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Campaña por el reconocimiento a las víctimas de violencia sexista

Campaña de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia por el reconocimiento a las víctimas de violencia sexista

Desde la Asamblea de Mujeres de Bizkaia queremos hacer una petición al ayuntamiento de Bilbao para que ponga en marcha formas de reconocimiento explícito de las víctimas de la violencia sexista. Creemos que ya es hora de que los poderes públicos, encabezados en este caso por nuestro ayuntamiento, reparen el abandono y la invisibilidad que han sufrido y sufren todas las mujeres víctimas de la violencia sexista.
 
La violencia sexista ha sido y es un instrumento para mantener a las mujeres bajo un modelo de subordinación frente a los varones. Esta forma de violencia, no sólo es responsabilidad de quien la ejerce directamente, sino también de quien la perpetúa a través de los patrones estereotipados de comportamientos sexistas, que siguen legitimando y “comprendiendo” la violencia contra las mujeres. Desde la Asamblea de Mujeres creemos que la erradicación de la misma es responsabilidad de todas las instituciones, los agentes sociales y de toda la ciudadanía.
 
A lo largo de la historia, las mujeres hemos padecido, pero también nos hemos rebelado, contra un sistema de organización social que nos negaba nuestros derechos más elementales como seres humanos. Sin embargo, creemos que ni el sufrimiento, que la desigualdad ha generado, ni la lucha pacífica por la igualdad han tenido un reconocimiento suficiente, por parte de los poderes públicos. Este déficit de legitimidad es, en buena medida, responsable de que esta violencia sistémica se perpetúe, de que no quede recogida en nuestra memoria colectiva y de que, incluso para algunas personas, la violencia contra las mujeres sea un factor nuevo, aislado e incomprendido en su dimensión estructural.
 
Creemos que es necesario activar, en nuestro municipio, procesos de elaboración de la memoria de las víctimas de la violencia sexista. De esta manera, pretendemos contribuir a la construcción de la memoria histórica de las mujeres de Bilbao. Este proceso exige ganar presencia y autoridad en el espacio público en el que se dirimen los procesos de significación, los sentidos y los símbolos socialmente relevantes. Los lugares de la memoria, son espacios físicos cargados de valor simbólico. En ellos, una sociedad democrática trata de poner énfasis y de subrayar aquello que es importante para todas y todos, desde el punto de vista de los valores y de los derechos humanos.
 
Por todo ello, creemos que es necesario que en el espacio público de Bilbao, se cree un lugar para el reconocimiento de la memoria colectiva de las mujeres víctimas de la violencia sexista. Consideramos que la creación de un lugar de la memoria de estas características es un instrumento imprescindible para que la violencia contra las mujeres no sea jamás olvidada y, también, para fortalecer el proceso de deslegitimación de las conductas violentas contra las mujeres. No olvidemos que esta violencia específica representa, en palabras de la ONU, la violación de los DERECHOS HUMANOS más extendida y silenciada a lo largo de la historia.
 
Somos conscientes de que una de las complejidades más grandes que entraña la lucha contra la violencia sexista es, precisamente, la prevención de la misma. Creemos que para impulsarla es imprescindible fomentar un cambio de valores culturales que garantice el acceso de toda la ciudadanía a la igualdad. La violencia de género sigue siendo uno de los mayores obstáculos, que nos impide a las mujeres ejercer nuestros derechos como ciudadanas. Por ello, exigimos romper con el silencio y con la impunidad y planteamos que se haga visible la huella que la violencia sexista ha dejado en nuestra memoria social. La creación de un lugar de la memoria que posibilite el reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista nos ayudará a romper la complicidad social con la que muchas veces han contando los agresores y, también, a que la sociedad realice el trabajo de duelo que las víctimas se merecen.
 
Con esta acción buscamos:
 
-El reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista.
 
-Que las/os familiares posean un espacio público de recuerdo y de duelo.
 
-La creación de un lugar de la memoria que dé legitimidad a la lucha feminista por la igualdad.
 
-Contribuir a la construcción de la memoria histórica de los bilbainos/as con una huella material, que nos ayude a no olvidar y a repudiar todas las expresiones de la violencia sexista.
 
Para ello, solicitamos:
 
1-Que la plaza de San Vicente pase a llamarse PLAZA 25 DE NOVIEMBRE, Dia internacional contra la violencia hacía las mujeres.
 
2-Que el ayuntamiento organice un concurso para erigir en dicha plaza un lugar de la memoria simbólico que, por un lado, dé reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista, por otro, sea un homenaje a todas las mujeres que han luchado para ser dueñas de su propia existencia y, finalmente, favorezca la igualdad entre mujeres y hombres.

Firmad aquí!!!

Noticias

«Nadie se ocupa ni de los autores ni de los trabajadores, sólo de los intermediarios»

Entrevista a David García Aristegui, de la Coordinadora de Informática de CGT, activista de movimientos sociales y experto en derechos de autor y «copyleft»·

“La ley Sinde es una ley coercitiva que no mejora las condiciones de los/las  creadores, sino que además atenta contra los derechos y libertades de la ciudadanía, con el único objetivo de contentar a los lobbies y grupos de presión con intereses económicos muy concretos”, ¿Qué opinas sobre esta crítica a la ley?
 

Efectivamente no mejoraría nada las condiciones de las y los creadores (ni una palabra sobre los leoninos contratos editoriales, por ejemplo). Como dice el abogado Javier de la Cueva: “nadie se ocupa ni de los autores ni de los trabajadores, sólo de los intermediarios”. Las entidades de gestión pierden juicio tras juicio las demandas a las webs de enlaces, los jueces han dictaminado en todas, repito, todas las ocasiones que las webs de enlaces no vulneran la propiedad intelectual. La Ley Sinde sería un burdo intento de cerrar administrativamente lo que no se ha conseguido en los juzgados, así que ojo a esto. Para finalizar, en este debate veo posturas excesivas a ambos lados del cuadrilátero: estoy de acuerdo en que la propiedad intelectual NO es un derecho fundamental, pero tampoco estoy de acuerdo (y ahí discrepo de gente posicionada contra la Ley Sinde) en que esos cierres de webs vulnerarían otros supuestos «derechos fundamentales». Me parece una visión muy eurocéntrica de todo este asunto, habiendo el porcentaje de población mundial que hay que sufre de hambrunas y que no tiene acceso a agua potable. ¿Demagogia? puede, pero no perdamos la medida de las cosas, los «derechos fundamentales» son otros.
 

Entonces, ¿Quiénes serían los vencedores?

De momento nadie ha vencido, y menos los intermediarios «clásicos», cada vez más fuera de juego. Cuando hablo de intermediarios «clásicos» me refiero a quienes ostentan los derechos y gestionan los derechos de autor de los creadores (por ejemplo editoriales musicales), de las compañías que comercializan los contendios hechos por esos creadores y las entidades de gestión que recaudan en nombre de los creadores quieran ellos o no (como pasa en la actualidad con la gente que apuesta por las Creative Commons). Los intermediarios ven que su modelo de negocio, en un mundo donde casi todo es copiable y distribuible en la red a precio casi nulo y la una velocidad de vértigo, hace aguas y tiene fecha de caducidad. Ni con una Ley Sinde aprobada se va a poder volver a una situación análoga a antes del advenimiento de internet, pero hay gente que se empeña en pensar lo contario. La realidad es muy tozuda, pronto se darán cuenta.

 
El acceso a los medios de producción y canales de promoción, hasta ahora reservados  a los intermediarios, ¿ha mejorado las condiciones de trabajo de los/as creadores?

En la propia pregunta subyace un mito de lo más persistente y que está, por desgracia, muy arraigado en los debates en torno a la creación y distribución de contenidos en la era del ADSL y la «generación eMule». Se habla de «eliminación de intermediarios» y de una hipotética relación directa entre creador y público, cuando en muchos casos esto no es cierto. Ahora los creadores necesitan espacios web, diseñadores, posicionarse en buscadores, interaccionar con agregadores de contenidos… sólo por plantear algunos aspectos muy elementales de la presencia de creadores y la difusión de su obra a través de la red.

Eso si, es indiscutible que la posibilidad de copiar contenidos a coste casi nulo en internet ha hecho estallar por los aires y de manera irreversible los modelos clásicos de propiedad intelectual, no tanto por las herramientas al alcance los nuevos «obreros», que también, si no porque las y los usuarios han optado por compartir contenidos de manera masiva y horizontal, y entre los más populares, los contenidos con copyright de la «industria del entretenimiento». En un capitalismo donde ya no tendencialmente, si no que mayoritariamente éste es de carácter «cognitivo» y/o donde la propiedad intelectual es clave en su (re)producción, las formas de propiedad intelectual serán mucho más flexibles o no serán.

¿Cuál es la salida entre el todo gratis  y los excesos de los oligopolios del entretenimiento y la industria cultural? ¿Qué alternativas hay a la actual gestión de los derechos de autor?

Hay que asumir formas más flexibles de propiedad intelectual, y para ello la filosofía y licencias asociadas al «copyleft» podrían ser extremadamente útiles para ello. El «copyleft» plantea pasar de «todos los derechos reservados» a «algunos derechos reservados» o que las obras pagadas con dinero público pasen directamente a dominio público, sin propiedad intelectual que valga de por medio. Por desgracia la filosofía del «copyleft», óptima para el desarrollo de software y las TIC, no da demasiadas pistas de como remunerar de una manera justa obras distintas al software, como canciones, libros, películas… Mi planteamiento es que, por ejemplo, un canon a las grandes beneficiadas del intercambio y descarga de contenidos en la red, esto es, la empresas de telecomunicaciones, tiene que colaborar de alguna manera en la retribución de los autores. Por ejemplo, con un canon (palabra maldita, en estos tiempos).

¿Se acaba aquí la intentona de la industria del entretenimiento? ¿Cuáles crees que serán los próximos movimientos?

El próximo 18 de enero termina el plazo para la presentación de enmiendas en el Senado a la Ley de Economía Sostenible, donde está incluida la polémica «Ley Sinde». Parece ser que en febrero hay dos plenos, uno los días 8 y 9 y otro para el 22 y 23, y que será el 23 cuando se produzca la votación en Pleno… La industria va a seguir ejerciendo su esquizofrénico poder de «lobby», y presionando todo lo posible para intentar que mediante legislaciones «ad hoc» se pueda restringir y penalizar el intercambio de ficheros en la red. Hay que tener cuidado con los pasos a dar porque se puede conseguir el efecto contrario al buscado: por ejemplo, en Francia no han ido a por las webs de enlaces si no que han utilizado otro camino, atacar vía Ley Hadopi a los usuarios de redes P2P (redes sin ánimo de lucro, cosa demencial), y lo que finalmente se ha logrado es que aumente enormemente el uso de Megaupload, un portal de una compañía con sede en Honk Kong (ánimo de lucro evidente) donde constantemente se suben contenidos protegidos por propiedad intelectual. Jugada maestra ¿no?

 

Links recomendados

Vídeo de Javier de la Cueva sobre la Ley Sinde
http://www.youtube.com/watch?v=f06sdVTk80s

Apoyemos a los creadores
http://mangasverdes.es/2010/12/25/apoyemos-a-los-creadores/

SGAE, sindicalismo y «copyleft»
http://www.nodo50.org/comunes/?SGAE-sindicalismo-y-copyleft

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¿ A quién interesa y como sería el rescate de España?> Juan Torres (ATTAC)

Artículo publicado en ATTAC

Autor: Juan Torres López, miembro del Consejo científico de ATTAC

Cuando se está hablando tanto de la necesidad, de la inminencia o de la posibilidad de un «rescate» de la economía española conviene reflexionar y poner algunas cosas en claro.

Se dice que un grupo de países o instituciones, como podrían ser la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional,»rescatan» a un país cuando le conceden un crédito a pagar en un determinado plazo que le permite cubrir los «agujeros» que por diversas razones (generalmente por acumulación de déficit y deudas) hayan podido producir su insolvencia. Pero hay que tener en cuenta que esos agujeros pueden ser de naturaleza muy variada. Así, muchas dictaduras y gobiernos militares de los años setenta y ochenta endeudaron a sus países, con la connivencia de los grandes bancos internacionales, con préstamos que en ocasiones ni siquiera llegaron a ellos sino que se utilizaron fuera del país para negocios corruptos. Otras veces los utilizaron en obras completamente inútiles o directamente para enriquecer a los grandes empresarios y banqueros.
En el reciente caso de Irlanda, la necesidad perentoria de «ayuda» se debe a que hay que cubrir las pérdidas multimillonarias del sector bancario. Y una parte importante de la deuda pública griega que ha sido «rescatada» recientemente se originó para comprar armamento a Francia o Alemania.

Cuando la acumulación de deuda a la que no se puede hacer frente es muy grande, los acreedores son los primeros interesados en que se produzca el «rescate» del país pues de esa manera se aseguran su reintegro. Y suelen ser ellos los que lo promueven. El dinero que llega con el «rescate» se dedica a saldar sus deudas y la nueva que se origina con las instituciones que rescatan la pagan los ciudadanos en su conjunto a lo largo del tiempo. Los «rescates» consisten, pues, en convertir deuda privada, que por lo general han generado y disfrutado los sectores más ricos, en deuda pública que pagarán principalmente las clases de rentas más bajas.
Pero la cosa no queda ahí. El «rescate» no se produce nunca como una dádiva sino a condición de que el país «rescatado» cumpla una serie de condiciones. La primera, que esta nueva deuda tenga siempre carácter preferente y, además, que se tomen las medidas de política económica y cambio estructural que convengan a quien «rescata».

Gracias a ese procedimiento, la deuda externa que se originó en muchos países a lo largo de los años setenta y ochenta fue la antesala de la aplicación de las políticas neoliberales que promueven el Fondo Monetario Internacional y los grupos más poderosos del mundo que, para cerrar el círculo, son además los que se benefician del saldo de la deuda.

Pues bien en relación con la situación española habría que preguntarse si el «rescate» es necesario, es decir, si es que España es insolvente y no puede o no va a poder pagar su deuda, y qué efectos tendría.

La deuda española tiene dos componentes, la deuda pública y la privada. La primera es de unos 600.000 millones de euros pero en relación con el PIB es casi veinte puntos menor que la media europea. Se puede afirmar que es sostenible y que a poco que la economía crezca incluso moderadamente se puede ir amortizando sin problemas. Además, como todo el mundo sabe, ha crecido extraordinariamente en los últimos meses pero como consecuencia del impacto también extraordinario de la crisis. Si bien es un problema al que siempre hay que hacer frente, no tendría por qué generar una situación de insolvencia ni muchísimo menos. Los problemas que está provocando actualmente podrían aliviarse casi por completo si se recuperase la actividad económica aplicando las políticas adecuadas para ello, si se frenara la actividad de los especuladores y, con más seguridad aún, si hubiera una estrategia de apoyo por parte del Banco Central Europeo como expliqué en otro texto (El Banco Central Europeo frente a la deuda: se necesita algo más que comprar bonos).

Sin embargo, es cierto que podría plantear una grave problema si la actividad económica se sigue deteriorando como consecuencia de la aplicación de las políticas equivocadas que se vienen adoptando y si no se cambia de rumbo pronto hacia otra base de generación de actividad pues el modelo anterior es justamente el que provocó los problemas que sufrimos, si no encuentra financiadores a pesar de ser limitada en su cuantía o si se encarece en demasía, lo que suele ser el resultado de que se recurra al mercado en lugar de a los bancos centrales y de que se permita que los especuladores que lo controlan aprovechen la situación para provocar alzas en los tipos o para extorsionar a los gobiernos. Y también si alguna o varias de estas circunstancias, aunque se dieran en pequeña medida, coinciden al mismo tiempo en momentos en los que se concentre una cantidad más importante de ventas de títulos de la deuda (como va a ocurrir en los primeros meses de 2011).
La deuda privada española es mucho mayor que la pública. Las familias españolas deben aproximadamente un billón de euros a los bancos y las empresas algo más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos españoles tienen deudas, por su parte, tanto con el Banco Central Europeo (aunque fluctúa mucho, algo más de 60.000 millones de euros en estos momentos) como con otros bancos del resto del mundo, en una cantidad global muy difícil de cuantificar pero de cuya magnitud da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones de euros en 2011 y 2012.

El problema se plantea lógicamente cuando toda esa deuda empieza a fallar, cuando la economía no genera suficientes ingresos y aumenta la morosidad como viene ocurriendo como consecuencia de la crisis, y es especialmente grave cuando el incumplimiento afecta a extranjeros y cuando, además, está concentrada en pocos acreedores, como en gran medida está ocurriendo con España.

Según el último informe del Banco Internacional de Pagos, España tiene una deuda de alrededor de un billón de dólares con bancos extranjeros, de la cual un 11% procede del sector público, un 25,7% de los bancos españoles, un 36% de empresas y el resto (26,6%) de operaciones con derivados que implican principalmente a la banca.

La cuestión, pues, está en dilucidar, por un lado, si los bancos españoles podrían absorber sin problemas la morosidad al alza y las pérdidas patrimoniales derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria porque estos bancos, a su vez, han financiado esa deuda con préstamos que han recibido de bancos extranjeros. Y, por otro lado, si los bancos extranjeros, y principalmente europeos, van a esperar a que todo vaya solucionándose o si van a tratar de garantizarse el pago de deuda mediante un «rescate».
Aquí, precisamente, radica el quid de la cuestión.

El incremento de la deuda privada española es el resultado de dos circunstancias coincidentes. Por un lado, los bancos de países con exceso de ahorro como los alemanes tuvieron un excedente muy grande en los últimos años y en lugar de dedicarlo a impulsar el desarrollo económico alemán y a favorecer el incremento de las rentas en aquel país, lo dedicaron a financiar a bancos de otros países, entre ellos los españoles. Por otro, para obtener esa financiación lo que hicieron los bancos españoles fue vender a los alemanes activos financieros vinculados al negocio inmobiliario (cédulas hipotecarias por ejemplo).

Cuando estalla la crisis eso produjo un hecho singular que a grandes rasgos es el siguiente. Gracias a las normas contables existentes, los bancos españoles podían seguir valorando los activos relativos al negocio inmobiliario al precio de adquisición (y no al más bajo que tienen cuando estalla la burbuja). Pero los bancos alemanes tienen su inversión en títulos secundarios (no la hipoteca original que tiene el banco español, sino el derivado de ella que han comprado para financiarlo) que han de valorar al precio actual de mercado.

Así, los bancos españoles han podido ocultar sus pérdidas verdaderas porque siguen contabilizando activos descapitalizados al valor anterior pero los alemanes sí las registran. Y la cuestión radica, por tanto, en saber si los bancos alemanes (en la mayor parte, aunque también el resto de los grandes acreedores de España) van a confiar en que se irá saliendo bien de la situación actual y así cobrando poco a poco si, por el contrario, prefieren asegurarse el cobro de su deuda «rescatando» a España antes de que ésta, si no mejora la situación económica o si se ve acosada por los especuladores y se ve obligada finalmente a declarar que no puede hacer frente a compromisos.

Si esto último ocurriera sería fatal, porque el “default” de España arrastraría con él a los bancos europeos y quizá a otras economía. De ahí que muchos acreedores piensen que es mejor forzar el «rescate».
Pero un «rescate» de España tiene graves inconvenientes. El mayor, que el dinero que habría que poner para llevarlo a cabo es mucho: se ha llegado a decir que incluso alrededor de 500.000 millones de euros, o incluso más, una cantidad que desestabilizaría a toda la zona euro no solo desde el punto de vista financiero o monetario, entre otras cosas, porque daría pie a que otros acreedores quisieran hacer lo mismo con la deuda de otros países…

Pero, por otro lado, la operación de «rescate» tendría para los grandes grupos de poder otras ventajas no solo financieras. Daría un extraordinario impulso a los bancos y justificaría un replanteamiento general de la estrategia europea en la líneas que al parecer desea, yo creo que muy equivocadamente, el gobierno y los grandes centros del poder económico alemanes. Además, el «rescate» iría acompañado de un programa de reformas de liberalización en España en la línea neoliberal que lógicamente sería proporcional al shock que provocaría la situación y a la inmensa cuantía del rescate, lo que daría satisfacción a los sectores que lo vienen reclamando desde hace tiempo.

De todo lo anterior se podrían deducir tres conclusiones fundamentales.

En primer lugar, que el «rescate» de España sería en realidad y como en otras ocasiones, el de sus acreedores y, en este caso, principalmente de los bancos alemanes y europeos, lo que da a entender que efectivamente éstos pueden estar altamente interesados en que se lleve a cabo. Y dado que el «rescate» justificaría la aplicación de medidas de liberalización excepcionales, podría aventurarse también que en él pueden estar igualmente interesados sectores nacionales que quieren «transformar» España en esta línea ya expresada al Rey por grandes empresarios y líderes de opinión.

En segundo lugar, que la economía española no es en estos momentos insolvente ni hay razones estructurales que aventuren que tenga que estar en esa situación (salvo que se sigan aplicando durante mucho más tiempo las equivocadas políticas de austeridad actuales y que se tarde en modificar las bases de nuestro modelo de crecimiento), de modo que su «rescate» solo podría ser consecuencia de un proceso provocado o inducido.
Tercero, que esa inducción del rescate podría venir por dos posibles vías. Una, la presión especulativa muy fuerte concentrada en algún momento, posiblemente a finales de enero o en febrero de 2011 cuando se negocie el gran volumen de emisiones de deuda inmediatamente posteriores. Otra, por una presión externa que fuerce a reconocer la situación patrimonial real de los bancos españoles hasta mostrarla como explosiva y de ahí se obligue a intervenir para actuar con ellos como con los irlandeses.

No sé si eso va a ser inevitable o no, o si las autoridades europeas ayudarán a evitar o a que se produzca el «rescate». Pero tengo la impresión de que un gobierno solo dispuesto a cumplir con las demandas constantes de los acreedores y especuladores para tratar de generarles confianza, como hizo precisamente el irlandés, lejos de ahuyentar el peligro, lo va a atraer sin remisión. Y también la seguridad de que si la ciudadanía no influye en el proceso será la que finalmente pague, en cualquier escenario que se produzca, sus consecuencias.

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Prohibido cerrar

Animamos a la ciudadanía a castigar mediante el no consumo en estas tiendas este modelo comercial y, en definitiva, de ciudad y de desarrollo económico y social. Los grupos municipales de la Izquierda Abertzale, EA y Alternatiba de Bilbo consideramos la apertura ayer de Opencor, tienda de El Corte Inglés que abrirá 18 horas al día los 365 días del año, como un ataque al derecho al descanso de trabajadores y trabajadoras en festivos. Lo que vimos ayer no es más que el inicio de una nueva agresión empresarial que busca la apertura del comercio grande en festivos con “normalidad” y que conllevará una mayor precarización de las condiciones de trabajo en el comercio, ya de por sí bastante precarias, un grave nuevo perjuicio al pequeño comercio, ademas de un obstaculo añadido a la conciliación entre la vida laboras, personal y familiar y la imposición de un modelo económico ajeno y basado en la “cultura” del negocio y del beneficio empresarial a cualquier precio.

Los grandes empresarios han perdido todo tipo de complejos y se han lanzado a una carrera sin límite cuyo objetivo final es la pérdida de derechos sociales y laborales y la precarización de las condiciones de trabajo como fórmula para multiplicar sus ya elevados beneficios.

Es en ese contexto en el que se multiplican los ataques al derecho al descanso, a no tener que trabajar en los días festivos. Y a ello no solo contribuye la clase empresarial, sino que tiene un gran aliado entre la clase política, en concreto, en este caso, entre PNV e IU, que han sido quienes han otorgado la licencia de apertura.

De nuevo se colocan a favor de los grandes intereses comerciales y en contra de trabajadores y trabajadoras y sindicatos. Especialmente grave nos parece la implicación de Azkuna, quien ayer mismo, con su patética y apresurada visita a la tienda como queriendo dar ejemplo, quiso dejar claro su inequívoco apoyo a este tipo de modelo económico extraño y ajeno que generará una gran fractura en las relaciones sociales y familiares, el incremento de la precariedad laboral con jornadas eternas y sin derecho al descanso, la desertización de los barrios y que sólo beneficia a una pequeña élite.

Izquierda Abertzale, EA y Alternatiba apoyamos la reivindicación laboral de trabajadores y trabajadoras, llamamos a secundar los actos de protesta que se convoquen (la concentración convocada por los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT para el 21 de enero a las 12 del mediodía frente al Ayuntamiento) y animamos a la
ciudadanía a castigar mediante el no consumo en estas tiendas este modelo comercial y, en definitiva, de ciudad y de desarrollo económico y social.

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Decálogo feminista de Bildu

Desde Bildu Euskal Herria presentamos este Decálogo feminista para un nuevo contrato social entre mujeres y hombres, con un triple objetivo: mostrar la trascendencia que en nuestra propuesta política damos a la lucha feminista; exponer la concepción del feminismo desde el que se plantea este nuevo contrato social entre mujeres y hombres; y presentar las diez premisas que sustentan dicho contrato y que van a guiar nuestras actuaciones a nivel institucional.

Años de lucha feminista han logrado la conquista de derechos para las mujeres, pero, a día de hoy, seguimos sin ser ciudadanas de pleno derecho. El sistema capitalista se nutre y, a su vez, refuerza el sistema patriarcal que históricamente se ha sostenido sobre la base de más derechos y más privilegios para los hombres; sobre un contrato social entre hombres y mujeres que reparte de manera desigual para unos y para otras, los espacios, los recursos, el poder. Hoy en día, esta desigualdad estructural, se materializa en una realidad marcada por las múltiples formas de violencia que sufrimos las mujeres, por los atentados constantes contra el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por la desigual incorporación al mercado de trabajo y a la vida pública, por el precario ejercicio de los cuidados… Se nos ha hecho creer además, que la igualdad legal suponía una igualdad real para la gran mayoría de las mujeres; que las cuestiones anteriormente mencionadas eran problemáticas específicas de algunas de nosotras (mujeres con menos recursos, mujeres migrantes…); que eran cuestiones a abordar de manera parcelada, y a las que, por tanto, desde las instituciones, se ha respondido con políticas parciales y desestructuradas. Esta ha sido la tónica y la práctica de las políticas auspiciadas por la derecha nacionalista vasca y española en Euskal Herria, que no han tenido el menor interés en abordar un cambio que sitúe a hombres y mujeres en pie de igualdad y que perpetúan la subordinación de las mujeres en todos los ámbitos del sistema patriarcal.

Desde Bildu creemos que no se puede construir Euskal Herria sobre la base de la ciudadanía parcial de las mujeres y que no es posible alcanzar el nuevo modelo socio-económico que pretendemos sin el concurso activo de las mismas en su definición. Para ello recogemos las demandas de los movimientos feministas, las propuestas de la teoría política feminista, y los incorporamos como núcleo central de todos nuestros planteamientos. Es imprescindible escuchar a las mujeres. Nos oponemos de forma tajante a la postergación de la lucha de las mujeres frente a otras dimensiones de la lucha política, nos oponemos al mercado vergonzoso de los derechos de las mujeres y la subordinación de nuestros innegociables derechos a criterios económicos. Esta nueva forma de entender y hacer política que proponemos desde Bildu, esta nueva propuesta que lanzamos a la ciudadanía de construir Euskal Herria desde abajo y a la izquierda, será feminista o no será.

Por todo ello, desde Bildu nos mostramos en contra de las propuestas liberales que intentan parchear el problema e incorporar a las mujeres, sobre una base de falsa igualdad, a un modelo social y económico generador de injusticias y desigualdades. La consecución de un sistema económico y social equitativo para mujeres y hombres es una tarea que involucra a toda la sociedad y que debe atacar las raíces del problema que no son otras que el sistema patriarcal y neoliberal en el que hunde sus raíces.

Frente a ello, proclamamos la existencia de una alternativa viable para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria: la firma de un nuevo contrato social entre mujeres y hombres, construido sobre un reparto justo y equitativo de los espacios, de la toma de decisiones, del cuidado, del trabajo remunerado…en definitiva, de la vida; de los derechos y obligaciones de todos y todas. Y nos comprometemos a aportar nuestro trabajo y esfuerzos para que esto sea posible.

Para ello, sin perder de vista que las mujeres somos diversas y por tanto diversas son también las estrategias de lucha, planteamos las siguientes diez medidas, presentes en nuestros programas forales y locales.

Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. La violencia que sufren muchas mujeres es la punta del iceberg del sistema patriarcal neoliberal, que carga con toda su fuerza para intentar mantener bajo control el cuerpo y la vida de las mujeres. Desde las administraciones rechazaremos firmemente cualquier tipo de violencia teniendo en cuenta su carácter integral y pondremos en marcha programas integrales de atención a las mujeres que la sufren, buscando la coordinación entre las distintas administraciones implicadas y el estableciendo de recursos específicos para cada uno de los ámbitos de actuación.

Colocar la vida y el cuidado de la misma como un elemento central de las políticas públicas. Dar valor social al trabajo no reumerado que históricamente ha recaido y recae sobre las mujeres. Todas las personas tenemos la necesidad y el derecho a ser cuidadas, y debemos  reconocer el valor que estas tareas, tradicionalmente realizadas por mujeres, tienen en nuestra sociedad. Es responsabilidad de las administraciones garantizar la existencia de servicios públicos y sin copago para el ejercicio de los cuidados (residencias, centros de día, servicio de atención domiciliaria, haurreskolas, ludotecas).

Garantizar que las mujeres que actualmente están ejerciendo cuidados, lo hagan en condiciones dignas y que su labor sea socialmente reconocida. Por lo tanto, nos comprometemos a abordar la situación de subcontratación de servicios de cuidado por parte de la administración y la precarización galopante de los mismos, desde el firme objetivo de construir un sistema público de atención a la dependencia. Por otro lado, impulsaremos medidas para corresponsabilizar a los hombres en el ejercicio de las tareas de cuidado, que son una responsabilidad que corresponde a todos y todas y no una labor exclusiva que las mujeres tengan que encargarse de conciliar con otras facetas de sus vidas

Impulsar la autonomía económica de las mujeres y acabar con la precarización de sus condiciones de vida, a través de actuaciones dirigidas a garantizar su acceso y permanencia en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad. Las mujeres estamos presentes en el mercado de trabajo en una situación de crisis permanente y de desprotección social (mayor precariedad, más contratos temporales, peor remuneración). Desde las administraciones, pondremos en marcha medidas específicas (ayudas, programas) y promoveremos una reorganización de los tiempos para el trabajo,  el empleo y el ocio equilibrada, evitando que las mujeres soportemos una presencia precaria en todos ellos.

Impulsar la necesaria toma de conciencia y la participación socio-política de las mujeres, desde un modelo de democracia real. Impulsaremos los proyectos de Escuelas de empoderamiento y pondremos en marcha espacios propios para las mujeres, como las Emakumeen Etxeak. Además abriremos la administración a la participación de las mujeres y al movimiento feminista, a través de la puesta en marcha de Consejos de las Mujeres  con el compromiso de que se tenga en cuenta sus aportaciones y procesos de presupuestos participativos. Prestaremos especial atención al impulso de la participación de las mujeres jóvenes y migrantes.

Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la diversidad sexual. Para ello consideramos necesario la definición de políticas públicas activas en este sentido, impulsando medidas que incluyan la sanidad, la puesta en marcha de modelos de educación afectivo-sexual y campañas de concienciación social. Ello implica que se garantice, también a las mujeres navarras, su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario público de su propia Comunidad y se ofrezca a las nuevas generaciones los servicios de información, orientación sexual y asesoramiento que aportaban los antiguos COFES desmantelados por UPN.

Trabajar desde modelos coeducativos, que promuevan la autonomía de nuestras niñas y niños. El proceso de socialización, en el que la educación tienen un peso fundamental, sigue mostrando a nuestras niñas y niños y a nuestra juventud, un modelo diferenciado por género. Debemos romper con estos modelos de educación estereotipados e impulsar otros, tanto en la educación formal como informal, basados en la promoción de la autonomía individual y en las relaciones de equidad.

Construir ciudades y pueblos habitables para las mujeres. Para ello garantizaremos que todas las actuaciones relativas al urbanismo y la movilidad sean planificadas y desarrolladas desde la perspectiva de género. Queremos ciudades en las que no existan lugares a los que las mujeres no puedan acceder por el riesgo de ser agredidas. Queremos ciudades y pueblos accesibles, que garanticen que la diversidad funcional no sea nunca una barrera, ciudades donde el transporte público sea una realidad y se adecue a las necesidades de las mujeres, como principales usuarias del mismo. Por otro lado, no limitaremos nuestras propuestas al ámbito urbano, sino que tendremos en cuenta las necesidades y demandas específicas de las mujeres que viven en el entorno rural.

Impulsar una cultura en la cual se reconozca la aportación histórica y los saberes de las mujeres en este ámbito. Promoveremos medidas encaminadas a la recuperación de la memoria histórica de las mujeres de nuestras ciudades y pueblos. Impulsaremos la producción cultural de las mujeres y estableceremos medidas específicas para impulsar su acceso a las actividades de ocio. Desde la administración no se subvencionará ninguna actividad cultural que sea discriminatoria. Y pondremos en marcha distintas medidas para acabar con la desigualdad en el deporte.

Pintar de morado la administración pública. Creemos que la administración pública tiene que velar porque todas las medidas anteriormente mencionadas se lleven a la práctica. Para ello se necesita de planificación, de personal, de recursos…pero sobre todo, de un compromiso feminista convencido y firme.

Las personas que conformamos Bildu tomamos el presente decálogo como elemento fundamental de nuestra práctica política y asumimos la responsabilidad de llevarlo a la práctica en todos nuestros pueblos y ciudades. Somos conscientes de las dificultades, de la profundidad de las transformaciones necesarias, pero ante los obstáculos, tenemos la ilusión y la fuerza que nos da la certeza de que otro modelo político y socioeconómico, otra Euskal Herria feminista, de mujeres y hombres libres, es posible. 

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Batu gaitezen: ¡Qué viene el lobo! > Jon Lasa (Alternatiba)

Últimamente, el PNV se ha inventado una nueva amenaza. A través de su propuesta Batu gaitezen, ha hecho un llamamiento a la unidad de quienes creen en el derecho a decidir por vías pacíficas y democráticas ante la supuesta necesidad de parar la ola del pacto PSE-PP en las instituciones forales y municipales en las próximas elecciones. El PNV lanza una vez más su cortina de humo para dar la impresión de que son menos malos y más del país que “los otros”, cuando lo cierto es que representan los mismos intereses económicos.

Son cantos de sirena. No por la causa de la autodeterminación a la que alude el PNV, que compartimos desde Alternatiba, sino porque, reinterpretando a Mateo, “no sólo del derecho a decidir vive el hombre”. Entendemos la necesidad electoralista del partido de Urkullu de lanzar un frente en torno a su organización política, pero el derecho a decir no puede ser un mantra que nos haga olvidar que somos muchos y muchas quienes denostamos el resto de políticas de derechas lideradas por el PNV.

Es evidente que hace falta un frente común que ponga coto a las medidas neoliberales que impulsa el PSE, con la complicidad del PP, desde el Gobierno Vasco, pero este frente tiene que articularse en torno a un concepto de desarrollo diferente, a un sistema de infraestructuras sostenible, a un modelo de fiscalidad justo y redistributivo y a una apuesta decidida por lo público. El PNV es, junto con el PSE y el PP, punta de lanza de lo opuesto a estas políticas.

Por eso, resulta curioso que, mientras el Partido Nacionalista Vasco avala la contrarreforma del mercado laboral y los recortes presupuestarios de Zapatero, impulsa macroinfraestructuras insostenibles y apuesta por una estructura fiscal en la que los que más tienen son los que menos pagan, nos diga al resto que nos olvidemos, porque hay que fijarse sólo y exclusivamente en el derecho a decidir. Lanza sus soflamas de patriotismo vasco mientras avala con su voto la invasión de Afganistán, donde van a parar millones de euros del erario público en una guerra al servicio de los EE.UU. ¿Acaso no tienen los afganos derecho a decidir frente a la OTAN?

¿Qué sentido tiene decirnos “cuidado, que viene el lobo” cuando hay un compadreo absoluto entre PNV, PSOE y el PP? Es el mismo partido de Urkullu el que pacta con el PSOE el apoyo a los presupuestos del Estado, su complicidad con los de la CAV y un pase foral para las cuentas de los tres territorios históricos. Todo ello, bajo el manto del tan cacareado discurso de la “responsabilidad de Estado”, que no es más que el afán de mantener entre ellos el actual status quo económico.

No entendemos los discursos alarmistas que dicen que hay que evitar que PSE y PP lleguen a gobernar las instituciones forales del país, como si plantearan hacer cosas diferentes a las que hoy en día practica el PNV. ¡Sólo sería más de lo mismo! Hace falta construir una alternativa real a las políticas que nos han llevado a esta situación de crisis económica y pérdida de derechos sociales. Pretender hacer creer a la ciudadanía que sólo se puede elegir entre el PNV o el binomio diabólico PSE-PP, en el fondo, tiene el mismo nivel de debate político que elegir estas Navidades entre Barbie o Bratz.

Este país necesita un bloque de izquierdas con un marcado respeto en todo momento al conjunto de los derechos humanos y civiles, incluido el derecho democrático a decidir. Necesitamos centrar un discurso diferente, alejado de los cantos de sirena que ahora nos quieren vender. Otra dinámica es posible y, con la que está cayendo, es urgente y necesaria. El lobo hace años que se coló en el gallinero.

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Pensiones y trabajo doméstico > María Pazos (ATTAC)

Artículo de María Pazos publicado en la web de ATTAC

La Comisión del Pacto de Toledo ha propuesto que se estudien medidas para que las amas de casa lleguen a cobrar pensión de jubilación. El informe habla de reconocimiento de periodos cotizados por cuidado de hijos y dependientes, así como de establecer incentivos fiscales, que no concretan, para que coticen los matrimonios con régimen de gananciales. Todo muy vago aún pero muy preocupante, porque supone profundizar una vía ya iniciada hacia la consolidación de la división sexual del trabajo que las mujeres españolas habíamos soñado con desafiar. Pensábamos: puesto que nos hemos incorporado a la educación con inmejorables resultados, ¡queremos nuestros empleos y nuestras pensiones por derecho propio! Aún más, ahora que hemos demostrado nuestra valía para cualquier profesión, y la valía de los hombres para cualquier actividad doméstica, ¡queremos repartir al 50% todas las tareas! ¿No es posible? ¿Por qué no? ¿Se han planteado siquiera la pregunta los diputados y las diputadas de la Comisión del Pacto de Toledo?

Dirán que no es posible porque nosotras elegimos ser amas de casa, pero nadie se cree ya que las chicas que terminan sus estudios optan masivamente por esa vocación. Al contrario, para jóvenes menores de 30 años, la tasa de actividad femenina es prácticamente igual a la masculina. De hecho, muchas retrasan la decisión del primer hijo buscando estabilidad en el empleo; la bajísima tasa de fecundidad española es una muestra de que las mujeres no están dispuestas a optar por la maternidad sacrificando su profesión. Pero lo que no se dice es que las pocas que se deciden a tener hijos se encuentran, además de sin servicios públicos de educación infantil accesibles, con maridos que no comparten, con empresarios que les penalizan y con importantes incentivos económicos a las familias para que ellas abandonen definitivamente sus empleos. Ahí está la desgravación por declaración conjunta de los matrimonios en el IRPF, una ayudita si ella se queda en casa que se une a los permisos de maternidad cada vez más largos (y mucho más largos que los de paternidad), a los cuales suceden excedencias con reconocimiento de cotizaciones (aunque, nótese: ¡solamente durante un periodo y nunca para el desempleo!).

Ayuditas y promesas: el régimen matrimonial de gananciales ya les promete que todo será de los dos al 50%. Además, ella no debe preocuparse, porque con las cotizaciones de él tendrán una pensión de jubilación y, si pasara lo peor, ella quedaría con la de viudedad. Como parece que todo esto no está siendo suficiente, ahora se les promete una pensión de jubilación (que la Comisión del Pacto de Toledo llama ‘propia’) por sus trabajos de ama de casa ¡Qué fácil es engañar a una joven madre que de todas formas no tiene otra alternativa! Porque del dicho al hecho va mucho trecho: nadie le advierte que la pensión de viudedad se pierde en caso de divorcio; que la liquidación de gananciales es un infierno en muchas ocasiones; que los periodos reconocidos probablemente no les den para llegar a los 20 años de cotización que establecerá la nueva reforma de las pensiones; y que, si acaso llega a los 20 años, le quedará la pensión mínima porque las bases de cotización serán bajas y porque por ese camino no alcanzará los años necesarios para tener pensión completa. La Comisión del Pacto de Toledo, que en el informe citado reclama la “real equiparación de salarios entre hombres y mujeres”, debe de saber que reintegrarse a un empleo de calidad a partir de los 40 años después de un periodo largo de ausencia es casi imposible, aparte de que el coste de oportunidad ya no se recupera; y hoy en día queda mucho por vivir a partir de los 40 años, con maridos e hijos/as o sin ellos/as. Las mujeres, además de no haber sido educadas para pensar en ellas mismas, y menos a largo plazo, tienen que descubrir por sí mismas, en su propia carne, todos estos efectos previsibles. Curiosa inhibición del Sector Público en su tarea informativa/formativa, o mejor dicho, ¡bonita forma de tirar la piedra y esconder la mano!

Los estragos de estas propuestas ‘novedosas’ pueden comprobarse en los países, como Alemania, que nos preceden en ellas. En base a estas experiencias, ya en 1996, Diane Sainsbury estableció dos constataciones sobre los derechos/compensaciones otorgados en base al trabajo doméstico y de cuidados: 1) siempre son inferiores a los adquiridos por la permanencia en el empleo, y 2) nunca son suficientes para asegurarse una renta que permita vivir independientemente.

Si los incentivos siguen aumentando y prosperando, es posible que el gobierno de turno se quite de encima a unas cuantas buscadoras de empleo de esas que empañan las estadísticas del paro. Pero, ¿es bueno para el país? Paradójicamente, un efecto constatado, y obvio, de estas figuras desincentivadoras del empleo formal es el de potenciar la economía sumergida, enemigo principal del Pacto de Toledo. En efecto, en su declaración programática, el Pacto llama a ‘incentivar el trabajo regular y luchar contra la economía sumergida, permitiendo que aflore el empleo oculto existente en la actualidad’; y por ello propone que las bases de cotización se acerquen a los salarios reales y que se penalicen los huecos de cotización. ¿Soñarán con que se apliquen estas reglas para ‘todo el mundo’ excepto para el 50% de la población? Parece como si no se hubieran dado cuenta de que su imposible excepcionalidad se refiere justamente a la mitad más importante de la regla, porque son las mujeres las que tienen más huecos y las que están más afectadas por ese empleo sin derechos. Pero los perjuicios para la sociedad son mucho mayores que la precariedad y la pérdida de ingresos por impuestos y cotizaciones que supone la economía irregular. Ya nadie pone en duda que la especialización de las mujeres en el trabajo doméstico es ineficiente: desperdicio de su capital humano, segregación del mercado de trabajo, despilfarro del capital cuidador de los hombres… Aún más, sabemos que es insostenible: los países que continúan por esta vía, como Alemania, Japón, España o Italia, registran las menores tasas de fecundidad del mundo, en un fenómeno que se ha dado en llamar ‘suicidio demográfico’.

Entonces, ¿a quién le interesa la vía que la Comisión del Pacto de Toledo nos propone profundizar? Muy sencillo: a un sistema político-económico en el que, como afirma Vicente Navarro, el poder de clase se alía con el poder de género. El confinamiento de las mujeres en el hogar, tan perjudicial para ellas mismas y para la sociedad en su conjunto, proporciona a las empresas hombres totalmente disponibles y, como únicos sustentadores, absolutamente sumisos. ¿Qué más les da si se desperdicia la mitad del capital humano del país? ¿Qué les importa que los servicios públicos sean una inversión rentable, si no se apunta a su cuenta de resultados empresariales? El capitalismo salvaje no entiende de razones sociales. Por ello, hace ya casi un siglo, la comunidad internacional se unió en torno a la idea del Estado del Bienestar, precisamente para poner coto a este fenómeno depredador que ahora vuelve a campar por sus respetos.

Hay que reconocer también que el sistema tiene su base social. También la llamada izquierda está sucumbiendo ante los cantos de sirena de este poder patriarcal y económico que parece otorgar a los hombres la descarga sobre la parte débil. ¿Quién habla de estos temas? Mujeres en el 99% de los casos. Algunas feministas nos desgañitamos gritando que queremos ser iguales a nuestros compañeros de clase, de trabajo, de vida. Nuestros compañeros progresistas no niegan nuestras razones pero tampoco nos escuchan. La violencia de género se trata como algo abstracto. El Burka se tolera o se minimiza el problema con argumentos cuantitativos (“hay pocos”, repiten). Hemos crecido pensando que estábamos conquistando la igualdad y nos hemos topado con la diferencia. Algunos se sentirán privilegiados, sobre todo cuando el empleo es escaso y no parece haber para todos. Pero se equivocan quienes eligen ese camino, porque por él solo se va a la barbarie. Y al paso que vamos, como escribió Bertolt Brecht, cuando vengan a por ellos ya no quedará nadie para protestar.

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América Latina: Luces y sombras de la década progresista > Raúl Zibechi (La Jornada)

Si aceptamos que la realidad político-social no está configurada por un solo escenario sino por tres (superación de la dominación estadunidense, del capitalismo y del desarrollo), la década progresista tuvo resultados dispares y hasta contradictorios. Creo que el terreno en el que más se ha avanzado, el de las luces más brillantes, se relaciona con el primer aspecto, mientras los otros dos muestran los nudos que el progresismo no ha conseguido desatar en estos años.

La creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), del Consejo de Defensa Sudamericano y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños muestra los avances que se han producido en ésta década desde el punto de vista de la integración regional y el autogobierno del área. Entre lo positivo debe destacarse, además, la creación y consolidación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), ya que ensaya formas de integración e intercambio por fuera del hegemónico libre comercio.

Aunque las relaciones interestatales muestran cambios importantes en la región, con la consolidación de Brasil como nueva potencia regional que no reproduce el mismo estilo de relación con sus vecinos que los imperialismos tradicionales, y la presencia de China tiende a diversificar las relaciones al punto de generar una región multipolar, algunas iniciativas han quedado en el camino o se han frenado haciendo peligrar su continuidad. Tal es el caso del Banco del Sur, creado formalmente pero paralizado realmente. Es una pena que no se haya optado por la transparencia, ya que no se dicen en voz alta las razones de tal parálisis, que se relacionan con el escaso interés de Brasil en financiar una iniciativa que no necesita, ya que cuenta con el BNDES, el mayor banco de fomento del mundo. Apenas un dato: este año el BNDES realizó préstamos por 86 mil millones de dólares, mientras el Banco Mundial pudo prestar apenas 40 mil 300 millones y el BID 15 mil 500 (Agencia Estado, 19 de diciembre de 2010).

En el camino quedaron incluso propuestas como el Gasoducto del Sur, que hubiera rediseñado las redes de distribución de hidrocarburos en Sudamérica. A pesar de estas sombras, la década ha sido muy positiva mostrando la capacidad de los principales países de crear mecanismos de resolución de conflictos sin permitir la injerencia de la Casa Blanca.

Desde el punto de vista de la superación del capitalismo, el segundo escenario, las cosas no han marchado bien. La expansión de los monocultivos, de la minería a cielo abierto y de la ganadería convirtió a la región en gran exportador de commodities, lo que supone una profundización del capitalismo en su vertiente extractivista, o sea con desindustrialización y exclusión de una porción significativa de la población. La incapacidad para superar el modelo neoliberal que viene mostrando el progresismo, en sus diversas variantes, no sólo representa un problema en sí mismo sino que facilita el crecimiento de las derechas, lo que introduce cuñas en la gobernabilidad y tiende a generar inestabilidad.

Cuando el progresismo en el gobierno se queja de las actitudes desestabilizadoras de las derechas, debería pensar que es el modelo económico el que alimenta a esas derechas que se fortalecen en la misma medida que se debilita el movimiento social. En segundo lugar, la concentración de renta que genera este modelo agudiza todos los problemas sociales que las políticas públicas buscan amortiguar. En tercero, el extractivismo militariza los territorios en los que se asienta. De modo que se va dibujando un panorama francamente preocupante: polarización social y política con criminalización de la protesta, en el peor de los casos. Anomia y desmovilización, en los casos menos graves. La división entre movimientos y gobiernos es también resultado de una década de gobiernos progresistas.

El tercer escenario, el de la superación del desarrollismo, apenas está despuntando. En rigor, no hay debates de fondo sobre este tema, pero el solo hecho de que existan personas y colectivos que se pronuncien sobre “el buen vivir /sumak kawsay” es una muestra de que aun en situaciones de política defensiva, el debate de ideas puede levantar vuelo. Aún falta mucho para que estos modos de vida alternos al capitalismo echen raíces, más allá de las prácticas concretas de una buena parte de las comunidades indígenas. Se trata de la novedad más importante que aportó el ciclo de luchas sociales antineoliberal, porque abre las puertas no sólo para la superación del capitalismo sino también para la descolonización del pensamiento y de la vida misma, sin lo cual no es posible crear un mundo verdaderamente nuevo.

No sería adecuado hacer una síntesis de luces y sombras que diga cuáles son más importantes o decisivas. Insisto en mirar la realidad según cada uno de los escenarios esbozados porque, aun estando íntimamente relacionados, tienen dinámicas propias. Así, el escenario interestatal tiene muchas luces, toda vez que se está haciendo evidente que el mundo y la región experimentan una transición de la dominación estadunidense a una realidad multipolar, mucho más abierta e impredecible, en la cual las fuerzas antisistémicas (las que conforman el segundo escenario) podrán hacer sentir su potencia creadora con mucha más fuerza que en los periodos donde la dominación era estable. Por último, a medida que se vaya asentando el nuevo escenario interestatal serán más visibles las características de las nuevas dominaciones. Por ejemplo, sabremos si el capitalismo brasileño se comportará del mismo modo imperialista que lo hizo el británico y luego el estadunidense, o tendrá otras señas de identidad, como indican algunos gestos. En todo caso, podemos esperar –y confiar– que un mayor equilibro entre las potencias mundiales generará fluctuaciones y oscilaciones que serán un buen caldo de cultivo para los movimientos emancipatorios. No hay nada peor que una dominación unificada, centralizada y opaca.

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Por unos cuidados dignos > Amaia Agirresarobe (Alternatiba)

El proceso de desmantelamiento del Estado del Bienestar sigue adelante. La pasada semana tuvimos ocasión de contemplar este triste espectáculo con nuestros propios ojos. La Ponencia sobre la situación y necesidades de las personas dependientes y discapacitados que va camino de ser aprobada en Bizkaia, indica que nos encontramos a bordo de un barco que tiene como destino el capitalismo salvaje.

La Ponencia permitirá poner en marcha un modelo mixto de gestión en las normas que se impulsen en el futuro. Es decir, un modelo que combinará la gestión pública y la privada. Se renuncia, por lo tanto, a la creación de un Sistema Vasco de Servicios Sociales público, para apoyar la vía privada. No supondrá una tarea fácil para aquellos que se han posicionado a favor de dicha Ponencia explicar a los ciudadanos los dudosos beneficios de este paso atrás en la consecución del bienestar colectivo. Para nosotros, sin embargo, no se trata más que de un acto vandálico. Es decir, vandalismo contra todo aquello que tenga carácter público.

Las Juntas Generales de Bizkaia confirmarán, de este modo, su apuesta por la acumulación de capital y la limitación de la responsabilidad pública. Todo parece indicar que se trata de dos apuestas firmes. Florentino Pérez estará frotándose las manos. Pues, de este modo, Bizkaia abrirá sus puertas de par en par al empresario para que éste pueda seguir enriqueciéndose a costa de los cuidados, valiéndose de su enésima empresa filial. No se mostrarán tan contentos, en cambio, aquellos que se vean obligados a pagar dos veces por ser atendidos.

Parece ser que el sistema de copago ha sido el único medio de financiación que han encontrado para garantizar el derecho al cuidado de los ciudadanos. Sin embargo, tal como está planteado, en lugar de llamarlo “copago”, sería más correcto denominarlo “repago”. A pesar de querer escenificar unas diferencias inexistentes, las instituciones vascas se muestran de acuerdo en lo esencial: quieren reducir el coste de los servicios que tienen a su cargo, traslandando la responsabilidad a las familias. Pero, ¿quiénes saldrán perjudicados si las instituciones públicas renuncian a ejercer su responsabilidad? Las personas dependientes, sin la menor duda.

Los defensores del sistema de copago intentan colar esta medida presentándola como una muestra de solidaridad entre ciudadanos. Nosotros, por el contrario, tenemos claro que ese llamamiento a la solidaridad es pura hipocresía y que aquellos que lo hacen han demostrado una y otra vez que no les importa pervertir el término. Es más, es el propio copago el que rompe con los conceptos de igualdad y solidaridad. Por medio de este sistema, la intensidad, el contenido y la calidad de los cuidados que cada persona reciba estarán condicionados por su capacidad adquisitiva.

La Diputaciónde Bizkaia lleva años perdonando impuestos a los que más ganan y a los que disponen de mayores patrimonios. El peso de la fiscalidad ha recaído en los trabajadores. Se trata, por tanto, de un problema de falta de ingresos. Ese dinero que falta es precisamente aquel que han perdonado a los que más tienen y que ahora se antoja más necesario que nunca. Se estima, por ejemplo, que la Diputación deja de ingresar 106 millones de euros al año desde que suprimió el impuesto sobre el patrimonio a los más ricos.

Por otro lado, desde hace tiempo la Diputación impulsa procesos de subcontratación que acentúan la situación insostenible de un sector que padece la precariedad como un mal estructural. Así, en cuanto a los cuidados, tanto en el sector público como en el privado, se ofertan muy pocos empleos con condiciones dignas, mientras que la mayoría son precarios. La situación no mejorará una vez que la Diputación emprenda el camino abierto por la Ponencia. De hecho, cada vez será más difícil garantizar unos cuidados de calidad, en la medida en que ese trabajo se vea condicionado por la productividad y el rendimiento económico.

Ya sabíamos que las clases desfavorecidas suelen ser las que soportan las condiciones de trabajo más penosas. En este caso, está claro que la precariedad hará tambalearse los derechos de las mujeres y, especialmente, los de las mujeres migrantes. En nuestra opinión, dar a conocer debidamente las diferentes modalidades de cuidados adquiere una especial importancia en este caso.

Ya es hora de que dejemos a un lado la idea de que los cuidados deben recaer en las familias y, principalmente, en las mujeres. Es necesario impulsar unas políticas públicas activas que cubran las necesidades de las personas dependientes poniendo a su disposición todos los medios que se requieran. En este camino hacia la implantación de unos cuidados de calidad, nos parece imprescindible incidir en la necesidad de la percepción de salarios dignos, el reconocimiento de los derechos sociales de las trabajadoras y la visibilización de un sector social que ha sido relegado al olvido.

La ponencia, por el contrario, ensalza la privatización basándose en la premisa de que, supuestamente, conseguirá incrementar la tasa de empleo entre las mujeres. Sin embargo, pasa de puntillas por la exigencia de los derechos laborales de las trabajadoras. En Alternatiba, en cambio, entendemos el trabajo en su sentido más amplio, puesto que lo consideramos un concepto global. Esto incluye, además del trabajo remunerado, toda actividad necesaria para el sostenimiento de la vida social. Por lo tanto, las tareas de cuidado, especialmente las que han sido desarrolladas por mujeres, son un elemento fundamental de lo que consideramos trabajo.

El sistema de copago va a hacer un flaco favor a las empleadas del hogar. De hecho, las constrataciones realizadas con dinero negro seguirán siendo más rentables que el copago en sí. En consecuencia, el copago se convertirá en una excusa más para perpetuar la informalidad y la falta de garantías en este sector. Para las mujeres migrantes seguirá siendo muy complicado regularizar su situación, y será aún más complicado para ellas poder cambiar de profesión.

Por si esto fuera poco, la Ponencia da prioridad a los cuidados y los cuidadores dentro del entorno familiar o, dicho de otra manera, fortalece el papel de las mujeres cuidadoras. En nuestra opinión, esta medida no hará sino alejar a las mujeres del mundo laboral. A la vista está la precariedad y la falta de calidad del Regimen Especial de Empleados del Hogar de la Seguridad Social. Estas cuidadoras, comprendidas generalmente entre los 45 y los 65 años, no podrán percibir prestación alguna.

Visto lo visto, no nos cabe duda de que la Diputacion está perdiendo una oportunidad magnífica para ofrecer una salida digna tanto a las personas que requieren cuidados, como a aquellas trabajadoras que se los dispensan. Bizkaia, en cambio, pondrá sus miras en la consecución de beneficios económicos y el aumento de la productividad. Así las cosas, la responsabilidad de los cuidados seguirá recayendo en las familias y, principalmente, en las mujeres.

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