Lo que no se conoce sobre Egipto> Vicencs Navarro (Rebelion)
Autor: Vicenç Navarro
Fuente: Rebelión
La caída del dictador Mubarak como resultado de la movilización popular es un motivo de alegría para toda persona con sensibilidad democrática. Pero esta misma sensibilidad democrática debería concienciarnos de que la versión de lo ocurrido que ha aparecido en los medios de información de mayor difusión internacional (desde Al Yazira a The New York Times y CNN) es incompleta o sesgada, pues responde a los intereses que los financian. Así, la imagen general promovida por aquellos medios es que tal evento se debe a la movilización de los jóvenes, predominantemente estudiantes y profesionales de las clases medias, que han utilizado muy exitosamente las nuevas técnicas de comunicación (Facebook y Twitter, entre otras) para organizarse y liderar tal proceso, iniciado, por cierto, por la indignación popular en contra de la muerte en prisión, consecuencia de las torturas sufridas, de uno de estos jóvenes.
Esta explicación es enormemente incompleta. En realidad, la supuesta revolución no se inició hace tres semanas y no fue iniciada por estudiantes y jóvenes profesionales. El pasado reciente de Egipto se caracteriza por luchas obreras brutalmente reprimidas que se han incrementado estos últimos años. Según el Egypt’s Center of Economic and Labor Studies, sólo en 2009 existieron 478 huelgas claramente políticas, no autorizadas, que causaron el despido de 126.000 trabajadores, 58 de los cuales se suicidaron. Como también ocurrió en España durante la dictadura, la resistencia obrera democrática se infiltró en los sindicatos oficiales (cuyos dirigentes eran nombrados por el partido gobernante, que sorprendentemente había sido aceptado en el seno de la Internacional Socialista), jugando un papel clave en aquellas movilizaciones. Miles y miles de trabajadores dejaron de trabajar, incluidos los de la poderosa industria del armamento, propiedad del ejército. Se añadieron también los trabajadores del Canal de Suez (6.000 trabajadores) y, por fin, los empleados de la Administración pública, incluyendo médicos y enfermeras (que desfilaron con sus uniformes blancos) y los abogados del Estado (que desfilaron con sus togas negras). Uno de los sectores que tuvo mayor impacto en la movilización fue el de los trabajadores de comunicaciones y correos, y los del transporte público.
Los centros industriales de Asyut y Sohag, centros de la industria farmacéutica, energía y gas, también dejaron de trabajar. Las empresas en Sharm El-Sheikh, El-Mahalla Al Kubra, Dumyat y Damanhour, centros de la industria textil, muebles y madera y alimentación también pararon su producción. El punto álgido de la movilización obrera fue cuando la dirección clandestina del movimiento obrero convocó una huelga general.
Los medios de información internacionales se centraron en lo que ocurría en la plaza Tahrir de El Cairo, ignorando que tal concentración era la cúspide de un témpano esparcido por todo el país y centrado en los lugares de trabajo –claves para la continuación de la actividad económica– y en las calles de las mayores ciudades de Egipto.
El ejército, que era, y es, el ejército de Mubarak, no las tenía todas consigo. En realidad, además de la paralización de la economía, tenían temor a una rebelión interna, pues la mayoría de los soldados proceden de familias muy pobres de barrios obreros cuyos vecinos estaban en la calle. Mandos intermedios del ejército simpatizaban también con la movilización popular, y la cúpula del ejército (próxima a Mubarak) sintió la necesidad de separarse de él para salvarse a sí misma. Es más, la Administración de Obama, que al principio estuvo en contra de la dimisión de Mubarak, cambió y presionó para que éste se fuera. El Gobierno federal ha subvencionado con una cantidad de 1.300 millones de dólares al año al ejército de aquel país y éste no podía desoír lo que el secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, estaba exigiendo. De ahí que el director de la CIA anunciase que Mubarak dimitiría y, aunque se retrasó unas horas, Mubarak dimitió.
Ni que decir tiene que los jóvenes profesionales que hicieron uso de las nuevas técnicas de comunicación (sólo un 22% de la población tiene acceso a Internet) jugaron un papel importante, pero es un error presentar aquellas movilizaciones como consecuencia de un determinismo tecnológico que considera la utilización de tecnología como el factor determinante. En realidad, la desaparición de dictaduras en un periodo de tiempo relativamente corto, como resultado de las movilizaciones populares, ha ocurrido constantemente. Irán (con la caída del Sha), el Muro de Berlín, la caída de las dictaduras del Este de Europa, entre otros casos, han caído, una detrás de otra, por movilizaciones populares sin que existiera Internet. Y lo mismo ocurrió en Túnez, donde, por cierto, la resistencia de la clase trabajadora también jugó un papel fundamental en la caída del dictador, cuyo partido fue también, sorprendentemente, admitido en la Internacional Socialista.
El futuro, sin embargo, comienza ahora. Es improbable que el ejército permita una transición democrática. Permitirá establecer un sistema multipartidista, muy limitado y supervisado por el ejército, para el cual el enemigo número uno no es el fundamentalismo islámico (aunque así lo presenta, con el fin de conseguir el apoyo del Gobierno federal de EEUU y de la Unión Europea), sino la clase trabajadora y las izquierdas, que son las únicas que eliminarían sus privilegios. No olvidemos que las clases dominantes de Irán, Irak y Afganistán apoyaron el radicalismo musulmán (con el apoyo del Gobierno federal de EEUU y de Arabia Saudí) como una manera de parar a las izquierdas. Una de las primeras medidas que ha tomado la Junta Militar ha sido prohibir las huelgas y las reuniones de los sindicalistas. Sin embargo, esta movilización obrera apenas apareció en los mayores medios de información.
Reflexiones sobre el Bai Center de Gasteiz> Josu Estarrona (Alternatiba)
La polémica ha acompañado al proyecto de auditorio y palacio de congresos desde sus primeros pasos: primero hubo controversia por su ubicación; luego, por los 159.000 euros empleados en construir una maqueta acústica de la futura sala sinfónica; después vino el costoso viaje de concejales y técnicos a Japón; y lo último ha sido la contratación a la empresa “Bassat Ogilvy Comunicación”, para buscar un nombre con el que bautizar al centro. Merece la pena detenerse un momento a reflexionar sobre el proyecto. En concreto, sobre una de sus tres patas: el auditorio, que, junto con el área de congresos y el espacio expositivo, integrará el futuro Bussines & Arts International Center –BAI Center–.
El Ayuntamiento defiende su ubicación arguyendo que se encuentra en el nudo de una importante red de comunicaciones: la futura estación autobuses y del Tren de Alta Velocidad, el aeropuerto, la autopista… Parece que el proyecto estuviera dirigido en mayor medida a usuarios externos que a la propia ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Quizás, su futura ubicación se deba a criterios de descongestión cultural del centro y barrios de la ciudad (¡ja,ja!).
En cuanto a la maqueta acústica, el pago de la reproducción a escala puede estar justificado, ya que por todas y todos es sabido que en la capital alavesa existe una cantidad ingente de ciudadanas/os expertos en acústica, ¿verdad? Y, por si la opinión de la ciudadanía no fuese suficiente, nuestros ilustres políticos asisten a experimentar y conocer de primera mano las excelencias acústicas de auditorios diseñados por Yasuhisa Toyota. ¡Uff! ¡Qué alivio! Y como el gasto no es suficiente -y ahora ya sin ironía- se contrata a una empresa para buscar un nombre y suponemos que para diseñar los aspectos concernientes a marketing y comunicación. Añadimos a esto los emolumentos que se vienen pagando a un y unos asesores desde dos años antes de la aprobación municipal del proyecto.
Ante este escenario, desde Alternatiba Gasteiz queremos plantear una serie de reflexiones en torno al área cultural del denominado centro de negocios y cultura para el siglo XXI.
El Teatro Principal dispone de 988 localidades. ¿Son acaso insuficientes? Sólo en conciertos sinfónicos y espectáculos teatrales muy puntuales se completa el total del aforo. Se va a construir un auditorio con un aforo de 1550 localidades ¿Existe tal demanda?
La sala de vanguardia pretende acoger conciertos de menor formato, como solistas y música de cámara. El aforo previsto es de 520 personas. Actualmente, el Aula de Fundación Caja Vital puede acoger 268 espectadores, que, de momento – y tras muchos años de andadura-, viene siendo más que suficiente. Cabe añadir que se ha recortado la programación de los Martes Musicales por falta de presupuesto. Por tanto: ¿está justificado duplicar el aforo para este formato de conciertos? ¿Cuál es el perfil de los espectadores? ¿Existe demanda? Recordemos en este punto que el Aula Magna del Conservatorio, con parada de tranvía (que tanto preocupa), dispone de un aforo de alrededor de 570 espectadores y una calidad acústica muy buena; pregunten si no a los entendidos. Se trata de un espacio, como tantos otros, infrautilizado, sin duda.
La que sí que estaba siempre a rebosar era la iglesia de San Pedro. Allí tenía lugar la Semana de Música antigua, una cita musical muy demandada. Una cita que, por cierto, en 2010 no se celebró por problemas económicos, entre otros. Sí: la iglesia de San Pedro se quedaba pequeña. Pero, ¿sería el nuevo auditorio el espacio más adecuado para interpretar música medieval, renacentista y barroca? ¿No podría destinarse parte del dinero que se va a gastar en el complejo de Lakua a recuperar un evento con tantos espectadores?
Recordemos que la semana coral de Álava también ha desaparecido del ámbito cultural alavés por problemas de financiación. ¿Para que queremos un auditorio si no traemos masas corales?
Para otro tipo de espectáculos destinados a un público numeroso, se prevé un área expositiva y de espectáculos con un aforo para 6.500 personas. ¿Pero no teníamos ya un multiusos? Su aforo es de 7500 espectadores; y sin embargo, salvo en la Feria de La Blanca, está siempre -¡siempre!- vacío. ¿Y qué hay del pabellón Buesa Arena? ¿Se le saca jugo? ¿Se exprimen sus posibilidades?
Además de los citados, en Vitoria-Gasteiz disponemos de otros espacios culturales, como es el caso de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu (con 130 butacas), la Sala Ignacio Aldecoa (para 183 personas), la Sala Luis Ajuria, las Aulas Magnas de las facultades… y un largo etcétera.
También en el caso de espacios artísticos y para exposiciones la lista es larga: Artium, Montehermoso, Sala Fundación Caja Vital, Sala Araba, Luis de Ajuria, Sala Amárica, inminentes instalaciones de Krea y otro largo etcétera.
Cuando se crean nuevos espacios, hay que llenarlos de vida y de cultura. ¿Qué papel van a jugar los teatros de la red municipal? ¿Es bueno hacer grandes colosos culturales en detrimento de la cultura que nace y se hace en nuestros barrios? ¿Cuánto se está invirtiendo en cultura de base?
Vivimos en un gran país, pero pequeño. En las otras capitales hay instalaciones con las características del BAI center. Por suerte o por desgracia, con el Tren de Alta Velocidad estaremos en 28 minutos en Bilbao, en 25 minutos en Pamplona y en 34 minutos en Donostia.
Sinceramente, nuestra ciudad dispone actualmente de estructuras suficientes como para atender sin problemas la demanda cultural existente. Es verdad que el Teatro Principal no puede atender a la demanda para el Festival Internacional de Teatro, para el de la Magia o para la Danza. Pero esto no lo va a resolver el nuevo auditorio, porque, por su concepción y diseño, no podrá acoger ni obras de teatro ni actuaciones de danza, o de zarzuela, y mucho menos ópera.
Desde Alternatiba Gasteiz consideramos que la actual coyuntura económica no es adecuada para acometer proyectos de semejante envergadura. La cultura, si bien en términos sociales es una inversión, en términos económicos es deficitaria: gestionemos mejor los actuales espacios culturales y destinemos más recursos a la cultura de base, para que la demanda aumente en un futuro. Si los ciudadanos no tenemos estímulos y educación cultural, jamás demandaremos los actos culturales para los que está proyectado el nuevo auditorio
¿Cuánto Jazz se consume durante el año en Vitoria-Gasteiz? ¿Cuánta gente se queda sin poder acceder a la escuela municipal de música Luis Aramburu, teniendo que acudir a academias privadas?, ¿En qué condiciones está el conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela? ¿Cuál es la aportación municipal al Taller de Artes Escénicas? ¿Cuántos/as vitorianos/as visitamos nuestra excelente red de museos?
Queridos/as dirigentes, no se aventuren ni precipiten; hagan caso a Hermann Hesse:
“La práctica debería ser producto de la reflexión, no al contrario”.
Todo lo sólido se desvanece en la calle> Raul Zibechi (Rebelion)
Artículo de Raul Zibechi publicado en Rebelion
Imagen: Emad Rauf
Las revueltas del hambre que sacuden al mundo árabe pueden ser apenas las primeras oleadas del gran tsunami social que se está engendrando en las profundidades de los pueblos más pobres del planeta. El fenomenal aumento del precio los alimentos (58% el maíz, 62% el trigo en un año) se está convirtiendo en la espoleta que dinamiza los estallidos, pero el combustible lo aporta la brutal especulación financiera que se está focalizando, nuevamente, en las materias primas. Algunos precios ya superaron los picos de 2008, aunque el Banco Mundial y el FMI se muestran incapaces de frenar la especulación con los alimentos, con la vida.
Dos hechos llaman la atención en la revuelta árabe: la velocidad con que las revueltas de hambre se convirtieron en revueltas políticas y el temor de las elites dominantes que no atinaron, durante décadas, a otra cosa que no fuera resolver problemas políticos y sociales con seguridad interna y represión. La primera habla de una nueva politización de los pobres del Medio Oriente. La segunda, de las dificultades de los de arriba para convivir con esa politización. El sistema está mostrando sobradamente que puede convivir con cualquier autoridad estatal, aún la más “radical” o “antisistema”, pero no puede tolerar la gente en la calle, la revuelta, la rebelión permanente. Digamos que la gente en la calle es el palo en la rueda de la acumulación de capital, por eso una de las primeras “medidas” que tomaron los militares luego de que Mubarak se retirara a descansar, fue exigir a la población que abandonara la calle y retornara al trabajo.
Si los de arriba no pueden convivir con la calle y las plazas ocupadas, los de abajo -que hemos aprendido a derribar faraones- no aprendimos aún cómo trabar los flujos, los movimientos del capital. Algo mucho más complejo que bloquear tanques o dispersar policías antimotines, porque a diferencia de los aparatos estatales el capital fluye desterritorializado, siendo imposible darle caza. Más aún: nos atraviesa, modela nuestros cuerpos y comportamientos, se mete en nuestra vida cotidiana y, como señaló Foucault, comparte nuestras camas y sueños. Aunque existe un afuera del Estado y sus instituciones, es difícil imaginar un afuera del capital. Para combatirlo no son suficientes ni las barricadas ni las revueltas.
Pese a estas limitaciones, las revueltas del hambre devenidas en revueltas antidictatoriales son cargas de profundidad en los equilibrios más importantes del sistema-mundo, que no podrá atravesar indemne la desestabilización que se vive en Medio Oriente. La prensa de izquierda israelí acertó al señalar que lo que menos necesita la región es algún tipo de estabilidad. En palabras de Gideon Levy, «estabilidad es que millones de árabes, entre ellos dos millones y medio de palestinos, vivan sin derechos o bajo regímenes criminales y terroríficas tiranías» (Haaretz, 10 de febrero de 2011).
Cuando millones de personas ganan las calles, todo es posible. Como suele suceder en los terremotos, primero caen las estructuras más pesadas y peor construidas, o sea los regímenes más vetustos y menos legítimos. Sin embargo, una vez pasado el temblor inicial, comienzan a hacerse visibles las grietas, los muros cuarteados y las vigas que, sobreexigidas, ya no pueden soportar las estructuras. A los grandes sacudones suceden cambios graduales pero de mayor profundidad. Algo de eso vivimos en Sudamérica entre el Caracazo venezolano de 1989 y la segunda Guerra del Gas de 2005 en Bolivia. Con los años, las fuerzas que apuntalaron el modelo neoliberal fueron forzadas a abandonar los gobiernos para instalarse una nueva relación de fuerzas en la región.
Estamos ingresando en un período de incertidumbre y creciente desorden. En Sudamérica existe una potencia emergente como Brasil que ha sido capaz de ir armando una arquitectura alternativa a la que comenzó a colapsar. La UNASUR es buen ejemplo de ello. En Medio Oriente todo indica que las cosas serán mucho más complejas, por la enorme polarización política y social, por la fuerte y feroz competencia interestatal y porque tanto Estados Unidos como Israel creen jugarse su futuro en sostener realidades que ya no es posible seguir apuntalando.
Medio Oriente conjuga algunas de las más brutales contradicciones del mundo actual. Primero, el empeño en sostener un unilateralismo trasnochado. Segundo, es la región donde más visible resulta la principal tendencia del mundo actual: la brutal concentración de poder y de riqueza. Nunca antes en la historia de la humanidad un solo país (Estados Unidos) gastó tanto en armas como el resto del mundo junto. Y es en Medio Oriente donde ese poder armado viene ejerciendo toda su potencia para apuntalar el sistema-mundo. Más: un pequeñísimo Estado de apenas siete millones de habitantes tiene el doble de armas nucleares que China, la segunda potencia mundial.
Es posible que la revuelta árabe abra una grieta en la descomunal concentración de poder que exhibe esa región desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sólo el tiempo dirá si se está cocinando un tsunami tan potente que ni el Pentágono será capaz de surfear sobre sus olas. No debemos olvidar, empero, que los tsunamis no hacen distinciones: arrastran derechas e izquierdas, justos y pecadores, rebeldes y conservadores. Es, no obstante, lo más parecido a una revolución: no deja nada en su lugar y provoca enormes sufrimientos antes de que las cosas vuelvan a algún tipo de normalidad que puede ser mejor o menos mala.
Campaña por el reconocimiento a las víctimas de violencia sexista
Campaña de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia por el reconocimiento a las víctimas de violencia sexista
Desde la Asamblea de Mujeres de Bizkaia queremos hacer una petición al ayuntamiento de Bilbao para que ponga en marcha formas de reconocimiento explícito de las víctimas de la violencia sexista. Creemos que ya es hora de que los poderes públicos, encabezados en este caso por nuestro ayuntamiento, reparen el abandono y la invisibilidad que han sufrido y sufren todas las mujeres víctimas de la violencia sexista.
La violencia sexista ha sido y es un instrumento para mantener a las mujeres bajo un modelo de subordinación frente a los varones. Esta forma de violencia, no sólo es responsabilidad de quien la ejerce directamente, sino también de quien la perpetúa a través de los patrones estereotipados de comportamientos sexistas, que siguen legitimando y “comprendiendo” la violencia contra las mujeres. Desde la Asamblea de Mujeres creemos que la erradicación de la misma es responsabilidad de todas las instituciones, los agentes sociales y de toda la ciudadanía.
A lo largo de la historia, las mujeres hemos padecido, pero también nos hemos rebelado, contra un sistema de organización social que nos negaba nuestros derechos más elementales como seres humanos. Sin embargo, creemos que ni el sufrimiento, que la desigualdad ha generado, ni la lucha pacífica por la igualdad han tenido un reconocimiento suficiente, por parte de los poderes públicos. Este déficit de legitimidad es, en buena medida, responsable de que esta violencia sistémica se perpetúe, de que no quede recogida en nuestra memoria colectiva y de que, incluso para algunas personas, la violencia contra las mujeres sea un factor nuevo, aislado e incomprendido en su dimensión estructural.
Creemos que es necesario activar, en nuestro municipio, procesos de elaboración de la memoria de las víctimas de la violencia sexista. De esta manera, pretendemos contribuir a la construcción de la memoria histórica de las mujeres de Bilbao. Este proceso exige ganar presencia y autoridad en el espacio público en el que se dirimen los procesos de significación, los sentidos y los símbolos socialmente relevantes. Los lugares de la memoria, son espacios físicos cargados de valor simbólico. En ellos, una sociedad democrática trata de poner énfasis y de subrayar aquello que es importante para todas y todos, desde el punto de vista de los valores y de los derechos humanos.
Por todo ello, creemos que es necesario que en el espacio público de Bilbao, se cree un lugar para el reconocimiento de la memoria colectiva de las mujeres víctimas de la violencia sexista. Consideramos que la creación de un lugar de la memoria de estas características es un instrumento imprescindible para que la violencia contra las mujeres no sea jamás olvidada y, también, para fortalecer el proceso de deslegitimación de las conductas violentas contra las mujeres. No olvidemos que esta violencia específica representa, en palabras de la ONU, la violación de los DERECHOS HUMANOS más extendida y silenciada a lo largo de la historia.
Somos conscientes de que una de las complejidades más grandes que entraña la lucha contra la violencia sexista es, precisamente, la prevención de la misma. Creemos que para impulsarla es imprescindible fomentar un cambio de valores culturales que garantice el acceso de toda la ciudadanía a la igualdad. La violencia de género sigue siendo uno de los mayores obstáculos, que nos impide a las mujeres ejercer nuestros derechos como ciudadanas. Por ello, exigimos romper con el silencio y con la impunidad y planteamos que se haga visible la huella que la violencia sexista ha dejado en nuestra memoria social. La creación de un lugar de la memoria que posibilite el reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista nos ayudará a romper la complicidad social con la que muchas veces han contando los agresores y, también, a que la sociedad realice el trabajo de duelo que las víctimas se merecen.
Con esta acción buscamos:
-El reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista.
-Que las/os familiares posean un espacio público de recuerdo y de duelo.
-La creación de un lugar de la memoria que dé legitimidad a la lucha feminista por la igualdad.
-Contribuir a la construcción de la memoria histórica de los bilbainos/as con una huella material, que nos ayude a no olvidar y a repudiar todas las expresiones de la violencia sexista.
Para ello, solicitamos:
1-Que la plaza de San Vicente pase a llamarse PLAZA 25 DE NOVIEMBRE, Dia internacional contra la violencia hacía las mujeres.
2-Que el ayuntamiento organice un concurso para erigir en dicha plaza un lugar de la memoria simbólico que, por un lado, dé reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista, por otro, sea un homenaje a todas las mujeres que han luchado para ser dueñas de su propia existencia y, finalmente, favorezca la igualdad entre mujeres y hombres.
Entrevista en video sobre la reforma de pensiones
Entrevista a Mikel de la Fuente, Profesor de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (UPV)
«No nos enfrentamos a una crisis de la seguridad social sino a una cuestión de distribución de lo producido: los salarios y las cotizaciones, por un lado, y los beneficios empresariales, por otro lado»
«Nadie se ocupa ni de los autores ni de los trabajadores, sólo de los intermediarios»
Entrevista a David García Aristegui, de la Coordinadora de Informática de CGT, activista de movimientos sociales y experto en derechos de autor y «copyleft»·
“La ley Sinde es una ley coercitiva que no mejora las condiciones de los/las creadores, sino que además atenta contra los derechos y libertades de la ciudadanía, con el único objetivo de contentar a los lobbies y grupos de presión con intereses económicos muy concretos”, ¿Qué opinas sobre esta crítica a la ley?
Efectivamente no mejoraría nada las condiciones de las y los creadores (ni una palabra sobre los leoninos contratos editoriales, por ejemplo). Como dice el abogado Javier de la Cueva: “nadie se ocupa ni de los autores ni de los trabajadores, sólo de los intermediarios”. Las entidades de gestión pierden juicio tras juicio las demandas a las webs de enlaces, los jueces han dictaminado en todas, repito, todas las ocasiones que las webs de enlaces no vulneran la propiedad intelectual. La Ley Sinde sería un burdo intento de cerrar administrativamente lo que no se ha conseguido en los juzgados, así que ojo a esto. Para finalizar, en este debate veo posturas excesivas a ambos lados del cuadrilátero: estoy de acuerdo en que la propiedad intelectual NO es un derecho fundamental, pero tampoco estoy de acuerdo (y ahí discrepo de gente posicionada contra la Ley Sinde) en que esos cierres de webs vulnerarían otros supuestos «derechos fundamentales». Me parece una visión muy eurocéntrica de todo este asunto, habiendo el porcentaje de población mundial que hay que sufre de hambrunas y que no tiene acceso a agua potable. ¿Demagogia? puede, pero no perdamos la medida de las cosas, los «derechos fundamentales» son otros.
Entonces, ¿Quiénes serían los vencedores?
De momento nadie ha vencido, y menos los intermediarios «clásicos», cada vez más fuera de juego. Cuando hablo de intermediarios «clásicos» me refiero a quienes ostentan los derechos y gestionan los derechos de autor de los creadores (por ejemplo editoriales musicales), de las compañías que comercializan los contendios hechos por esos creadores y las entidades de gestión que recaudan en nombre de los creadores quieran ellos o no (como pasa en la actualidad con la gente que apuesta por las Creative Commons). Los intermediarios ven que su modelo de negocio, en un mundo donde casi todo es copiable y distribuible en la red a precio casi nulo y la una velocidad de vértigo, hace aguas y tiene fecha de caducidad. Ni con una Ley Sinde aprobada se va a poder volver a una situación análoga a antes del advenimiento de internet, pero hay gente que se empeña en pensar lo contario. La realidad es muy tozuda, pronto se darán cuenta.
El acceso a los medios de producción y canales de promoción, hasta ahora reservados a los intermediarios, ¿ha mejorado las condiciones de trabajo de los/as creadores?
En la propia pregunta subyace un mito de lo más persistente y que está, por desgracia, muy arraigado en los debates en torno a la creación y distribución de contenidos en la era del ADSL y la «generación eMule». Se habla de «eliminación de intermediarios» y de una hipotética relación directa entre creador y público, cuando en muchos casos esto no es cierto. Ahora los creadores necesitan espacios web, diseñadores, posicionarse en buscadores, interaccionar con agregadores de contenidos… sólo por plantear algunos aspectos muy elementales de la presencia de creadores y la difusión de su obra a través de la red.
Eso si, es indiscutible que la posibilidad de copiar contenidos a coste casi nulo en internet ha hecho estallar por los aires y de manera irreversible los modelos clásicos de propiedad intelectual, no tanto por las herramientas al alcance los nuevos «obreros», que también, si no porque las y los usuarios han optado por compartir contenidos de manera masiva y horizontal, y entre los más populares, los contenidos con copyright de la «industria del entretenimiento». En un capitalismo donde ya no tendencialmente, si no que mayoritariamente éste es de carácter «cognitivo» y/o donde la propiedad intelectual es clave en su (re)producción, las formas de propiedad intelectual serán mucho más flexibles o no serán.
¿Cuál es la salida entre el todo gratis y los excesos de los oligopolios del entretenimiento y la industria cultural? ¿Qué alternativas hay a la actual gestión de los derechos de autor?
Hay que asumir formas más flexibles de propiedad intelectual, y para ello la filosofía y licencias asociadas al «copyleft» podrían ser extremadamente útiles para ello. El «copyleft» plantea pasar de «todos los derechos reservados» a «algunos derechos reservados» o que las obras pagadas con dinero público pasen directamente a dominio público, sin propiedad intelectual que valga de por medio. Por desgracia la filosofía del «copyleft», óptima para el desarrollo de software y las TIC, no da demasiadas pistas de como remunerar de una manera justa obras distintas al software, como canciones, libros, películas… Mi planteamiento es que, por ejemplo, un canon a las grandes beneficiadas del intercambio y descarga de contenidos en la red, esto es, la empresas de telecomunicaciones, tiene que colaborar de alguna manera en la retribución de los autores. Por ejemplo, con un canon (palabra maldita, en estos tiempos).
¿Se acaba aquí la intentona de la industria del entretenimiento? ¿Cuáles crees que serán los próximos movimientos?
El próximo 18 de enero termina el plazo para la presentación de enmiendas en el Senado a la Ley de Economía Sostenible, donde está incluida la polémica «Ley Sinde». Parece ser que en febrero hay dos plenos, uno los días 8 y 9 y otro para el 22 y 23, y que será el 23 cuando se produzca la votación en Pleno… La industria va a seguir ejerciendo su esquizofrénico poder de «lobby», y presionando todo lo posible para intentar que mediante legislaciones «ad hoc» se pueda restringir y penalizar el intercambio de ficheros en la red. Hay que tener cuidado con los pasos a dar porque se puede conseguir el efecto contrario al buscado: por ejemplo, en Francia no han ido a por las webs de enlaces si no que han utilizado otro camino, atacar vía Ley Hadopi a los usuarios de redes P2P (redes sin ánimo de lucro, cosa demencial), y lo que finalmente se ha logrado es que aumente enormemente el uso de Megaupload, un portal de una compañía con sede en Honk Kong (ánimo de lucro evidente) donde constantemente se suben contenidos protegidos por propiedad intelectual. Jugada maestra ¿no?
Links recomendados
Vídeo de Javier de la Cueva sobre la Ley Sinde
http://www.youtube.com/watch?
Apoyemos a los creadores
http://mangasverdes.es/2010/
SGAE, sindicalismo y «copyleft»
http://www.nodo50.org/comunes/
¿ A quién interesa y como sería el rescate de España?> Juan Torres (ATTAC)
Artículo publicado en ATTAC
Autor: Juan Torres López, miembro del Consejo científico de ATTAC
Cuando se está hablando tanto de la necesidad, de la inminencia o de la posibilidad de un «rescate» de la economía española conviene reflexionar y poner algunas cosas en claro.
Se dice que un grupo de países o instituciones, como podrían ser la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional,»rescatan» a un país cuando le conceden un crédito a pagar en un determinado plazo que le permite cubrir los «agujeros» que por diversas razones (generalmente por acumulación de déficit y deudas) hayan podido producir su insolvencia. Pero hay que tener en cuenta que esos agujeros pueden ser de naturaleza muy variada. Así, muchas dictaduras y gobiernos militares de los años setenta y ochenta endeudaron a sus países, con la connivencia de los grandes bancos internacionales, con préstamos que en ocasiones ni siquiera llegaron a ellos sino que se utilizaron fuera del país para negocios corruptos. Otras veces los utilizaron en obras completamente inútiles o directamente para enriquecer a los grandes empresarios y banqueros.
En el reciente caso de Irlanda, la necesidad perentoria de «ayuda» se debe a que hay que cubrir las pérdidas multimillonarias del sector bancario. Y una parte importante de la deuda pública griega que ha sido «rescatada» recientemente se originó para comprar armamento a Francia o Alemania.
Cuando la acumulación de deuda a la que no se puede hacer frente es muy grande, los acreedores son los primeros interesados en que se produzca el «rescate» del país pues de esa manera se aseguran su reintegro. Y suelen ser ellos los que lo promueven. El dinero que llega con el «rescate» se dedica a saldar sus deudas y la nueva que se origina con las instituciones que rescatan la pagan los ciudadanos en su conjunto a lo largo del tiempo. Los «rescates» consisten, pues, en convertir deuda privada, que por lo general han generado y disfrutado los sectores más ricos, en deuda pública que pagarán principalmente las clases de rentas más bajas.
Pero la cosa no queda ahí. El «rescate» no se produce nunca como una dádiva sino a condición de que el país «rescatado» cumpla una serie de condiciones. La primera, que esta nueva deuda tenga siempre carácter preferente y, además, que se tomen las medidas de política económica y cambio estructural que convengan a quien «rescata».
Gracias a ese procedimiento, la deuda externa que se originó en muchos países a lo largo de los años setenta y ochenta fue la antesala de la aplicación de las políticas neoliberales que promueven el Fondo Monetario Internacional y los grupos más poderosos del mundo que, para cerrar el círculo, son además los que se benefician del saldo de la deuda.
Pues bien en relación con la situación española habría que preguntarse si el «rescate» es necesario, es decir, si es que España es insolvente y no puede o no va a poder pagar su deuda, y qué efectos tendría.
La deuda española tiene dos componentes, la deuda pública y la privada. La primera es de unos 600.000 millones de euros pero en relación con el PIB es casi veinte puntos menor que la media europea. Se puede afirmar que es sostenible y que a poco que la economía crezca incluso moderadamente se puede ir amortizando sin problemas. Además, como todo el mundo sabe, ha crecido extraordinariamente en los últimos meses pero como consecuencia del impacto también extraordinario de la crisis. Si bien es un problema al que siempre hay que hacer frente, no tendría por qué generar una situación de insolvencia ni muchísimo menos. Los problemas que está provocando actualmente podrían aliviarse casi por completo si se recuperase la actividad económica aplicando las políticas adecuadas para ello, si se frenara la actividad de los especuladores y, con más seguridad aún, si hubiera una estrategia de apoyo por parte del Banco Central Europeo como expliqué en otro texto (El Banco Central Europeo frente a la deuda: se necesita algo más que comprar bonos).
Sin embargo, es cierto que podría plantear una grave problema si la actividad económica se sigue deteriorando como consecuencia de la aplicación de las políticas equivocadas que se vienen adoptando y si no se cambia de rumbo pronto hacia otra base de generación de actividad pues el modelo anterior es justamente el que provocó los problemas que sufrimos, si no encuentra financiadores a pesar de ser limitada en su cuantía o si se encarece en demasía, lo que suele ser el resultado de que se recurra al mercado en lugar de a los bancos centrales y de que se permita que los especuladores que lo controlan aprovechen la situación para provocar alzas en los tipos o para extorsionar a los gobiernos. Y también si alguna o varias de estas circunstancias, aunque se dieran en pequeña medida, coinciden al mismo tiempo en momentos en los que se concentre una cantidad más importante de ventas de títulos de la deuda (como va a ocurrir en los primeros meses de 2011).
La deuda privada española es mucho mayor que la pública. Las familias españolas deben aproximadamente un billón de euros a los bancos y las empresas algo más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos españoles tienen deudas, por su parte, tanto con el Banco Central Europeo (aunque fluctúa mucho, algo más de 60.000 millones de euros en estos momentos) como con otros bancos del resto del mundo, en una cantidad global muy difícil de cuantificar pero de cuya magnitud da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones de euros en 2011 y 2012.
El problema se plantea lógicamente cuando toda esa deuda empieza a fallar, cuando la economía no genera suficientes ingresos y aumenta la morosidad como viene ocurriendo como consecuencia de la crisis, y es especialmente grave cuando el incumplimiento afecta a extranjeros y cuando, además, está concentrada en pocos acreedores, como en gran medida está ocurriendo con España.
Según el último informe del Banco Internacional de Pagos, España tiene una deuda de alrededor de un billón de dólares con bancos extranjeros, de la cual un 11% procede del sector público, un 25,7% de los bancos españoles, un 36% de empresas y el resto (26,6%) de operaciones con derivados que implican principalmente a la banca.
La cuestión, pues, está en dilucidar, por un lado, si los bancos españoles podrían absorber sin problemas la morosidad al alza y las pérdidas patrimoniales derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria porque estos bancos, a su vez, han financiado esa deuda con préstamos que han recibido de bancos extranjeros. Y, por otro lado, si los bancos extranjeros, y principalmente europeos, van a esperar a que todo vaya solucionándose o si van a tratar de garantizarse el pago de deuda mediante un «rescate».
Aquí, precisamente, radica el quid de la cuestión.
El incremento de la deuda privada española es el resultado de dos circunstancias coincidentes. Por un lado, los bancos de países con exceso de ahorro como los alemanes tuvieron un excedente muy grande en los últimos años y en lugar de dedicarlo a impulsar el desarrollo económico alemán y a favorecer el incremento de las rentas en aquel país, lo dedicaron a financiar a bancos de otros países, entre ellos los españoles. Por otro, para obtener esa financiación lo que hicieron los bancos españoles fue vender a los alemanes activos financieros vinculados al negocio inmobiliario (cédulas hipotecarias por ejemplo).
Cuando estalla la crisis eso produjo un hecho singular que a grandes rasgos es el siguiente. Gracias a las normas contables existentes, los bancos españoles podían seguir valorando los activos relativos al negocio inmobiliario al precio de adquisición (y no al más bajo que tienen cuando estalla la burbuja). Pero los bancos alemanes tienen su inversión en títulos secundarios (no la hipoteca original que tiene el banco español, sino el derivado de ella que han comprado para financiarlo) que han de valorar al precio actual de mercado.
Así, los bancos españoles han podido ocultar sus pérdidas verdaderas porque siguen contabilizando activos descapitalizados al valor anterior pero los alemanes sí las registran. Y la cuestión radica, por tanto, en saber si los bancos alemanes (en la mayor parte, aunque también el resto de los grandes acreedores de España) van a confiar en que se irá saliendo bien de la situación actual y así cobrando poco a poco si, por el contrario, prefieren asegurarse el cobro de su deuda «rescatando» a España antes de que ésta, si no mejora la situación económica o si se ve acosada por los especuladores y se ve obligada finalmente a declarar que no puede hacer frente a compromisos.
Si esto último ocurriera sería fatal, porque el “default” de España arrastraría con él a los bancos europeos y quizá a otras economía. De ahí que muchos acreedores piensen que es mejor forzar el «rescate».
Pero un «rescate» de España tiene graves inconvenientes. El mayor, que el dinero que habría que poner para llevarlo a cabo es mucho: se ha llegado a decir que incluso alrededor de 500.000 millones de euros, o incluso más, una cantidad que desestabilizaría a toda la zona euro no solo desde el punto de vista financiero o monetario, entre otras cosas, porque daría pie a que otros acreedores quisieran hacer lo mismo con la deuda de otros países…
Pero, por otro lado, la operación de «rescate» tendría para los grandes grupos de poder otras ventajas no solo financieras. Daría un extraordinario impulso a los bancos y justificaría un replanteamiento general de la estrategia europea en la líneas que al parecer desea, yo creo que muy equivocadamente, el gobierno y los grandes centros del poder económico alemanes. Además, el «rescate» iría acompañado de un programa de reformas de liberalización en España en la línea neoliberal que lógicamente sería proporcional al shock que provocaría la situación y a la inmensa cuantía del rescate, lo que daría satisfacción a los sectores que lo vienen reclamando desde hace tiempo.
De todo lo anterior se podrían deducir tres conclusiones fundamentales.
En primer lugar, que el «rescate» de España sería en realidad y como en otras ocasiones, el de sus acreedores y, en este caso, principalmente de los bancos alemanes y europeos, lo que da a entender que efectivamente éstos pueden estar altamente interesados en que se lleve a cabo. Y dado que el «rescate» justificaría la aplicación de medidas de liberalización excepcionales, podría aventurarse también que en él pueden estar igualmente interesados sectores nacionales que quieren «transformar» España en esta línea ya expresada al Rey por grandes empresarios y líderes de opinión.
En segundo lugar, que la economía española no es en estos momentos insolvente ni hay razones estructurales que aventuren que tenga que estar en esa situación (salvo que se sigan aplicando durante mucho más tiempo las equivocadas políticas de austeridad actuales y que se tarde en modificar las bases de nuestro modelo de crecimiento), de modo que su «rescate» solo podría ser consecuencia de un proceso provocado o inducido.
Tercero, que esa inducción del rescate podría venir por dos posibles vías. Una, la presión especulativa muy fuerte concentrada en algún momento, posiblemente a finales de enero o en febrero de 2011 cuando se negocie el gran volumen de emisiones de deuda inmediatamente posteriores. Otra, por una presión externa que fuerce a reconocer la situación patrimonial real de los bancos españoles hasta mostrarla como explosiva y de ahí se obligue a intervenir para actuar con ellos como con los irlandeses.
No sé si eso va a ser inevitable o no, o si las autoridades europeas ayudarán a evitar o a que se produzca el «rescate». Pero tengo la impresión de que un gobierno solo dispuesto a cumplir con las demandas constantes de los acreedores y especuladores para tratar de generarles confianza, como hizo precisamente el irlandés, lejos de ahuyentar el peligro, lo va a atraer sin remisión. Y también la seguridad de que si la ciudadanía no influye en el proceso será la que finalmente pague, en cualquier escenario que se produzca, sus consecuencias.
Prohibido cerrar
Animamos a la ciudadanía a castigar mediante el no consumo en estas tiendas este modelo comercial y, en definitiva, de ciudad y de desarrollo económico y social. Los grupos municipales de la Izquierda Abertzale, EA y Alternatiba de Bilbo consideramos la apertura ayer de Opencor, tienda de El Corte Inglés que abrirá 18 horas al día los 365 días del año, como un ataque al derecho al descanso de trabajadores y trabajadoras en festivos. Lo que vimos ayer no es más que el inicio de una nueva agresión empresarial que busca la apertura del comercio grande en festivos con “normalidad” y que conllevará una mayor precarización de las condiciones de trabajo en el comercio, ya de por sí bastante precarias, un grave nuevo perjuicio al pequeño comercio, ademas de un obstaculo añadido a la conciliación entre la vida laboras, personal y familiar y la imposición de un modelo económico ajeno y basado en la “cultura” del negocio y del beneficio empresarial a cualquier precio.
Los grandes empresarios han perdido todo tipo de complejos y se han lanzado a una carrera sin límite cuyo objetivo final es la pérdida de derechos sociales y laborales y la precarización de las condiciones de trabajo como fórmula para multiplicar sus ya elevados beneficios.
Es en ese contexto en el que se multiplican los ataques al derecho al descanso, a no tener que trabajar en los días festivos. Y a ello no solo contribuye la clase empresarial, sino que tiene un gran aliado entre la clase política, en concreto, en este caso, entre PNV e IU, que han sido quienes han otorgado la licencia de apertura.
De nuevo se colocan a favor de los grandes intereses comerciales y en contra de trabajadores y trabajadoras y sindicatos. Especialmente grave nos parece la implicación de Azkuna, quien ayer mismo, con su patética y apresurada visita a la tienda como queriendo dar ejemplo, quiso dejar claro su inequívoco apoyo a este tipo de modelo económico extraño y ajeno que generará una gran fractura en las relaciones sociales y familiares, el incremento de la precariedad laboral con jornadas eternas y sin derecho al descanso, la desertización de los barrios y que sólo beneficia a una pequeña élite.
Izquierda Abertzale, EA y Alternatiba apoyamos la reivindicación laboral de trabajadores y trabajadoras, llamamos a secundar los actos de protesta que se convoquen (la concentración convocada por los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT para el 21 de enero a las 12 del mediodía frente al Ayuntamiento) y animamos a la
ciudadanía a castigar mediante el no consumo en estas tiendas este modelo comercial y, en definitiva, de ciudad y de desarrollo económico y social.
Decálogo feminista de Bildu
Desde Bildu Euskal Herria presentamos este Decálogo feminista para un nuevo contrato social entre mujeres y hombres, con un triple objetivo: mostrar la trascendencia que en nuestra propuesta política damos a la lucha feminista; exponer la concepción del feminismo desde el que se plantea este nuevo contrato social entre mujeres y hombres; y presentar las diez premisas que sustentan dicho contrato y que van a guiar nuestras actuaciones a nivel institucional.
Años de lucha feminista han logrado la conquista de derechos para las mujeres, pero, a día de hoy, seguimos sin ser ciudadanas de pleno derecho. El sistema capitalista se nutre y, a su vez, refuerza el sistema patriarcal que históricamente se ha sostenido sobre la base de más derechos y más privilegios para los hombres; sobre un contrato social entre hombres y mujeres que reparte de manera desigual para unos y para otras, los espacios, los recursos, el poder. Hoy en día, esta desigualdad estructural, se materializa en una realidad marcada por las múltiples formas de violencia que sufrimos las mujeres, por los atentados constantes contra el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por la desigual incorporación al mercado de trabajo y a la vida pública, por el precario ejercicio de los cuidados… Se nos ha hecho creer además, que la igualdad legal suponía una igualdad real para la gran mayoría de las mujeres; que las cuestiones anteriormente mencionadas eran problemáticas específicas de algunas de nosotras (mujeres con menos recursos, mujeres migrantes…); que eran cuestiones a abordar de manera parcelada, y a las que, por tanto, desde las instituciones, se ha respondido con políticas parciales y desestructuradas. Esta ha sido la tónica y la práctica de las políticas auspiciadas por la derecha nacionalista vasca y española en Euskal Herria, que no han tenido el menor interés en abordar un cambio que sitúe a hombres y mujeres en pie de igualdad y que perpetúan la subordinación de las mujeres en todos los ámbitos del sistema patriarcal.
Desde Bildu creemos que no se puede construir Euskal Herria sobre la base de la ciudadanía parcial de las mujeres y que no es posible alcanzar el nuevo modelo socio-económico que pretendemos sin el concurso activo de las mismas en su definición. Para ello recogemos las demandas de los movimientos feministas, las propuestas de la teoría política feminista, y los incorporamos como núcleo central de todos nuestros planteamientos. Es imprescindible escuchar a las mujeres. Nos oponemos de forma tajante a la postergación de la lucha de las mujeres frente a otras dimensiones de la lucha política, nos oponemos al mercado vergonzoso de los derechos de las mujeres y la subordinación de nuestros innegociables derechos a criterios económicos. Esta nueva forma de entender y hacer política que proponemos desde Bildu, esta nueva propuesta que lanzamos a la ciudadanía de construir Euskal Herria desde abajo y a la izquierda, será feminista o no será.
Por todo ello, desde Bildu nos mostramos en contra de las propuestas liberales que intentan parchear el problema e incorporar a las mujeres, sobre una base de falsa igualdad, a un modelo social y económico generador de injusticias y desigualdades. La consecución de un sistema económico y social equitativo para mujeres y hombres es una tarea que involucra a toda la sociedad y que debe atacar las raíces del problema que no son otras que el sistema patriarcal y neoliberal en el que hunde sus raíces.
Frente a ello, proclamamos la existencia de una alternativa viable para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria: la firma de un nuevo contrato social entre mujeres y hombres, construido sobre un reparto justo y equitativo de los espacios, de la toma de decisiones, del cuidado, del trabajo remunerado…en definitiva, de la vida; de los derechos y obligaciones de todos y todas. Y nos comprometemos a aportar nuestro trabajo y esfuerzos para que esto sea posible.
Para ello, sin perder de vista que las mujeres somos diversas y por tanto diversas son también las estrategias de lucha, planteamos las siguientes diez medidas, presentes en nuestros programas forales y locales.
Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. La violencia que sufren muchas mujeres es la punta del iceberg del sistema patriarcal neoliberal, que carga con toda su fuerza para intentar mantener bajo control el cuerpo y la vida de las mujeres. Desde las administraciones rechazaremos firmemente cualquier tipo de violencia teniendo en cuenta su carácter integral y pondremos en marcha programas integrales de atención a las mujeres que la sufren, buscando la coordinación entre las distintas administraciones implicadas y el estableciendo de recursos específicos para cada uno de los ámbitos de actuación.
Colocar la vida y el cuidado de la misma como un elemento central de las políticas públicas. Dar valor social al trabajo no reumerado que históricamente ha recaido y recae sobre las mujeres. Todas las personas tenemos la necesidad y el derecho a ser cuidadas, y debemos reconocer el valor que estas tareas, tradicionalmente realizadas por mujeres, tienen en nuestra sociedad. Es responsabilidad de las administraciones garantizar la existencia de servicios públicos y sin copago para el ejercicio de los cuidados (residencias, centros de día, servicio de atención domiciliaria, haurreskolas, ludotecas).
Garantizar que las mujeres que actualmente están ejerciendo cuidados, lo hagan en condiciones dignas y que su labor sea socialmente reconocida. Por lo tanto, nos comprometemos a abordar la situación de subcontratación de servicios de cuidado por parte de la administración y la precarización galopante de los mismos, desde el firme objetivo de construir un sistema público de atención a la dependencia. Por otro lado, impulsaremos medidas para corresponsabilizar a los hombres en el ejercicio de las tareas de cuidado, que son una responsabilidad que corresponde a todos y todas y no una labor exclusiva que las mujeres tengan que encargarse de conciliar con otras facetas de sus vidas
Impulsar la autonomía económica de las mujeres y acabar con la precarización de sus condiciones de vida, a través de actuaciones dirigidas a garantizar su acceso y permanencia en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad. Las mujeres estamos presentes en el mercado de trabajo en una situación de crisis permanente y de desprotección social (mayor precariedad, más contratos temporales, peor remuneración). Desde las administraciones, pondremos en marcha medidas específicas (ayudas, programas) y promoveremos una reorganización de los tiempos para el trabajo, el empleo y el ocio equilibrada, evitando que las mujeres soportemos una presencia precaria en todos ellos.
Impulsar la necesaria toma de conciencia y la participación socio-política de las mujeres, desde un modelo de democracia real. Impulsaremos los proyectos de Escuelas de empoderamiento y pondremos en marcha espacios propios para las mujeres, como las Emakumeen Etxeak. Además abriremos la administración a la participación de las mujeres y al movimiento feminista, a través de la puesta en marcha de Consejos de las Mujeres con el compromiso de que se tenga en cuenta sus aportaciones y procesos de presupuestos participativos. Prestaremos especial atención al impulso de la participación de las mujeres jóvenes y migrantes.
Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la diversidad sexual. Para ello consideramos necesario la definición de políticas públicas activas en este sentido, impulsando medidas que incluyan la sanidad, la puesta en marcha de modelos de educación afectivo-sexual y campañas de concienciación social. Ello implica que se garantice, también a las mujeres navarras, su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario público de su propia Comunidad y se ofrezca a las nuevas generaciones los servicios de información, orientación sexual y asesoramiento que aportaban los antiguos COFES desmantelados por UPN.
Trabajar desde modelos coeducativos, que promuevan la autonomía de nuestras niñas y niños. El proceso de socialización, en el que la educación tienen un peso fundamental, sigue mostrando a nuestras niñas y niños y a nuestra juventud, un modelo diferenciado por género. Debemos romper con estos modelos de educación estereotipados e impulsar otros, tanto en la educación formal como informal, basados en la promoción de la autonomía individual y en las relaciones de equidad.
Construir ciudades y pueblos habitables para las mujeres. Para ello garantizaremos que todas las actuaciones relativas al urbanismo y la movilidad sean planificadas y desarrolladas desde la perspectiva de género. Queremos ciudades en las que no existan lugares a los que las mujeres no puedan acceder por el riesgo de ser agredidas. Queremos ciudades y pueblos accesibles, que garanticen que la diversidad funcional no sea nunca una barrera, ciudades donde el transporte público sea una realidad y se adecue a las necesidades de las mujeres, como principales usuarias del mismo. Por otro lado, no limitaremos nuestras propuestas al ámbito urbano, sino que tendremos en cuenta las necesidades y demandas específicas de las mujeres que viven en el entorno rural.
Impulsar una cultura en la cual se reconozca la aportación histórica y los saberes de las mujeres en este ámbito. Promoveremos medidas encaminadas a la recuperación de la memoria histórica de las mujeres de nuestras ciudades y pueblos. Impulsaremos la producción cultural de las mujeres y estableceremos medidas específicas para impulsar su acceso a las actividades de ocio. Desde la administración no se subvencionará ninguna actividad cultural que sea discriminatoria. Y pondremos en marcha distintas medidas para acabar con la desigualdad en el deporte.
Pintar de morado la administración pública. Creemos que la administración pública tiene que velar porque todas las medidas anteriormente mencionadas se lleven a la práctica. Para ello se necesita de planificación, de personal, de recursos…pero sobre todo, de un compromiso feminista convencido y firme.
Las personas que conformamos Bildu tomamos el presente decálogo como elemento fundamental de nuestra práctica política y asumimos la responsabilidad de llevarlo a la práctica en todos nuestros pueblos y ciudades. Somos conscientes de las dificultades, de la profundidad de las transformaciones necesarias, pero ante los obstáculos, tenemos la ilusión y la fuerza que nos da la certeza de que otro modelo político y socioeconómico, otra Euskal Herria feminista, de mujeres y hombres libres, es posible.