Zapatero nos confirma que la crisis no la van a pagar quienes la provocaron

ALTERNATIBA – El presidente del Gobierno del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado una serie de medidas para reducir el déficit público. Si algún alma cándida pensara que el PSOE, haciendo gala de su supuesto carácter socialdemócrata, propondría un cambio de políticas que aumentara la progresividad fiscal para captar más dinero de quienes han generado la deuda, o que regulara la actividad de los sectores culpables (banca, construcción, automóvil), manteniendo al menos el ya de por sí gasto social, estaría muy equivocado.

Así, lo primero que cabe destacar es que Zapatero y Salgado parecen olvidar que el déficit público es el producto de una simple ecuación: gasto menos ingresos. Por lo tanto, se puede incidir sobre el gasto (reduciéndolo) o sobre el ingreso (aumentándolo). ¿y qué ha hecho este gran gobierno de izquierdas, defender los derechos de las mayorías, atajar de una vez la impunidad en la que se mueven las y los poderosos? Pues no, han decidido de manera explícita ahondar en la explotación de los y las trabajadoras, reduciendo el gasto social, sin tocar en absoluto a las rentas altas.

En este sentido, para aumentar los ingresos únicamente eliminan el injusto cheque-bebé, pero se olvidan de recuperar el Impuesto sobre Patrimonio, de hacer tributar a las SICAV, de aumentar el IRPF progresivamente, de generar impuestos a la especulación financiera, de hacer progresivo el gravamen de las rentas del capital, o de establecer medidas tajantes para acabar con la corrupción fiscal.

De esta manera, en lugar de aumentar los ingresos, Zapatero se centra en reducir el gasto en pensiones y el gasto en dependencia. Por un lado, congela las pensiones mientras el IPC aumenta, y, por otro lado, elimina los efectos retroactivos de las prestaciones para las personas con dependencia, castigando a los dependientes que más tiempo llevan esperando a que se les conceda el reconocimiento de su dependencia, y dándole una nueva vuelta de tuerca a la situación de explotación de las personas dedicadas al cuidado, casi siempre mujeres.

Pero eso no es todo, también anuncia una reducción de 6.045 millones de euros en inversiones. Esta reducción en inversiones provocará una menor actividad económica y un aumento del desempleo que provocará la reducción de la recaudación fiscal y un mayor gasto en prestaciones por desempleo.

Además, una de las medidas estrella es la reducción de un 5% del sueldo de los funcionarios. Zapatero, reduce el sueldo a los funcionarios del Estado, que son los que menos cobran, y pretende maquillar esta reducción anunciando una insignificante reducción del 15% del sueldo de los miembros del Gobierno.

Por último, Zapatero también se ha acordado de los países empobrecidos del Sur a la hora de reducir gastos y ha decidido reducir en 600 millones de euros la aportación del Reino de España a la ayuda oficial al desarrollo, alejándose aún más del objetivo del 0,7%. La solidaridad es para cuando nos sobra, ese es el concepto de solidaridad del PSOE.

Alternatiba se opone rotundamente a este ataque frontal a los derechos de los sectores de mayor vulnerabilidad, y, ante a la degradación de las políticas públicas en el Estado Español, hace un llamamiento a todo tipo de movilizaciones para impedir este atropello.

¡La crisis que la paguen ellos!

“Los recortes sociales de Zapatero revelan su incapacidad para hacer política de izquierdas”

Alternatiba ha censurado hoy los recortes sociales anunciados por José Luis Rodríguez Zapatero en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ya que “ponen de manifiesto la incapacidad del Gobierno para mantener una política propia de izquierdas que nos permita salir de la crisis”.

El representante de Alternatiba Ander Rodríguez ha recordado que ha sido el propio presidente quien ha reconocido que, con estas medidas se hace recaer el esfuerzo para salir de la crisis en los trabajadores y trabajadoras, a pesar de no haber sido ellos los culpables de esta crisis, cuya responsabilidad es de los mismos que ahora imponen al Reino de España la adopción de estas medidas”.

A juicio de la formación de izquierdas, la reducción del gasto en materia de pensiones, la rebaja del sueldo a los empleados públicos (que seguirá, de uno u otro modo, en el sector privado) y el recorte en materia de prestaciones por dependencia suponen la renuncia del presidente del Gobierno a lo que había sido su eje en política social. “Mucho nos tememos –ha agregado Rodríguez- que esta renuncia irá seguida de muchas otras, sobre todo en el ámbito de los derechos de los trabajadores o de los servicios públicos”.

En este sentido, el representante de Alternatiba ha señalado: “Podríamos contraponer dos imágenes, los beneficios históricos en la Bolsa del día de ayer, con las medidas contra los trabajadores en el día de hoy. ¿Dónde queda ahora el compromiso de refundar el Capitalismo? Es evidente que la socialdemocracia carece de alternativa económica a las recetas impulsadas por los liberales”.

Por una verdadera ley de la memoria histórica

 

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado hoy, por unanimidad, una enmienda transaccionada por todos los grupos junteros a partir de una propuesta de Alternatiba en la que se insta al Gobierno Vasco a “culminar el desarrollo de la Ley estatal de Memoria histórica” en Euskadi.

“Desde Alternatiba, estamos convencidos que la creación de una cultura democrática ciudadana pasa por que en las escuelas se enseñe lo que fue la dictadura, su represión y el retraso económico, cultural y social que impuso. Pasa por que se enseñe la trágica epopeya de los exiliados que sufrieron los campos de concentración y que lucharon contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Pasa por el reconocimiento a los militares leales a la República. Y pasa, sobre todo, por el homenaje y reparación a las víctimas, que no es posible sin denunciar a quienes los mataron, los esclavizaron, les incautaron sus bienes o los depuraron”, ha explicado el juntero Ander Rodríguez en su discurso ante el Pleno del Parlamento foral.

En la iniciativa impulsada por Alternatiba, las Juntas ratifican los acuerdos adoptados en 2006 y 2007 sobre “las violaciones de derechos humanos ocurridas en la guerra posterior al alzamiento militar de 1936, de manera que mantienen su compromiso de colaborar con todas las instituciones competentes para recuperar totalmente la memoria histórica, honrando a todas las víctimas que padecieron las injusticias de la dictadura, fomentando el conocimiento de nuestra historia reciente y el de la memoria democrática”.

Rodríguez ha explicado que el acuerdo insta también al Gobierno Vasco y a la Diputación de Gipuzkoa a llevar a cabo políticas destinadas a la recuperación de la memoria de las víctimas, así como a culminar el desarrollo de la Ley Estatal de Memoria Histórica; mantener el convenio que permita completar el mapa de las fosas de Euskadi y habilitar los fondos necesarios para la concesión de indemnizaciones, entre otros aspectos.

“Desde Alternatiba, estamos convencidos de que todo lo anterior implica la actuación de los poderes públicos para lograr los objetivos irrenunciables de investigación de la verdad; elaborando en todos los pueblos y ciudades un censo de víctimas, elaborando un mapa de fosas, procediendo a las exhumaciones y análisis de restos. El segundo de los objetivos, la reparación, exige la retirada de símbolos, topónimos, nombres de pueblos, calles, monumentos y placas, así como de cualquier mención o título honorífico que aún conserven personas relacionadas con el régimen. El tercer objetivo, la justicia, implica garantizar asistencia jurídica a las víctimas, impulsar iniciativas que promuevan la anulación de todos los sumarios y expedientes incoados por el régimen franquista”, ha subrayado el juntero de Alternatiba.

El CES y “los working poor”> Ander Rodriguez Lejarza (Alternatiba)

Ander Rodríguez Lejarza

Alternatiba

La Renta de Garantía de Ingreso desincentiva la búsqueda de empleo. Ésta es, a grandes rasgos, la insolidaria tesis que hemos escuchado de boca del Consejo Económico y Social de Euskadi (CES). Su nueva aportación a la sociedad es que la Renta de Garantía de Ingresos o Renta Básica, de 650 euros mensuales, se acerca demasiado a los sueldos de algunos sectores laborales, por lo que, para cobrar más o menos lo mismo, la gente se quedará en casa, especialmente quienes se dedican a tareas penosas y mal remuneradas. Y esto lo dice el CES sin sonrojo. Sin mostrar preocupación alguna por la inhumana precarización del empleo que se traduce de su argumento y que está haciendo avanzar un alarmante fenómeno denominado working poor:: trabajadores y trabajadoras con contrato legal que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Llama poderosamente la atención el Dictamen emitido por el CES -integrado por Confebask, CCOO, UGT y diversos agentes sociales e institucionales vascos- sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la Renta de Garantía de Ingresos: “Hay que valorar, a la hora de desarrollar la aplicación del Decreto, la interrelación con el mercado laboral en el caso de que se aproximen la cuantía de las ayudas y las retribuciones de algunos sectores”. El Consejo vasco no muestra inquietud alguna por la existencia de contratos basura, sino por una ayuda social que podría llevar a que un grupo de población se negara a aceptar trabajos precarios.

No resulta sorprendente que la crítica provenga de la patronal vasca, pero sí de CCOO y UGT, que asumen así un discurso ajeno a la clase que dicen defender. Lo apunta acertadamente Mikel de la Fuente, representante de la UPV en el CES y único voto negativo a la propuesta de acuerdo: “La cuantía de una prestación como la Renta de Garantía de Ingresos debe cumplir con ese objetivo de combatir la pobreza. Si se pretende que su cuantía no desincentive la integración en el mercado de trabajo, no procede la reducción de la prestación de garantía de ingresos, ya que en ese caso se alejaría aún de lo que ya está en el cumplimiento de ese objetivo, sino que son los salarios mínimos los que deben ascender a la cuantía de ‘por lo menos igual al 60 % del respectivo salario mediano’, como recoge la mencionada Resolución del Parlamento Europa y ya anteriormente la Organización Internacional del Trabajo”. El representante universitario da en el clavo al poner el acento en la finalidad de la prestación: la garantía política del derecho de existencia económica y social de toda la ciudadanía por el mero hecho de serlo.

Precisamente, el Tribunal Constitucional alemán instó recientemente al Gobierno del país a calcular la cantidad necesaria para garantizar la existencia digna de una persona, por entender que la prestación por desempleo actual vulneraba este derecho constitucional. Y ésta es la clave, ¿garantiza el actual Estado de Bienestar las condiciones materiales de la existencia de la ciudadanía?

Aplaude el CES que el Decreto “otorgue al empleo un papel central y protagonista, reconociéndole su capacidad como mecanismo de protección frente a la pobreza”. Como acertadamente apunta el profesor Daniel Raventós, “hay algo incongruente en esta afirmación. Para hacerla evidente se puede descomponer la afirmación en estas otras: A) se ha de luchar contra la pobreza. B) el trabajo asalariado es el instrumento principal para logra A). C) Estar de acuerdo con A) no significa, evidentemente, estarlo con B). Si el trabajo asalariado no está disponible para toda persona que quiera conseguir uno, nunca, siendo fieles a la argumentación apuntada, se conseguirá el objetivo de suprimir o paliar grandemente la exclusión social”.

Si mantiene el CES un compromiso real con la superación de las denominadas trampas de la pobreza y el desempleo debería apostar por la Renta Básica de Ciudadanía (RBC), esto es, un ingreso pagado por la Administración a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, independientemente de su relación pasada, presente o futura con el trabajo remunerado y de otras posibles fuentes de renta. La RBC, frente a los subsidios condicionados, presenta las siguientes ventajas: establece una cobertura del 100%; elimina humillantes controles; erradica la estigmatización de la pobreza; ahorra costes a la Administración; es de gestión simple; incentiva el autoempleo; reconoce el trabajo voluntario o doméstico; desaparece el fraude y supera las trampas de la pobreza y el paro.

El Dios mercado y las pensiones> Joseba Ugalde, Ander Rodríguez y Jon Lasa (Alternatiba)

Joseba Ugalde, Ander Rodríguez y Jon Lasa
Alternatiba

Escuchamos una y otra vez que el sistema público de pensiones es inviable y, por tanto, hay que reducir las prestaciones y aumentar las contribuciones. La excusa es la habitual cuando se trata de vaticinar la debacle de la Seguridad Social: brusca reducción de la natalidad e incremento de la esperanza de vida que conducen a una insostenible elevación de la tasa de dependencia. En definitiva, la ruptura del equilibrio entre la población mayor de 65 años y la que se encuentra en edad de trabajar. A partir de ahí, la conclusión es inmediata: la subida del gasto en prestaciones por jubilación pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema. Para evitarlo, dicen, se impone una reforma.

Y es ahí donde la salmodia del Gobierno español se corresponde milimétrica y sospechosamente con la de entidades financieras que aspiran a hacerse con el botín de las pensiones públicas. Las mismas que diez años atrás recomendaban la contratación de planes privados porque el sistema público no estaría en condiciones de garantizar nuestra jubilación, a pesar de que haya sido el sistema público el que finalmente ha tenido que rescatar al privado de la bancarrota, vuelven a la carga recomendando las mismas medidas de ortodoxia neoliberal anteriores al estallido de la crisis.

Los defensores del dios mercado basado en el dogma de la globalización y el pensamiento único vuelven a las andadas desde Davos sentando en el banquillo al Reino de España y las Repúblicas Helénica y de Lituania, exigiendo fuertes recortes del gasto. El Reino de España se ha apresurado a dar un giro a la derecha y asumir las tesis más conservadoras, que pueden hacer estragos en los derechos sociales. Los especuladores, el Gobierno, el Banco de España y demás “expertos en economía” -algo así como los brujos tribales que advertían de una sequía dos semanas antes de que el poblado se inundara- reiteran machaconamente las mismas advertencias para que interioricemos que la Seguridad Social peligra. ¿Por qué nadie plantea reformar instituciones tan deficitarias como el Ejército o la Casa Real?

Asumir que la Seguridad Social no escapa a la lógica de los factores demográficos y del mercado no tiene que suponer abrazar los clichés que modelan nuestra compresión colectiva del sistema. El más importante de ellos es el que concibe la Seguridad Social como un ente separado del Estado y exige que los cotizantes la sufraguen íntegramente. Por lo pronto, habría que revisar el Pacto de Toledo y eliminar esta dependencia. Y es que no hay ninguna razón que justifique que estas prestaciones no puedan derivarse de los ingresos generales del Estado, como en Francia, donde han creado un impuesto especial de contribución social generalizada. De esta forma, además, ganarían peso principios como la solidaridad y la redistribución.

El segundo de los clichés es el relacionado con el sesgo de los gastos en todas las propuestas de reformas y la imposibilidad de incrementar las cotizaciones. Una parte de éstas se dedica ahora al subsidio por desempleo, en concreto, 7,5 puntos del total, pero si se destinase a jubilaciones se produciría un aumento del 20% de los recursos disponibles.

Otra fórmula para lograr mayor disponibilidad económica son las bonificaciones en el IRPF por la contratación de planes de pensión privados, que alcanzarían un 5% de la cuota de dicho impuesto. No tiene sentido incentivar este tipo de productos, cuyos más directos beneficiarios son las entidades bancarias, cuando esos fondos podrían dedicarse al sistema público.

Y éste es el tercero de los clichés. Se plantea la insostenibilidad del sistema público, presentando el privado como si fuera inmune. Un fondo privado puede quebrar y hay casos en la historia reciente que así lo demuestran. Otra falacia es su supuesto mayor beneficio, ya que la rentabilidad media de esos fondos en los últimos 10 años no ha superado la inflación, es más, ha sido similar a la inversión en Bonos del Estado.

Necesitamos otra política económica y, para ello, el mundo del trabajo debe encontrar el protagonismo político que ahora se le niega y que, en ocasiones, renuncia a ocupar. Pero para que este cambio se produzca, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, los movimientos sociales, los partidos de izquierda deben aclarar y aclararse adónde quieren ir, y no entretenerse tanto en definir hasta dónde están dispuestos a que les lleven. Y nos pueden llevar, como expresaba una viñeta de El Roto, a que para garantizar el futuro de las pensiones haya que hacerlas coincidir con la fecha de fallecimiento. Ahí es nada.

 

Argazkia: lilit.

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