¿Para cuándo un Santo Tomás público, agroecológico y sin banca de por medio?

Ana Etxarte y Asier Vega – Portavoces de Alternatiba

Mediante este artículo queremos proponer un Santo Tomás alternativo que, junto a toda una serie de medidas políticas, sirva de punta de lanza de una estrategia vasca en defensa de la soberanía alimentaria.

Así es, soberanía alimentaria frente a agricultura industrial, esa es la cuestión. Una agricultura industrial que ya ha demostrado sus grandes ventajas: desaparición de nuestro agro; conversión de nuestra tierra en suelo; depredación de nuestros ecosistemas; priorización de los beneficios de las grandes cadenas distribuidoras y comerciales frente a los ingresos justos de los y las baserritarras; calidad infame de la producción, insalubridad y riesgos para la salud tras el uso de tóxicos y la contaminación transgénica. ¿No es posible otro modelo, estamos condenadas y condenados a esto? ¿No deberíamos pasar a un nuevo paradigma que combine ecología, derechos laborales, ingresos justos, salud, consumo responsable y, en definitiva, el buen vivir?

Definitivamente sí, es necesario, es urgente, y es posible. Desde el ámbito social ya se están desarrollando múltiples iniciativas exitosas en este sentido, pero creemos que es desde las políticas públicas desde donde hay un vacío importante que se debe llenar. Empecemos por las ferias, empecemos por Santo Tomás. Estos espacios de encuentro directo entre personas productoras y consumidoras, sin intermediarios, deberían ser periódicos, contar con apoyo público, explicitar bien los requisitos de participación, y priorizar en estos a aquellos y aquellas baserritarras –sobre todo a estas- que produzcan de manera agroecológica, facilitando la transición hacia un nuevo modelo más sustentable, justo y equitativo. Dejemos atrás ferias con presencia hegemónica del sistema financiero, con requisitos de acceso no del todo claros, y donde no se sabe bien quién y cómo se produce, ya que comparten espacio productores y productoras de todo tipo, incluso revendedores y otras entidades que nada tienen que ver con la agricultura.

Ese Santo Tomás sí que sería especial, un Santo Tomás que abriría espacios a lo agroecológico, un Santo Tomás transparente y participativo, un Santo Tomás que defiende los derechos de las y los baserritarras y de nuestra Ama Lurra, un santo Tomás no solo folklórico, sino reivindicativo y novedoso.

Así, si empezáramos por las ferias agroecológicas, los poderes públicos podrían seguir con una gestión ejemplar de los bienes naturales, con la apuesta por los mataderos locales – Aurrera Errale!-, con la conformación de bancos de semillas, con políticas activas e integrales de crédito y formación agroecológica, etc.

Algunos dirán que esto es imposible, que es otro sueño hippie. No les creáis. Con otras caras, son los mismos que dicen que los mercados son gobernables, que la crisis se supera con recortes y reformas, y que no hay alternativa. Sí la hay, esta ya aquí, sólo hay que impulsarla, sólo hace falta voluntad política. Gora santo Tomás!

La tierra es para quien la trabaja

Según un análisis de la entidad, el fenómeno de acaparamiento de tierras (land grabbing) se investigó a fondo y se topó con que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos, donde participan Gobiernos extranjeros, se restringe a Brasil y Argentina aunque finalmente el interés está puesto en toda América Latina.

«El fenómeno de concentración y extranjerización de la tierra y de las cadenas de valor del sector silvoagropecuario es un tema que afecta a gran parte de la región», enfatizó el documento.

En este sentido, el oficial de Políticas de la FAO, Fernando Soto-Baquero, advirtió que los Gobiernos de la región deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y venta de tierras a extranjeros no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar.

Masivo resurgir de la inversión
Por su parte, el consultor de la FAO a cargo de analizar los 17 estudios sobre acaparamiento de tierra y profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Saturnino Borras, aseguró que «hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región».

En este sentido, añadió que «es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de acaparamiento».

En tanto, especialista en desarrollo rural en América del Sur, Martine Dirven, afirmó: «Estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras importante».

Tremendo proceso de concentración
«En diez años han habido aumentos de siete veces del precio de la tierra en Uruguay y un tremendo proceso de concentración de las tierras en América Latina», enfatizó.

Según el director del Centro peruano de Estudios Sociales (Cepes), Fernando Eguren, la concentración en la tierra no es solo un fenómeno económico, «es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo».

«Finalmente también tiene que ver con restricciones en la democracia,» señaló Eguren, tras analizar el estudio presentado por la Oficina Regional de la FAO, durante el seminario «Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe».

 

Fuente Imagen: Jorge Silva

Orduña comprometida con la construcción de la Soberanía Alimentaria y la defensa de la Biodiversidad

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Orduña comprometida con la construcción de la Soberanía Alimentaria y la defensa de la Biodiversidad

El sistema alimentario mundial, europeo, vasco, local, se encuentra en una profunda crisis, provocada por la hegemonía del modelo de agricultura industrializada. Este modelo está controlado por unas pocas empresas transnacionales de la alimentación -más un pequeño grupo de grandes superficies de distribución- que persiguen únicamente la maximización de sus beneficios, considerando así a la alimentación una mercancía y no un derecho.

De esta manera, en lugar de centrase en la producción de productos sanos, priorizan los monocultivos depredadores y los alimentos genéticamente modificados; frente al objetivo fundamental de alimentar a la población del planeta, priorizan el uso de la tierra para la producción de agrocombustibles; frente a los derechos de las y los campesinos y trabajadores agrícolas, controlan los precios y reducen los costes de producción a través de la explotación y la exclusión del sistema; frente a la defensa de la biodiversidad y de los bienes naturales, apuestan por su privatización y su uso incontrolado y cortoplacista.

El resultado de este proceso de mercantilización del agro es claro: masiva desaparición de fincas agrarias y de las personas que con ellas tenían su medio de vida; generalización de la pobreza agraria a través de la exclusión y del empeoramiento de las condiciones laborales –especialmente en el caso de las mujeres-; promoción de una dieta alimentaria dañina para la salud y con escasa presencia de frutas, verduras y cereales; riesgos crecientes para la salud de los y las consumidoras; un sistema de producción antiecológico e insostenible, que depende de energías fósiles finitas y que reduce la biodiversidad y la fertilidad de la tierra; un modelo que, en definitiva, contribuye directamente al cambio climático, realidad de funestas consecuencias para el conjunto del planeta.

Así, la situación de pobreza y hambre en la que se encuentran más de mil millones de seres humanos, y la dramática situación que se está viviendo actualmente en el Cuerno de África, son consecuencia directa de la agroindustria, y el reverso de una gran paradoja: existe un superávit de alimentos industriales que bien se acaban desperdiciando, o bien se exportan subvencionados a mercados dentro y fuera de Europa, destruyendo las producciones locales.
 

Pero este modelo agroindustrial no cae del cielo. Así, los responsables de esta situación son precisamente las instituciones que lo impulsan y fortalecen. Son las políticas agrarias, alimentarias, financieras, energéticas y de comercio que nuestros gobiernos, con la Unión Europea a la cabeza (especialmente a través de la Política Agrícola Común), quienes, junto con las instituciones financieras multilaterales y las grandes corporaciones, vienen aplicando el rodillo mercantilista. El ejemplo de las políticas de desregulación y liberalización de mercados agrarios, así como la especulación financiera en torno a las materias primas –responsables del alza de precios- no es más que un lamentable botón de muestra.

Pero hay alternativa. Frente a esta situación, solamente será posible un giro profundo en el sistema alimentario mundial a través de una completa reorientación de las políticas y prácticas agrícolas y alimentarias. Es vital y urgente que logremos rediseñar el sistema alimentario basado en otros principios, otros valores, otros contenidos. Frente a la agroindustria, trabajemos por la soberanía alimentaria.

¿Pero que es la soberanía alimentaria? Ante todo, se trata de un modelo alternativo que entiende a la alimentación como un derecho, y no como mercancía; que prioriza, frente al beneficio económico, el respeto a la madre naturaleza, la biodiversidad, las condiciones de vida de las y los productores, la salud de los consumidores, y la participación de todos y todas en las decisiones que nos afectan. La Vía campesina la define como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles y producidos de forma sostenible y agroecológica”. Podríamos añadir que también es el derecho de los pueblos del mundo al suelo (a la tierra) del que vivir, a la vez que es su deber de cuidar este suelo (esta tierra) del que vivir las futuras generaciones.

De esa forma, y en primera instancia, la Soberanía Alimentaria se convierte en alternativa, en estrategia, y formula medidas para que las gentes campesinas puedan recuperar sus medios y formas de vida. Pero no se trata únicamente de eso: la recuperación de la Soberanía Alimentaria incide directamente en el bienestar de toda la humanidad, en términos ecológicos, de salud, de diversidad, de igualdad, de lucha contra la pobreza. Estos valores añadidos, estos beneficios sociales deben ser conocidos y compartidos por toda la sociedad:

  1. Ser proveedora de alimentos sanos y de calidad, eludiendo las alarmas alimentarias.

  2. Permitir a las pueblos campesinos empobrecidos del Sur, retomar su vida con dignidad, erradicando el hambre y la pobreza.

  3. Ser motor de una nueva economía ruralizada, relocalizada y sostenible; fuera de los movimientos especulatorios y financieros.

  4. Ser proveedora de alimentos producidos agroecológicamente, para asegurar la salud del Planeta.

  5. Contribuir a “enfriar el Planeta”.

  6. Asegurar un Planeta rico y biodiverso en especies animales y vegetales.

  7. Recuperación de conocimientos campesinos y de la cultura alimentaria de toda la población.

  8. Ayuda a la incorporación de más personas (empleo) a la actividad agraria.

  9. Desarrollar y fortalecer las alianzas entre organizaciones, además de crear vínculos entre la población agraria y urbana.

Por ello, La ciudad de Orduña se une al proceso europeo de recuperación de la Soberanía Alimentaria, sobre los cimientos de la Declaración de Nyéleni, conclusión del Foro por la Soberanía Alimentaria, celebrado en Malí en 2007. Esta declaración reafirmó el derecho de los pueblos a definir democráticamente sus propios sistemas agrícolas y alimentarios, sin poner en riesgo a las personas o al medio ambiente.

Orduña quiere ser una de las muchas experiencias locales de restauración de un sistema alimentario local – comarcal que demuestre que la construcción y la práctica de la Soberanía Alimentaria no solo es posible, es urgente, es estratégica, es esencial.

Orduña reitera su apuesta por valores basados en el respeto de los derechos humanos; en la libre circulación de personas, y no del capital; en la solidaridad y la cooperación frente a la competencia; en la democracia real frente a la democracia corporativa, en el derecho ciudadano a participar e involucrarse en cualquier tema de interés público, así como en el proceso de la elaboración de las políticas, decidiendo de manera colectiva cómo organizar nuestros sistemas alimentarios.

En este sentido, estamos convencidos y convencidas de que la Soberanía Alimentaria no solamente es un primer paso hacia un cambio en nuestros sistemas agrícolas y alimentarios, sino que también es un paso hacia un cambio más amplio dentro de nuestras sociedades, empezando por nuestra propia ciudad. Así, Orduña se compromete a:
 

1.- Transformar la manera en que se producen y consumen los alimentos

Estamos trabajando por unos sistemas alimentarios locales-comarcales resilientes, que proporcionen alimentos seguros y saludables para todas las personas, a la vez que mantengan la biodiversidad y los recursos naturales y aseguren el bienestar de los animales. Esto requiere de modelos agroecológicos de producción, así como la existencia de una gran cantidad de campesinos y campesinas, y de personas que cultivan huertos urbanos que produzcan alimentos locales como base del sistema alimentario.

Nos comprometemos a seguir promocionando y asesorando a las producciones ecológicas comarcales mediante nuestro servicio municipal EKOIZPEN. Luchamos contra el uso de transgénicos y cultivamos y recuperamos variedades no modificadas genéticamente de semillas y de razas ganaderas. Promovemos formas sostenibles y diversas de culturas alimentarias, en particular el consumo de alimentos locales, de alta calidad y de temporada, y no los productos de la gran industria. Esto incluye productos animales, que deberán ser producidos localmente sin la utilización de piensos transgénicos. Nos comprometemos en recuperar y promover las habilidades culinarias y el conocimiento sobre el procesamiento de alimentos a través de la formación y el intercambio de conocimientos.
 

2.- Cambiar las maneras en que se distribuyen los alimentos

Trabajamos por la descentralización en las cadenas alimentarias, promoviendo mercados locales diversificados basados en la solidaridad y en precios justos, acortando los canales de distribución, intensificando las relaciones entre personas productoras y consumidoras a través de redes locales alimentarias, en las que juegan un papel de excepcional relevancia las infraestructuras públicas de consumo colectivo (cocina municipal), la gestión de las cuales nos comprometemos a modificar para ir generando procesos de reforzamiento de los sistemas locales de alimentación, y para enfrentar la expansión y el poder de las grandes superficies de distribución y de las corporaciones alimentarias. Queremos posibilitar que la gente pueda construir sus propios sistemas de distribución de alimentos y permitir a campesinos y campesinas producir y procesar alimentos para sus propias comunidades. Para esto se requieren normas sanitarias e infraestructuras locales alimentarias que apoyen a los pequeños productores, hombres y mujeres. También trabajamos para asegurar que los alimentos que produzcamos lleguen al conjunto de la sociedad, incluyendo a las personas con pocos o ningún ingreso.
 

3.- Poner en valor y mejorar las condiciones sociales y el trabajo en el sistema agrario alimentario

Nuestro compromiso en contra de la explotación y la degradación de las condiciones sociales y laborales y por los derechos de todas las mujeres y hombres que proporcionan alimentos, así como los trabajadores y trabajadoras migrantes y temporales, y aquellas personas que trabajan en el procesado, la distribución y la venta. Trabajamos por políticas públicas que respeten los derechos sociales y establezcan altos estándares que condicionen la implementación de los fondos públicos. Esto significa la inclusión de ingresos dignos que permitan un sustento. Queremos construir alianzas más amplias entre las personas que trabajan dentro del sistema alimentario.
 

4.- Reclamar el derecho a nuestros bienes comunes

Nos comprometemos a trabajar en contra de la mercantilización y las patentes de nuestros bienes comunes, como la tierra, las semillas tradicionales y reproducibles de campesinos y campesinas, las razas de ganado y bancos pesqueros; los arboles y los bosques; el agua, el aire y el conocimiento. El acceso a estos bienes no debe de estar determinado por los mercados o por el capital. A la hora de utilizar estos recursos comunes nos comprometemos a garantizar el respeto de los derechos humanos, el equilibrio de género, el beneficio del conjunto de la sociedad y el respeto de los derechos de la madre tierra. Nuestros bienes comunes deben ser manejados a través de la gestión colectiva, democrática y del control comunitario.
 

5.- Profundizar en nuestro modelo de ciudad democrático, equitativo y antipatriarcal

La soberanía alimentaria es una cuestión de todos y todas, como ya hemos visto, no sólo de productores y productoras. Frente a la tiranía de los mercados, la soberanía alimentaria defiende la participación activa y de calidad de la ciudadanía en lo que se produce, en cómo se produce y distribuye. Por ello nos comprometemos con la promoción de una cultura democrática, a partir de procesos participativos, libres de violencia, y basados en la igualdad de derechos. Nos comprometemos especialmente con la defensa de los derechos y con la participación de las mujeres, sujetos fundamentales del sistema alimentario, denostadas lamentablemente a un papel secundario, donde sus derechos a la titularidad de la tierra, a la seguridad social, etc., son generalmente conculcados. No habrá soberanía alimentaria sin una lucha decidida contra el patriarcado. Por último, la juventud debe ser una referencia constante, ya que de ellos y ellas depende avanzar en esta apuesta por un modelo alternativo.

6.- Cambiar las políticas públicas de gobernanza de nuestro sistema agrario y alimentario

Nos comprometemos a cambiar las políticas púbicas que gobiernan nuestro sistema alimentario a nivel local, y luchar para un cambio a nivel nacional, europeo y global y para deslegitimizar el poder corporativo. Las políticas públicas deben ser coherentes, complementarias y deben promover sistemas alimentarios y culturas alimentarias basadas en la materialización del derecho a la alimentación; deben de promover la erradicación del hambre y la pobreza; asegurar la realización de las necesidades básicas de los seres humanos; y contribuir a la Justicia Climática, en Europa y a nivel global. Necesitamos marcos legales que garanticen precios justos y estables para las personas productoras de alimentos, que promuevan prácticas agroecológicas, que internalicen los costes externos en los precios y que implementen la reforma agraria. Estas políticas deben tener como resultado un incremento del número de campesinos y campesinas en Europa. Las políticas públicas deben ser diseñadas con la ayuda de la investigación financiada públicamente que responda a las demandas sociales para alcanzar los objetivos ya mencionados. Deben asegurar que se prohíba la especulación alimentaria y que no se pongan en riesgo los sistemas y culturas alimentarias locales y regionales, a través del dumping o el acaparamiento de tierras. Trabajamos por nuevas políticas agrícolas, alimentarias, energéticas, de semillas y comerciales por la Soberanía Alimentaria en Europa que tengan eco a nivel internacional. De manera particular, estas deben incluir: una Política Agrícola y Alimentaria diferente, la eliminación de la Directiva Europea sobre los agrocombustibles y una gobernanza global del comercio agrícola internacional localizada en la FAO y no en la OMC.

¡Hacemos un llamamiento a la población y a los movimientos sociales locales y comarcales, así como a las instituciones de este ámbito para comprometernos juntos en la toma del control de nuestros sistemas alimentarios y para construir el Movimiento por la Soberanía Alimentaria YA!

Política agraria común, menos común de lo que parece > Vicent Boix

Vicent Boix

Escritor, autor del libro El parque de las hamacas. Artículo de la serie “Crisis Agroalimentaria”, ver más aquí

En el año 2010, cerca de 900.000 personas y entidades del estado español, se beneficiaron de los más de 5.000 millones de euros en ayudas económicas enmarcadas dentro de la Política Agraria Común (PAC). Sin embargo, estas espectaculares cifras no deben confundir, pues una cosa es repartir y otra muy distinta es hacerlo con justicia y equidad. Según el informe “Una injusticia llamada PAC”, editado recientemente por la organización Veterinarios Sin Fronteras, el 16% de los favorecidos por las subvenciones en el estado español lograron hacerse con el 75% del monto total. Los 58.000 mayores beneficiarios (7% del conjunto) se embolsaron cerca de 2.600 millones de euros, es decir la mitad.

Entre los agraciados se encuentran terratenientes, hacendados y aristócratas, como la familia “Osborne”, que recibió más de un millón de euros. Pero también hay grandes empresas del agronegocio, que suelen adquirir productos de agricultores y ganaderos para manufacturarlos y venderlos después. Por ejemplo, “Azucarera Ebro” -que percibió 61 millones de euros de las ayudas de la PAC- controla la mitad del mercado del azúcar en el estado español y tiene intereses en los agrocombustibles. Según este informe, pertenece a la British Sugar Company, una de las mayores corporaciones a nivel mundial en el sector y que además posee inversiones en África. Esta transnacional ha recibido más capital de la PAC, que la Xunta de Galicia o la Junta de Castilla León para sus programas de desarrollo rural. Dicha cantidad es mucho más elevada que la destinada en 2010 por el Ministerio de de Medio Ambiente, Rural y Marino, a su Plan Integral de actuación para el fomento de la Agricultura ecológica.

Han existido otras compañías españolas relacionadas con la alimentación, beneficiadas por las subvenciones públicas de la PAC. Aunque favorecidas por cantidades menores, no deja de ser llamativo que reciban dinero público ciertas empresas de la alimentación que, al adquirir productos del agricultor y ganadero, se aprovechan de su situación de dominio para pagarles cantidades irrisorias que a veces no permiten cubrir los costos de producción. También es llamativo que reciban ayudas corporaciones como “Mercadona”, “Carrefour” y “Lactalis”, que según este informe de Veterinarios Sin Fronteras, sumaron en 2010 más de 1.000 millones de euros en beneficios.

Esta bonanza económica empresarial dista mucho de la paupérrima situación económica que vive la agricultura y la ganadería en España, donde cientos de miles de personas pasan momentos agónicos para mantener sus trabajos. Frente a las esplendorosas cifras de las grandes empresas, la renta agraria ha descendido un 27% desde 2003. Y tanto en ministerios como en despachos ejecutivos, saben que el problema principal deriva de un mercado libre que ha favorecido que unas pocas empresas del agronegocio monopolicen la transformación, la intermediación y la venta de alimentos, imponiendo sus reglas y precios a agricultores, ganaderos y consumidores.

Por eso es ridículo e indignante que reciban ayudas los que luego asfixian al agricultor y le obligan a dejar el campo para engrosar las listas del paro. Porque con unas ayudas destinadas a promocionar el sector primario se está premiando a los verdugos que lo torturan sin cesar. Y que esto suceda año tras año, huele ya demasiado. También es curioso, muy curioso, que aquellos que claman al cielo por un comercio libre de ataduras y por un estado ausente del mercado, sean los primeros en parar las manos y llenarse los bolsillos.

En otra coyuntura comercial más ecuánime, el campo no requeriría ayudas porque durante mucho tiempo no las recibió y fue rentable y generoso. Más que subvenciones, lo que se necesita urgentemente es legislación y normas que confieran dignidad y un trato justo, sobre todo, en los precios de compra a ganaderos y agricultores.

Bildu se posiciona a favor de la soberanía alimentaria y la lucha de los baserritarras

BILDU siente un fuerte compromiso con la lucha de nuestras y nuestros baserritarras por la soberanía alimentaria. Así, BILDU entiende que no hay soberanía política si un pueblo no es capaz de alimentarse a sí mismo, de potenciar las economías campesinas, si no es capaz de generar un ingreso y unas condiciones laborales justas para los y las baserritarras, de garantizar el consumo sano y responsable de la ciudadanía, si no es capaz de generar entornos ecológicamente sostenibles.

Lamentablemente, tenemos que reconocer que las izquierdas, históricamente, han dejado a un lado las reivindicaciones del campesinado; otros eran los sujetos de cambio, otras eran las prioridades, mientras que las y los baserritarras se debían conformar con un papel subsidiario, secundario. BILDU reconoce públicamente este error, y entiende que las luchas campesinas, las luchas por fortalecer nuestro agro, las luchas por defender nuestra AmaLurra, son parte fundamental de todo proceso de cambio, y señas de identidad de un pueblo que quiere decidir su futuro, bajo parámetros sólidos y sostenibles.

De esta manera, BILDU quiere responder a esta injusticia histórica poniendo a la soberanía alimentaria, a la agroecología, en el centro de su agenda política.

Y lo hacemos en un momento crucial, en el que está en juego, nada más y nada menos, que la desaparición de nuestro agro, la desaparición de nuestras y nuestros baserritarras…¿qué pueblo sería éste si dejamos desaparecer la base de nuestra vida?

Desgraciadamente, las políticas capitalistas y neoliberales del Señor Bilbao están marcando este camino de destrucción, además con actitudes prepotentes y de intransigencia con el sindicalismo agrario combativo. Frente a nuestra apuesta por la soberanía alimentaria, están imponiendo un modelo agroindustrial, en el que priman los intereses de las grandes empresas intermediarias; donde se prioriza el monocultivo para el consumo masivo y atemporal; donde se tiende a la privatización y a la especulación con los bienes naturales como el agua y la tierra; donde se criminaliza compartir semillas entre baserritarras; donde se importa alimentación que podría producirse en EH; donde la salud de las y los consumidores no es prioridad; y donde el contagio por transgénicos –o su introducción en piensos o en trazas pequeñases cada vez más una realidad.

¿Hasta cuándo vamos a aguantar que todo el ingreso se lo queden los intermediarios, y no los y las productoras? ¿Hasta cuándo vamos a criminalizar las economías campesinas, negando el intercambio de semillas o estableciendo medidas fitosanitarias imposibles? ¿Hasta cuándo vamos a obligar al pequeño productor/a a entrar en las cadenas de producción y venta que no controla, al no haber alternativas locales? ¿Hasta cuándo vamos a condenar a las mujeres baserritarras a no tener derechos de propiedad y de seguridad social?

BILDU dice ¡YA BASTA¡ queremos un nuevo modelo económico y social, y vamos a empezar por avanzar en la soberanía alimentaria, y tenemos propuestas para ello: generar espacios económicos locales, que posibiliten la potenciación de las economías campesinas y la ruptura con las grandes cadenas: así, proponemos la construcción de mercados locales, de mataderos locales, de créditos blandos para la producción agroecológica, de campañas de sensibilización para un consumo responsable, etc.; proponemos priorizar la tierra frente al suelo para la especulación, a través de planes locales participativos; proponemos declarar EH zona libre de transgénicos, ¡fuera los transgénicos de EH¡; proponemos garantizar los derechos laborales de las y los baserritarras; proponemos, en definitiva, dar una esperanza a nuestro agro.

Ama Lurra defenda dezagun!

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