EH Bildu presenta una moción que insta al Ejecutivo a no participar en esa fiesta de los culpables de la crisis. Registra una batería de iniciativas para evidenciar las consecuencias del modelo de la crisis y plantear alternativas.

Tras alertar de que el objetivo último de la Cumbre Económica que, organizada por el Ejecutivo español, se celebrará el 3 de marzo en Bilbo no es más que reivindicar el modelo y las políticas económicas que han traído la crisis, EH Bildu ha criticado que Urkullu y su Gobierno está dispuesto a participar con organismos como el FMI, el Eurogrupo y la OCDE, entre otros. En palabras de Belén Arrondo y Oskar Matute, «siendo grave que Urkullu y el PNV, igual que el PP y el PSOE, vayan a participar en esa Cumbre, lo más grave de todo es que el Gobierno vasco va a encargarse de aplicar los recortes ordenados por esa banda organizada hasta convertirse en el último eslabón de esa cadena de políticas que vulneran los derechos de los y las trabajadoras».

Los parlamentarios de EH Bildu sostienen que en Bilbo se van a juntar «quienes han aprovechado la crisis para amasar dinero de forma indecente mientras la mayoría se empobrece»; en consecuencia, ven «incomprensible que el Gobierno vasco se sume a quienes nos siguen explotando y se ponga a su servicio, dando la espalda a la mayoría de la ciudadanía». Por ello, EH Bildu ha registrado hoy en el Parlamento una moción que insta al Ejecutivo a no participar en esa Cumbre Económica y a unirse a los agentes sociales que van a exigir en la calle otras políticas. Arrondo y Matute apuntan al respecto que el día 3 se van a reflejar dos realidades contrapuestas: por un lado, «los que se benefician de una crisis que ellos mismos han provocado mientras empobrecen a la mayoría y, por otro, las víctimas de esas élites económicas, la mayoría de la sociedad».

EH Bildu, al revés que el PNV y el Gobierno de Lakua, ha decidido estar en la calle con las víctimas de la crisis para desenmascarar la realidad del modelo económico que Rajoy, el FMI, la OCDE y demás pretenden vender en el Guggenheim. «Hemos presentado una batería de iniciativas –explican Arrondo y Matute– para evidenciar las graves consecuencias de esas políticas: el crecimiento de la pobreza, la eliminación de derechos sociales y laborales, el recorte de prestaciones, la destrucción del sistema de pensiones… Y vamos a poner sobre la mesa las alternativas, porque sí hay salida: el marco vasco de relaciones laborales, dignificar el empleo público, garantizar las prestaciones sociales…».

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La probable ratificación de la sanción que Europa va a imponer a las diputaciones vascas por la cuestión de las vacaciones fiscales vuelve a poner en cuestión el modelo fiscal que ha impulsado, fundamentalmente, el PNV.

La chapuza fiscal que vamos a tener que pagar tiene responsables con nombres y apellidos. Ellos impulsan ese modelo fiscal, ellos favorecieron a determinadas empresas, ellos han provocado la sanción, y ellos deber asumir su responsabilidad de manera pública ante la sociedad.

La discusión, el debate fundamental, no es quién tiene que pagar, porque las cosecuencias directas recaen nuevamente sobre el conjunto de la sociedad, que se verá privada de una importante cantidad de fondos públicos (50 millones de euros) que habrá que destinar a pagar la sanción.

El debate debe ser por qué se permite e impulsa un modelo fiscal que protege y beneficia a unos pocos y hace recar la carga de la contribución fiscal en las rentas de trabajo mientras se beneficia a las rentas de capital y, en general, a quien más tiene. Eso no es aceptable.

Los mecanismos y artimañas que se ofrecen a algunos privilegiados para que paguen menos impuestos, deben desaparecer. No es de recibo eximir a empresas o particulares de sus obligaciones fiscales ni facilitar caminos para eludirlas. ¿Por qué a algunos si y a otros no? Esos productos fiscales, esa especie de premio o fiscalidad a la carta, son una injusticia social y una muestra de insolidaridad.

Sin embargo se sigue insistiendo en el mismo modelo, y restan recursos públicos para cubrir las necesidades y prioridades públicas a otros niveles.

La fiscalidad debe ser un instrumento para redistribuir la riqueza, garantizar la equidad y hacer frente al fraude fiscal. Un instrumento para impulsar y fortalecer políticas públicas que garanticen y cubran las prioridades y necesidades del conjunto de la sociedad.

Sin embargo, padecemos un acuerdo fiscal de manos del tripartito PNV-PSE-PP que supone una evidente marcha atrás en términos de justicia social y que pretende blindar un modelo que premia a los poderosos sobre los más desfavorecidos. Es un pacto para tapar las carencias propias y satisfacer intereses de partido, no para beneficiar a la sociedad.

No nos sorprende que PNV o PP defiendan un modelo fiscal de derechas, pero es una gran decepción que el PSE, supuesto partido socialista, de izquierdas, impida que quien más tenga pague más y se muestre dispuesto a proteger a las rentas de capital y a los más ricos.

Y en ese camino, el próximo asalto de la contrarreforma fiscal del tripartito lo quieren plantear en el impuesto sobre Grandes Fortunas. Quienes inicialmente negaban la necesidad de abrir el debate fiscal, de replantear el modelo,… lo han abierto, pero para impulsar una contrarreforma con un objetivo: frenar y hacer fracasar el modelo fiscal que impulsa EH Bildu. Un modelo que da resultado, que marca un camino alternativo.

Quieren vestir de armonización lo que no es más que una uniformización a la baja diseñada y dictada desde la Diputación de Bizkaia a imagen y semejanza de los intereses de ADEGI y CONFEBASK. Una uniformización fiscal que abrirá aun más la brecha social y económica entre ricos y pobres.

El panorama es desolador. Miles de familias sin recursos, indices de pobreza intolerables, decenas de miles de personas sin trabajo y sin ingresos, contrataciones precarias y sin derechos, abusos patronales, políticas de recortes en servicios públicos y sociales… y frente a esa realidad, tienen la poca verguenza de justificar un modelo fiscal injusto, desequilibrado y abierto al fraude y la elusión.

La situación política y social amenza nuestro futuro y requiere superar modelos fracasados, discriminatorios o injustos. La fiscalidad adquiere un papel relevante para afrontar la salida de la actual crisis. La política fiscal tiene que activarse en esa dirección, acompañando otros ejes como el impulso de políticas de empleo propias, garantizar los servicios públicos y la asistencia social.

Por todo ello, desde EH Bildu:

• En el caso de las vacaciones fiscales, instamos a los partidos gestores implicados a que asuman su responsabilidad ante la sociedad y abandonen de manera definitiva su modelo fiscal
• Interpelamos nuevamente al PSE para que abandone la contrarreforma fiscal de la derecha y vuelva a sumar fuerzas por un modelo fiscal progresista, justo y equitativo
• Llamamos a los agentes sociales y sindicales, y a la ciudadanía en general, a oponerse y mostrar su rechazo frente a una política fiscal regresiva
• Desde EH Bildu reiteramos nuestra apuesta por otro modelo fiscal, por reforzar una fiscalidad progresivay justa, y denunciar los privilegios que se esconden tras la contrarreforma impuesta por el tripartito PNV-PSE-PP

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Dadas las gravísimas consecuencias –elimina, entre otros, el derecho fundamental a la negociación colectiva– que tendría el modelo de relaciones laborales propuesto por Adegi, EH Bildu ha decidido llevar el debate al Parlamento. A tal fin, han anunciado hoy Belén Arrondo y Oskar Matute, la coalición ha registrado cinco solicitudes de comparecencia porque es imprescindible que la Cámara de Gasteiz se posicione en relación con la propuesta de Adegi, ya que afectaría directa y gravemente a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras».

En concreto, EH Bildu pide la comparecencia de Adegi y Confebask en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para que expliquen al detalle el planteamiento de la patronal de Gipuzkoa y aclaren si es voluntad de Confebask trasladarlo también a Bizkaia y Araba. Asimismo, la coalición solicita que el lehendakari Urkullu y los consejeros Aburto y Tapia comparezcan en el Pleno para aclarar las «contradicciones aparentes» en que han caído al analizar el modelo propuesto por Adegi, ya que mientras Aburto dice que ese no es su modelo, para Tapia puede ser una vía apropiada. En el caso de Urkullu, EH Bildu pide que «ponga orden» en su gabinete y deje claro «cuál es su modelo para la defensa de los derechos de la clase trabajadora».

Arrondo y Matute sostienen que la propuesta de Adegi tiene su origen en la reforma laboral del Gobierno español, que pone fin a la negociación colectiva y deja totalmente desprotegidos a los y las trabajadoras. En este sentido consideran que «Adegi quiere lograr ahora lo que no ha conseguido con la negociación colectiva: imponer la voluntad de la empresa a los trabajadores esquilmando cualquier derecho que aún puedan tener, con condiciones laborales cainitas e inasumibles en parámetros democráticos». Tras subrayar que en cualquier negociación es básico que haya equilibrio entre las partes, porque «sin equilibrio no hay negociación, sino imposición», los parlamentarios de EH Bildu acusan a Adegi de «romper todos los equilibrios al pretender sacar a los sindicatos del escenario de negociación y dejar así a los trabajadores a los pies de los caballos».

Por ello, frente al modelo de Adegi, EH Bildu reivindica el valor de la negociación colectiva y defiende un modelo que tiene como eje la creación de un Marco Vasco de Relaciones Laborales totalmente alejado de las reformas impuestas por Madrid para garantizar el derecho a la negociación colectiva y el empleo digno».

El portavoz nacional de Alterantiba y parlamentario de Euskal Herria Bildu Oskar Matute advierte de que los presupuestos del Gobierno vasco debilitan el llamado Estado de Bienestar. EH Bildu propone un decálogo de medidas para garantizar el sistema de protección social, los servicios públicos y el empleo digno.

EH Bildu se ha posicionado en contra de los presupuestos que ha pactado para 2014 el «tripartito del capital» que integran PNV, PSE y PP, ya que «han elegido defender los intereses de la minoría poderosa, la que vive de las rentas y amontona beneficios en plena crisis», como ha denunciado Oskar Matute. EH Bildu, en cambio, ha optado por estar al lado de la mayoría, de la clase trabajadora, y ha puesto sobre la mesa propuestas concretas para cambiar de raíz los presupuestos de 2014, para ponerlos de verdad al servicio de quienes están pagando las consecuencias de la crisis.

Matute ha reclamado un cambio radical de las políticas económicas para pasar de un modelo de dependencia que se limita a aplicar decisiones ajenas a Euskal Herria a un modelo que tenga como eje la soberanía, ya que eso es lo que posibilitará poner en marcha nuevas políticas sociales y económicas. En este sentido, ha advertido a PNV, PSE y PP de que repetir una y otra vez las fórmulas que han llevado a la crisis traerá necesariamente el mismo resultado, es decir, extender los niveles de pobreza todavía más.

El parlamentario de EH Bildu ha denunciado al Gobierno vasco que da la espalda a los sectores sociales más débiles, así como que confunde sus prioridades. Prueba de ello, la negativa del PNV a pedir 600 millones de euros a Kutxabank para poder impulsar el gasto social, pero sí estar dispuesto a hacerlo para financiar el TAV.

Matute ha recordado al PNV varias de las medidas aplicadas por la Diputación de Gipuzkoa para garantizar los derechos sociales y laborales y ha criticado que el Gobierno de Urkullu no esté actuando en el mismo sentido, lo cual trae consigo el debilitamiento progresivo del llamado Estado de Bienestar, ya que, sin ir más lejos, el Ejecutivo autonómico está destruyendo empleo público y debilitando sus políticas sociales. Por ello, EH Bildu insiste en que es imprescindible dar la vuelta a la situación actual y para ello ha propuesto una batería de medidas concretas resumidas en un decálogo que busca fundamentalmente garantizar la inversión social, fortalecer el sistema de protección social y los servicios públicos y asegurar condiciones laborales dignas.

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