Los representantes de Amaiur Sabino Cuadra y Maite Aristegi han dado una rueda de prensa para hablar sobre los desahucios:

En primer lugar, creemos que es preciso detallar el orden cronológico de los acontecidos de los últimos días. El pasado jueves, la ley hipotecaria del Estado español que data de hace ya un siglo y que posibilita los desahucios, empezaba a recibir los primeros toques de atención y crítica jurídicas por parte de las instituciones europeas, en este caso, por parte del Tribunal de Estrasburgo.

Un día después, una ciudadana vasca que iba a ser desalojada de su casa se quita la vida. Un desgraciado y triste hecho que provoca una cascada de reacciones por parte de las instituciones , partidos políticos y agentes sociales subrayando la gravedad de la situación que padece la ciudadanía en general.

En el marco del estado español, PP y PSOE, que durante los últimos años se han negado una y otra vez a introducir cambios en la ley hipotecaria y que, incluso, han votado varias veces contra la propia dación en pago, anunciaban la intención de negociar y buscar un acuerdo que diera solución al grave problema de los desahucios. Del mismo modo, la Patronal de la Banca (AEB) hacía pública una nota en la que «dictaba» sus límites al respecto.

A partir de ahí, es de sobra conocido el resultado de dichas negociaciones que al parecer han culminado sin acuerdo: el decreto ley de urgencia aprobado por el Gobierno del Partido Popular.

Pues bien, hoy, una vez más, las tantas veces mencionada dictadura de los mercados, que no es otra cosa que la dictadura de los oligopolios financieros sobre la clase política, nos va a dejar un ejemplo de la sumisión de esa clase política dominante en beneficio de dichos poderes.

El decreto no deja de ser un mero parche para acallar las voces ante la muerte de la ciudadana vasca Amaia Egaña. Un parche que bajo supuestos criterios de «humanidad» sigue dejando a miles y miles de personas desprotegidas ante la Banca.

Y ya lo hemos dicho en más de una ocasión. No estamos ante un problema de razones humanitarias, sino de derechos humanos y sociales. No es un problema técnico al que nos enfrentamos, sino a un problema político y social. A día de hoy se sigue sin garantizar el derecho a la vivienda.

Vayamos por partes.

Las medidas presentadas por el Gobierno del Partido Popular no tocan la ley. No se habla, cuando es lo principal, de los necesarios cambios en la normativa hipotecaria, de arrendamientos y del suelo. Normativas, recordemos, que han posibilitado llegar a la situación actual y que, en el caso concreto de la Ley Hipotecaria, es contraria a la normativa europea de protección del consumidor, tal y como ha sido dictaminado por el Tribunal de Estrasburgo. Únicamente se establece una moratoria de dos años para las familias más «vulnerables».

No son medidas retroactivas. Es decir, los que hayan perdido su vivienda no la recuperarán. Lo que sí podrían hacer, según el Gobierno español, es acogerse a una de las viviendas de alquiler bajo. Recordemos durante los últimos años se han producido alrededor de 400.000 ejecuciones hipotecarias y 185.000 desahucios en todo el estado español. ¿De qué viviendas está hablando el Gobierno español?, ¿De dónde piensa obtener tal cantidad de inmuebles?, ¿Cómo las piensa gestionar?, ¿Para cuándo?

El Partido Popular no habla de que con la entrega/desalojo de la casa se salde la deuda con la entidad financiera. Dice el ministro de Economía que «las deudas y los intereses hay que devolverlos». Es decir, no hay dación en pago.

Insistimos, las medidas anunciadas por el Gobierno del PP se adaptan como un guante al diseño previo realizado en días anteriores por la Banca española.

Hay dinero para salvar a los bancos pero no para salvar a las personas. Es más, va a haber miles de viviendas en el famoso Banco Malo que se van a «mal vender» para que algún otro siga haciendo grandes negocios al respecto.

Está claro que en Madrid no tienen capacidad ni voluntad real para hacer frente a este grave problema. Nos corresponde a nosotros y nosotras, a la sociedad vasca en general, presentar propuestas eficientes y buscar alternativas a esta situación. Es necesario abrir un debate a fondo entre los agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria. La unión de fuerzas de izquierdas y soberanistas propone la creación de un «Instituto Público de Vivienda».

Por último, hacemos un llamamiento a los y las ciudadanas vascas a que acudan a la manifestación que mañana sábado, 17 de noviembre, se celebrará en Bilbao.

EH Bildu ha reunido hoy a los primeros candidatos de la lista de Bizkaia en la Gran Vía de Bilbao, frente a la sede de Kutxabank. Maribi Ugarteburu, Dani Maeztu, Oskar Matute y el responsable de Justicia Social Mikel Santiago, han denunciado, en nombre de la coalición, la política que están llevando las entidades financieras ante los desahucios.

Ante los medios de comunicación, Oskar Matute ha expresado el compromiso de la coalición sin llega al Gobierno Vasco: «Con EH Bildu no se producirá ni un desahucio más». «EH Bildu no va a permitir que se siga desahuciando a más personas. Son 14 los desahucios los que se producen día a día. Algunos de esos desahucios los lleva a cabo una entidad como Kutxabank, que mientras se jacta de ser una entidad solvente, sigue dejando en la calle a ciudadanos vascos y ciudadanas vascas», ha denunciado Matute. «Nosotros no vamos a permitir que esa situación se siga produciendo. No vamos a permitir que las instituciones sigan mirando para otro lado, mientras estas personas pierden su vivienda», ha añadido.

El candidato de EH Bildu ha anunciado que la coalición «pondrá en marcha medidas para que esto deje de ocurrir». «Si llegamos al Gobierno Vasco, pondremos en pie una nueva forma de tratar esta dolorosa realidad. Pondremos en marcha un Instituto de Vivienda, una entidad pública de vivienda, que se haga cargo de las viviendas que las personas no puedan pagar por el elevado coste de la hipoteca, abusiva en la mayoría de los casos, y que sea esta entidad la que pase a ser propietaria de la vivienda; manteniendo a dichas personas en la vivienda con un alquiler social que nunca supere el 15% del total sus ingresos.

Solo cuando dicha familia pueda recuperar el umbral de recursos del que antes disponían, volverá a retomarse la hipoteca que quedaría, por tanto, en suspenso mientras las personas atraviesen dificultades», ha detallado Matute.

En nombre de la coalición, Matute ha finalizado su discurso diciendo que «ni un ciudadano se quedará en la calle por culpa de la voracidad de los mercados y de los bancos, y del papel sumiso y silente de las instituciones públicas».

Alternatiba lamenta que el afán recaudatorio del Gobierno Vasco le lleve incluso a privatizar el suelo público de las VPO

DONOSTIA, 21 DE JULIO DE 2010 – Alternatiba ha lamentado hoy que al Gobierno Vasco no se le ocurra otra medida para saciar su afán recaudatorio que privatizar el suelo público de las Viviendas de Protección Oficial, en lugar de sustentar las arcas públicas con políticas fiscales progresivas que reviertan en medidas sociales para el conjunto de la ciudadanía.

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, se ha referido así a la decisión del consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, de permitir que los titulares de un piso en derecho de superficie la adquieran en plena propiedad a través de la venta del suelo público.

«Este tipo de medidas no soluciona el problema de la vivienda porque su único fin es generar más ingresos para la Administración pública», ha subrayado el dirigente de izquierdas. En este sentido, ha considerado que Arriola «pretende sacar dinero poniendo el caramelo de la propiedad entre los que menos tienen, como los adjudicatarios de VPO, en lugar de recaudar cargando fiscalmente a las rentas más altas».

Matute, asimismo, ha considerado que estos anuncios efectistas del consejero de Vivienda «lo único que pretenden es suscitar interés mediático y contrarrestar la inactividad de su departamento, que no ha planteado ningún cambio legislativo en lo que llevamos de legislatura».

En palabras del portavoz de Alternatiba, «mucho nos tememos que en el próximo presupuesto del Gobierno Vasco se va a reducir la cantidad destinada a vivienda protegida poniendo como excusa que se ha sacado dinero privatizando el suelo público».

Alternatiba critica la exclusión de organizaciones sociales del llamado Pacto Social por la Vivienda

DONOSTIA, 16 DE JUNIO DE 2010 – Alternatiba ha denunciado hoy que el Pacto Social por la Vivienda impulsado por el Gobierno Vasco es una «cortina de humo con tintes electorales» que excluye a las organizaciones sociales y que no va a frenar la especulación ni acabar con los ciudadanos-rehenes de hipotecas, ya que carece de medidas reales para solucionar el problema de la vivienda.

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha subrayado que, «una vez más, el Gobierno Vasco hace gala de la utilización del calificativo ‘social’ para presentar propuestas redactadas por y para el capital». En esta ocasión, presenta un pacto avalado, entre otros, por bancos, cajas, constructoras y asociaciones de empresarios, y del que han sido excluidas organizaciones sociales que trabajan día a día con quienes tienen dificultades para acceder a un hogar (jóvenes, personas en desempleo…).

«El consejero de Vivienda tampoco ha contado con el consenso de los Ayuntamientos, que realizan la planificación urbanística en los municipios, ni con las Diputaciones, que establecen la política fiscal», ha añadido el dirigente de izquierdas.

Matute ha denunciado que, en este Pacto Anti-social, se hace una apuesta por la rehabilitación de pisos mediante la reducción del IVA, «medida que no sólo no favorece el acceso a la vivienda, sino que tiene como único objetivo mantener el negocio del ladrillo causante de la actual crisis económica». Se trata, por tanto, de «una huida hacia delante que tan solo se explica por la incapacidad de los gobernantes de tomar decisiones que disgusten a las grandes empresas».

Por todo ello, Alternatiba ha exigido «políticas y herramientas encaminadas a garantizar el derecho a una vivienda digna», entre las que ha destacado la puesta en valor de los suelos de titularidad pública (Gobierno Vasco, Ayuntamientos y Cajas) para construir pisos protegidos de diferentes tipologías. Al mismo tiempo, ha solicitado que se concedan moratorias en los desahucios a familias con todos sus integrantes en paro o que, por estar alguno de sus miembros en situación de ERE, no alcancen a pagar la hipoteca.

«Las Cajas vascas son las primeras que han inflado el precio de los pisos, con la única intención de tener ciudadanos-rehenes de hipotecas. ¿Van a seguir manteniendo la Ley de Cajas que les permite funcionar con criterios de bancos privados?», ha preguntado Matute.