Mariano Gomez – BIGE Gurasoen Elkartea

Si. Tod@s somos La Baluga, o todos debiéramos así sentirnos. Al menos aquellos que apostamos por la escuela pública. Lo que está pasando en Sopuerta, podría pasar en cualquier otro lugar.

Un grupo de familias está intentando ejercer su derecho a optar por una educación pública para sus hijas e hijos, mientras la administración, aquellos que debieran garantizarlo no quieren, o no se atreven, a proteger ese derecho.

Pero, además, lo están haciendo en unas condiciones dramáticas (casi podríamos decir que es un milagro que estas siete familias sigan manteniendo su posición). Recuerda mucho, demasiado, al clima vivido en Irún o Hondarribia en los primeros años en los que las mujeres empezaron a reivindicar activamente su derecho a participar en igualdad de condiciones en la fiesta de los alardes.

Estas familias se están limitando a reclamar un derecho que debiera ser universal, a optar por una educación pública en su propio pueblo, en su propia localidad. Existiendo, además, un espacio público, construido con dinero público, donde se pudiera hacer.

Pero, y eso es lo triste, se están encontrando con un casi linchamiento social, por parte de aquellas y aquellos que están moviendo a los partidarios de la escuela privada. Éstos no se limitan a ejercer su derecho a seguir optando por la educación privada para sus hijos e hijas (a lo que tienen todo su derecho, faltaría más) sino que arremeten una y otra vez contra los que tienen una opción diferente.

Y esto se hace impunemente, ante la pasividad de la administración. Algo huele mal, muy mal, cuando se da esta inacción. Aunque, cierto es, y hay que resaltarlo, a diferencia de lo que ocurre en Irún y Hondarribia, aquí la corporación, con su alcalde a la cabeza, a pesar del coste electoral que le pudiera suponer, sí se ha puesto al lado del derecho a poder elegir libremente el modelo educativo, apoyando el derecho de éstas familias a optar por la enseñanza pública, alegando que sin coste alguno para las arcas públicas ya se pudiera ejercer, al existir ya el Centro Educativo de propiedad municipal de La Baluga. El Gobierno Vasco no sabe , no contesta.

Nadie va a poner en cuestión el modelo educativo de San Viator, todo lo contrario. Es un proyecto consolidado y con tradición en la zona. ¿Por qué entonces tanto escándalo porque unas pocas familias se atrevan a reivindicar poder ejercer su derecho a tener educación pública en su propio pueblo?. ¿A qué se tiene miedo?. Si la administración actuara como debiera actuar permitiendo que  sean las propias familias las que decidan año a año que modelo educativo quieren para sus hijos, garantizando la oferta pública también, San Viator, ahí, es la parte grande, consolidada, y con tradición. ¿Por qué en lugar de dejar libertad de elección a todas las familias, una parte de los que apuestan por otro modelo, dedican tanto tiempo y con tanta fuerza a evitar que otros puedan elegir una opción diferente?.

De ahí la gran semejanza con lo que ocurre con el derecho de participación de las mujeres en los Alardes. Aquí también hay campaña continua, rozando el acoso, frente al diferente.

Pero hay algo más. Y es lo que deja un tufillo que no gusta. En una época en la que nos hemos estado acostumbrando a ver la proliferación de chanchullos, tratos de favor, y dilapidación de dinero público por parte de la Administración, en este caso vemos como el principal argumento de la Administración es que dice que está atada por una carga en la escritura de propiedad del terreno municipal. Ésta propiedad es producto de una donación de un terreno (curiosa donación) del Obispado al municipio con la condición de que ahí se construya un centro de Educación Infantil. Sin entrar en si tal como está escrita la condición es privativa o no de instaurar educación primaria (algunos defendemos, amparados por un informe pericial, que de ahí no se deduce prohibición absoluta a que exista educación pública de primaria). Sin entrar en ello, digo, ¿cómo es posible que ante esas dudas razonables de la administración, ahora, decidieran en su día aceptar dicha  donación y, además, inyectar alrededor de tres millones de euros en un centro de educación infantil hipotecado en su desarrollo y en su futuro como oferta de escuela pública?, ¿Cómo se permite, y de quien es la responsabilidad política y ¿penal? de que se aceptara construir algo que, aunque público, en la práctica se convertía en un centro complementario y al servicio de la escuela privada que está al lado?.

¿Cómo se puede dilapidar así, para beneficio privado, tanto capital público?. Si eso fuera así, y así fuera la interpretación de esa cláusula por parte de la administración ¿de quién es la responsabilidad de que aún así se aceptara esa donación ¿onerosa?, primero, y, segundo, se decidiera construir ahí, en ese terrero, el edificio?, en lugar de imponer una cláusula de salvaguarda, o construir en cualquier otro terreno municipal.

Ya digo, que aún así, esa claúsula es interpretable todavía, pero, teniendo en cuenta, la lectura que hace de ella la administración, debiera ya estar iniciando una investigación interna buscando responsabilidades de políticos y técnicos responsables de éste presunto trato de favor y dilapidación de dinero público para intereses privados. Al mismo tiempo que decretando la apertura de un aula de educación pública de primero de primaria en La Baluga, sea ésta dependiente del propio centro o cómo aula desplazada.

Mientras tanto, vemos como un puñado de familias, en condiciones muy difíciles y arriesgando en algo tan sensible como es la educación de sus hijos, nos están dando un ejemplo de hacer y actuar, contra viento y marea, que debiera hacer sonrojar a cualquier administración con un mínimo sentido y sensibilidad progresista y democrática.

No estais sólos. Hoy, aquí, en Euskal Herria, La Baluga somos todos. Todos los que apoyamos a la escuela pública, y todos los que, áun optando por otro modelo de educación, defienden la libre opción.