Soberanía alimentaria en EH: Necesidad y urgencia

Ana Etxarte y Asier Vega – Portavoces de Alternatiba

La crisis civilizatoria a la que nos ha empujado el capitalismo y todo el entramado político, social y cultural que le da cobertura, nos obliga a las gentes y a las organizaciones de izquierda a emplearnos a fondo en la construcción, propuesta y aplicación de alternativas. Alternativas que sean, en primer lugar, ambiciosas y radicales, que nos permitan así avanzar en la transición hacia modelos sociales justos y equitativos, frente a un sistema inhumano y en descomposición; alternativas integradoras, que aúnen múltiples iniciativas emancipadoras en agendas compartidas, y que posibiliten el encuentro de personas feministas, ecologistas, socialistas, campesinas y urbanas; alternativas, además, que sean viables, que se puedan empezar a implementar, ahora y ya, demostrando que otro mundo es necesario, urgente, y posible.

Precisamente este 17 de abril, día internacional de las luchas campesinas, día de conmemoración de la matanza de campesinos y campesinas brasileñas en Carajás en 1996, desde Alternatiba queremos exigir y hacer una apuesta clara en defensa de una propuesta ambiciosa, radical,  integradora, y viable, como es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria se opone al modelo agroindustrial capitalista que impera en la alimentación mundial, y también en Euskal Herria. Este modelo es, en última instancia, culpable de la actual crisis alimentaria mundial, de la exclusión y marginación de miles de campesinos y campesinas, de ahondar en el cambio climático, de impactar en la salud de los y las consumidoras a través de los transgénicos y productos químicos, y, en definitiva, de situar al agro vasco en peligro de extinción. 

La soberanía alimentaria, así, se opone al modelo vigente, basado en la conformación de grandes cadenas globales de producción y distribución, controladas por empresas transnacionales; en la producción intensiva en sistema de monocultivo en grandes extensiones; en la intensificación de la productividad a corto plazo a través de tecnologías diversas derivadas de la revolución verde, incluyendo los organismos genéticamente modificados; en la patentización internacional del conocimiento; y en la creación de un mercado financiero específico –commodities– en los que se deciden los precios internacionales de muchos productos básicos alimentarios.

Frente a ello, la soberanía alimentaria pone el acento, en primer lugar, en la capacidad de los pueblos para decidir sobre su sistema alimentario, así como en su facultad para desarrollar las políticas que democráticamente estimen oportunas para establecer qué y cómo se produce, qué y cómo se distribuye, y qué y cómo se consume, frente al modelo globalizador y hegemónico de la OMC, de la UE y su Política Agraria Común, y de las empresas transnacionales; en segundo lugar, plantea un modelo socio-económico alternativo, centrado en la agroecología y las economías campesinas, defendiendo así sistemas alimentarios que sean culturalmente adecuados; que sean ecológicos y de producción extensiva, en función del mantenimiento y del control público y/o social de los bienes naturales -tierra, biodiversidad, agua, semillas-; que sean energéticamente eficientes; que garanticen un ingreso económico justo para las y los productores; que se desarrollen en condiciones óptimas de reproducción social; que se basen en un sistema de distribución que garantice dichos criterios ecológicos, sociales, económicos; que prioricen las economías campesinas y los circuitos locales, y que se sostengan sobre el derecho humano básico a la alimentación sana y segura del conjunto de la población, frente a la consideración capitalista actual de la alimentación como una mercancía.

Es precisamente en la defensa de los derechos de los y las campesinas -quienes realmente alimentan al mundo- y en defensa de los derechos que los y las consumidoras, por lo que debemos aunar esfuerzos en pos de la soberanía alimentaria. Es la soberanía alimentaria una condición necesaria de un mundo justo, equitativo, sano y seguro, frente a la vulnerabilidad y desigualdad que nos ofrece el modelo hegemónico. Y además, como hemos repetido en este artículo, es una apuesta viable, posible.

En esta suma de esfuerzos, debemos hacer un llamado específico a las instituciones públicas de Euskal Herria para que pongan freno a la agroindustria y para que generen las condiciones para la puesta en marcha de estrategias de soberanía alimentaria. Gobiernos, diputaciones y ayuntamientos deben apostar ya por esta agenda, siguiendo el ejemplo de Orduña, que ha sido el primer municipio vasco en aprobar una Declaración Institucional a favor de la soberanía alimentaria, con toda una serie de compromisos claros y concretos.

Por ello, y siguiendo su estela, apliquemos ya la soberanía alimentaria en las políticas públicas: en primer lugar, favorezcamos un modelo productivo que priorice lo agroecológico: con asesoría pública y apoyo a la producción, no a los terratenientes; eliminando todos los requisitos fitosanitarios que sólo benefician a las grandes empresas; estableciendo políticas de ordenamiento territorial que garanticen el derecho a la tierra; garantizando el control y la gestión pública de los bienes naturales; posibilitando el intercambio de semillas y priorizando el conocimiento campesino frente al industrial; en segundo lugar, creemos un modelo de distribución basado en lo local: que impida la reproducción de las grandes superficies; que permita en lo local el encuentro directo entre personas productoras y consumidoras en mercados y ferias municipales -sin banca de por medio-, basados en la solidaridad y en precios justos; que vincule directamente los servicios de alimentación públicos y colectivos -escuelas, comedores, etc.- al consumo agroecológico local; en tercer lugar, avancemos en modelos sociales en los que impere la justicia en las condiciones laborales, la seguridad en la salud de las personas consumidoras, y la sostenibilidad ecológica, frente a la avaricia capitalista.

Todas estas medidas se pueden aplicar con voluntad política, pongámonos a ello. Exijamos su aplicación, no hay excusa. La alimentación no es cosa de campesinos y campesinas, es cosa que incumbe a todos y todas, a la humanidad y al planeta. En defensa de la vida, de tú vida, de nuestra vida colectiva, grita, manifiéstate, exige, aplica… ¡Euskal Herria soberanía alimentaria ya!

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La ecología llama a la puerta

Asier Vega y Mikel Oseguera – Mesa de Ecología de Alternatiba

La actual problemática con los Residuos Sólidos Urbanos no solo se reduce a vertederos, incineradoras o al reciclaje. Los RSU no son más que el último eslabón de la cadena de consumo. Un sistema y una economía cuyo motor es el consumo: explota recursos naturales, los transforma, los comercializa, los consume y los desecha. Es un modelo lineal que no falla únicamente en la imposibilidad de gestionar cada vez más residuos. Colapsa también en su origen, ya que los recursos del planeta son limitados. Incluso en su nudo. En las fases de producción y consumo, donde se establecen relaciones humanas (o inhumanas) desequilibradas basadas en la información desigual y la dominancia. Y donde no se alcanzan los objetivos paradigmáticos de la felicidad y la estabilidad. Las concretas alarmas del calentamiento global, la gestión de los desbordantes residuos, la escasez de materias primas fundamentales para la continuidad del tradicional desarrollo como el petróleo o el gas, la exponencial demanda de energía, etc. no son más que síntomas de la enfermedad terminal de la Concepción lineal del planeta frente a su esencia intrínseca circular, retroalimentada y sostenible.

Teniendo en cuenta estas visiones más globales, ya la administración europea a través de la directiva 2008/98/CE deja de centrar el debate de los residuos en su destrucción. Y apuesta en este orden de prioridad por la prevención (disminución en la generación), reutilización, reciclaje, “valorización energética” y eliminación. Además, marca como línea roja que la gestión de los residuos no pondrá en peligro la salud humana ni el medio ambiente, tanto el aire, el agua como el suelo.

La incineración ni fomenta la reducción de residuos, ni recicla y por supuesto que afecta a la salud humana y al medio ambiente a través de la contaminación del aire. También es una amenaza potencial para el suelo por generar cenizas altamente contaminantes. Además, se vuelven a fomentar turbios negocios donde siempre ganan y pierden los mismos. En un momento en el que, más que nunca, la sociedad debe recuperar el terreno regalado a la gestión privada, a través de la incineración el pueblo vuelve a pagar dos veces y los grandes grupos empresariales vuelven a cobrar doblemente. Se les paga por gestionar la basura que utilizan como combustible y se les vuelve a pagar por la energía generada con dicho combustible. Los costes medio ambientales, una vez más, los pagaremos todos.

La recogida Puerta a Puerta no sólo es el sistema contrastado de recogida de residuos que mejores resultados de reciclaje presenta (80-85% de reciclaje demostrado con expectativas de llegar al 90 %), sino que también trabaja la reducción de residuos incrementando la concienciación entre la ciudadanía.

Uno de los argumentos que se utilizan intencionadamente en contra del sistema de recogida Puerta a Puerta es el de los costes. Demagógicamente sólo de los costes de recogida. Nadie habla de los 250 millones de euros para la construcción de la incineradora de Gipuzkoa. Ni del coste de construcción y gestión de vertederos. Ni del coste de gestión de cenizas peligrosas. Por no hablar de los costes que nunca se valoran: los medio ambientales, los sociales… ¿Qué precio tiene el contaminar el aire?

Es fundamental el comenzar a ver los Residuos Sólidos Urbanos como recursos y no como basura. Recurso siempre que en cada punto de generación se separe adecuadamente. ¿Por qué renunciar a ese recurso público? ¿Por qué volver a ceder otro sector estratégico a manos privadas? No nos dejemos cegar por quienes faltos de perspectiva pretenden centrar nuestra atención en la basura que cuelga de un poste. Enseñémosles que no es basura; que son recursos: plástico, papel, materia orgánica…

Sabemos que los problemas globales requieren soluciones integrales. Un cambio de modelo, ¿por qué no empezar Puerta a Puerta?

La diversidad funcional también a la huelga

Igor Nabarro – Militante de Alternatiba

Mañana, 29 marzo, vamos a asistir a una de las jornadas de huelga general más justificadas de los últimos años. No tenemos ninguna duda de que la movilización entre las clase obrera va a ser masiva. La presencia en la calle de trabajadores y trabajadoras en defensa sus derechos se va a dejar notar en las calles de las ciudades y pueblos de Euskal Herria.

Tenemos el convencimiento de que esta jornada de lucha será recordada por  largo tiempo, y que servirá de paradigma para futuras ideas revolucionarias… Pero a esta cita no solamente están llamadas aquellas personas que a día de hoy se encuentran dentro del mercado laboral.

El modelo de producción capitalista que, durante demasiados años ya, asfixia nuestra sociedad, no ha permitido la formación de un ámbito laboralinclusivo, que integre factores como el género, la edad o la discapacidad, sino que sustenta un modelo de mercado laboral patriarcal ligado al papel del hombre adulto y en plena condición física, psicológica e intelectual. Este sistema, basado en la minimización de los costes y en maximizar la productividad y el rendimiento de las personas trabajadoras, no deja lugar para la diversidad.

El capitalismo ha provocado que el trabajo asalariado se convierta en el elemento fundamental, y casi único, de construcción de la ciudadanía y de integración en la sociedad, consagrando, como única posibilidad de emancipación e independencia, así como de realización personal, la acumulación de capital y el consumo.

La incorporación al mundo laboral es, dentro del nuestro contexto geográfico, cultural y social, un proceso imprescindible para el desarrollo personal y comunitario. Necesidades como la autoestima o reconocimiento social no encuentran otra vía de satisfacción que no sea el empleo.

Debido a esto, las personas o colectivos a los que, el modo de producción capitalista les impide la entrada, o les expulsa del mercado laboral, o están de un modo no normalizado, el sistema les niega la ciudadanía plena convirtiéndolos en subproductos dependientes.

Las personas diversas funcionalmente, no son consideradas válidas para el sistema capitalista, debido a que no son «capaces» de producir y de participar en la creación de plusvalía, bajo los mismos índices de presión empresarial. Esto produce su desvinculación de la ciudadanía y de la sociedad. Esta es la razón de que las personas con diversidad funcional sean uno de los colectivos sociales, que habitualmente se encuentra más cercano del riesgo de exclusión social.

En la exclusión social, está caracterizada como un concepto multidimensional pero que tiene su eje central en las relaciones de producción y en las de distribución y consumo.

Las tasas de desempleo, de la población con diversidad funcional, son exageradamente más elevadas que la de la población en general. En 2008, la tasa de empleo de las personas con diversidad funcional era de un 28.3%, frente a un 67.2% de las personas sin discapacidad. De las, casi millón y medio de personas con discapacidad en edad de trabajar, solamente habían accedido al empleo una tercera parte. La tasa de paro de las personas con diversidad funcional doblaba la del resto de la población; siendo en el caso de las mujeres todavía más acuciante: únicamente un 23.7% de las mujeres con diversidad funcional en edad de trabajar lo hacía.

Las administraciones están impulsando un modelo de empleo basado en la exclusión y el paternalismo. Un modelo que margina a las personas con diversidad a ámbitos no normalizados, excluyentes y discriminatorios, en vez de trabajar por la contratación normalizada en igualdad de condiciones.

Han renunciado a garantizar que las empresas cumplan con la normativa de integración para el empleo, consagrando las empresas de trabajo protegido o centros especiales de empleo como la única fórmula factible de inclusión en el mercado laboral. Estos sistemas de empleo, impiden la normalización del empleo de las personas con discapacidad, a la vez que limita las posibilidades de promoción laboral y produce que los trabajadores y trabajadoras con diversidad funcional no sean considerados en igualdad de condiciones con el resto de trabajadores y trabajadoras.

Es urgente e imprescindible, que sustituyamos el actual sistema de producción capitalista, por otro que tenga como fuente de legitimidad la justicia social y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Un modelo inclusivo que tenga en cuenta todas las variables por cuestión de género, edad, diversidad funcional o cualquier otra que pudiera producirse.

Por estas razones y por otras muchas más, las personas con diversidad funcional, también debemos acudir mañana a la llamada de la clase trabajadora, porque esta es la lucha de todos y todas.

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Alternatiba llama a participar mañana en Bilbao en la manifestación por el cierre de Garoña

“Garoña, itxi orain!”El portavoz de Alternatiba y juntero por Bizkaia Asier Vega ha llamado hoy a secundar masivamente la marcha que recorrerá mañana sábado las calles de Bilbao exigiendo el cierre de la central nuclear de Garoña, por entender que “es antigua, peligrosa e innecesaria”. La manifestación, que partirá a las 17:30 del Sagrado Corazón, se realizará en la víspera del aniversario del devastador accidente nuclear de Fukushima en Japón, “lección que ha servido a países como Alemania para clausurar inmediatamente las centrales más antiguas y planificar el cierre total del resto”.

Desde Alternatiba han recordado que el reactor de Garoña es, precisamente, “gemelo del de Fukushima, lo que da muestra de los riesgos que entraña”. Por otra parte, y dada la cercanía de la central con Euskal Herria, Vega a subrayado que la sociedad vasca se ha posicionado “históricamente en contra de la energía nuclear, como volverá a hacer mañana en Bilbao”.

No más mega-infraestructuras en Gipuzkon, declaración

Gipuzkoa es un territorio pequeño, pero en los últimos años debido al crecimiento y a la ola de la globalización económica se han llevado adelante muchos proyectos en nombre del progreso, muchos de ellos irreversibles. Hoy, nos hemos juntado aquí para pedir la paralización de todos los proyectos que tenemos encima de la mesa. El TAV, la incineradora, el Superpuerto de Jaizkibel, el metro de Donosti, la Plataforma Logística Oiartzun-Lezo-Gaintxurizketa, la ampliación del aeropuerto de Hondarribia, la macro cárcel de Zubieta, las circunvalaciones, las líneas de alta tensión, etc..

No son meras infraestructuras, ni proyectos que afecten a un lugar físico concreto, no. Y no las queremos parar solamente por su severo impacto ecológico, aunque en muchos casos sea una razón más que suficiente. Las personas que hoy nos hemos manifestado queremos cuestionar el modelo de desarrollo que nos quieren imponer; además pedimos que se realice un debate social que nunca hasta ahora se ha dado para abrir un período de reflexión y terminar con la falta de transparencia y con la política negadora de la participación ciudadana.

Queremos un modelo cuyo eje principal sea el bienestar social. De ninguna manera queremos un modelo que responda a intereses empresariales y que se base en empobrecer a una parte importante de la sociedad para beneficio de unos pocos. El hasta ahora modelo antisocial dominante despilfarra los recursos imprescindibles para responder a necesidades sociales tan básicas como el derecho a la sanidad, la cultura, la educación y el bienestar social.

Queremos un modelo social que se base en el respeto a la naturaleza. No queremos un modelo que metropolice nuestro territorio, destrozando los recursos naturales y el medio ambiente, despoblando zonas rurales y artificializando de forma irreversible las tierras que necesitamos para la agricultura. Algunos representantes políticos quieren neutralizar y bloquear en las instituciones las demandas sociales, manteniendo la presión a favor de proyectos destructores. Desean proseguir con esta política de hechos consumados promoviendo macroproyectos. Estos agentes políticos son defensores de los grandes intereses económicos privados que están detrás de todas las grandes infraestructuras. No quieren ningún tipo de cambio. Queremos denunciar su intransigencia en esta materia y por esto les pedimos una cosa muy concreta: que abran el camino del debate social y de la reflexión pública, abandonando las posturas obstaculizadoras.

Sin embargo, todas las respuestas no están en las instituciones. Para conseguir éxito es imprescindible agitar la conciencia de la población. La clave está en la transformación de la conciencia colectiva y en la iniciativa popular. Por tanto tenemos que seguir trabajando y manteniendo la lucha para paralizar todas las grandes infraestructuras y proyectos destructores, subrayando una y otra vez la importancia que se le debe al cambio de modelo de desarrollo y a la defensa de la tierra. Queremos una Gipuzkoa diferente en una Euskal Herria diferente. Hay que parar los grandes proyectos de infraestructuras y abrir el camino para el debate social. Queremos un nuevo modelo social y lo vamos a lograr.

Alternatiba aplaude la paralización de la incineradora y la apertura del debate sobre los residuos

Gipuzkoa Sin IncineradoraAlternatiba  ha mostrado  hoy  su satisfacción  por  la  paralización  de  la  construcción  de  la  incineradora  de Donostia  y  ha  aplaudido  el  nuevo  paso  hacia  el  debate  social  sobre  el tratamiento de residuos que ha dado la Diputación Foral de Gipuzkoa al aplazar durante seis meses cualquier decisión a este respecto.

El portavoz de la formación de izquierdas, Oskar Matute, ha considerado “muy  positiva”  la  decisión  de  paralizar  el  proyecto:  “Por  fin  se  ha  abierto  la oportunidad  de  aparcar  un  sistema  de  tratamiento  que  ha  generado  un  gran rechazo social entre la ciudadanía del Territorio Histórico de Gipuzkoa en aras de  articular  un  debate  serio,  riguroso  y  sin  opacidades,  en  el  que  la sostenibilidad  se  anteponga  a  los  intereses  económicos  de  constructoras  y grandes empresas”.

En palabras de Matute, “ha llegado la hora del análisis, de la información transparente  y  del  debate  para  que  el  Consorcio  de Residuos  de  Gipuzkoapueda  al  fin  tomar  la  mejor  decisión  para  el  Territorio,  la  que  sea  más respetuosa con el medio ambiente y con la salud de la ciudadanía”. En  este  sentido,  ha  subrayado  que  “existen  métodos mucho  más ecológicos  y  menos  agresivos  en  materia  de  tratamiento  de  residuos  que  la quema  de  basuras”  y  ha  hecho  hincapié  en  que  “la  incineradora  no  es  la solución”.

Demasiada gente, muy pocas personas > Igor Navarro

Igor Navarro > Militante de Alternatiba y candidato al congreso por Amaiur

Recientemente hemos sabido que ya somos 7.000 millones de personas las que habitamos en el planeta tierra. Algunas voces, profundamente interesadas, hablan de superpoblación, es decir, que en el mundo hay demasiada gente presionando sobre los recursos existentes, y de qué este ritmo de crecimiento de la población es insostenible económicamente.

Esta afirmación es absolutamente falsa, el problema no reside, ni mucho menos, en la cantidad de habitantes del globo, ni siquiera en el carácter finito de nuestros recursos naturales. La raíz del problema de la falta de recursos con la que tienen que sobrevivir gran parte de la población mundial no se encuentra en los miles de millones de habitantes de China o India… La verdadera causa del problema la debemos buscar mucho más cerca, en los alrededores de casa y en la casa de nuestros vecinos, en los países más avanzados del mundo.

De esos 7.000 millones de personas que compartimos vivienda, es muy posible que más de 6.500 millones no llegue a consumir ni la mitad de los recursos naturales por hectárea y habitante que les pudieran corresponder, en cambio, los otros 500 millones, entre los cuales nos encontramos todas y cada una de las personas que estamos leyendo esto, consumimos tres, cuatro y hasta diez veces más de los recursos que nos corresponden.

La huella ecológica es un indicador del impacto que generamos en los recursos existentes del planeta con lo que consumimos y con nuestros desechos. Evidentemente, la huella ecológica que dejamos no es la misma para todas las personas, ni en todos los lugares.

Se ha calculado que a cada habitante nos correspondería por año utilizar los recursos naturales generados en 1,8 hectáreas de terreno. Actualmente utilizamos de media alrededor de 2,5 hectáreas por persona. La diferencia no parece tan exagerada sino fuera porque los habitantes de países como los Estados Unidos de Norteamérica hacen uso de 9,5 hectáreas por persona y los habitantes de Honduras únicamente de 1,3 hectáreas. Pero si queremos observar los extremos, tenemos que los habitantes de Emiratos Árabes Unidos hacen uso de 11,8 hectáreas y que los habitantes de Afganistán apenas llegan a las 0,5 hectáreas.

Por cierto, la huella ecológica de los habitantes de China e India es de 2,1 ha y 0,9 ha respectivamente; y el impacto de la ciudadanía del Reino de España es de 5,7 hectáreas por persona y año, casi el triple de lo que nos corresponde.

Con todo esto podemos decir que menos de 1.000 millones de personas consumimos el 95% de los recursos naturales del planeta, dejando para esos 6.000 millones restantes únicamente las sobras, o ni siquiera eso, ya que consumimos mucho más de lo que el planeta es capaz de generar y producimos más desechos de los que puede asimilar.

El ritmo que es insostenible no es el del crecimiento de la población mundial, sino el del consumo que tenemos los habitantes y las empresas multinacionales del “el mundo occidental”, que son, somos, realmente quienes estamos esquilmando los recursos del planeta.

El planeta está superpoblado, efectivamente, está superpoblado de empresas multinacionales que agotan los recursos naturales sin que les importe en absoluto las consecuencias ecológicas de sus acciones. Superpoblado de consumo capitalista indiferente al desigual reparto de los recursos. Superpoblado de neocolonialismo y neoliberalismo, de agresiones a la naturaleza y de guerras con el único fin de apoderarse y explotar indiscriminadamente recursos naturales.

Lo dicho, demasiada gente y muy pocas personas.

Gas en Araba: Oportunidades, precipitación y fracaso

Mikel Oseguera – Alternatiba Araba

El 14 de Octubre, el Lehendakari Patxi López junto al consejero de Industria Bernabé Unda anunció, con motivo de su visita a un campo de extracción de gas en Dallas (EEUU), la existencia en Araba de recursos de gas no convencional. Se estima que el volumen del yacimiento sea suficiente para garantizar el suministro de gas a Euskadi durante 60 años. No es de menor relevancia que la extracción de este recurso se hace a través de técnicas no convencionales de fractura hidráulica. Técnicas pioneras cuyo desarrollo, fundamentalmente en EEUU, está evidenciando el potencial destructivo para el medio ambiente de las mismas. Por una parte conlleva la antropización de las áreas vírgenes para convertirlas en instalaciones de explotación; y por otra la intervención en el subsuelo con la alteración de los niveles freáticos y la contaminación de las aguas.

En Alternatiba entendemos que la preservación y el respeto al medio ambiente está muy por encima de los intereses energéticos y económicos. La experiencia demuestra que construir modelos insostenibles con beneficios económicos a corto plazo supone la ruina a medio y largo plazo. Según la Ley 34/1998 sobre el Sector de los Hidrocarburos, las empresas solicitantes de los permisos de investigación y exploración son las responsables de proponer las medidas de protección medio ambiental y planes de restauración. Actualmente, en actividades con amplia tradición en nuestro territorio como las obras civiles (túneles, movimientos de tierras, etc…), las medidas de protección medio ambiental no están a la altura de las circunstancias y no hay más que visitar algunas obras para constatar que no funcionan.

¿Cómo se puede garantizar el éxito de la protección medio ambiental en técnicas de fractura hidráulica si no existe experiencia en el estado?, ¿Cómo puede la administración dar por buenas esas medidas si no tienen ninguna experiencia en este sector? A nivel internacional la experiencia también es escasa, y ya están empezando a destaparse escándalos medio ambientales en Estados Unidos y Francia. ¿Nos vamos a fiar del buen hacer medio ambiental de las únicas empresas con algo de experiencia en la fractura hidráulica? ¿Empresas cuyo único objetivo es el beneficio económico? ¿Cuales son las medidas de protección presentadas? ¿Existen estudios pormenorizados de la hidrogeología de la zona?

En todo caso, solicitamos que se haga pública toda esta información para que sea evaluada por expertos independientes. De lo contrario, estaríamos afrontando desnudos un tremendo reto medioambiental; así lo creemos en Alternatiba. Consideramos una temeridad comenzar a explotar nuestro subsuelo inmersos en un estado de absoluta ceguera medioambiental. No podemos olvidar que Araba representa el último paraíso natural medianamente virgen dentro de la CAPV, lo que lo convierte en nuestro pulmón natural y que debemos tratarla con responsabilidad para no transformarla de una manera irreversible en aras de un efímero y volátil desarrollo. Por ello exigimos que ante la falta de certeza científica sobre las consecuencias de la fractura hidráulica en Araba se cumpla el principio de precaución recogido por la legislación europea.

Por otra parte, no podemos olvidar que el gas natural no deja de ser un combustible fósil. A pesar de que su uso genere en menor medida gases con efecto invernadero en relación al carbón y al petróleo, el método de extracción por fractura hidráulica puede liberar cantidades ingentes de metano convirtiendo el uso del gas no convencional en algo tan contaminante como el resto de combustibles fósiles. Por lo tanto, encaminar la estrategia energética al gas no convencional nos aleja del horizonte de basar la estrategia energética vasca en energías renovables.

No podemos dar la espalda a la importancia que tiene la independencia energética para la soberanía de Euskal Herria. En esa línea, recientemente, el Lehendakari puso en valor éste proyecto como un paso fundamental para que Euskadi sea autosuficiente en materia de gas. ¿Es esto cierto? Todo este proceso es competencia y viene gobernado por el Ministerio de Industria español. ¿Va a dirigir dicho ministerio la explotación del “Gran Enara” hacia la emancipación energética de la CAPV? ¿O la va a integrar en la política energética española?

Todo este proceso se está planteando como el principio para convertir a Euskadi en una potencia europea de gas no convencional. Alternatiba no lo ve así, el consorcio con empresas norteamericanas con cerca de un 60% de participación desprende un apestoso hedor a colonialismo de explotación energética. ¿Está garantizado que el proceso tecnológico vaya a enraizarse en el tejido de nuestra ingeniería o resultará que Araba pone terreno y gas y las empresas norteamericanas lo explotan? ¿Cual va a ser el posicionamiento concreto de nuestra ingeniería en el proceso? En el contexto de crisis endémica actual del sistema y una vez que se ha demostrado el agotamiento del modelo económico español basado en la especulación y el ladrillo, queda patente la relevancia de la inversión en conocimiento e I+D. ¿Vamos a dejar pasar la oportunidad de generar tecnología en Euskal Herria importándola desde EEUU teniendo la materia prima en nuestro subsuelo? No podemos cerrar los ojos y está claro que se requiere de la participación de empresas con experiencia en el sector. Pero éstas nunca pueden liderar con más del 50% de participación una actividad que gira entorno a un recurso que no les pertenece. Entre otras cosas porque no podemos dejar en manos de empresas extranjeras actividades tan íntimamente ligadas a nuestro territorio. Y porque los beneficios de nuestros recursos no pueden irse en un 60 % ni a EEUU ni a capitales privados.

Por todo lo expuesto, desde Alternatiba solicitamos a todas las instituciones implicadas que se aborde el tema de los yacimientos de gas no convencional con la cautela y responsabilidad necesarias, alejándonos de actuaciones precipitadas promovidas por intereses económicos y cortoplacistas que nos puedan conducir a un nuevo atropello contra la naturaleza. Solicitamos que no se avance en la intervención en el medio hasta que las consecuencias ambientales estén claras y que, llegado el caso, se garantice que cualquier proceso de explotación del “Gran Enara” redunde mayoritariamente en los intereses energéticos de Euskal Herria.

Exigimos que, en caso de garantizarse la sostenibilidad del proyecto, se aproveche para generar una auténtica potencia tecnológica en nuestro territorio, cuyos beneficios se destinen al desarrollo de las energías renovables en Euskal Herria y a desarrollar políticas de concienciación ciudadana orientadas a la reducción del consumo energético. Así mismo, desde Alternatiba pedimos un debate amplio que abarque agentes políticos y sociales, al tratarse de algo tan estratégico como la política energética de Euskadi para los próximos 60 años.

Dadas las circunstancias, creemos que lo más sensato es seguir invirtiendo en el conocimiento del alcance medio ambiental de esta técnica y en generar un sustrato tecnológico en Euskadi antes de comenzar los trabajos, mientras observamos activamente el desarrollo de la fractura hidráulica a nivel internacional. Exigimos la paralización del proceso del gas no convencional en Araba.

Nueva Ley de Residuos: menos reciclaje y más beneficios empresariales

Enric Llopis > Rebelion.org

Cuando se afirma que el mercado se impone a la política, esto ocurre en todos los ámbitos. También en la recogida y gestión de los residuos. No resulta extraño que la nueva Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados –aprobada por el Congreso este verano- deje sin abordar cuestiones de fondo, como el paso de la cultura del “usar y tirar” a la del reciclaje, y deje intactos los beneficios de las grandes empresas que operan en el sector.

El nuevo texto legal incorpora la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea (2008) pero, por lo demás, mantiene un espíritu “continuista” respecto a la ley hasta ahora en vigor, aprobada en 1998, según denuncian las organizaciones ecologistas. Estas entidades califican la nueva norma de “poco ambiciosa”, de quedarse en “agua de borrajas” o ser un “brindis al sol”, ya que antepone las intenciones o los buenos deseos a las obligaciones para empresas y administraciones públicas.

Y no es porque no haga falta una norma que entre a fondo en la problemática de los residuos. Según Eurostat, cada español genera 547 kilogramos de basura anuales, 35 kilogramos más que la media europea; la misma fuente señala que el estado español recicla sólo un 15% de los residuos que genera (por debajo de la media europea) y envía a los vertederos el 52% (la media de la UE es del 38%). Debe considerarse que, según Ecologistas en Acción, casi el 90% de la basura puede aprovecharse.

Con la nueva ley, el negocio de las basuras urbanas continúa en manos de las grandes constructoras, que obtienen grandes beneficios con la recogida de desechos y el tratamiento de los residuos en planta. A través de adjudicaciones municipales (a menudo a largo plazo), las grandes del ladrillo y la obra pública gestionan las basuras a través de filiales creadas ex profeso, “pero ni se les obliga a reciclar ni creen en la cultura del reciclaje; de hecho, la mayoría de los residuos acaban en vertederos o incineradoras”, asegura Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción del País Valencià. Suelen utilizar en las plantas, además, mecanismos de separación rudimentarios, similares a los utilizados en la minería, lo que lleva a pobres resultados en materia de reciclaje.

“El negocio de las basuras ha dado lugar a escándalos de corrupción en Orihuela (Alicante), Murcia y Mallorca, en los que se han manejado grandes cantidades de dinero y que, en la práctica, resultan difíciles de perseguir”, explica la coordinadora de Residuos de Ecologistas en Acción, Leticia Baselga. Un informe de la organización ecologista italiana Legambiente denuncia que hace décadas que la Camorra se lucra con la basura en Nápoles con un simple mecanismo: tirar las basuras tóxicas en el campo y después taparlas.

Tampoco se altera, con la nueva legislación, el modo de operar de las grandes empresas de los sectores de la alimentación y las bebidas, grandes generadoras de residuos. Estas compañías consideran el reciclaje como un mero coste de producción que reduce su margen de beneficios. Es por ello por lo que prefieren, como ocurre ahora, pagar un pequeño canon por el reciclaje (que acaban repercutiendo en el consumidor) a la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno de envases, es decir, máquinas en las que el ciudadano pueda depositar latas y botellas y percibir un dinero a cambio. La nueva ley abre la posibilidad, pero no obliga, a la introducción de estos sistemas que ya funcionan en Estados Unidos, Canadá, Alemania u Holanda, y a los que también se oponen las grandes superficies.

Esta negativa empresarial a adaptarse a la “cultura del reciclaje” conduce a que en el estado español no se alcancen los mínimos que exige la Unión Europea. Las cuentas tampoco están claras. Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Greenpeace, entre otras organizaciones, han formulado una queja ante el Comisario Europeo de Medio Ambiente por considerar que los datos que presentan Ecoembes y Ecovidrio (sociedades que gestionan los contenedores urbanos de recogida de envases, como el contenedor amarillo y el iglú verde) no pueden contrastarse. En la queja se habla de “irregularidades en las toneladas declaradas; fraude en la declaración de envases y consideración de materiales impropios como reciclados”.

El problema de fondo, explica Carlos Arribas, estriba en los criterios que rigen el funcionamiento del sistema capitalista. “Generalizar el reciclaje y la minimización de los residuos en origen resulta incompatible con una sociedad que tenga como prioridades el consumismo, la publicidad y la mercadotecnia”.

Las expectativas de negocio tampoco están lejos de la incineración, actividad a la que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados sólo plantea la posibilidad de imponer un canon. Los grupos ecologistas denuncian que el lobby de la incineración introdujo en la Directiva Europea de Residuos este mecanismo vendiéndolo como “valorización energética”, tecnicismo que pretende vincular la quema de residuos al reciclaje. Recuerdan que la eurodiputada Carolina Jackson, encargada de preparar el informe previo para el Parlamento Europeo, trabajaba en ese momento para una empresa del sector.

Pese a que la incineración se vincula oficialmente a “futuro”, “progreso” y se asegura que se disponen de las tecnologías necesarias para evitar impactos negativos, un informe de Ecologistas en Acción explica que la quema de residuos genera cenizas tóxicas, nuevas y peligrosas sustancias como las dioxinas (la sustancia más tóxica sintetizada por el hombre), y partículas muy pequeñas que pueden viajar grandes distancias y penetrar en el sistema respiratorio. Estas partículas pueden provocar un incremento de la mortalidad por enfermedades cardiacas, vasculares o cáncer, apunta el informe.

En la línea de no entrar en conflicto con las grandes empresas, la nueva Ley de Residuos permite la distribución gratuita de bolsas de plástico de un solo uso (se plantea su eliminación gradual hasta 2018), con lo que se desatiende una de las demandas de los grupos ecologistas y se anteponen los intereses de la industria del plástico. La nueva legislación tampoco exige la recogida selectiva de la materia orgánica, que permitiría aprovechar una parte de las basuras para crear compost o abono natural para uso agrícola, y mejorar así la calidad de los materiales recuperados. Y pierde, según los grupos ecologistas, una excelente oportunidad para crear puestos de trabajo vinculados al reciclaje como alternativa a la incineración o los vertederos (la Unión Europea señala que podrían crearse 500.000 empleos si se reciclara el 70% de la basura municipal).

Una de las fotografías que dejará esta ley es la manifestación de chatarreros que recorrió el pasado 11 de agosto las calles de Madrid, para protestar contra lo que consideran un atentado a sus derechos: la norma prohíbe la recogida de hierro, cobre y otros metales en las vías urbanas. Los metales recuperados por los chatarreros –muchas veces de etnia gitana- superan los índices logrados en las plantas de reciclaje. Pero a este modelo de economía social y sostenible se le deja cada vez menos espacio ante el huracán del mercado y los grandes intereses.

Agua que contamina >Jesus Mª Estarrona

Jesús Mª Estarrona Salazar

Poco nos da por pensar en el agua a los que vivimos en un mundo de opulencia. La usamos en demasía para nuestro aseo personal, para nuestra diversión, para el riego, etc. y generalmente, la devolvemos a su cauce contaminada. Ese elemento que a muchos pueblos emergentes o del llamado tercer mundo les parece un milagro que salga de nuestros grifos, que la ven en abundancia en nuestras piscinas, que miran con envidia nuestros ríos, lagos y embalses artificiales… esa imagen, les incrementa la sed que padecen, no solo de agua sino de justicia, mas como digo, a nosotros ese tema no nos da qué pensar. Nos aturde la rutina, nos dejamos llevar.

He estado recientemente pasando unos días en el parque natural de Aigüestortes, en Lleida realizando una recomendable travesía, de refugio en refugio, denominado “Carros de foc” (carros de fuego) y si bien esta prueba está pensada para avezados montañeros, la zona ofrece también recorridos asequibles para simples paseantes, que de igual modo, pueden disfrutar de tan maravilloso paisaje, bien regado, por cierto. La zona está dotada con más de 200 “estanys” (lagos) y existe un recorrido, uno más, de no más de cuatro horas de duración, en torno al refugio Colomers, llamado “el de los lagos” que ofrece la oportunidad de ver aproximadamente cien de estos estanys.

El acceso, en compañía de unos amigos, lo hice desde Espot, una pequeña localidad en otro tiempo ganadera y forestal, pero que hoy en día y desde hace varios años, sin abandonar el sector primario, se muestra más centrada en el turismo dada la belleza de su entorno.

No es la pretensión de este artículo hacer propaganda de la zona ni centrarme en la borrachera de agua que ofrece, sino que me voy a referir a los efectos que me produjo la misma.

Dispuesto a cenar en uno de los restaurantes de la citada localidad, prendado todavía del agua cristalina que me rodeó durante días, se me ocurrió pedir, además de vino (tras cinco días de abstinencia), agua.

No cabía de asombro cuando la camarera de turno me descorchó una botella de plástico con agua procedente de una marca de Almazán (Soria). Me quedé perplejo, no supe reaccionar porque de inmediato me vinieron a la mente, junto con los paisajes acuosos recién disfrutados, una serie de ideas que debía ordenar para situarme en qué mundo estaba y estoy viviendo.

Enseguida me imaginé el proceso del agua servida: una fábrica localizada en el medio natural soriano, añadida a las imprescindibles e incuestionables instalaciones del servicio de aguas públicas de aquella su zona, o sea, una contaminación más surgida por iniciativa privada. Desconozco su grado de contribución a su localidad como contraprestación; una propiedad privada que se enriquece con un bien público, como es el agua; los millones de botellas de plástico que precisa para su comercialización; las dificultades para reciclar este producto; un trasporte, en este caso, a 500 Kms. de distancia, erosionando el asfalto de carreteras públicas y desgastando neumáticos (productos petrolíferos), contaminante además por el CO2 que genera tan largo viaje; los ruidos que conlleva el reparto, el sitio que ocupan y la incomodidad que generan los envases al establecimiento de turno, al minorista, etc. etc. Y todo esto en competición con la facilidad y ventajas de toda índole que representa la simple acción de abrir el grifo. Hay que reconocer los brillantes resultados que a través de un buen marketing y, en condiciones adversas como en este caso, obtiene habitualmente la iniciativa privada, en contraste con los muy escasos, y es triste decirlo, a los que nos tiene acostumbrados el sector público.

El regreso a Vitoria-Gasteiz lo realizo al día siguiente por Francia y la escena es diferente. Sentado en una mesa y presto a comer con los amigos, se acerca el camarero y tras entregarnos la carta nos sirve una buena jarra de agua corriente, es decir del grifo (sin haberla solicitado), práctica totalmente extendida en ese país vecino, en otros muchos de Europa e incluso en EE.UU. En mi opinión, esta actitud es el modelo porque prioriza al sector público, el servicio para todos. El interesado que desee agua de marca que la solicite, no al revés. Resulta vergonzoso, o al menos, genera incomodidad, en nuestro país y en el estado, solicitar en un establecimiento “público” agua del grifo, dado que está muy extendida la costumbre de servir agua de marca. Da la impresión de que restas negocio al establecimiento. A este punto hemos llegado, cuando hasta hace pocos años, solicitar agua del grifo era lo común.

Resultados que obtenemos mediante el consumo de agua de marca: por un lado, contribuimos en gran medida a la contaminación del medio ambiente y por otro, potenciamos la privatización de ese incuestionable e imprescindible recurso universal que es el agua. El agua, como se está viendo con los alimentos, se tiende, no solo a privatizar sino a monopolizar. El dominio de estos elementos representa el dominio total y esa pretensión ha generado, genera y generará conflictos y guerras. Cualquier partido que se autodenomine de izquierdas no puede contribuir a ello. Mediante campañas e incluso mediante normativas, se hace preciso educar, adoctrinar, concienciar a la ciudadanía, en unos valores y comportamientos que atajen esa pretensión de los mercados de privatizar el agua, antes de que sea tarde. Por nuestro medio ambiente, por el bien común, por el bien de la Humanidad.

Echo de menos este discurso, motivo por el cual animo a nuestros políticos a que aprovechen los medios que tienen a su alcance para trabajar en ese sentido: se hace necesario aplicar la mejor mercadotecnia para incrementar la venta de servicios y productos públicos con la misma eficacia con que nos venden los suyos la iniciativa privada. Es de justicia y es su deber.

 

Irudia: Fir0002

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