de administración le es desfavorable. Por entonces, el propio Diputado se comprometió a renunciar a la construcción de la segunda planta de Zabalgarbi-contemplada en el actual Plan de Resíduos- mientras siga existiendo un control privado en el accionariado.

¿Por qué una segunda línea incineradora?

Zabalgarbi ha conseguido hacerse conlas basuras de la mayoría de municipios de Bizkaia mediante convenios con cada ayuntamiento. Sin embargo, aún no han sido capaces de firmar un convenio con el ayuntamiento de Bilbao, que aportaría una monumental cantidad de materia prima para la combustión. Por eso, uno de los objetivos de los tres partidos incineradores (PNV,PSE y PP) durante esta próxima legislatura será hacerse con las basuras de Bilbao, y por lo tanto, justificar la construcción de lasegunda línea incineradora.

¿Cuáles son los principales motivos para oponernos a la incineración?

En primer lugar, porque alimenta el círculo vicioso que lleva al capital privado a generar más residuo y reciclar menos para poder quemar más. Por otro lado, quienes argumentan que la incineración es una alternativa más limpia que el mantenimiento de vertederos, ocultan que la combustión no logra eliminar por completo el resíduo, con lo que las cenizas deben ser depositadas también en un vertedero. Además, la incineración genera muchos otros elementos tóxicos con graves afecciones al medioambiente y a la salud humana. Precisamente, Zabalgarbi tuvo que abonar el año pasado una multa de 30.000 euros por llevar a cabo tareas de limpieza en áreas no impermeabilizadas, con la consiguiente contaminación de los terrenos aledaños a la planta. El peligro persiste, ya que el canal de Ordunte -que lleva agua potable a la mayoría de los hogares de Bilbao- atraviesa por vía subterránea los terrenos de la incineradora.

Un Nobel sin escrúpulos > Atilio A. Boron

Atilio A. Boron
Rebelión

Un signo más de los muchos que ilustran la profunda crisis moral de la “civilización occidental y cristiana” que Estados Unidos dice representar lo ofrece la noticia del asesinato de Osama Bin Laden. Más allá del rechazo que nos provocaba el personaje y sus métodos de lucha, la naturaleza de la operación llevada a cabo por los Seals de la Armada de los Estados Unidos es un acto de incalificable barbarie perpetrado bajo las órdenes directas de un personaje que con sus conductas cotidianas deshonra el galardón que le otorgó el Parlamento noruego al consagrarlo como Premio Nobel de la Paz del año 2009. De acuerdo con lo establecido por Alfred Nobel en su testamento esta distinción, recordémoslo, debía ser adjudicada, “a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz.” El energúmeno que anunció al pueblo estadounidense la muerte del líder de Al-Qaida diciendo que “se ha hecho justicia” es la antítesis perfecta de lo estipulado por Nobel. Un comando operativo es lo menos parecido al debido proceso, y arrojar los restos de su víctima al mar para ocultar las huellas de lo que se ha hecbo es propio de mafiosos o genocidas. Lo menos que debería hacer el Parlamento noruego es exigirle la devolución del premio.

En la truculenta operación escenificada en las afueras de Islamabad hay múltiples interrogantes que permanecen en las sombras, y la tendencia del gobierno de los Estados Unidos a desinformar a la opinión pública torna aún más sospechoso este operativo. Una Casa Blanca víctima de una enfermiza compulsión a mentir (recordar la historieta de las “armas de destrucción masiva” existentes en Irak, o el infame Informe Warren que sentenció que no hubo conspiración en el asesinato de Kennedy, obra del “lobo solitario” Lee Harvey Oswald ) nos obliga a tomar con pinzas cada una de sus afirmaciones. ¿Era Bin Laden o no? ¿Por qué no pensar que la víctima podría haber sido cualquier otro? ¿Dónde están las fotos, las pruebas de que el occiso era el buscado? Si se le practicó una prueba de ADN, ¿cómo se obtuvo, dónde están los resultados y quiénes fueron los testigos? ¿Por qué no se lo presentó ante la consideración pública, como se hizo, sin ir más lejos, con los restos del comandante Ernesto “Che” Guevara? Si, como se asegura, Osama se ocultaba en una mansión convertida en una verdadera fortaleza, ¿cómo es posible que en un combate que se extendió por espacio de cuarenta minutos los integrantes del comando estadounidense regresaran a su base sin recibir siquiera un rasguño? ¿Tan poca puntería tenían los defensores del fugitivo más buscado del mundo, de quien se decía que poseía un arsenal de mortíferas armas de última generación? ¿Quiénes estaban con él? Según la Casa Blanca el comando dio muerte a Bin Laden, a su hijo, a otros dos hombres de su custodia y a una mujer que, aseguran, fue ultimada al ser utilizada como un escudo humano por uno de los terroristas. También se dijo que dos personas más habían resultado heridas en el combate. ¿Dónde están, qué se va a hacer con ellas? ¿Serán llevadas a juicio, se les tomarán declaraciones para arrojar luz sobre lo ocurrido, hablarán en una conferencia de prensa para narrar lo acontecido? Por lo que parece esta “hazaña” pasará a la historia como una operación mafiosa, al estilo de la matanza de San Valentín ordenada por Al Capone para liquidar a los capos de la banda rival.

Osama vivo era un peligro. Sabía (¿o sabe?) demasiado, y es razonable suponer que lo último que quería el gobierno estadounidense era llevarlo a juicio y dejarlo hablar. En tal caso se habría desatado un escándalo de enormes proporciones al revelar las conexiones con la CIA, los armamentos y el dinero suministrado por la Casa Blanca, las operaciones ilegales montadas por Washington, los oscuros negocios de su familia con el lobby petrolero estadounidense y, muy especialmente, con la familia Bush, entre otras nimiedades. En suma, un testigo al que había que acallar sí o sí, como Muammar Gadafi. El problema es que ya muerto Osama se convierte para los yihadistas islámicos en un mártir de la causa, y el deseo de venganza seguramente impulsará a las muchas células dormidas de Al-Qaida a perpetrar nuevas atrocidades para vengar la muerte de su líder.

Tampoco deja de llamar la atención lo oportuna que ha sido la muerte de Bin Laden. Cuando el incendio de la reseca pradera del mundo árabe desestabiliza un área de crucial importancia para la estrategia de dominación imperial, la noticia del asesinato de Bin Laden reinstala a Al-Qaida en el centro del escenario. Si hay algo que a estas alturas es una verdad incontrovertible es que esas revueltas no responden a ninguna motivación religiosa. Sus causas, sus sujetos y sus formas de lucha son eminentemente seculares y en ninguna de ellas -desde Túnez hasta Egipto, pasando por Libia, Bahrein, Yemen, Siria y Jordania- el protagonismo recayó sobre la Hermandad Musulmana o en Al-Qaida. El problema es el capitalismo y los devastadores efectos de las políticas neoliberales y los regímenes despóticos que aquél instaló en esos países y no las herejías de los “infieles” de Occidente. Pero el imperialismo estadounidense y sus secuaces en Europa se desvivieron, desde el principio, para hacer aparecer estas revueltas como producto de la malicia del radicalismo islámico y Al-Qaida, cosa que no es cierta. Santiago Alba Rico observó con razón que en pleno auge de estas protestas seculares -anti-políticas de ajuste del FMI y el Banco Mundial- un grupo fundamentalista desconocido hasta entonces asesinó al cooperante italiano Vittorio Arrigoni, activista del Movimiento de Solidaridad Internacional, en una casa abandonada en la Franja de Gaza. Pocas semanas después un terrorista suicida hace estallar una bomba en la plaza Yemaa el Fna, uno de los destinos turísticos más notables no sólo de Marruecos sino de toda África, y mata al menos a 14 personas. “Ahora –continúa Alba Rico- reaparece Bin Laden, no vivo y amenazador, sino en toda la gloria de un martirio aplazado, estudiado, cuidadosamente escenificado, un poco inverosímil. ‘Se ha hecho justicia’, dice Obama, pero la justicia reclama tribunales y jueces, procedimientos sumariales, una sentencia independiente.” Nada de eso ha ocurrido, ni ocurrirá. Pero el fundamentalismo islámico, ausente como protagonista de las grandes movilizaciones del mundo árabe, aparece ahora en la primera plana de todos los diarios del mundo y su líder como un mártir del Islam asesinado a sangre fría por la soldadesca del líder de Occidente. La Casa Blanca, que sabía desde mediados de Febrero de este año que en esa fortaleza en las afueras de Islamabad se refugiaba Bin Laden, esperó el momento oportuno para lanzar su ataque con vistas a posicionar favorablemente a Barack Obama en la inminente campaña electoral por la sucesión presidencial.

Hay un detalle para nada anecdótico que torna aún más inmoral a la bravata estadounidense: pocas horas después de ser abatido, el cadáver del presunto Bin Laden fue arrojado al mar. La mentirosa declaración de la Casa Blanca dice que sus restos recibieron sepultura respetando las tradiciones y los ritos islámicos, pero no es así. Los ritos fúnebres del Islam establecen que se debe lavar el cadáver, vestirlo con una mortaja, proceder a una ceremonia religiosa que incluye oraciones y honras fúnebres para luego recién proceder al entierro del difunto. Además se especifica que el cadáver debe ser depositado directamente en la tierra, recostado sobre su lado derecho y con la cara dirigida hacia La Meca. ¿Con qué celeridad tuvieron que ser hechos el combate, la recuperación del cadáver, su identificación, la obtención del ADN, el traslado a un navío de la Armada estadounidense, situado a poco más de 600 kilómetros del suburbio de Islamabad donde se produjo el enfrentamiento y finalmente navegar hasta el punto donde el cadáver fue arrojado al mar como para respetar los ritos fúnebres del islam? En realidad, lo que se hizo fue abatir y “desaparecer” a una persona, presuntamente Bin Laden, siguiendo una práctica siniestra utilizada sobre todo por la dictadura genocida que asoló  la Argentina entre 1976 y 1983. Acto inmoral que no sólo ofende a las creencias musulmanas sino a una milenaria tradición cultural de Occidente, anterior inclusive al cristianismo. Como lo atestigua magistralmente Sófocles en Antígona, privar a un difunto de su sepultura enciende las más enconadas pasiones. Esas que hoy deben estar incendiando las células del fundamentalismo islámico, deseosas de escarmentar a los infieles que ultrajaron el cuerpo y la memoria de su líder. Barack Obama acaba de decir que después de la muerte de Osama Bin Laden el mundo es un lugar más seguro para vivir. Se equivoca de medio a medio. Probablemente su acción no hizo sino despertar a un monstruo que estaba dormido. El tiempo dirá si esto es así o no, pero sobran las razones para estar muy preocupados.

Imagen: Anthony Baker

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