Sexu-harremanetan eta harreman intimoetan gertatzen dira indarkeriazko jokabideak, bai emakumeen aurka eta bai jendaurrean heterosexismoaren arautik irteten diren pertsonen aurka ere.
Azken hamarkadetan aurrerapen garrantzitsuak izan dira legeetan lesbiana, gay, bisexual eta transexualen elkarte edota kolektiboen borrokari eta bultzadari esker, batez ere, bai eta genero-rolen esleipen sexistari aurre egiten dioten eta rol horiek edozein sexutako kideek beren gain hartzeko aukeraren alde egiten duten mugimenduei esker ere (transgeneroak, queer, emakumezko eta gizonezko transfeministak, etab.).
Hala eta guztiz ere, urruti gaude oraindik sexu-aniztasuna eta -askatasuna balio on eta, hortaz, nahigarri gisa hartuko duen gizarte batean bizitzetik. Horrela, Euskal Herrian eta munduan, sexu-eskubideak ez daude bermatuta oraindik eta sarri askotan urratzen dira.
En este sentido, es fundamental resaltar la importancia de los principios de Yogyakarta, en el reconocimiento formal de los derechos sexuales relativos a la orientación afectivo- sexual y a la identidad de género; este texto marca los estándares básicos para que Naciones Unidas y los estados avancen para garantizar las protecciones a los derechos humanos a las personas LGTBQI+.
Así mismo, destacar la Declaración de Naciones Unidas en Apoyo de los Derechos de la población LGTBQI+, que fue presentada el 18 de Diciembre de 2008 en la Asamblea General de la ONU, y contó con el apoyo de 66 países de todos los continentes. Entre otros aspectos, la Declaración reafirma que el principio de No discriminación se aplica a todos los seres humanos independientemente de su orientación afectivo- sexual o de su identidad de género, muestra su rotundo rechazo a las violaciones de DDHH de la población LGTBQI+ e insta a todos los Estados a despenalizar las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo.
Las lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales, entre otras; son reducidas a su orientación sexual y a su identidad de género. Aquello que se salga de la heterosexualidad es perseguido. Las violaciones perpetradas contra el colectivo LGTBQI+ en todo el mundo, se concretan en diversas prácticas como tortura, incluso la muerte, malos tratos, agresiones sexuales, violaciones, injerencias en la privacidad, detenciones arbitrarias, negación del empleo o de oportunidades educativas, así como una grave discriminación y obstáculo en el goce de los demás derechos humanos. Estas violaciones a menudo se ven agravadas por otras formas de violencia, odio, discriminación y exclusión, como las basadas en la nacionalidad, la raza, la religión, la discapacidad o la condición económica, social o de otra índole. En muchos estados el mero hecho de plantear el tema, representa una amenaza al principio básico de universalidad de los DDHH.
En el caso de las mujeres lesbianas, la discriminación y la persecución por orientación sexual tienen unas mayores connotaciones por su condición de mujer y lesbiana. Así la prevalencia en la sociedad del sexismo y la homofobia crea un clima en el que las lesbianas corren grave peligro de ser víctimas de la violencia debido a su inferior posición social.
Oro har, gobernuek ukatzen dute beren lurraldeetan giza eskubideak urratzen direla, eta urratzen direnean, salbuespen-egoeratzat jotzen dituzte. Hala ere, Estatu askok ontzen dute gay eta lesbianen kontrako errepresioa kulturaren, moralitatearen erlijioaren osasun publikoaren izenean, eta errepresio hori errazten dute, lege xedapen zehatzak hartuz.
Y Rusia no es la excepción. “Diputados, proteged al pueblo de los degenerados”, esto se podía leer en las pancartas frente a la Duma Estatal de Rusia donde sin apenas discusión y casi por unanimidad (437 votos a favor de 450) se ha aprobado la ley que prohíbe la propaganda homosexualidad entre las y los menores de edad.
El proyecto, que eleva a rango estatal las prohibiciones ya vigentes en San Petersburgo y algunas otras regiones del país, ha cambiado su terminología y se refiere ahora a la propaganda de las “relaciones sexuales no tradicionales”
La nueva legislación supone enmiendas en el código de infracciones administrativas que permitirán sancionar a quienes difundan información para formar en las y los menores “orientaciones sexuales no tradicionales”, o para “presentar como atractivas las relaciones sexuales no tradicionales”. También podrán ser sancionados quienes se dediquen a difundir “la idea tergiversada de que las orientaciones sexuales tradicionales y no tradicionales tienen igual valor social” y quienes “impongan información sobre las relaciones sexuales no tradicionales que provoque el interés por esas relaciones”.
Según publica en su web el colectivo Spectrum Human Rights Alliance (SHRA), las agresiones a homosexuales están aumentando en Rusia y, además, “quedan impunes bajo el amparo de la nueva ley”. Mientras, grupos neonazis autores de los ataques más recientes, siguen subiendo vídeos de sus acciones a la red social.
El colectivo defensor de los derechos humanos ha denunciado las agresiones de estas pandillas violentas, documentándolas con vídeos e imágenes muy duras.
Spectrum Human Rights Watch ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas en este asunto. “En este momento la comunidad internacional debería hacer todos los esfuerzos para parar estas atrocidades y sancionar a Rusia”, reclaman.
Además de la ley anterior, también se ha aprobado una ley que endurece castigos contra los que ofendan los sentimientos religiosos, con 308 votos a favor. Esta ley, contempla hasta cinco años de cárcel y multas de 500.000 rublos (más de 4.000 euros) para los que ofendan sentimientos religiosos. Es la reacción del parlamento Ruso a la actuación del grupo de música punk Pussy Riot en la catedral de Cristo Salvador, el principal templo ortodoxo Ruso.
2 de las integrantes: Maria Aliójina y Nadezhda Tolokónnikova, fueron condenadas a 2 años de prisión por escenificar una plegaria punk en el principal templo ortodoxo ruso.
Nadezhda, está ahora ingresada en una clínica de la región siberiana de Krasnoyarsk, tras haberse declarado a finales de septiembre en huelga de hambre para exigir su traslado a otra prisión tras denunciar los abusos en la prisión de Mordovia donde estaba internada. Tolokónnikova denunció en la prensa rusa amenazas de muerte por parte de compañeras de celda y la administración de la cárcel, y los abusos, los malos tratos y las torturas a los que son sometidas permanentemente las internas.
Piotr Verzílov, su marido, denunció que la larga duración del traslado de su esposa fue una medida de castigo por sus denuncias de abusos en la prisión de Mordovia en la que estuvo ingresada desde octubre de 2012. “Nadezhda estuvo 26 días de viaje. Durante ese tiempo no puso comunicarse con sus familiares. Habitualmente, a los trasladados se les da esa posibilidad, pero Nadezhda no dispuso de ella. Durante ese tiempo estuvo en prisiones de tránsito. Omsk, Tiumén y ahora Krasnoyarsk”, señaló.
Vladimir Lukín, el defensor del pueblo, había pedido al Tribunal Supremo de Rusia revisar la sentencia de Tolokónnikova en línea con el recurso presentado por los abogados de la joven, aduciendo que la pena “es demasiada severa para su falta”. “Fue una falta de carácter local, que merece un castigo administrativo, no una sanción penal”.
Desde EH Bildu mostramos nuestro total apoyo y solidaridad con las Pussy Riot, activistas feministas quienes mediante el arte de la música con mensajes revolucionarios, reivindican sus derechos frente al sometimiento patriarcal al que son sometidas con la opresión y corrupción de Putin.
Exigimos la excarcelación inmediata de Nadezhda y Maria, símbolos de arte y rebeldía feminista que tienen total y absoluto derecho a algo tan elemental como es la libertad de expresión.
De ahí nuestra enmienda a la totalidad. Instando al Gobierno Vasco a mostrar públicamente su rechazo hacia las políticas discriminatorias hacia las lesbianas, gays, bisexuales, queers, intersexuales y transexuales, entre otras. Que está llevando a cabo Rusia.
Además de como parlamento Vasco, exigir la excarcelación inmediata de las integrantes de Pussy Riot, basándonos en el derecho de todas las personas a la libertad de expresión.
