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Aberri Eguna: Desde abajo y a la izquierda

El próximo domingo 4 de abril se celebra el Aberri Eguna, y desde Alternatiba queremos celebrar este día reivindicando una vez más el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación y la construcción nacional de Euskal Herria desde la superación de los diferentes sistemas de dominación vigentes: capitalismo, patriarcado, productivismo, racismo, democracia formal y asimilacionismo cultural.

Precisamente desde Alternatiba entendemos que todas estas dimensiones de lucha deben estar presentes en el Aberri Eguna, y que sólo avanzando e incidiendo al unísono sobre todas ellas estaremos construyendo un país verdaderamente democrático, equitativo y justo.

Por esa razón, nos oponemos a quienes intentan descafeinar el significado de esta celebración, contraponiéndole la del 25 de octubre –día del estatuto-, fecha que sacraliza un status quo superado por los acontecimientos y la voluntad del pueblo vasco.

Pero también por ese motivo nos oponemos a quienes, únicamente desde posturas esencialistas y folklóricas, pretenden reivindicar una nación, una arcadia, que niega los múltiples conflictos políticos, sociales y ambientales existentes en nuestro territorio. No hay nación sin igualdad, no hay nación sin derechos para todas las personas.

En este sentido, entendemos la construcción de Euskal Herria como un proceso de generación de más ciudadanía, de ampliación de libertades y derechos, y no únicamente como la defensa de una serie de símbolos y costumbres.

Así, nos hubiera gustado poder celebrar esta efeméride de manera conjunta con todas las fuerzas soberanistas y de izquierdas, lo cual no ha sido posible. No obstante, Alternatiba está empeñada en participar en la futura unidad de la izquierda vasca desde nuevos enfoques, tejiendo y haciendo real el sueño de miles de personas en Euskal Herria: generar una izquierda fuerte, plural, democrática y radical, que se enfrente con determinación a las lógicas imperantes de represión, conculcación de derechos individuales y colectivos, desigualdad y pobreza.

Así, y basándonos en estas premisas, queremos expresar que:

Es necesario garantizar todos los derechos (individuales y colectivos) para todas las personas que viven en Euskal Herria.

Es urgente que ETA cese de forma unilateral su acción violenta. La legítima aspiración de una Euskal Herria libre y soberana no pasa en ningún caso por sostener ni apoyar, ni de forma directa ni indirecta, el ejercicio de la violencia para la consecución de fines políticos.

Es imprescindible que se restablezcan todos los derechos conculcados por los sucesivos gobiernos del Estado español, tales como el derecho de asociación, libertad de expresión, manifestación, etc., procediendo a la derogación de la Ley de Partidos, creada ad hoc para ilegalizar a la izquierda abertzale oficial y posibilitar gobiernos que no se sustentan en la legitimidad popular.

Es apremiante la necesidad de no dejar arrinconada la contestación desde la izquierda a la lógica neoliberal que de forma servil aplican los gobiernos de Gasteiz e Iruñea. Debemos ser capaces de contraponer a sus medidas, nuestras alternativas por una sociedad, un país, feminista, ecologista, socialista.

Debemos ser capaces de generar dinámicas de acumulación de fuerzas desde la izquierda, que sostengan de forma real y sincera una confrontación política con los gobiernos actuales para revertir la actual deconstrucción nacional y social de nuestra sociedad.

Este es el sentido con el que reivindicamos el Aberri Eguna las mujeres y hombres de Alternatiba. Ojalá en años venideros podamos alegrarnos de nuestros avances en la consecución de estos objetivos, y lo podamos hacer desde la pluralidad, todas las gentes que consideramos que Euskal Herria existe, y que es necesario que sea de izquierdas.

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El CES y «los working poor»> Ander Rodriguez Lejarza (Alternatiba)

Ander Rodríguez Lejarza

Alternatiba

La Renta de Garantía de Ingreso desincentiva la búsqueda de empleo. Ésta es, a grandes rasgos, la insolidaria tesis que hemos escuchado de boca del Consejo Económico y Social de Euskadi (CES). Su nueva aportación a la sociedad es que la Renta de Garantía de Ingresos o Renta Básica, de 650 euros mensuales, se acerca demasiado a los sueldos de algunos sectores laborales, por lo que, para cobrar más o menos lo mismo, la gente se quedará en casa, especialmente quienes se dedican a tareas penosas y mal remuneradas. Y esto lo dice el CES sin sonrojo. Sin mostrar preocupación alguna por la inhumana precarización del empleo que se traduce de su argumento y que está haciendo avanzar un alarmante fenómeno denominado working poor:: trabajadores y trabajadoras con contrato legal que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Llama poderosamente la atención el Dictamen emitido por el CES -integrado por Confebask, CCOO, UGT y diversos agentes sociales e institucionales vascos- sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la Renta de Garantía de Ingresos: “Hay que valorar, a la hora de desarrollar la aplicación del Decreto, la interrelación con el mercado laboral en el caso de que se aproximen la cuantía de las ayudas y las retribuciones de algunos sectores”. El Consejo vasco no muestra inquietud alguna por la existencia de contratos basura, sino por una ayuda social que podría llevar a que un grupo de población se negara a aceptar trabajos precarios.

No resulta sorprendente que la crítica provenga de la patronal vasca, pero sí de CCOO y UGT, que asumen así un discurso ajeno a la clase que dicen defender. Lo apunta acertadamente Mikel de la Fuente, representante de la UPV en el CES y único voto negativo a la propuesta de acuerdo: “La cuantía de una prestación como la Renta de Garantía de Ingresos debe cumplir con ese objetivo de combatir la pobreza. Si se pretende que su cuantía no desincentive la integración en el mercado de trabajo, no procede la reducción de la prestación de garantía de ingresos, ya que en ese caso se alejaría aún de lo que ya está en el cumplimiento de ese objetivo, sino que son los salarios mínimos los que deben ascender a la cuantía de ‘por lo menos igual al 60 % del respectivo salario mediano’, como recoge la mencionada Resolución del Parlamento Europa y ya anteriormente la Organización Internacional del Trabajo”. El representante universitario da en el clavo al poner el acento en la finalidad de la prestación: la garantía política del derecho de existencia económica y social de toda la ciudadanía por el mero hecho de serlo.

Precisamente, el Tribunal Constitucional alemán instó recientemente al Gobierno del país a calcular la cantidad necesaria para garantizar la existencia digna de una persona, por entender que la prestación por desempleo actual vulneraba este derecho constitucional. Y ésta es la clave, ¿garantiza el actual Estado de Bienestar las condiciones materiales de la existencia de la ciudadanía?

Aplaude el CES que el Decreto “otorgue al empleo un papel central y protagonista, reconociéndole su capacidad como mecanismo de protección frente a la pobreza”. Como acertadamente apunta el profesor Daniel Raventós, “hay algo incongruente en esta afirmación. Para hacerla evidente se puede descomponer la afirmación en estas otras: A) se ha de luchar contra la pobreza. B) el trabajo asalariado es el instrumento principal para logra A). C) Estar de acuerdo con A) no significa, evidentemente, estarlo con B). Si el trabajo asalariado no está disponible para toda persona que quiera conseguir uno, nunca, siendo fieles a la argumentación apuntada, se conseguirá el objetivo de suprimir o paliar grandemente la exclusión social”.

Si mantiene el CES un compromiso real con la superación de las denominadas trampas de la pobreza y el desempleo debería apostar por la Renta Básica de Ciudadanía (RBC), esto es, un ingreso pagado por la Administración a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, independientemente de su relación pasada, presente o futura con el trabajo remunerado y de otras posibles fuentes de renta. La RBC, frente a los subsidios condicionados, presenta las siguientes ventajas: establece una cobertura del 100%; elimina humillantes controles; erradica la estigmatización de la pobreza; ahorra costes a la Administración; es de gestión simple; incentiva el autoempleo; reconoce el trabajo voluntario o doméstico; desaparece el fraude y supera las trampas de la pobreza y el paro.

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El Dios mercado y las pensiones> Joseba Ugalde, Ander Rodríguez y Jon Lasa (Alternatiba)

Joseba Ugalde, Ander Rodríguez y Jon Lasa
Alternatiba

Escuchamos una y otra vez que el sistema público de pensiones es inviable y, por tanto, hay que reducir las prestaciones y aumentar las contribuciones. La excusa es la habitual cuando se trata de vaticinar la debacle de la Seguridad Social: brusca reducción de la natalidad e incremento de la esperanza de vida que conducen a una insostenible elevación de la tasa de dependencia. En definitiva, la ruptura del equilibrio entre la población mayor de 65 años y la que se encuentra en edad de trabajar. A partir de ahí, la conclusión es inmediata: la subida del gasto en prestaciones por jubilación pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema. Para evitarlo, dicen, se impone una reforma.

Y es ahí donde la salmodia del Gobierno español se corresponde milimétrica y sospechosamente con la de entidades financieras que aspiran a hacerse con el botín de las pensiones públicas. Las mismas que diez años atrás recomendaban la contratación de planes privados porque el sistema público no estaría en condiciones de garantizar nuestra jubilación, a pesar de que haya sido el sistema público el que finalmente ha tenido que rescatar al privado de la bancarrota, vuelven a la carga recomendando las mismas medidas de ortodoxia neoliberal anteriores al estallido de la crisis.

Los defensores del dios mercado basado en el dogma de la globalización y el pensamiento único vuelven a las andadas desde Davos sentando en el banquillo al Reino de España y las Repúblicas Helénica y de Lituania, exigiendo fuertes recortes del gasto. El Reino de España se ha apresurado a dar un giro a la derecha y asumir las tesis más conservadoras, que pueden hacer estragos en los derechos sociales. Los especuladores, el Gobierno, el Banco de España y demás “expertos en economía” -algo así como los brujos tribales que advertían de una sequía dos semanas antes de que el poblado se inundara- reiteran machaconamente las mismas advertencias para que interioricemos que la Seguridad Social peligra. ¿Por qué nadie plantea reformar instituciones tan deficitarias como el Ejército o la Casa Real?

Asumir que la Seguridad Social no escapa a la lógica de los factores demográficos y del mercado no tiene que suponer abrazar los clichés que modelan nuestra compresión colectiva del sistema. El más importante de ellos es el que concibe la Seguridad Social como un ente separado del Estado y exige que los cotizantes la sufraguen íntegramente. Por lo pronto, habría que revisar el Pacto de Toledo y eliminar esta dependencia. Y es que no hay ninguna razón que justifique que estas prestaciones no puedan derivarse de los ingresos generales del Estado, como en Francia, donde han creado un impuesto especial de contribución social generalizada. De esta forma, además, ganarían peso principios como la solidaridad y la redistribución.

El segundo de los clichés es el relacionado con el sesgo de los gastos en todas las propuestas de reformas y la imposibilidad de incrementar las cotizaciones. Una parte de éstas se dedica ahora al subsidio por desempleo, en concreto, 7,5 puntos del total, pero si se destinase a jubilaciones se produciría un aumento del 20% de los recursos disponibles.

Otra fórmula para lograr mayor disponibilidad económica son las bonificaciones en el IRPF por la contratación de planes de pensión privados, que alcanzarían un 5% de la cuota de dicho impuesto. No tiene sentido incentivar este tipo de productos, cuyos más directos beneficiarios son las entidades bancarias, cuando esos fondos podrían dedicarse al sistema público.

Y éste es el tercero de los clichés. Se plantea la insostenibilidad del sistema público, presentando el privado como si fuera inmune. Un fondo privado puede quebrar y hay casos en la historia reciente que así lo demuestran. Otra falacia es su supuesto mayor beneficio, ya que la rentabilidad media de esos fondos en los últimos 10 años no ha superado la inflación, es más, ha sido similar a la inversión en Bonos del Estado.

Necesitamos otra política económica y, para ello, el mundo del trabajo debe encontrar el protagonismo político que ahora se le niega y que, en ocasiones, renuncia a ocupar. Pero para que este cambio se produzca, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, los movimientos sociales, los partidos de izquierda deben aclarar y aclararse adónde quieren ir, y no entretenerse tanto en definir hasta dónde están dispuestos a que les lleven. Y nos pueden llevar, como expresaba una viñeta de El Roto, a que para garantizar el futuro de las pensiones haya que hacerlas coincidir con la fecha de fallecimiento. Ahí es nada.

 

Argazkia: lilit.

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Alternatiba apoya todo el proceso de la marcha mundial de mujeres

Mesa de feminismo de Alternatiba

El 8 de Marzo, Día internacional de las Mujeres, saldremos a la calle para decir una vez más que este sistema nos oprime y nos discrimina. Para decir que la pobreza, la precariedad, la violencia, tiene rostro de mujer. Saldremos a las calles para exigir ser libres para decidir sobre nuestro cuerpo, para vivir nuestra sexualidad de la manera que queramos, para ser autónomas económicamente, para vivir una vida sin violencia, para no ser invisibilizadas constantemente y a diario, en definitiva, para ser ciudadanas de plenos derechos.

Pero este 8 de Marzo, además de tomar las calles de Euskal Herria para gritar alto y claro que nuestras reivindicaciones siguen vigentes y que la lucha continúa, queremos hacerlo uniendo nuestras voces a las de todas las mujeres comprometidas con un mundo sin patriarcado, sin dominaciones y sin injusticias. De esta manera, nos unimos a la Tercera Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, que se celebrará desde este día y hasta el 17 de octubre.

La Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento social internacional feminista, formado por grupos y organizaciones de base que trabajan para eliminar las causas estructurales de la pobreza y de la violencia contra las mujeres. En este sentido, la idea de crear una red internacional de mujeres surge en Montreal en octubre de 1998, cuando mujeres de 65 países y territorios se juntaron para la preparación del primer encuentro de la Marcha Mundial de las Mujeres, que se celebró el 8 de marzo de 2000. Ese mismo año se organizaron acciones y manifestaciones por todo el mundo, con la participación de 6.000 grupos de 161 países y territorios. Además, en este primer encuentro, se elaboró el documento con las 17 reivindicaciones mundiales de la Marcha para la eliminación de la pobreza en el mundo y la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Y es precisamente dicho documento donde se presenta uno de los postulados fundamentales de la Marcha: la lucha contra todas las formas de desigualdad y discriminación hacia las mujeres. Esto requiere, por una parte, tener una visión global de las diferentes causas de dominación de las mujeres (sexo, clase, raza, opción sexual,..); además, por otra parte, se debe tener presente la articulación entre patriarcado y capitalismo, opresión y explotación, ya que ambos sistemas de dominación se fortalecen y se retroalimentan. En este sentido, es necesario cambiar el mundo para cambiar la vida de las mujeres, y a la inversa. El objetivo de la lucha no es integrar a las mujeres en el modelo económico y social actual, sino cambiar el modelo para que todas las mujeres, no sólo algunas, seamos libres.

Es por ello que la Marcha considera estratégica la construcción de alianzas con otros movimientos, para generar colectivamente alternativas mundiales a las políticas neoliberales actuales. De esta manera, además de articular diferentes luchas en torno a una misma agenda, la MMM articula lo local y lo internacional. La Marcha tiene como objetivo fortalecer la autoorganización de las mujeres a partir de lo local, para ir articulándose también en los niveles nacional, regional, e internacional. Se vincula el trabajo local con los temas globales, imposible separar lo uno de lo otro.

Precisamente esta visión integral y global de la lucha convierte a la MMM en un movimiento transnacional que engloba a organizaciones y colectivos amplios y diversos: Hay mujeres del ámbito rural y urbano, mujeres de diferentes etnias y religiones, mujeres con sensibilidades diferentes y múltiples experiencias, con enfoques diferentes pero con un objetivo común: la voluntad de superar el orden actual injusto que provoca violencia y pobreza en las mujeres.

Lamentablemente, este objetivo aún sigue vigente. Por eso este año 2010 dará comienzo la Tercera Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Se realizarán diferentes acciones en África, América, Asia/Oceanía y Europa, en torno a los 4 campos de acción de la Marcha: Bien común y servicios públicos; Paz y desmilitarización; Trabajo de las mujeres; Violencia contra las mujeres. Este proceso dará comienzo este próximo 8 de marzo, y finalizará el 17 de octubre, Día Internacional por la Eliminación de la Pobreza, con una movilización internacional en Sud Kivu (República Democrática del Congo), para expresar la solidaridad internacional con las mujeres que viven en situaciones de guerra y reivindicar su protagonismo en la resolución de conflictos.

Entorno a estas reivindicaciones marcharemos todas juntas, por un cambio político, económico, social y cultural: Mujeres en Marcha hasta que todas seamos libres.

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Políticos y/o empresarios> Arturo Muñoz y Jonathan Martínez (Alternatiba)

Arturo Muñoz
Jonathan Martínez

Alternatiba

“es como la culminación de una carrera, y la gente se preguntará cuál ha sido el precio”.
Xabier Arzallus, a propósito del nombramiento de Imaz como presidente de Petronor.

¿Qué ha hecho un político en los años que ha ocupado un cargo en la Administración para que una multinacional pague un precio por sus servicios? Lamentablemente, los políticos y empresarios se intercambian el oficio con demasiada frecuencia como para que este caso parezca extraño.

Los ejemplos de políticos que van al mundo empresarial son abundantes y a menudo rayan la ilegalidad. Mayor Oreja dirigió la empresa de servicios y de seguridad Eulen después de dejar el Ministerio de Interior. David Taguas pasó de Secretario de Estado con el PSOE a dirigir el lobby de las grandes empresas constructoras que iba a negociar con el Gobierno del que acababa de salir. Inaxio Oliveri pasó de ser Consejero de Educación del Gobierno Vasco con EA a Rector de la privada Universidad de Mondragón. Manuel Pizarro abandonó la jefatura de Endesa para defender en el parlamento el lobby nuclear. José Alberto Pradera dejó de ser Diputado General de Bizkaia donde mandaba construir carreteras para presidir Autopista Vasco-Aragonesa. José Antonio Ardanza pasó a dirigir Euskaltel cuando dejó la Lehendakaritza y Atutxa dio el salto a consejero de Iberdrola.

Un político es elegido en elecciones para servir a la sociedad. Pero si el político proviene del mundo empresarial o pasa a ser empresario nada más terminar su carrera política cabe preguntarse a quién ha estado sirviendo esa persona, al pueblo o a una sociedad anónima. ¿A quién hace más caso el ministro de Industria a la hora de fijar el precio de la luz? ¿A las compañías eléctricas o al consumidor? El ministro de Industria Miguel Sebastian, proviene del servicio de estudios del BBVA. ¿Prefiere que las pensiones públicas mengüen para que aumenten las pensiones privadas del BBVA o prefiere que todos los pensionistas tengan una pensión digna y pública? El Secretario de Estado de Economía ha colaborado con Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank y Banesto ¿no preferirá que aumenten las pensiones privadas? A la ministra de Economía Elena Salgado, ¿le preocupa la salud financiera de la Banca Privada Fortis?

Hay quien justifica la presencia de los empresarios en la política alegando que son los emprendedores quienes arriesgan su patrimonio y saben cuándo hay que tomar las decisiones sin demorarse. Se obvia, no obstante, que no andan sobrados de filantropía los empresarios, que precisamente es su patrimonio lo que más les interesa, y que el éxito empresarial se basa, en no pocas ocasiones, en pisar a los demás y en ser el tiburón mas voraz. Por eso mismo , a nadie extrañe que el empresario de éxito que da el paso a la política haya cobrado el máximo a sus clientes, pagado el mínimo a sus trabajadores y trabajadoras y en algunos casos incluso no ha tenido reparos en contaminar el medio ambiente, promover el empleo precario, obviar los riesgos laborales y tributar en paraísos fiscales.

Algo que nunca hará un político que venga del mundo empresarial es tirarse piedras contra su propio tejado. Si en el PSOE había ministros y secretarios de Estado que tenían SICAVs (instrumentos financieros que sirven para pagar menos impuestos) cuando se legisló al respecto es imposible que legislen de una forma justa y eficaz. Al contrario, celebrarán cuando se les hurte a los inspectores de Hacienda la capacidad de investigar las SICAVs. Tampoco se puede esperar de los ex-empresarios que copan los gobiernos del PSOE, PP y PNV que aumenten el Impuesto sobre Sociedades a los beneficios de los empresarios para que la sociedad pueda participar de las plusvalías sustraídas a los trabajadores y trabajadoras.

Lo que sí se puede esperar que propongan los empresarios que entran en ministerios o los empresarios que nutren los comités asesores del Gobierno Vasco son las recetas que siempre recita la patronal: llámese mayor flexibilidad laboral, llámese bajar los impuestos a las grandes fortunas o reducción del gasto público de las Administraciones. ¿A quién representan estos políticos-empresarios? ¿A los trabajadores y trabajadoras que van a ser despedidos/as con una indemnización menor o a los empresarios que se quejan de que les sale caro mandar al paro a sus empleados/as?

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Que la paguen ellos

Amaia Agirresarobe
Oskar Matute
Jonathan Martínez

Alternatiba

No todo el mundo es capaz de capear una crisis económica con igual fortuna. Por poner un ejemplo, el BBVA ha terminado 2009 con 4.210 millones de euros de beneficios y ha jubilado a Goirigolzarri por tres millones al año. Por poner otro ejemplo, Hego Euskal Herria ha terminado 2009 con 168.854 personas en paro, un 66% más que en junio de 2008. Las cifras son escandalosas.

A pesar de todo, quieren hacernos creer que ellos, los administradores del modelo económico que nos ha llevado a la ruina, son los mismos que nos van a rescatar de esta crisis gracias a las falsas recetas mágicas del capital privado. Hablamos de nuestros gestores políticos, PSE y PP, aferrados a su gobierno del cambio vasco, y UPN, que galopa a su antojo en Nafarroa con la condescendencia de PSN. Hablamos de PNV y Hamaikabat, hermanados con Patxi López en un pacto presupuestario colectivo. Hablamos del PSOE en el Gobierno español, cuyas cuentas han sido generosamente avaladas por el PNV.

Esta situación de pacto general permitirá a cada cual conservar su parcela de poder sin que se muevan ni un milímetro los mismos esquemas económicos fracasados de otros tiempos. Los insultos mutuos y las respuestas despechadas en la prensa forman parte de una burda escenificación. Las enemistades quedan aplazadas a la hora de repartir el tesoro. Entonces apelan a la unidad frente a la crisis, como si la crisis fuera una desgracia inevitable que hemos de padecer a escote, un trance pasajero, fruto del azar, ante el que no se puede hacer otra cosa que tragar saliva. Como si la crisis no fuera la consecuencia lógica de un modelo económico en quiebra que aún se empeñan en alimentar.

Y hablamos, cómo no, de la banca y de la patronal, grupos de interés a los que no hemos elegido en las urnas, pero que ejercen un poder omnipresente sobre nuestra vida diaria. El sanedrín de sabios que aconsejará a Patxi López es el ejemplo más triste de un político sin ideas que entrega su gobierno a los juegos financieros de las multinacionales. La patronal estará encantada de hacer realidad sus sueños, que son nuestras pesadillas: recortes públicos, reducción de salarios y precariedad obligatoria. Es la privatización de la democracia.

Los distintos planes de lucha contra la crisis que nos ofrecen estos gobiernos están hechos al servicio de empresas amigas. Malgastan nuestros fondos públicos en obras absurdas que no nacen de la necesidad social, sino de las exigencias privadas. La ecología es el enemigo. Es así como Petronor elige una planta de coke en Muskiz, como Iberdrola y Endesa eligen no cerrar la central nuclear de Garoña, como las constructoras eligen el TAV, el Superpuerto de Pasaia o el Guggenheim de Urdaibai. Ellos eligen y todo el mundo paga.

Mientras tanto, se multiplican los EREs, se extiende la pobreza, y la precariedad se convierte en una insoportable plaga. Las mujeres continúan recibiendo salarios menores que los hombres, sufren más la temporalidad y son mayoría entre las personas que no reciben ninguna prestación social. La juventud trabaja en las peores condiciones. Las ETTs reparten esclavitud. La especulación es ley de vida y la corrupción un arte noble. La vivienda no es un derecho, sino un pivilegio que se paga en cómodos plazos de usura.

Pero al contrario de lo que nos cuentan, no hemos perdido la capacidad de producir riqueza, sino el hábito de repartirla. Que no intenten engañarnos, que no recurran a la crisis para justificar sus destrozos. Su crisis, que la paguen ellos, sus responsables, los administradores de injusticia y miseria, los gestores de un orden social y económico trasnochado y decadente que hace aguas por todas partes.

http://alternatiba.net/old-files/capitalismo.jpg

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Propuesta para la reconstrucción de la izquierda alternativa vasca> Oskar Matute (Alternatiba)

Oskar Matute

Alternatiba

Las mujeres y hombres que formamos Alternatiba estamos empeñados, desde nuestro nacimiento como proyecto el 13 de diciembre de 2008, en dos objetivos prioritarios, ambos complementarios e indisolubles para nuestro ideario político: por un lado, sentimos la vocación y el compromiso de participar en el proceso de rearticulación para la unidad de acción de la izquierda alternativa de Euskal Herria -política y social-, entendiendo por ésta a aquélla que pretende trascender el conjunto de los sistemas de dominación actual -patriarcado, capitalismo, productivismo, imperialismo, democracia liberal, homogeneización cultural-, y apostar por una sociedad donde tengan plena vigencia todos los derechos de todas las personas y pueblos; por otro lado, partimos de la convicción de que, para ello, la izquierda transformadora necesita –y la izquierda vasca en particular- repensarse, hacer autocrítica para construir un nuevo paradigma sobre unas bases diferentes, capaces de generar una agenda política multidimensional, que incluya de manera equitativa las diferentes dimensiones de lucha antes citadas, y que a su vez se sostenga sobre estructuras organizativas de nuevo cuño, coherentes con lo que se propone, y que permitan una alianza natural entre partidos y movimientos sociales.

Podríamos entonces decir que estos dos objetivos se unen en una gran meta para Alternatiba: la construcción de un nuevo paradigma que posibilite la unidad de la izquierda alternativa vasca. Esta es precisamente la seña de identidad de este proyecto en el que nos hemos embarcado, y al que dedicamos y dedicaremos el conjunto de nuestros esfuerzos. Sabemos que no es tarea fácil, y que ni mucho menos es una labor única de Alternatiba, pero sí creemos que solamente avanzando en este sentido podremos lograr una izquierda fuerte en nuestro país, algo urgente y necesario.

En este sentido, creemos que los nuevos sujetos, las nuevas organizaciones, los nuevos espacios que se están generando, podrán proponer, desde la izquierda política, las claves que vayan perfilando este nuevo paradigma, caracterizado fundamentalmente por una agenda radical y multidimensional –que integre a feministas, ecologistas, socialistas, internacionalistas, soberanistas, etc., y por la generación de estructuras organizativas coherentes, horizontales y participativas.

Esta nueva apuesta política por revolucionar la izquierda para favorecer la unidad de acción y su legitimación por parte de las mayorías sociales, difícilmente podrá basarse sobre el tipo de prácticas políticas a las que estamos tan acostumbrados y acostumbradas en muchas organizaciones: prácticas de incoherencia entre el decir y el hacer, o entre lo que se defiende de cara afuera y lo que realmente se desarrolla hacia adentro; prácticas burocráticas y verticales, donde no hay democracia ni participación real, activa y de calidad; prácticas que hacen de lo electoral un fin último, y no un medio de acumulación de fuerzas y espacios, perdiendo así la perspectiva transformadora; prácticas de vocación exclusivamente institucional, donde éstas se entienden como herramientas para elevar demandas sociales a las instituciones, perdiendo el carácter de izquierda de lucha; prácticas que excluyen a las mujeres de la participación plena, a través de medidas y enfoques patriarcales más o menos sutiles; prácticas que visualizan a los movimientos sociales no como aliados, sino como correas de transmisión y/o caladeros de votos, etc.

Este tipo de lógicas, este viejo paradigma, es el que ha generado una agenda política que ha pensado más de manera corporativa que en claves de transformación. Así, la realpolitik ha estado caracterizada por la atomización –buscando intereses propios y no generales-; por el cortoplacismo -pensando más en resultados electorales y no en propuestas alternativas de largo alcance-; por la sectorialización –incidiendo a lo máximo en una dimensión de lucha únicamente, relegando de esta manera las demás-; por la exclusión de sujetos fundamentales -al ser visualizadas ciertas luchas como secundarias-; y por la pérdida de enfoque global –sin integrar su acción dentro de las lógicas europeas y mundiales-.

Por lo tanto, entendemos que nuevos sujetos con nuevas propuestas, radicalmente diferentes a las anteriormente señaladas, son fundamentales para ir construyendo de manera colectiva este proceso de articulación sobre bases alternativas. No obstante, también estamos preocupados y preocupadas por la atomización de la izquierda política vasca actual, como no podría ser de otra manera; pero entendemos este momento desde un punto de vista más optimista al que se suele reflejar en los medios de comunicación. Así, creemos que estamos viviendo un momento de transición, un momento de cambio, en el que los viejos sujetos, los viejos partidos, han agotado sus capacidad de propuesta, su legitimidad social, y están surgiendo nuevos espacios, nuevas estructuras, que pretenden avanzar en la meta indicada inicialmente.

Alternatiba es uno de estos espacios, y los y las que formamos parte de esta aventura política pensamos que, cuando se refuercen estas nuevas identidades emancipatorias, cuando se vayan consolidando las nuevas bases de reflexión y acción, entraremos en una nueva etapa de re-articulación y unión de fuerzas, pero sobre parámetros diferentes, más sólidos. De esta manera, no vemos el momento actual como un paso atrás, sino como el comienzo de una etapa ilusionante, de cambio profundo y necesario.

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Cumplir condena sin haber sido condenado> Ander Rodriguez y Enrique Martínez (Alternatiba)

Ander Rodríguez Lejarza
Enrique Martínez-Flórez

Alternatiba

“No está acreditado que Egunkaria haya servido para financiar a la banda terrorista ETA”. “No consta que Egunkaria ni los procesados hayan servido a los fines de ETA”. “No consta que los procesados hayan legitimado las acciones terroristas o hayan exculpado o minimizado su significado”. “No consta que los procesados hayan prestado alguna ayuda específica ni genérica dirigida a apoyar en concreto la colaboración con el terrorismo”. Éstas son las conclusiones del Ministerio Público, no de la defensa, sino de la Fiscalía que representa el interés común, el bien público, a propósito de la actuación de los procesados del caso Egunkaria.

No queremos, ni es el momento de analizar el sumario, pero no nos resistimos a mencionar la clave que la Benemérita utiliza para solicitar la imputación y volvemos al tenor literal de lo que obra en el sumario: “Las personas que lo pusieron en marcha no tenían vinculación con la organización ETA”, para después añadir sin prueba alguna que, “precisamente, esa falta de vinculación con ETA se buscó de propósito por la banda armada”. Es decir, que si tienen vinculación, son culpables y si no, también.

A partir de aquí, nos encontramos con la siguiente situación: un proyecto de desarrollo cultural del euskera con una tirada de 15.000 ejemplares y más de 44.000 lectores no volverá a los quioscos. Egunkaria ha cumplido la condena sin haber sido condenado. Eso sí, probablemente procederá una indemnización que la AVT y Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación pública, cifran en 60 millones de euros que ellos no satisfarán, sino que lo haremos todos.

¿Cómo explicamos esto en un supuesto Estado de Derecho?, ¿cómo se explica esta violación flagrante de valores constitucionales tales como el pluralismo, la libertad de expresión, de información y la tan querida para algún partido libertad de empresa del artículo 33?, ¿cómo es posible pasar de lo que resulta del tenor literal del sumario a una condena cumplida?

Sólo se explica desde la vis expansiva que ha adquirido en el sistema jurídico del reino de España el concepto de terrorismo, que se invoca cada vez más para hacer frente a fenómenos de mera disidencia. Se difuminan las fronteras entre uno y otra, se instrumentaliza la legislación penal contra el adversario político.

Egunkaria es el ejemplo de los peores abusos en la persecución del llamado entorno de ETA, de los peligros que asume una democracia cuando sacrifica las garantías judiciales y las libertades individuales en la lucha contra el terrorismo. En resumen, cuando el fin justifica los medios.

Desde esta doctrina, es fácil justificar la condena a las familias de las personas presas que supone el alejamiento, contrario a las normas del propio reino y su legislación penitenciaria. Desde esta doctrina, es fácil justificar una Ley de Partidos que niega a un amplio sector el derecho de participación del artículo 23 de la Constitución. Incluso se justifica el velo de silencio y la ausencia de investigación que rodea a las denuncias de tortura y vejaciones homofóbicas realizadas por los procesados.

Volviendo al tenor del sumario, nos encontramos con que la Benemérita criminaliza que desde Egunkaria se abogara por un Estado independiente socialista y euskaldun, porque coincide con los fines de ETA. Es decir, se niega la posibilidad de defender por medios pacíficos y democráticos la independencia, el socialismo, la cultura y la lengua vasca.

Reflexionemos ante todo lo anterior: ¿Quién justifica acciones violentas, quién carga de significado político las acciones criminales, quién defiende la privación de derechos y libertades en este caso? Los “Pactos por las Libertades” serán efectivos y justos cuando contemplen las libertades de todos y todas.

“No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia” (Montesquieu)

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Internet no será otra tele

Red SOStenible

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos

5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);

2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Noticias

Manifiesto «En defensa de los derechos fundamentales en Internet»

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

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