El Dios mercado y las pensiones> Joseba Ugalde, Ander Rodríguez y Jon Lasa (Alternatiba)

Joseba Ugalde, Ander Rodríguez y Jon Lasa
Alternatiba

Escuchamos una y otra vez que el sistema público de pensiones es inviable y, por tanto, hay que reducir las prestaciones y aumentar las contribuciones. La excusa es la habitual cuando se trata de vaticinar la debacle de la Seguridad Social: brusca reducción de la natalidad e incremento de la esperanza de vida que conducen a una insostenible elevación de la tasa de dependencia. En definitiva, la ruptura del equilibrio entre la población mayor de 65 años y la que se encuentra en edad de trabajar. A partir de ahí, la conclusión es inmediata: la subida del gasto en prestaciones por jubilación pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema. Para evitarlo, dicen, se impone una reforma.

Y es ahí donde la salmodia del Gobierno español se corresponde milimétrica y sospechosamente con la de entidades financieras que aspiran a hacerse con el botín de las pensiones públicas. Las mismas que diez años atrás recomendaban la contratación de planes privados porque el sistema público no estaría en condiciones de garantizar nuestra jubilación, a pesar de que haya sido el sistema público el que finalmente ha tenido que rescatar al privado de la bancarrota, vuelven a la carga recomendando las mismas medidas de ortodoxia neoliberal anteriores al estallido de la crisis.

Los defensores del dios mercado basado en el dogma de la globalización y el pensamiento único vuelven a las andadas desde Davos sentando en el banquillo al Reino de España y las Repúblicas Helénica y de Lituania, exigiendo fuertes recortes del gasto. El Reino de España se ha apresurado a dar un giro a la derecha y asumir las tesis más conservadoras, que pueden hacer estragos en los derechos sociales. Los especuladores, el Gobierno, el Banco de España y demás “expertos en economía” -algo así como los brujos tribales que advertían de una sequía dos semanas antes de que el poblado se inundara- reiteran machaconamente las mismas advertencias para que interioricemos que la Seguridad Social peligra. ¿Por qué nadie plantea reformar instituciones tan deficitarias como el Ejército o la Casa Real?

Asumir que la Seguridad Social no escapa a la lógica de los factores demográficos y del mercado no tiene que suponer abrazar los clichés que modelan nuestra compresión colectiva del sistema. El más importante de ellos es el que concibe la Seguridad Social como un ente separado del Estado y exige que los cotizantes la sufraguen íntegramente. Por lo pronto, habría que revisar el Pacto de Toledo y eliminar esta dependencia. Y es que no hay ninguna razón que justifique que estas prestaciones no puedan derivarse de los ingresos generales del Estado, como en Francia, donde han creado un impuesto especial de contribución social generalizada. De esta forma, además, ganarían peso principios como la solidaridad y la redistribución.

El segundo de los clichés es el relacionado con el sesgo de los gastos en todas las propuestas de reformas y la imposibilidad de incrementar las cotizaciones. Una parte de éstas se dedica ahora al subsidio por desempleo, en concreto, 7,5 puntos del total, pero si se destinase a jubilaciones se produciría un aumento del 20% de los recursos disponibles.

Otra fórmula para lograr mayor disponibilidad económica son las bonificaciones en el IRPF por la contratación de planes de pensión privados, que alcanzarían un 5% de la cuota de dicho impuesto. No tiene sentido incentivar este tipo de productos, cuyos más directos beneficiarios son las entidades bancarias, cuando esos fondos podrían dedicarse al sistema público.

Y éste es el tercero de los clichés. Se plantea la insostenibilidad del sistema público, presentando el privado como si fuera inmune. Un fondo privado puede quebrar y hay casos en la historia reciente que así lo demuestran. Otra falacia es su supuesto mayor beneficio, ya que la rentabilidad media de esos fondos en los últimos 10 años no ha superado la inflación, es más, ha sido similar a la inversión en Bonos del Estado.

Necesitamos otra política económica y, para ello, el mundo del trabajo debe encontrar el protagonismo político que ahora se le niega y que, en ocasiones, renuncia a ocupar. Pero para que este cambio se produzca, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, los movimientos sociales, los partidos de izquierda deben aclarar y aclararse adónde quieren ir, y no entretenerse tanto en definir hasta dónde están dispuestos a que les lleven. Y nos pueden llevar, como expresaba una viñeta de El Roto, a que para garantizar el futuro de las pensiones haya que hacerlas coincidir con la fecha de fallecimiento. Ahí es nada.

 

Argazkia: lilit.

Políticos y/o empresarios> Arturo Muñoz y Jonathan Martínez (Alternatiba)

Arturo Muñoz
Jonathan Martínez

Alternatiba

“es como la culminación de una carrera, y la gente se preguntará cuál ha sido el precio”.
Xabier Arzallus, a propósito del nombramiento de Imaz como presidente de Petronor.

¿Qué ha hecho un político en los años que ha ocupado un cargo en la Administración para que una multinacional pague un precio por sus servicios? Lamentablemente, los políticos y empresarios se intercambian el oficio con demasiada frecuencia como para que este caso parezca extraño.

Los ejemplos de políticos que van al mundo empresarial son abundantes y a menudo rayan la ilegalidad. Mayor Oreja dirigió la empresa de servicios y de seguridad Eulen después de dejar el Ministerio de Interior. David Taguas pasó de Secretario de Estado con el PSOE a dirigir el lobby de las grandes empresas constructoras que iba a negociar con el Gobierno del que acababa de salir. Inaxio Oliveri pasó de ser Consejero de Educación del Gobierno Vasco con EA a Rector de la privada Universidad de Mondragón. Manuel Pizarro abandonó la jefatura de Endesa para defender en el parlamento el lobby nuclear. José Alberto Pradera dejó de ser Diputado General de Bizkaia donde mandaba construir carreteras para presidir Autopista Vasco-Aragonesa. José Antonio Ardanza pasó a dirigir Euskaltel cuando dejó la Lehendakaritza y Atutxa dio el salto a consejero de Iberdrola.

Un político es elegido en elecciones para servir a la sociedad. Pero si el político proviene del mundo empresarial o pasa a ser empresario nada más terminar su carrera política cabe preguntarse a quién ha estado sirviendo esa persona, al pueblo o a una sociedad anónima. ¿A quién hace más caso el ministro de Industria a la hora de fijar el precio de la luz? ¿A las compañías eléctricas o al consumidor? El ministro de Industria Miguel Sebastian, proviene del servicio de estudios del BBVA. ¿Prefiere que las pensiones públicas mengüen para que aumenten las pensiones privadas del BBVA o prefiere que todos los pensionistas tengan una pensión digna y pública? El Secretario de Estado de Economía ha colaborado con Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank y Banesto ¿no preferirá que aumenten las pensiones privadas? A la ministra de Economía Elena Salgado, ¿le preocupa la salud financiera de la Banca Privada Fortis?

Hay quien justifica la presencia de los empresarios en la política alegando que son los emprendedores quienes arriesgan su patrimonio y saben cuándo hay que tomar las decisiones sin demorarse. Se obvia, no obstante, que no andan sobrados de filantropía los empresarios, que precisamente es su patrimonio lo que más les interesa, y que el éxito empresarial se basa, en no pocas ocasiones, en pisar a los demás y en ser el tiburón mas voraz. Por eso mismo , a nadie extrañe que el empresario de éxito que da el paso a la política haya cobrado el máximo a sus clientes, pagado el mínimo a sus trabajadores y trabajadoras y en algunos casos incluso no ha tenido reparos en contaminar el medio ambiente, promover el empleo precario, obviar los riesgos laborales y tributar en paraísos fiscales.

Algo que nunca hará un político que venga del mundo empresarial es tirarse piedras contra su propio tejado. Si en el PSOE había ministros y secretarios de Estado que tenían SICAVs (instrumentos financieros que sirven para pagar menos impuestos) cuando se legisló al respecto es imposible que legislen de una forma justa y eficaz. Al contrario, celebrarán cuando se les hurte a los inspectores de Hacienda la capacidad de investigar las SICAVs. Tampoco se puede esperar de los ex-empresarios que copan los gobiernos del PSOE, PP y PNV que aumenten el Impuesto sobre Sociedades a los beneficios de los empresarios para que la sociedad pueda participar de las plusvalías sustraídas a los trabajadores y trabajadoras.

Lo que sí se puede esperar que propongan los empresarios que entran en ministerios o los empresarios que nutren los comités asesores del Gobierno Vasco son las recetas que siempre recita la patronal: llámese mayor flexibilidad laboral, llámese bajar los impuestos a las grandes fortunas o reducción del gasto público de las Administraciones. ¿A quién representan estos políticos-empresarios? ¿A los trabajadores y trabajadoras que van a ser despedidos/as con una indemnización menor o a los empresarios que se quejan de que les sale caro mandar al paro a sus empleados/as?

Internet no será otra tele

Red SOStenible

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos

5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);

2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Manifiesto «En defensa de los derechos fundamentales en Internet»

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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