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Sin soberanía alimentaria, no hay soberanía política (Alternatiba)

El 17 de abril de 1996, la policía militar brasileña abrió fuego contra un grupo de manifestantes que participaban en una marcha convocada por el MST (Movimiento  de  los  Sin  Tierra  de  Brasil) en El Dorado dos Carajas, en la que se manifestaban por el reconocimiento de los derechos de los campesinos y campesinas. En total, 19 campesinos/as fueron asesinados/as, 69 sufrieron diversas mutilaciones, cientos  fueron heridos/as y al menos 10 fueron ejecutados/as extrajudicialmente después de que fueran detenidos/as.

Ese mismo día, mientras sucedían tales funestos hechos, La Vía Campesina  celebraba su 2ª Conferencia Internacional en Tlaxcala, México. Campesinos y campesinas de todo el mundo, declararon esa fecha «Día  Internacional de la Lucha Campesina«.

Quince años después, y como cada año, el 17 de abril sirve para que gente en todo el globo celebre la lucha de los campesinos y campesinas y de los pueblos rurales para sobrevivir y continuar alimentando al mundo. Acciones para defender un nuevo sistema alimentario basado en la soberanía alimentaria.

Pero, ¿Que sabemos de la soberanía alimentaria? ¿De dónde procede dicho concepto? ¿Qué significa?

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por La Vía Campesina, que agrupa a más de 150 organizaciones campesinas de 56 países, y fue llevado al debate público con ocasión de la celebración de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 en la sede central de la FAO (Roma). Desde entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario internacional, inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas. Fue el tema principal del foro ONG paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en junio del 2002.

Como definición, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, a controlar su mercado doméstico, impedir la entrada de productos excedentarios a través de mecanismos de dumping , a promover una agricultura local, diversa, campesina y ecológica, que respete el territorio, entendiendo el comercio internacional como un complemento a la producción local. La soberanía alimentaria implica devolver el control de los bienes naturales, como la tierra, el agua y las semillas, a las comunidades y luchar contra la privatización de la vida, mantener el agua en su calidad de bien público para que se reparta de una forma sostenible, y la lucha contra los Organismos Genéticamente Modificados, para el libre acceso a las semillas. De ahí la necesidad de reformas agrarias.

La soberanía alimentaria no rechaza los intercambios y si la prioridad dada a las exportaciones, ya que el acceso a los mercados internacionales no es una solución para los campesinos. El mayor problema de los campesinos es la dificultad para acceder a sus propios mercados locales debido a los bajos precios en los que la industria agroalimentaria tasa sus productos.

Las políticas neoliberales priorizan el comercio internacional que va ligado a la búsqueda de un beneficio económico que no suele poner límites. Además, aquellas producciones agrícolas que tienen acceso a los mercados internacionales están controladas por las más poderosas empresas agro-industriales, beneficiando mayoritariamente las producciones de los países del Norte, que exportan alimentos de primera necesidad, y en perjuicio de los campesinos y campesinas de los países del Sur, que quedan relegados a exportar alimentos secundarios.

Las exportaciones de los países del Sur representan solamente un tercio de la oferta de los productos alimentarios en el mercado global, mientras que los países ricos del Norte exportan los dos tercios restantes.Para mas agravio, los países del Sur llegan al mercado internacional condicionados por la necesidad de afrontar su deuda externa, viéndose imposibilitados a mejorar su situación.

Queda claro que las condiciones del mercado internacional no son justas, ni lo podrán ser, mientras se consideren los alimentos como una mercancía, y no como un derecho humano. Además, basar la alimentación del Planeta en el Comercio Internacional significa una modificación de los patrones culturales de muchas comunidades a favor de una unificación de costumbres impuestas. 

Por tanto, consideramos que la soberanía alimentaria ofrece un modelo alternativo al actual modelo agro-industrial. Un modelo basado en considerar la alimentación como un derecho humano básico, reclamar para todos los pueblos y estados el derecho a definir sus propias políticas agrícolas  y poner en el centro de estas políticas a quienes producen los alimentos, que son los agricultores/as, granjeros/as y pescadores/as, así como a las personas consumidoras. Siendo la soberanía alimentaria un pilar fundamental en la consecución de la soberanía política.

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Bildu en Bizkaia y Bilbao > Ana Etxarte (Alternatiba)

Ana Etxarte, miembro de Alternatiba y cuarta en la lista de Bildu al ayuntamiento de Bilbao, analizó la situación actual del territorio y avanzó algunas de las líneas fundamentales del programa de Bildu para Bilbao y Bizkaia en el acto de presentación de las cabeceras de lista para el ayuntamiento y las Juntas Generales.

 

Las personas que vivimos y trabajamos en Bizkaia, queremos ser protagonistas del cambio político y social que vive Euskal Herria, y la coalición Bildu quiere ser una herramienta fundamental para ese cambio a partir de las elecciones municipales y forales de mayo.

Hoy vamos a presentaros a algunas de las personas que pondrán cara a Bildu en Bizkaia. Tenemos distintas trayectorias políticas dentro de una izquierda vasca plural, pero hemos sido capaces de dejar a un lado las diferencias y poner por delante todo lo que nos une para generar una ola imparable de ilusión y de futuro. En Bildu nos encontramos independentistas y soberanistas de izquierda que no nos conformamos con la realidad que nos imponen, y que vamos a volcar todos nuestros esfuerzos en cambiarla.
 
Bizkaia ha sufrido demasiados años de desgobierno, de crisis económica y social, de vulneración de derechos individuales y colectivos, de falta de democracia, de patriarcado, de agresión ambiental. Los partidos hegemónicos, aquellos que han hecho y deshecho a su gusto, aquellos que se han puesto siempre de acuerdo para implantar toda clase de medidas regresivas contra las clases populares, no quieren ningún tipo de cambio. No quieren que la izquierda vasca tenga una voz potente, en la calle y en las instituciones, que les plante cara y que confronte con ellos democráticamente y en igualdad de condiciones. Nos tienen miedo, pero nos van a oír.
 
Pueblo a pueblo, barrio a barrio, las mujeres y hombres que conformamos Bildu vamos a poner todos nuestros esfuerzos en ese cambio posible. El camino no va a ser fácil, y encontraremos toda clase de obstáculos y zancadillas, pero nuestra determinación es clara y estamos en el buen camino.
 
Querrán que sigamos pagando la crisis que han provocado los poderosos, pero se encontrarán delante nuestra apuesta por otro modelo económico y social más equitativo y más justo. Se encontrarán con nuestra defensa nítida de los derechos de todas las personas trabajadoras.
 
Querrán una democracia mermada, donde la participación popular se limite a una consulta electoral cada cuatro años. Enfrente se encontrarán una propuesta de democracia plena, de democracia directa y participativa.
 
Querrán seguir recortando libertades esenciales, como la libertad de reunión o de expresión. Frente a ellos, tendrán una Bizkaia activa en defensa de todos los derechos civiles y políticos.
 
Querrán mantener un modelo patriarcal donde las mujeres sigan padeciendo violencia y desigualdad en todos los ámbitos de la vida. Ante esto, tendrán un modelo de sociedad igualitario, en el que se garantice la participación de calidad de las mujeres.
 
Querrán continuar su avalancha desarrollista y su nulo respeto contra el medio ambiente. Nos encontrarán enfrente, en defensa de nuestra tierra y nuestros recursos naturales por encima de sus intereses privados y especulativos.
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Tribunal político 9 – Tribunal garantista 7 > Ramón Zallo

Ramón Zallo. Catedrático de Comunicación de la UPV-EHU
Rebelión

No hay muchas dudas sobre lo que en su momento, en el segundo partido pendiente, vaya a decidir el Tribunal Constitucional sobre el caso Sortu: está obligado a seguir la estela de la minoría de la Sala 61 o hay quiebra del sistema judicial. El problema es si, manejando los tiempos, se da el rol de reparar el daño que va a producir a la democracia una sentencia que pisotea derechos fundamentales y aplica mal la Ley de Partidos, o se desentiende como Pilatos y deja vencer plazos sabiendo de ese daño.

Ya de por sí fue un feo espectáculo que un máximo tribunal, la sala especial del artículo 61 del Tribunal Supremo, resolviera un caso complejo en una tarde-noche de deliberaciones; que no se citara de nuevo para repensar; y que se atreviera a emitir sentencia con un 9-7 y el riesgo -ya consumado- de dos versiones diametralmente opuestas, dos varas, que dejan en mala situación a la objetividad de la Justicia como tal. Y especialmente a esa parte mayoritaria dispuesta a seguir consignas y a arrostrar el ridículo con una sentencia que pasará a la historia por sus argumentaciones extra-jurídicas. El honor de los criterios de Justicia se ha quedado por entero en manos de la minoría.

El mismo Auto contiene la sentencia y el voto particular, al final. Y ambas partes no coinciden en antecedentes y hechos, presupuestos legislativos y constitucionales de la decisión, jurisprudencia, valor de las pruebas, valoraciones elementales sobre la democracia o la justicia o en las conclusiones.

La sentencia de los 9

La sentencia (mayoritaria) de la Sala 61 produce sonrojo. Es una fábula política y no judicial, basada en a prioris ideológicos e incoherente con pruebas y hechos.

Allí donde los hechos y las pruebas -debate público, declaraciones, rechazos y estatutos de Sortu- demuestran que es una apuesta de la izquierda abertzale histórica por la legalidad -cuestión largamente deseada por los demócratas de verdad de todo el espectro político- la sentencia interpreta, siguiendo la “doctrina del levantamiento del velo” (pg 14), que es una estrategia fraudulenta, un engaño, “un designio de Batasuna”, para “conseguir una organización legal”y “un fraude de ley” (pg 191).

Sostiene que la legalización sería una amenaza para la democracia (pg 198) y los derechos de los demás, cuando la evidencia es que la asunción de las reglas del sistema democrático en esos estatutos, constituye un compromiso con el desarrollo democrático, fortalece la democracia y es una garantía para toda la ciudadanía. En lugar de leer que una Sortu legal fortalecería al Estado de Derecho, la sentencia dictamina que es solo una apuesta de ETA para “superar su estado de debilidad operativa”.

Afirma en su clarividencia que Sortu responde a una estrategia de ETA, y que ésta se constituye como garante del proceso político, cuando todo el mundo sabe que es a pesar de ETA, que ETA y Batasuna chocaron, y que puede ayudar a acabar con una historia de violencias.

Aun más subjetivamente dice que “se aprovecharía ETA” (pg 209) de las subvenciones a las que accederían los cargos institucionales, cuando no existe sentencia alguna que condene a miembros institucionales de las izquierdas abertzales en este sentido. Udabiltza acusada por algo así fue contundentemente absuelta. Durante años de gestión pública han sido más irreprochables que algunas largas manos de personas de otras formaciones a las que los miembros del tribunal posiblemente voten.

Contaminado el TS por un relato de conspiraciones abertzales construido por Policía y Guardia Civil, y dando increíblemente valor de pruebas a sus informes (se reproducen páginas y páginas), se trata de una sentencia especulativa y política que no tiene nada de garantista, que escandaliza por sus incoherencias y, visto el resultado, le sitúa al TS (la sala 61 es representativa por ser de aluvión) como un problema para el desarrollo de los derechos ciudadanos.

El voto particular de los 7

En cambio el “parecer discrepante” de los otros 7 jueces (pgs 218 y ss) demuestra tener tanto sentido común como de Justicia.

Los 7 jueces dicen que Sortu no es Batasuna y se ha apartado de ETA, puesto que rechaza explícitamente su violencia, y hay ya pruebas de rechazo público a actuaciones. No es un partido artificial sino creado por un importante sector con arreglo a exigencias y parámetros constitucionales y que apuesta por defender el independentismo desde las vías políticas “abandonando la violencia y toda connivencia con ella”.

Critican que se sustituya “la valoración de la prueba por la construcción de un relato de identificación entre los miembros de la Izquierda Abertzale, la banda terrorista ETA y la creación de Sortu como producto de una instrucción directa de ETA”, y le dice a la otra parte que su argumentación se basa, sobre todo, en un “prolijo documento de ETA de hace más de un año y medio y lo justifica con citas parciales y conjeturas” (pg 219).

El voto particular de los 7 critica que se haya excluido la comprobación probatoria –valga la redundancia- de si entre Batasuna y Sortu hay «similitud sustancial de ambos partidos políticos, estructuras, organización y funcionamiento», o en “ las personas que componen, rigen, representan o administran» los distintos partidos, o en la “procedencia de los medios de financiación o materiales». Concluyen que «no existen indicios de sucesión» (pg 233) y sí contraindicios.

La continuidad de una formación ilegal no se puede establecer por las personas –siempre pueden cambiar su modo de pensar u obrar- sino por la actividad que en su día determinó la ilegalización (pg. 223). No se puede pedir a nadie que condene su pasado. Los conceptos de condena y de rechazo son sinónimos. Si en el futuro se apartara de ese camino siempre cabría ilegalizar ese partido.

Y concluyen quienes, en el caso Sortu, son una esperanza para la reparación de la Justicia, que no se puede establecer una “ilegalización preventiva” (pg 273) cuando se requiere un especial “grado de certeza exigible” en un caso que afecta a derechos fundamentales como el de participación política.

¿Defenderá a tiempo el Tribunal Constitucional los valores constitucionales? Alguna obligación ya tiene tras la bochornosa sentencia de la mayoría de la Sala 61. Es más, como ya tienen un guión impecable en el voto discrepante hasta lo pueden resolver en una tarde-noche.

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«Los libios desconfían sabiamente de las potencias occidentales» > Gilbert Achcar

ENTREVISTA A GILBERT ACHCAR
Tras la resolución de la ONU sobre Libia:

«Allí la gente no quiere que vayan tropas extranjeras. Es consciente de los peligros y desconfían sabiamente de las potencias occidentales»

Traducción: VIENTO SUR

¿Quién forma la oposición libia? Algunos han señalado la presencia de la antigua bandera de la monarquía en las filas rebeldes.
Esta bandera no se utiliza como símbolo de la monarquía, sino como la bandera que adoptó el Estado libio cuando se independizó de Italia. La utilizan los insurrectos para manifestar su rechazo de la bandera verde impuesta por Gadafi paralelamente a su Libro Verde, cuando imitó a Mao Zedong y su Pequeño Libro Rojo. La bandera tricolor no expresa en modo alguno un sentimiento de nostalgia por la monarquía. Según la interpretación al uso, simboliza las tres regiones históricas de Libia, y la media luna y la estrella son los mismos símbolos que aparecen en las banderas de las repúblicas de Argelia, Túnez y Turquía, no son símbolos monárquicos.

¿Quién constituye la oposición?  Su composición, al igual que en todas las demás revueltas que sacuden la región, es muy heterogénea. Lo que une a todas las fuerzas dispares es el rechazo de la dictadura y el ansia de democracia y derechos humanos. Más allá de esto hay muchos puntos de vista diferentes. En Libia, particularmente, hay una mezcla de defensores de los derechos humanos, demócratas, intelectuales, elementos tribales y fuerzas islámicas, en suma: un abanico muy amplio. La fuerza política más destacada en la revuelta libia es la Juventud de la Revolución del 17 de Febrero, que defiende una plataforma democrática y reivindica el Estado de derecho, libertades políticas y elecciones libres. El movimiento libio incluye además a sectores de las fuerzas armadas y gubernamentales que han desertado y se han unido a la oposición, cosa que no ocurrió en Túnez ni en Egipto.

Por tanto, la oposición libia está formada por un conjunto variopinto de fuerzas y la conclusión es que no hay motivo para mantener una actitud distinta ante ellas que ante todas las demás revueltas de masas en la región.

¿Es o ha sido Gadafi una figura progresista?

Cuando Gadafi llegó al poder en 1969 representó una manifestación tardía de la ola nacionalista árabe que siguió a la segunda guerra mundial y la nakba de 1948. Trató de imitar al líder egipcio Gamal Abdel Nasser, a quien consideraba su modelo y fuente de inspiración. Así, cambió la monarquía por la república, abanderó la unidad árabe, forzó el cierre de la base aérea estadounidense de Wheelus en territorio libio y puso en marcha un programa de cambio social.

Después, el régimen siguió su propia dinámica en la senda de la radicalización, inspirándose en una especie de «maoísmo islamizado». A finales de los años setenta hubo amplias nacionalizaciones, que abarcaron casi todos los sectores. Gadafi se ufanó de haber instituido la democracia directa y cambió formalmente el nombre de la república, que pasó a denominarse Estado de las Masas (Yamahiriya). Pretendió haber realizado en el país la utopia socialista con democracia directa, pero fueron pocos los que se dejaron engañar. Los “comités revolucionarios” actuaban en realidad como un aparato gubernamental dedicado, junto con los servicios de seguridad, al control del país. Al mismo tiempo, Gadafi también desempeñó un papel especialmente reaccionario en la revitalización del tribalismo, para utilizarlo en beneficio de su propio poder. Su política exterior se tornó cada vez más temeraria y la mayoría de árabes acabaron tomándolo por loco.

Con la Unión Soviética en crisis, Gadafi abandonó sus pretensiones socialistas y volvió a abrir la economía del país a las empresas occidentales. Afirmó que la liberalización económica vendría acompañada de una liberalización política, imitando ahora la perestroika de Gorbachov después de haber imitado la “revolución cultural” de Mao Zedong, pero fue una promesa vacía. Cuando EE UU invadió Irak en 2003 so pretexto de buscar las “armas de destrucción masiva”, Gadafi, preocupado por la posibilidad de que él fuera el siguiente en la lista, operó un cambio súbito y sorprendente de su política exterior, ganándose espectacularmente la categoría de estrecho colaborador de los países occidentales, cuando hasta poco antes era calificado de “Estado canalla”. Colaboró especialmente con EE UU, prestándole ayuda en la llamada guerra contra el terrorismo, e Italia, llevando a cabo el trabajo sucio de repatriar a los inmigrantes potenciales que trataban de pasar de África a Europa.

A lo largo de todas estas metamorfosis, el régimen de Gadafi siempre ha sido una dictadura. Aunque Gadafi hubiera aplicado al comienzo algunas medidas progresistas, en la última fase no quedaba ni un soplo progresista o antiimperialista en su régimen. Su carácter dictatorial quedó demostrado por la manera en que respondió a las protestas populares: tratando de aplastarlas por la fuerza desde el principio. No hubo ningún intento de ofrecer alguna salida democrática a la población. Amenazó a los manifestantes con un discurso tragicómico que se ha hecho famoso: “Avanzaremos centímetro a centímetro, casa a casa, calle a calle… Os encontraremos en vuestras madrigueras. No tendremos piedad ni compasión.” No debe extrañar, si se recuerda que Gadafi fue el único gobernante árabe que criticó públicamente al pueblo tunecino por haber derrocado a su dictador Ben Alí, de quien dijo que era el mejor gobernante que podían encontrar los tunecinos.

Gadafi recurrió a las amenazas y a la represión violenta, afirmando que los manifestantes se habían vuelto drogadictos por obra de Al Qaeda, que les introducía sustancias alucinógenas en el café. Atribuir el levantamiento popular a Al Qaeda fue su manera de intentar ganarse el apoyo de Occidente. Si hubiera habido cualquier ofrecimiento de ayuda por parte de Washington o Roma, no cabe duda de que Gadafi la habría aceptado con los brazos abiertos. De hecho, expresó su amarga decepción ante la actitud de su compinche Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano, con quien compartía fiestas, y se quejó de que sus otros “amigos” europeos también le hubieran traicionado. En los últimos años, Gadafi se había hecho amigo, en efecto, de varios gobernantes occidentales y otras figuras del sistema que, por un puñado de dólares, se habían prestado a hacer el ridículo intercambiando abrazos con él. El propio Anthony Giddens, distinguido teórico de la “tercera vía” de Tony Blair, siguió los pasos de su discípulo y visitó a Gadafi en 2007; luego describió en el Guardian cómo Libia estaba aplicando las reformas e iba camino de convertirse en «la Noruega de Oriente Próximo».

¿Cómo valoras la resolución nº 1972 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del pasado 17 de marzo?

La resolución como tal está redactada de manera que hace suya y aparentemente responde a la petición de establecer una zona de exclusión aérea. En efecto, la oposición libia ha solicitado explícitamente esta medida, con la condición de que no se desplieguen tropas extranjeras en territorio libio. Gadafi cuenta con el grueso de las fuerzas armadas de élite, con aviones y tanques, y la exclusión aérea neutralizaría efectivamente su principal ventaja militar. Esta petición de los rebeldes está reflejada en el texto de la resolución, que autoriza a los Estados miembros de la ONU a “tomar todas las medidas necesarias… para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles frente a la amenaza de ataque en la Yamahiriya Árabe Libia, incluida Bengasi, descartando toda fuerza de ocupación extranjera bajo cualquier forma y en cualquier parte del territorio libio.” La resolución declara la “prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la Yamahiriya Árabe Libia para ayudar a proteger a los civiles.”

Ahora bien, en el texto de la resolución no hay suficientes garantías que impidan su uso con fines imperialistas. Aunque el objetivo de toda acción es supuestamente la protección de la población civil, y no un “cambio de régimen”, la determinación de si una acción cumple este objetivo o no queda en manos de las potencias que intervienen y no en las de los insurrectos, ni siquiera en las del Consejo de Seguridad. La resolución es asombrosamente confusa, pero dada la urgencia de impedir la masacre que se habría producido si las fuerzas de Gadafi tomaran Bengasi y ante la ausencia de cualquier medio alternativo para conseguir el objetivo de protección de los civiles, nadie puede oponerse razonablemente a ella. Podemos entender las abstenciones; algunos de los cinco países que se han abstenido en la votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas querían expresar su desconfianza y/o incomodidad ante la falta de una supervisión adecuada, pero sin asumir la responsabilidad de permitir una masacre inminente.

La respuesta occidental, desde luego, tiene sabor a petróleo. Occidente teme un conflicto prolongado. Si se produjera una masacre importante, tendría que imponer un embargo sobre el petróleo libio, con lo que el precio se mantendría en un nivel alto, y esto, tal como está actualmente la economía mundial, tendría importantes consecuencias adversas. Algunos países, inclusive Estado Unidos, han actuado con desgana. Únicamente Francia se ha mostrado decididamente a favor de una acción contundente, lo que puede tener mucho que ver con el hecho de que este país –a diferencia de Alemania (que se ha abstenido en la votación del Consejo de Seguridad), Gran Bretaña y, sobre todo, Italia– no tiene una participación significativa en el negocio del petróleo libio y sin duda espera conseguir aumentarla en la Libia de después de Gadafi.

Todos sabemos qué hay detrás de los pretextos de las potencias occidentales y del doble rasero que aplica. Por ejemplo, su supuesta preocupación por los civiles bombardeados desde el aire no pareció aplicarse a la población de Gaza en 2008-2009, cuando centenares de no combatientes murieron bajo el fuego de los aviones israelíes. O el hecho de que EE UU permita que el régimen de Bahrein, donde hay una importante base naval norteamericana, reprima violentamente la revuelta local con ayuda de otros vasallos regionales de Washington.

El caso es que si se deja que Gadafi prosiga con su ofensiva militar y tome Bengasi, habrá una importante masacre. Estamos en una situación en que la población corre realmente peligro y no existe ninguna alternativa plausible para protegerla. El ataque de las fuerzas de Gadafi se habría producido en cuestión de horas o a lo sumo de un par de días. Uno no puede oponerse, en nombre de los principios antiimperialistas, a una acción que evitará la masacre de civiles. De modo parecido, aunque conozcamos muy bien la naturaleza y el doble rasero de la policía en el Estado burgués, uno no puede oponerse, en nombre de los principios anticapitalistas, a que alguien la llame cuando está a punto de ser violada y no hay otra alternativa para impedirlo.

Dicho esto, y sin estar en contra de la zona de exclusión aérea, debemos expresar nuestra desconfianza y defender la necesidad de vigilar muy de cerca las acciones de los países que intervengan, a fin de asegurar que no vayan más allá de la protección de los civiles con arreglo al mandato de la resolución del Consejo de Seguridad. Al ver en la televisión a la muchedumbre en Bengasi aplaudiendo la aprobación de la resolución, vi un gran cartel que decía en árabe “No a la intervención extranjera”. Allí la gente distingue entre “intervención extranjera” –entendiendo por ello la presencia de tropas sobre el terreno– y la zona de exclusión aérea con fines de protección. No quiere que vayan tropas extranjeras. Es consciente de los peligros y desconfían sabiamente de las potencias occidentales.

Así, para resumir, creo que desde una perspectiva antiimperialista uno no puede ni debe oponerse a la zona de exclusión aérea, dado que no existe ninguna alternativa plausible para proteger a la población amenazada. Dicen que los egipcios están suministrando armas a la oposición libia, cosa que está muy bien, pero solamente esta ayuda no podía haber salvado Bengasi a tiempo. No obstante, una vez más, hay que mantener una actitud muy crítica ante lo que puedan hacer las potencias occidentales.

¿Qué ocurrirá ahora?

Es difícil saber qué va a ocurrir ahora. La resolución del Consejo de Seguridad no preconiza un cambio de régimen, sino la protección de los civiles. El futuro del régimen de Gadafi está en la cuerda floja. La clave está en si asistiremos a la reanudación de la revuelta en la parte occidental de Libia, incluida Trípoli, provocando así la desintegración de las fuerzas armadas del régimen. Si esto ocurre, tal vez Gadafi tenga las horas contadas. Pero si el régimen logra mantener el control en la parte occidental, entonces se producirá, de hecho, la división del país, por mucho que la resolución afirme la integridad territorial y la unidad nacional de Libia. Tal vez sea esto lo que haya decidido el régimen, que acaba de anunciar su acatamiento de la resolución de las Naciones Unidas y proclamado un alto el fuego. Entonces habrá seguramente una prolongada situación de empate, en la que Gadafi controlará la parte occidental y la oposición, la parte oriental. Está claro que la oposición necesitará tiempo para sacar provecho de los suministros de armas que recibe de Egipto y a través de Egipto hasta el punto de ser capaz de derrotar militarmente a las fuerzas de Gadafi. Dada la naturaleza del territorio libio, ésto solo podrá ser una guerra regular, una guerra de movimiento sobre vastas franjas de territorio, más que una guerra popular,. De ahí que sea difícil predecir el resultado. La conclusión, en todo caso, es que deberíamos apoyar la victoria de la revuelta democrática libia. Su derrota a manos de Gadafi supondría un grave revés que afectaría negativamente a la ola revolucionaria que recorre actualmente Oriente Próximo y el norte de África.

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¿Intervención humanitaria militar en Libia? > Alternatiba

Mesa de Internacionalismo de Alternatiba
Ilustración: Jared Rodriguez (truthout.org)

La resolución 1973 votada por el Consejo de Seguridad de la ONU, no instituye simplemente la zona de exclusión aérea, sino que da a la comunidad internacional el derecho de usar todos los medios posibles para proteger a la población civil. Alternatiba se opone radicalmente a la perversa lectura bipolar de la realidad, bombardeos o muerte masiva de civiles. La agresión militar responde a la lógica de dominación de las clases y países dominantes, reinterpretan la categoría de soberanía nacional y crean el intervencionismo humanitario como expresión del nuevo orden capitalista.

Lo que menos importa en Libia son sus hombres y mujeres. El viejo principio hipocrático de “lo primero no hacer daño,” se destruye con la agresión militar que está provocando asesinatos de civiles, miles de refugiados y refugiadas, daños ecológicos… los bombardeos no han solucionado nada, lo único que han conseguido es agudizar la crisis. ¿Por qué no se evalúan los resultados de otras agresiones militares en  Afganistán, o Irak?

Las razones reales de la agresión están muy alejadas de la protección de civiles: el petróleo, los intereses de las grandes trasnacionales y el control geoestratégico de la zona, son los verdaderos motivos. Además, denunciamos la hipocresía de los países occidentales que se “escandalizan”  ante la represión en Libia a la vez que ignoran la que practican sus aliados israelíes, saudíes, marroquíes, colombianos… y desprecian las miles de personas que mueren en los conflictos olvidados.

Por otra parte, el dictador de Libia ha sido amigo de quienes de la noche a la mañana deciden atacarle. La represión, las torturas y las masacres son aceptables mientras las dictaduras se muestren eficaces. En el Estado Español, el Rey, Aznar, Zapatero, el alcalde Gallardón que entregó la Llave de Oro de la ciudad a Gadafi y el empresariado, que ha ganado millones de euros, son la expresión más patética de la hipocresía. El doble rasero se refleja tanto en su política exterior como en la debilidad de sus compromisos con un sistema internacional de protección de los derechos humanos y con su reiterada negativa a someterse al escrutinio internacional.

El actual ordenamiento internacional basado en la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Tribunal Internacional, prohíben la violación de la soberanía nacional de un Estado por la fuerza, salvo que  el Consejo de Seguridad la apruebe. Y aquí, el ataque a Libia vuelve a poner encima de la mesa la necesidad de una profunda reforma democrática de las Naciones Unidas: la pertenencia a la ONU debería implicar la aceptación del Derecho Internacional y la renuncia a la guerra; el sometimiento a un sistema de arreglo pacífico de los conflictos; el establecimiento de un proceso de desarme progresivo de los Estados; un sistema de representación proporcional a la población de los Estados en la Asamblea General; el final del derecho de veto en el Consejo de Seguridad y el fortalecimiento del control judicial de los actos internacionales mediante el carácter impuesto y obligatorio de las sentencias del Tribunal Internacional de La Haya.

Nos preocupa la población civil de Libia y rechazamos las prácticas del dictador Gadafi, pero la intervención militar implica apagar fuego con gasolina. Apostamos por la diplomacia y la negociación, por la intervención de mediadores y observadores internacionales en los momentos de crisis, por la inversión en un proceso de paz de todos los recursos económicos gastados en la intervención, por la prohibición total de la venta de armas, por el impulso firme de procesos democratizadores que pongan fin a las dictaduras y permitan el acceso democrático al poder y por garantías de seguridad para los grupos minoritarios. En definitiva, Alternativa cree más en la prevención de conflictos que en las intervenciones militares humanitarias.

La clave reside en saber quién decide que un gobierno no tiene legitimidad, o que viola sistemáticamente los derechos humanos. En la actual coyuntura internacional este interrogante no queda satisfactoriamente solventado. Resulta evidente que no hay que sacralizar categorías como la soberanía estatal o la no injerencia pero tampoco reinterpretarlas alegremente al calor de la homogenización neoliberal. No podemos obviar que las grandes potencias parten del capitalismo y mercado único que elimina fronteras. El intervencionismo humanitario es un buen instrumento del nuevo orden neoliberal que combina lo militar y lo humanitario.

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A nacionalizar por narices > Alberto Montero Soler

Hace unos días escribía que el plan del gobierno para la capitalización de las cajas de ahorro, más que salvarlas, las ponía a los pies de los «fondos buitre». Estos, conscientes de la necesidad imperiosa de capital por parte de las cajas, no dudarían en tratar de hacerse con ellas a precios irrisorios para, a continuación, comenzar a desguazarlas y salir en cuanto hubieran rentabilizado sobradamente la inversión. No había que ser un mago de las finanzas para anticiparlo, bastaba con ponerle un poco de sentido común y tener cuatro nociones básicas de cómo funciona el mundo financiero.

Pues bien, los hechos han venido rápidamente a confirmar la predicción. Estos días podíamos leer en la prensa que «los fondos buitre» piden descuentos del 70% para inyectar capital a las cajas. Así, tras conocer los resultados sobre la situación de solvencia de las cajas publicado por el Banco de España y desconfiando de ellos, están lanzando unas ofertas que a todas luces son excesivamente agresivas pero que, dada la opacidad con la que se ha gestionado la crisis del sector financiero en nuestro país, no dejan de ser razonables. ¿O es que alguien pensaba que ahora iban a creerse los resultados publicados por la misma institución que, en un clara dejación de sus funciones, ha hecho todo lo posible por camuflar la gravedad de la crisis de la situación de esas instituciones financieras?

Y, ante esa situación, qué hacen las cajas. Pues algunas de ellas ya han anunciado lo que era previsible: que prefieren que las nacionalicen temporalmente a malvenderse, es decir, que están dispuestas a permitir que entre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) antes de entregarse en bandeja de plata a los especuladores financieros internacionales como, por otra parte, este gobierno pretendía que hicieran.

Con lo cual asistimos, nuevamente, a que la reforma de las cajas de ahorro impuesta desde el gobierno sitúa a éste ante un escenario frente al que no se quería encontrar; síntoma de que quien diseña las estrategias en Moncloa y sus aledaños no es que sea, precisamente, un discípulo aventajado de Sun Tzu.

Así, por un lado, el gobierno compelía a las cajas a capitalizarse en los mercados financieros buscando inversores institucionales que estuvieran dispuestos a aportar el capital que les era necesario para llegar a los niveles de “core capital” impuestos desde el Ministerio de Economía. Esa era la línea preferida de acción del Ministerio, reforzada por la amenaza de la nacionalización para aquellas instituciones que no lograran acceder al capital necesario en los mercados.

No es que el gobierno no tuviera otras opciones. Las tenía y casi al mismo precio. Así, por ejemplo, podía haber optado por nacionalizar aquellas cajas de ahorro que no pudieran capitalizarse en los mercados (no digamos ya, por nacionalizarlas todas) para, una vez saneadas, convertirlas en un músculo financiero de naturaleza pública que permitiera al gobierno tener un margen de soberanía sobre la política crediticia del país especialmente necesario en un contexto en el que se ha cedido toda la soberanía en materia de política monetaria.

Sin embargo, el gobierno decidió apostar por la vía más neoliberal: forzar a la absoluta bancarización de las cajas de ahorro y asumir, como un mal menor y temporalmente, que tal vez tendría que nacionalizar algunas de ellas.

La opción frente a la que no se esperaba encontrar es, precisamente, aquélla frente a la que ha acabado encontrándose: unos fondos depredadores que quieren hacerse con las cajas a precio de saldo para desmembrarlas y unas cajas que, conscientes de lo que eso supondría, prefieren ser nacionalizadas y saneadas con dinero público para, posteriormente, retornar a la esfera privada previsiblemente dirigidas por sus actuales gestores.

La nacionalización, que era el recurso de última instancia que tenía el gobierno en mente, acabará convirtiéndose así en la regla general. Y eso tiene repercusiones que todos debemos conocer.

En primer lugar, que será ahora el gobierno el que deba buscar la financiación necesaria para sanear las cajas de ahorro. O, lo que es lo mismo, dado que los mercados financieros han decidido penalizar la mala gestión de esas instituciones no concediéndoles capital, ahora el gobierno ha decidido que corresponde al Estado asumir como propios los riesgos que aquéllas tomaron en exceso en su momento y socializarlos entre toda la población. La vieja historia que se repite: privatización de beneficios y socialización de pérdidas, ¿les suena?

En segundo lugar, que ese ejercicio de nacionalización exigirá, evidentemente, nuevas emisiones de deuda pública por parte del Estado. Nuevas emisiones que pueden provocar un incremento del ratio deuda/PIB en dos puntos, como ha llegado a reconocer la propia ministra. En qué se traduce eso: en que, previsiblemente, se encarecerá el precio de las emisiones de deuda y, con ello, los pagos por el servicio de la misma. Y eso, a su vez, se traduce en que o bien aumenta el déficit público (cosa altamente improbable en un contexto en el que su reducción se ha convertido en el principal objetivo de la política económica de este gobierno) o bien se reducen otras partidas de gasto público para compensar el incremento de la de gastos financieros. La resultante, en uno u otro caso, es clara: aumentará el trasvase de riqueza hacia los propietarios de activos financieros mientras se retrasa el recurso a los estímulos fiscales para impulsar la economía real.

En tercer lugar, que este contexto de incertidumbre genera un efecto claramente contractivo sobre el crédito. Las cajas están restringiendo la concesión de créditos porque cada nueva operación de activo implica el consumo de unas reservas que le son necesarias para alcanzar el nivel mínimo exigido desde el gobierno y esa restricción es mayor cuanto más elevado es el gado de incertidumbre sobre su futuro. En tanto que no se clarifique la situación y pasen a ser nacionalizadas, difícilmente podrá desmantelarse la restricción crediticia que está ahogando a la economía.

Y finalmente hay que resaltar que si la estrategia hubiera estado diseñada para nacionalizar, por una vía indirecta, a la gran mayoría de las cajas de ahorro estaríamos ante un éxito absoluto de sus promotores; pero como se diseñó precisamente para lo contrario se trata de un fracaso rotundo del que, como siempre, nadie asumirá la responsabilidad: pagaremos entre todos el coste de la nacionalización y saneamiento de las cajas, podremos seguir sacando pecho porque en este país ningún banco o caja ha quebrado y seguiremos cantando bajito no vayamos a molestar a los poderosos y sus títeres.

Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La otra economía.

Fuente: Rebelión

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Ahora más que nunca: No a la energía nuclear > Kaos en la Red

Un sistema energético insostenible

El actual modelo energético está basado en el consumo ineficiente de energía y en su producción ilimitada y siempre creciente, principalmente a partir de fuentes de energía contaminantes, peligrosas y no renovables, como son la energía nuclear y los combustibles fósiles, produciéndose una gran variedad de impactos negativos sobre el medio ambiente.
 
Ante una demanda de energía creciente, el actual sistema responde siempre aumentando su producción (es decir, instalando más centrales), con el objetivo de generar más y más unidades de energía, obviando el hecho de que gran parte de esta energía se está despilfarrando, y sin importar el alto coste que ello tiene para el medio ambiente y la salud pública. Esta forma de actuar se llama “Enfoque Oferta”.

Los impactos medioambientales y de salud pública de este tipo de planificación energética tienen un enorme coste socio-económico, el cual, invariablemente, es traspasado al conjunto de la sociedad, siendo los ciudadanos quienes finalmente sufragan, vía impuestos o a través de la tarifa de la luz, los “platos rotos” por este sistema energético.

Pero existe otro tipo de planificación energética, que puede proporcionar a la sociedad el conjunto de servicios energéticos que hacen posible nuestro bienestar y la realización de nuestras actividades utilizando la mínima cantidad de energía posible, es decir con la máxima eficiencia energética. Es lo que se denomina “Enfoque Demanda”.

Con este tipo de planificación es posible producir los mismos bienes y servicios utilizando mucha menos energía, evitando así despilfarros inútiles, y de esta manera, al reducir el consumo de energía, disminuir también notablemente los daños al medio ambiente y a la salud pública.

Obviamente, aún con una planificación basada en el “enfoque Demanda” seguirá siendo necesario generar cierta cantidad de energía, aunque por lógica, lo será en mucha menor proporción. Esto puede y debe hacerse con fuentes renovables. Afortunadamente, existen y están tecnológicamente maduras, fuentes energéticas renovables que permiten una generación de energía más limpia, más segura y menos costosa que la energía nuclear y los combustibles fósiles, tales como la solar termoeléctrica, la solar fotovoltaica, la eólica terrestre, la eólica marina, la geotérmica, la procedente de la biomasa, etc.

Estos recursos energéticos renovables, además de su mucho menor impacto ambiental y a la salud, permiten una generación distribuida, descentralizada, cercana al consumidor y, por tanto, más eficaz.

Por ello es importante que se establezcan urgentemente las medidas necesarias para poner en marcha una planificación energética sostenible, que ponga fin al crecimiento ilimitado en el consumo de energía y al actual despilfarro energético, y cuyos ejes fundamentales sean el ahorro y la eficiencia energética y la generación distribuida con energías renovables. De tal manera que podamos alcanzar un modelo energético libre por completo del peligro que supone la energía nuclear y de la dependencia actual de los combustibles fósiles.

 

El ciclo nuclear

Desde que el uranio es extraído del suelo produce en cada etapa enormes cantidades de residuos radiactivos con los que no se sabe qué hacer con ellos. La secuencia de operaciones encaminadas a la producción de armas nucleares o combustible para el funcionamiento de reactores nucleares, se denomina ciclo del combustible.

En muy pocos lugares del mundo hay uranio lo suficientemente concentrado como para que su extracción resulte económicamente rentable. Aún así en estos lugares hay que remover ingentes cantidades de tierra para conseguir cantidades apreciables de mineral útil.

El uranio después de ser aplastado, molido y bañado en ácido, es secado y empaquetado como concentrado de uranio o torta amarilla. Aunque ésta es sólo ligeramente radiactiva, la extracción y el proceso de molido del uranio expone a los trabajadores a la inhalación de polvo y del gas radón causando altos porcentajes de cáncer de pulmón en los mineros.

Más del 99% del mineral extraído se convierte en residuo radiactivo (estériles). Para conseguir una sola tonelada de torta amarilla se generan varios centenares de toneladas de estériles.

Para concentrar el uranio suficientemente para su uso, la torta amarilla debe ser primero convertida en un gas llamado hexafluoruro de uranio y posteriormente envasado y enviado a una planta de enriquecimiento.

El enriquecimiento es un complejo y costosísimo proceso por el que se incrementa artificialmente el porcentaje del isótopo U-235, que es capaz de fisionarse. Este proceso genera el cuádruple de residuos radiactivos que el uranio útil.

Una vez que el uranio ha sido enriquecido, se envía a una planta de fabricación de combustible donde se convierte en óxido de uranio, pasando a tener forma de polvo negro. Este polvo es comprimido en pequeñas pastillas que se introducen en largos tubos de metal llamados barras de combustible, que son cerradas herméticamente e insertadas en unos cartuchos, denominados elementos combustibles, y así el uranio ya está listo para ser utilizado en un reactor nuclear.

Dentro de un reactor nuclear tienen lugar una serie de reacciones nucleares que provocan que parte del combustible de uranio original se transforme en elementos extremadamente radiactivos, lo que convierte al combustible gastado en material sumamente peligroso, que emitirá una gran cantidad de radiactividad a lo largo de decenas de miles de años.

En algunos casos el combustible gastado no sufre más transformaciones y se considera ya residuo de alta actividad. En otros casos, los elementos gastados se mandan a una planta de reprocesamiento de combustible nuclear. Es un proceso que produce un volumen final de residuos radiactivos entre 160 y 189 veces mayor que el que entra inicialmente en el proceso.

Las barras de combustible gastado, después de cortadas, son disueltas en soluciones de ácido. Después de diversos tratamientos químicos, se separan algunos de los productos radiactivos. De este proceso surgen tres productos:

Residuos de alta radiactividad, uranio que puede ser reintroducido en el ciclo de fabricación del combustible y plutonio, el material utilizado para la fabricación de bombas atómica. 

Tipos de reactores nucleares

A principios de 2005 había 441 reactores nucleares operativos en un total de 31 países.

La antigüedad, tamaño y diseño de estos reactores varían considerablemente: algunos son aún diseños de ‘primera’ generación, construidos entre los años 50 y 60 a partir de usos militares (producción de plutonio o propulsión submarina), pero la mayoría de ellos son de segunda generación, desarrollados a partir de los 70.

La gran mayoría son reactores de agua ligera (LWR), que se clasifican según tres categorías: los reactores de agua a presión (PWR) de los que hay 215 operativos, los reactores de agua en ebullición (BWR), 90 operativos, y los reactores con agua a presión de diseño soviético (VVER), 53 operativos.

En España tenemos 7 reactores de agua a presión (PWR), 2 reactores de agua en ebullición (BWR) y un reactor del tipo GCR- grafito/gas en Vandellós I, el cual ya no está en funcionamiento tras sufrir un accidente 1989.

Reactores de agua a presión

Reactores de agua en ebullición

Reactores de alta temperatura enfriado por gas

Reactores de agua en ebullición moderado por grafito

Reactores tipo CANDU

Instalaciones nucleares en España

En el pasado hubo planes para construir en España hasta 39 centrales nucleares, afortunadamente varios factores políticos y económicos dieron al traste con ellos, aunque no completamente.

Así, a pesar de que en 1984 el Gobierno socialista implantó una moratoria nuclear, en España se llegaron finalmente a construir 10 reactores: La central nuclear José Cabrera (Guadalajara), inaugurada por Franco en 1968, forma, junto con las de Santa María de Garoña (Burgos, 1971) y Vandellós I (Tarragona, 1972), el grupo de las centrales llamadas de primera generación.

A estas siguieron las de segunda generación: Almaraz I y Almaraz II (Cáceres, 1981 y 1983), Ascó I y Ascó II (Tarragona, 1983 y 1985) y Cofrentes (Valencia, 1984). Y, las de tercera generación, Vandellós II (Tarragona, 1987) y Trillo (Guadalajara, 1988).

De esas diez actualmente hay 8 en funcionamiento porque la central nuclear de Vandellós I, tras sufrir un grave accidente en 1989, fue cerrada definitivamente en 1990. Y  la central nuclear Zorita fue clausurada el 30 de abril de 2006 debido a la peligrosidad de su funcionamiento,  a sus defectos de diseño, sus numerosos problemas técnicos y la falta de cultura de seguridad de la compañía propietaria, Unión Fenosa.

La moratoria nuclear aprobada por el Gobierno socialista en 1984, canceló un gran número de proyectos de centrales nucleares – Trillo II, Valdecaballeros I y II y los dos grupos de Lemóniz -. La decisión fue adoptada por motivos económicos, el elevadísimo coste de la energía nuclear; y energéticos, el exceso de potencia instalada. Esto ha costado a los consumidores más de 10.000 millones de euros. El negocio siempre fue la construcción de las centrales nucleares, aunque nunca llegasen a funcionar. En resumen, el canon por la moratoria nuclear consiste en un aumento de las tarifas, para devolver a las eléctricas su inversión en centrales nucleares que no llegaron a funcionar.

La entrada en vigor de la Ley de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN), a principios de 1995, zanjó la polémica. Así pues, en España, desde entonces, no hay ninguna central nuclear en construcción ni proyectada.

Hoy la industria nuclear está sumida en una profunda crisis. Hay en el mundo 440 reactores nucleares comerciales en operación que apenas representan el 6% de la energía primaria consumida a nivel mundial y el 16% de la energía eléctrica.

Fuente: Kaos en la Red

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La educación financiera de 36.000 escolares en manos del BBVA > Plataforma contra el BBVA

La educación financiera de 36.000 escolares en manos del BBVA: ¿Ética empresarial? ¿Filantropía financiera? ¿Atraco a mano armada?

BBVAGHHH!!!, Plataforma contra el BBVA

El programa “Valores de futuro”, que desarrolla desde hace dos años el BBVA con el objetivo de potenciar la educación financiera entre alumnado de 6 a 14 años, ha multiplicado el número de participantes en Euskadi, al pasar de 14.206 a 36.158. Se trata de potenciar actitudes positivas frente al dinero.

Conmueve la dimensión de la iniciativa. Imaginamos que al BBVA le hubiese gustado añadir su desinteresada colaboración con las universidades vascas, con la investigación, con las iniciativas sociales, culturales, deportivas, e incluso, humanitarias. Todo un arsenal de “buenas prácticas empresariales.” Pero ¡qué lástima! al BBVA se le han olvidado algunas cuestiones, que quizás quieran incluir en su programa “Valores de futuro”. También queremos recordárselas a la Sra. Consejera de Educación, a los equipos rectorales de las universidades vascas y a los equipos directivos de los centros y colegios que han participado en tan trascendental iniciativa.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, ONGs, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos de países donde el BBVA actúa directa o indirectamente,  la Plataforma contra el BBVA, las participantes en campañas como BBVA sin armas… aportan denuncias muy concretas y precisas sobre la otra cara de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del banco. Veamos algunas de ellas.

–         Los beneficios con los que el BBVA cerró 2010 ascendieron a 4.606 millones de euros, lo que supuso un incremento del 9,6% sobre el año anterior. Aumentan sus beneficios afianzando su poder y facilitando su ingerencia sobre las políticas del Estado. Y lo hace, pisoteando los derechos humanos, promocionando los conflictos armados, y destruyendo el medio ambiente. Las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración, tanto en concepto de salario fijo y variable, han ascendido durante el 2009 a la cantidad de 24.157.000 euros, frente a los 16.197.000 percibidos en el 2008. El incremento en el 2009 alcanza el 49,15% pese a la reducción del número total de consejeros, aumento que se acumula al 10,59% de 2008. Por su parte, el presidente tiene un plan de pensiones con cargo al Banco de 79.775.000 euros, un 10% más que en el 2008. En 2010 la retribución extra (incentivación individual) constituía ya el 60% del conjunto del gasto salarial. No obstante, su distribución es totalmente piramidal ya que menos de un 10% de la plantilla se lleva el 50% del total.

–         Mientras tanto, el BBVA ha iniciado un proceso de destrucción de empleo, a través del cual, ya se han cerrado el 15% de las oficinas y se ha despedido a más del 10% de la plantilla. Este proceso de desmantelamiento del banco– persigue pasar de 5.000 personas en los servicios centrales (Madrid y Bilbao) a 800, reducir de 13 edificios a 5, y en la red de oficinas, rebajar un total de 1.500 puestos. Mediante la externalización de todas las tareas bancarias la empresa reduce costos salariales. Los servicios operativos se han externalizado a Málaga por la mitad de precio y con IBM-Global (tarjetas) a Uruguay, ahorrando gastos a costa de salarios de 300 euros al mes. Esta dinámica– hace perder peso a lo colectivo- convenio- y crea relaciones contractuales trabajador-empresa, lo que sustituye o minimiza las negociaciones sindicatos-empresa. Por otra parte, el BBVA acude solidariamente al rescate de Grecia comprando deuda de aquél país con el Fondo de empleo de los trabajadores, quienes   pierden 9 millones de euros (-28,11%). En 8 meses, más de 1500 millones de las antiguas pesetas.

–         En relación al pago de impuestos, en el 2009 fueron 1.441 millones de euros, un 26% menos que en el ejercicio 2008 y un 45% menos que en el 2007. Este descenso no se corresponde con el de los beneficios que en el 2009 sufrieron una caída del 17% y desde el 2007 del 31,3%.

–         El 82% de las empresas que cotizan en el Ibex 35 utilizan paraísos fiscales. El BBVA tiene 23 empresas participadas en los paraísos fiscales.

–         La ética del BBVA se expresa en el recurso ante el Tribunal Supremo de la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra que ha permitido ejecutar una hipoteca impagada con el pago de la vivienda en cuestión, pese a que el banco exigía más dinero por la depreciación sufrida por el inmueble en los últimos años. Es decir, aunque no pueda pagarse la hipoteca y se devuelva la vivienda, el BBVA reclama que la deuda y sus intereses permanezcan encadenados a la persona hasta que ésta pueda cancelarlos.

–         Tiene inversiones por valor de cerca de 45 millones de euros en empresas que han vulnerado los derechos humanos.

–         Una parte creciente del negocio del BBVA en América Latina está constituido por las pensiones privadas, del que controla el 30%. Y ello a pesar que durante los años de la crisis financiera el patrimonio de los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras ha caído en cifras de dos dígitos mientras que, por supuesto, las «comisiones de gestión» se mantenían. Según datos del propio BBVA, en México ganó con los fondos de pensiones 250 millones de euros durante los ocho primeros meses de 2010 y en América del Sur 148 millones, con aumentos importantes sobre el mismo período de 2009. Eso sí, el BBVA realiza continuos estudios sobre la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones.

–         A pesar de la adhesión del BBVA a los Principios de Ecuador, que obliga al banco a tomar en consideración los riesgos sociales y medioambientales de los proyectos que financia, éste entrega créditos corporativos para desarrollar actividades de grave impacto medioambiental con absoluta impunidad. Más de 340 millones de euros para la minería en Brasil, Venezuela, Guatemala, Indonesia, etc., cerca de 855 millones de euros para la Planta hidroeléctrica Barra Grande o la Presa de Campos Novos, en Brasil, que supone la completa destrucción del ecosistema, además de serias amenazas de riadas para la población local. Financia a empresas muy contaminantes como la papelera ENCE, respalda económicamente proyectos de construcción de oleoductos de crudo pesado en áreas protegidas como las de Ecuador o gaseoductos en Bolivia. Con la reciente adquisición del 26% de las acciones de Garantibank, institución financiera turca, el BBVA se convierte en precursor del proyecto de construcción de la presa de Ilisu en el río Tigris. El mismo que llevó a los gobiernos de Alemania, Austria y Suiza a retirar los créditos de garantía de exportación para la financiación de las obras por el flagrante incumplimiento de los estándares internacionales de respeto a las condiciones ambientales y sociales.

–         El BBVA mantiene relación comercial con EADS, de la que posee acciones por valor de 200.000 $. EADS participa en la producción de armas nucleares, en concreto fabrica el misil nuclear M51³ a través de su filial ASTRIUM. El otro misil nuclear, el ASMPA, lo fabrica a través de la compañía MBDA. Además, a través de un fondo de inversión del BBVA– se está financiando a la empresa estadounidense Lockheed Martin, L-3 Communications y Textron. Estas compañías venden proyectiles con cargas de dispersión. Estas cargas, según la Convención sobre Bombas de Racimo, han pasado a ser un arma prohibida de adquirir o utilizar por los Estados firmantes, entre ellos el español. Además, mantiene un crédito sindicado de 300 millones de euros a MAXAM (antigua Unión española de Explosivos), entre las empresas que agrupa MAXAM, se encuentra EXPAL (conocido fabricante de bombas).

–         El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de 2009 apunta algunas cuestiones más: la valoración general de los contenidos de la memoria de RSC del BBVA se califica como de información escasa; la información suministrada varía según a quien vaya dirigida; los datos recogidos en la memoria tienen como fuente exclusiva al propio BBVA; presenta escasa información acerca de los sistemas implantados para gestionar los impactos sociales o medioambientales; la Fundación para las Microfinanzas no proporciona información sobre los requisitos que debe reunir un potencial beneficiario, ni qué garantías exige el banco y qué finalidades de crédito están contempladas; no aclara la estructura de los depósitos sobre clientes, las cuentas por nivel de rentas, los préstamos a pymes y micropymes, las aportaciones a la economía informal, el número de zonas rurales de difícil acceso apoyadas con financiación; no presenta información sobre el volumen de subvenciones recibidas; no facilita datos sobre el número de proveedores rechazados por cuestiones relacionadas con los derechos humanos; opera en países con presencia de comunidades indígenas, no encontrándose información alguna sobre compromisos claros y mecanismos que garanticen sus derechos.

¿Qué información es la que recibe el alumnado vasco del BBVA? Ya que hablamos de bancos, es un atraco a mano armada.

En definitiva, el individualismo y la propiedad son los referentes éticos centrales del BBVA y éstos parecen agotarse en las relaciones de mercado y en la codicia, entendida esta última, como trabajar por algo a expensas de otros. Se reinterpretan desde la ética de los negocios, los valores de la libertad y de la dignidad humana convirtiéndolos en ideas centrales del aparato conceptual dominante. Se mercantilizan y se subordinan a los intereses de las minorías.

La RSC  es una nueva forma en que se configuran las relaciones entre las empresas y el modelo capitalista. Sus obligaciones se enmarcan en los contornos de la impunidad, mientras que sus derechos se tutelan por normas multilaterales, regionales y bilaterales de comercio e inversiones.

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8 de Marzo: La crisis permanente de las mujeres

El 8 de marzo, Día Internacional de las mujeres, es un día de celebración, pero sobre todo de lucha. Celebración por todas las conquistas y los derechos logrados por muchas mujeres, que ya en 1911, primer año de celebración de este día, exigían que se garantizara el cumplimiento de derechos como el voto, el acceso a cargos públicos, el acceso al empleo y la no discriminación en el mismo… y una larga lista de cuestiones que han atravesado la agenda de los movimientos feministas desde mucho antes que ese año hasta la actualidad.

Pero es un día sobre todo de lucha, de lucha por todo los derechos pendientes; de lucha para mostrar que, en esta sociedad supuestamente igualitaria en la que vivimos, de derechos “legales” conquistados y oportunidades para todas y todos, siguen existiendo situaciones de desigualdad; de lucha para reivindicar una ciudadanía plena de las mujeres; de lucha para gritar que no nos sirven las soluciones parciales y medidas puntuales, que intentan parchear el problema sin tocar el corazón del mismo; de lucha para reivindicar que no es posible hablar de derechos plenos para las mujeres en un sistema patriarcal y capitalista.

Y este 8 de marzo de 2011, en un momento en el que nos bombardean con información y supuestas soluciones a una crisis que está afectando duramente a grandes sectores de la población, denunciamos que las mujeres vivimos en una situación de crisis permanente y estructural. Hoy la crisis, que ha afectado también a los hombres, ha puesto sobre la mesa la insostenibilidad del sistema en el que vivimos. Pero queremos hacer de altavoz y mostrar las muchas caras que esta ha tenido y tiene para las mujeres, diversas pero unidas en las desigualdades y sobre todo en la lucha. Y es que tenemos que decir que estamos en crisis:

* cuando nos incorporamos al mercado laboral, con altas tasas de precariedad, concentrándonos en los puestos de menor responsabilidad, más inestabilidad, menores posibilidades de promoción y con un salario medio muy por debajo que lo que perciben los hombres. Cuando nos concentramos en sectores, como el social, servicios o cuidados, que son los más vulnerables ante los cambios y crisis económicas.

* cuando trabajamos cuidando, y somos Trabajadoras del Hogar, y nuestros derechos están regidos por un real decreto que nos aboca, aún más, a situaciones de desamparo y discriminación constantes; o trabajamos en una residencia o una empresa de servicio a domicilio y vemos cómo perdemos derechos a medida que avanza la privatización de nuestro sector.

* cuando nos vemos obligadas a elegir entre la crianza y el empleo, y asumimos todo tipo de medidas que supuestamente intentan ayudarnos en esto de la conciliación, reducciones, permisos… Medidas que, finalmente, hacen evidente la imposibilidad de esta conciliación ideal en un mercado laboral pensado por y para hombres sin responsabilidades de cuidado. Medidas que ahondan en nuestra precariedad futura, en un sistema cuyas prestaciones sociales están directamente vinculadas a lo cotizado en nuestra vida laboral.

* cuando ejercemos el cuidado de personas dependientes, en un sistema basado en un modelo eminentemente familista, que brinda ayudas y apoyo puntual, pero que sigue promoviendo que el cuidado se haga en familia, ocultando que el cuidado tiene sexo y sigue, a día de hoy, responsabilidad mayoritaria de las mujeres.

* cuando migramos y viajamos desde lejos, en busca de nuevas oportunidades, y nos encontramos con una sociedad que nos obliga a aceptar los empleos más precarios y peor pagados; cuando dejamos a otras mujeres a cargo de nuestras personas dependientes y venimos a cuidar a las personas dependientes de otros y de otras, porque “salimos más baratas que las de aquí” y “aceptamos lo que nos echen”; cuando aceptamos estas condiciones porque, no ser ciudadanas de pleno derecho, impide que podamos negociar por otras más dignas.

Y a estas podemos sumar otras muchas mujeres, otras muchas caras de la misma crisis. Y porque esta crisis llevamos demasiados años pagándola…

? Rechazamos la fantasía de que es posible conciliar avances sociales con el mantenimiento de una apuesta económica neoliberal. Defendemos una revisión del concepto de economía, colocando el cuidado en el centro de la economía y no al servicio del mercado.

? Reivindicamos un nuevo contrato social, alejado del binomio hombre-trabajador, mujer-cuidadora. Apostamos por la corresponsabilidad, en el sentido amplio del término, desde la perspectiva de que el derecho al cuidado es un asunto de todas las personas, hombres y mujeres. Debemos apostarle a un nuevo acuerdo entre hombres y mujeres, que nos permita compartir el empleo, el cuidado, el poder y la toma de decisiones.

? Apostamos por la asunción de medidas, como los permisos de paternidad intransferibles, que permitan avanzar hacia una crianza y un empleo compartidos entre hombres y mujeres.

? Es necesaria la universalización de los cuidados, que todas las personas puedan acceder a ellos sin depender de factores como la renta, el lugar de procedencia. Por eso exigimos la creación de un Servicio público de cuidados de calidad frente al actual proceso de desmantelamiento del estado y privatización de los servicios de cuidado, solamente disponibles para aquellos segmentos de población con poder adquisitivo

? Solicitamos la revisión de la actual ley de extranjería, que permite la existencia de un trabajo de cuidados, ejercido mayoritariamente por mujeres y remunerado en pésimas condiciones, estableciendo jerarquías y prioridades en el reconocimiento de los derechos de unas mujeres sobre otras.

? Exigimos la reforma inmediata del discriminatorio régimen de empleo de hogar, reconociendo a las trabajadoras domésticas, incluyendo a las mujeres migrantes sin papeles el derecho a un salario digno, al descanso y a una protección de seguridad social como la del resto de los sectores.

? Proponemos una revisión crítica feminista de la Ley de dependencia y la Ley de extranjería.

? Rechazamos la reciente Reforma de las pensiones, que afecta especialmente a las mujeres, por ser quienes cuentan con períodos de cotización más cortas y variables, y por tanto, bases de cotización inferiores.

? Consideramos fundamental el impulso de modelos coeducativos en las escuelas, en los cuales se promueva la autonomía individual de niños y niñas y que estos y estas puedan ir desarrollando conocimientos para el cuidado y el autocuidado.

Porque nos negamos a seguir estando en crisis… Gora Emakumeon Borroka!

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