El «PNV style» ahora también en bodegones y txokos. Desde que Bildu entrara en ayuntamientos hasta el momento gobernados por el PNV, los escándalos de mal uso de dinero público en dichos ayuntamientos por parte del PNV han ido saliendo a la luz día tras día, sin descanso.
El sonado caso del Ayuntamiento de Lemoa es uno de nuestros favoritos: con una factura de 16.000€ de dinero público en habanos; 48.000€ en restaurantes de lujo, así como la construcción de un txoko privado para uso de los miembros de su partido. En este bodegón recogemos el «estilo PNV» más despilfarrador, titulado «De los autores del txoko clandestino de Lemoa…» recoge la vida del jeltzale más puro…Tan puro como los puros que se han fumado a costa de toda la sociedad vasca.
La red Euskal Herria-Palestina sarea, en la que participamos, junto con grupos y colectivos de Euskal Herria y de Baztan, hemos querido organizar este año el EH Palestina Eguna en Elizondo el 18 de mayo, sábado. Mirando a este día, están en marcha distintas actividades a lo largo del mes. Tendremos además entre nosotros/as visitantes de distinto perfil, que vendrán a explicarnos la realidad Palestina y la idoneidad del Boicot, con la intención de trasladarnos conocimiento y trabajar solidaridad.
La muestra de solidaridad con Palestina es necesaria para que resistan, y es necesario tambien adoptar medidas de presión contra Israel mientras no cambie sus políticas de Apartheid (desde el individuo hasta la más alta instancia), tal y como en su día se hizo con la Sudáfrica para los blancos. Estan haciendo lo mismo. Los/as Palestinos/as nos lo piden. No miremos para otro lado. Aprovechemos las ocasiones para no hacerlo. Aqui teneis, a continuación, la lista completa de actividades. Nos vemos en Elizondo.
Komite internazionalistak, Askapena, Mewando sarea, LAB, Iruñeako gerraren aurkako plataforma, Ernai, Ikasle Abertzaleak, Aralar, Sortu, Alternatiba eta Eusko Alkartasuna.
Ante las reuniones planteadas por Urkullu, tanto en la negociación de los presupuestos como ahora, desde EHBildu hemos mantenido una postura clara desde el principio. Euskal Herria está en una situación de emergencia, que requiere poner sobre la mesa medidas de emergencia para afrontarla. No es momento para fotos; la sociedad exige respuestas y que se asuman responsabilidades.
Para salir de esta situación, se requieren cambios profundos en las políticas. Y así lo hemos expresado desde todos los ámbitos en los que participamos. Situamos esos cambios en cuatro pilares fundamentales:
– Es imprescindible una nueva política fiscal, basada en la justicia social. – Mientras no pueda aumentarse la recaudación, debe hacerlo el endeudamiento público. – Acabar con los recortes sociales impuestos y habilitar alternativas. – Un plan integral para crear empleo y construir un modelo socioeconómico diferente.
Frente a eso, la respuesta del PNV siempre ha sido negativa, lo que es realmente grave, en la medida en que con el no por respuesta han decidido también continuar con las recetas de siempre. Nos han demostrado que no tienen voluntad de cambiar las políticas ni el modelo, demostrando una y otra vez más su sumisión a Madrid.
Así nos demuestran que no pretenden hacer ni el más mínimo ejercicio de soberanía, y las consecuencias de ello las pagará la sociedad, al no ofrecer alternativas para el desarrollo social y económico de este país. ¿Dónde queda nuestro derecho a decidir nuestras políticas y nuestro futuro?
Queremos denunciar el debate que se está produciendo estos días en torno a un hipotético aumento del endeudamiento: ¿Por qué tienen que decidir desde Madrid o Bruselas nuestra deuda pública? Cómo pretenden aplicarnos la misma ley que le aplican a la comunidad Valenciana? Urkullu está esquivando este debate, y lo hace para no enfrentarse al debate de fondo: la falta de soberanía.
En segundo lugar, y en cualquier caso, si hay opción a endeudarse más, desde EHBildu decimos claramente que estamos en disposición de buscar un acuerdo en torno a esto. Eso sí, consideramos totalmente equivocado lo que el gobierno de Urkullu está planteando en este momento, tanto en forma como en contenido.
En lo que respecta al contenido, Urkullu debe reconocer que las políticas y medidas que se vienen usando hasta ahora han fracasado. Manteniendo ese mismo rumbo, pero con menos fondos, solo conseguirá llevar este pueblo al desastre. Nuestro pueblo necesita un plan que camine hacia un modelo social diferente, y por lo tanto, el presupuesto disponible o la posibilidad de endeudamiento debe tomar ese nuevo rumbo, y dejar de preocuparse por finalizar determinadas infraestructuras. Se necesitan nuevas inversiones basadas en los cuatro pilares anteriormente planteados para poder construir en esa nueva dirección, para crear empleo digno y para crear un nuevo modelo social.
Y respecto a las formas, queremos decir alto y claro que ese debate no puede quedarse entre cuatro paredes y tampoco puede ser decisión única de los representantes de las cuatro instituciones. Deben ser los plenos de las instituciones los que tomen la palabra, así como los partidos, y por supuesto, los órganos sociales y sindicales. ¡No se le puede robar el debate a la sociedad!
Por consiguiente, y ante la grave situación económica, hacemos un llamamiento a Urkullu para que por un lado, fomente la reflexión entre los entes políticos, sociales y sindicales, y al mismo tiempo, le pedimos que no deje a un lado el debate, la reflexión y la decisión que ha de tomarse desde las juntas generales de los tres territorios y desde el Parlamento de Gasteiz. Debemos contar con todos los órganos, ya que es allí donde se ha de decidir cómo usar el nuevo endeudamiento.
Para finalizar, decimos que ese endeudamiento será en vano si no revisamos en profundidad la política fiscal y no avanzamos hacia un modelo social alternativo.
Hagamos memoria, que es lo único que nos permiten hacer.
En enero de 2010, la recién estrenada División Antiterrorista de la Ertzaintza arrestó a siete ciudadanos vascos -entre ellos a la edil de Ondarroa, Urtza Alkorta- en una redada patrocinada por el gobierno de Patxi López en colaboración con ese tribunal de excepción franquista rebautizado como Audiencia Nacional.
Los nuevos inquilinos de Ajuria Enea decidieron obviar el protocolo para la prevención de torturas que la policía autonómica aplicaba hasta entonces, y dejaron vía libre a sus agentes para que hincharan a hostias a los detenidos durante interrogatorios ilegales. Cinco de ellos permanecieron ocho días incomunicados y tres fueron hospitalizados para escándalo de Amnistía Internacional y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que en sus informes señalan al Reino de España como una versión cutre y cañí de Guantánamo.
El CPT explicó en el caso de Beatriz Etxebarria, violada en las mazmorras madrileñas de la Guardia Civil en marzo de 2011, que «el objetivo de los malos tratos alegados era el de conseguir que la persona detenida firmara una declaración (es decir, una confesión) antes de que acabara la detención en régimen de incomunicación». El recurso de la tortura ya había servido para arrancar a Urtza Alkorta una falsa autoinculpación que se convirtió en la única prueba que necesitaba el juez Eloy Velasco para endosarle cinco años de trena acusada de colaboración con banda armada.
Los abogados de los detenidos, Haizea Ziluaga y Alfonso Zenon, denunciaron públicamente el comportamiento del gobierno del PSE. «La Ertzaintza tortura a las órdenes del señor Ares», dijo Zenon. Rodolfo Ares, el verdugo de Iñigo Cabacas, en lugar de investigar las denuncias, decidió esconder las grabaciones de los interrogatorios cuando se las solicitaron el Ararteko y un juzgado de Durango, y plantó una querella criminal contra Zenon y Ziluaga «para defender el buen nombre de la Ertzaintza». Seguimos a la espera de un juicio absurdo al que mi compañero Ander Rodríguez y yo hemos sido llamados como testigos después de que entregáramos un escrito de autoinculpación haciendo nuestras las palabras de los imputados.
Urtza Alkorta permaneció dos años y medio en prisión hasta que un recurso la excarceló el verano pasado. Sin embargo, en febrero recibió una nueva orden de encarcelación que activó la alarma y la resistencia popular. Con la desobediencia civil del Aske Gunea de Donostia en la memoria, un millar de personas han ido atrincherándose alrededor de Urtza durante cinco días y cinco noches para protegerla de la policía, que no se ha atrevido a asaltar el puente de Ondarroa hasta esta mañana. Treinta furgonetas de la nueva «policía de proximidad» de la consejera Estefanía Beltrán de Heredia han tomado el pueblo y han empleado más de tres horas en disolver el muro humano y secuestrar a Urtza.
Dice Beltrán de Heredia que quienes defendían a Urtza estaban «alterando el orden público». Otros, sin embargo, hemos visto en Ondarroa una exhibición de solidaridad demasiado difícil de encontrar en una sociedad capitalista educada para la sumisión y el consumo. Es triste ver a una policía vasca entregada a los caprichos de venganza de un imperio en estrepitosa decadencia, pero todavía nos dibuja una sonrisa el espectáculo de dignidad de un pueblo que ha renunciado a rendirse.
Hay paredes que hablan y nuestra pared desobediente se lo ha gritado a los encapuchados a la cara: «vosotros por dinero, nosotras por amor.»
El portavoz de Alternatiba Bizkaia, Asier Vega, ha aplaudido el nuevo ejemplo de dignidad colectiva que ha podido verse los últimos días en el nuevo Askegunea levantado en la Alameda de Ondarroa, donde cientos de personas han pasado 24 horas al día “arropando a una joven cuyo único delito demostrable es el de la militancia política”. Pero por encima de la detención de Urtza Alkorta, desde Alternatiba han remarcado que, al igual que sucediera en el Boulevard de Donostia, “Ondarroa se ha convertido hoy en un ejemplo de resistencia pacífica, dignidad popular y solidaridad para todo el mundo”.
El portavoz de la formación de izquierdas ha recordado que la confesión de Alkorta se obtuvo, tal y como denunció la misma, bajo tortura, y que un organismo como Amnistía Internacional ha señalado recientemente que en el Reino de España “la práctica de la tortura es un problema estructural del estado” y que de hecho, tribunales internacionales han afirmado que no se investigan adecuadamente las denuncias de tratos violentos y vejatorios. Asimismo, el propio Ararteko solicitó informes sobre esa detención, “informes que nunca le fueron entregados”.
Por otra parte, Vega ha felicitado a las personas que han “demostrado su solidaridad activa y su compromiso con la no violencia a través de una resistencia civil que ha demostrado quién está por aportar a la resolución y a la pacificación de este país y quién no”. Del mismo modo, ha lamentado la actitud del gobierno de Iñigo Urkullu y de los mandos policiales que han permitido que se volvieran a repetir escenas lamentables de agentes ejerciendo una violencia innecesaria; “si han amenazado a nuestra compañera de coalición Maribi Ugarteburu aun mostrándoles ésta su credencial de parlamentaria, qué no habrán hecho contra el resto de personas allí presentes”.
Finalmente, desde Alternatiba han reiterado que “la mayoría de la sociedad vasca apuesta claramente por un proceso político que restituya todos los derechos para todas las personas en Euskal Herria”, y en esa línea han llamado a participar en las manifestaciones de solidaridad convocadas para hoy.
Diana Urrea, miembro de Alternatiba y parlamentaria de EHBildu interviene en el Parlamento dentro del debate sobre «fuga de jóvenes» a Europa planteado por el PP. En su discurso Urrea tacha de vergonzosas las medidas planteadas por el PP para evitar que los jóvenes sigan abandonando el país y las ha calificado como «la ganga del explotador» ya que permiten a los empresarios enlazar un contrato de formación con uno de prácticas condenando a los jóvenes a permanecer eternamente en la precariedad absoluta.
Vivimos una situación económica, social y política alarmante que exige a la clase política decisiones urgentes, claras, eficaces a la altura de las circunstancias. El escenario es grave y exige afrontarlo con acciones y medidas de calado que dejen atrás modelos y políticas fracasadas que nos arrastran al abismo.
Sin embargo, nos encontramos con un gobierno débil, que busca ganar tiempo para esquivar su responsabilidad, que promete pero no hace, que aparenta un liderazgo que no se ha ganado y que pretende mantenerse en una falsa equidistancia que le permita culpabilizar a los demás de su inoperancia.
El frustrado proceso de negociación de los presupuestos ha puesto de relieve la incapacidad y falta de voluntad del gobierno liderado por el PNV. Más que a una negociación, hemos asistido a una escenificación por parte de Urkullu en la que se ha pretendido responsabilizar a la oposición por un bloqueo propiciado por el propio Gobierno. Un gobierno sin rumbo, a la deriva, sin propuesta, … de mucho marketing, buenas intenciones y promesas vacías.
Ahora, en lo que parece un nuevo acto de ese teatro, Urkullu nos propone dos mesas para alcanzar un pacto para la estabilidad y para propiciar un suelo económico común. Y eso después de haber decidido anteriormente excluir a EH Bildu, segunda fuerza parlamentaria, de cualquier posible acuerdo.
Urkullu habla de reforma fiscal mientras que en otros ámbitos el PNV obstaculiza cualquier avance en ese terreno. Habla de financiación de empresas mientras permite que Kutxabank rehúya su responsabilidad para con el tejido industrial y social. Habla de creación de empleo pero no sobre qué tipo de empleo y en qué condiciones. Habla de país, pero busca acuerdos con quienes niegan su existencia, nuestro derecho a decidir.
Ya va siendo hora de que Urkullu se retrate, hora de definir qué país quiere construir, qué modelo económico y social pretende impulsar y con quién quiere hacerlo. Esa es su responsabilidad y su decisión. Y la sociedad tiene derecho a saberlo con claridad.
Hasta ahora Urkullu ha estado coqueteando con el PP, con la delegación minoritaria de de un gobierno central de derechas fracasado, cuestionado y sumido en corruptelas y negocios opacos. A pesar de todo, parece que no le importaría cerrar un acuerdo con semejante compañía.
Posiblemente, a medio plazo le veamos tocando la puerta del PSE, un partido que intenta subir su cotización en este proceso mientras escenifica una gresca con el PP, hasta hace poco socio en un gobierno que no representaba la realidad sociopolítica del país.
Da la sensación de que al PNV, más que la estabilidad y progreso del país, lo que le preocupa es la estabilidad y la permanencia de su propio gobierno, aunque sea en minoría.
En este escenario, EH Bildu va a actuar con responsabilidad y acudirá a la convocatoria de Urkullu; pero no vamos a engañar a la sociedad con juegos de salón o falsas esperanzas. Nuestra apuesta es pública y a ella nos remitimos. Es necesario, es urgente, un cambio de modelo y de políticas.
Acudimos con disposición de analizar las posibilidades para llegar a acuerdos, pero con una propuesta clara, porque la sociedad lo reclama; Urkullu, en contra de lo que reclama la mayoría social de la CAV, está buscando el apoyo del PP y el PSE y fundamentando sus propuestas en la aceptación de las medidas que nos han traído a la crisis y las políticas fracasadas que ya hemos conocido y padecido.
Nuestra apuesta, nuestra propuesta, es muy clara, y la hemos venido planteando públicamente desde el principio de este proceso.
-EH Bildu plantea un acuerdo de país para hacer frente a la lógica de la austeridad y el recorte que nos lleva al desastre económico y social, para hacer frente a políticas impuestas, ajenas a nuestras prioridades e intereses. Un acuerdo de país que haga frente a las políticas injustas e impuestas de Madrid.
-Un acuerdo que responda a las necesidades de la sociedad, de las personas, que garantice unos servicios públicos de calidad para todos y el desarrollo de políticas de protección social a la altura de las circunstancias.
-Un acuerdo que contemple una reforma de la política fiscal en términos de justicia social, que aborde la lucha contra el fraude fiscal con medidas eficaces y que contenga medidas claras contra la corrupción.
-Un acuerdo de país en términos de soberanía que haga posible políticas acordes a la voluntad y necesidades de su ciudadanía y que siente las bases de un nuevo modelo político, económico y social.
Ese es el acuerdo que ofrecemos a la sociedad y que reclamamos a Urkullu.
El portavoz nacional de Alternatiba, Oskar Matute, ha considerado el contenido del comunicado de ETA dado a conocer hoy por el diario Gara como una prueba más de la “preocupante ausencia de pasos hacia la paz y la normalización política por parte de algunos de los principales agentes implicados en el conflicto”, en referencia a los Gobiernos de París y Madrid. En cualquier caso, ha destacado que el contenido, que principalmente reclama el cese de la política de venganza contra las y los presos de la organización, “no altera ni un ápice su posición de seguir trabajando por la resolución definitiva, no cediendo a obstáculos como los que cita en esta ocasión”.
Matute ha considerado urgente responder a los pasos marcados por la declaración de Aiete, muy en contra de lo que están haciendo desde los sucesivos gobiernos de Madrid, tal y como queda reflejado en el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que revela cuestiones tan graves como la obstrucción de la labor de los inspectores por parte de la Guardia Civil o la constatación de la tortura sufrida y denunciada por la joven de Bilbao Beatriz Etxebarria hace apenas dos años. Por ello, el portavoz de la formación de izquierdas ha exigido que, “desaparezcan de una vez por todas las políticas de excepción y de castigo, máxime cuando ya se ha constatado la desaparición de una de las violencias existentes en el conflicto”.
Por encima de todo, Matute ha remarcado la necesidad de implicar a la ciudadanía en la pacificación, la normalización política y la superación definitiva del conflicto, “para lo cual sigue siendo imprescindible seguir reclamando en la calle el respeto escrupuloso a todos los derechos de todas las personas”.
Todos los Manuales de Desobediencia Civil publicados por las numerosas organizaciones que la promueven en el Estado español coinciden en definir la desobediencia civil como “una acción política no violenta, consciente y organizada, contra una ley, una disposición gubernamental o una orden de alguna autoridad considerada injusta e ilegítima, que se emprende con el objetivo de invalidar dicha ley y de establecer una nueva legalidad constituyente en la que los derechos sociales y civiles que se reivindican queden reconocidos de facto”.
Esta secuencia se ha repetido siempre en todos los movimientos de desobediencia civil realizados hasta ahora. Este fue el caso del potente y generalizado movimiento antimilitarista de los años 80-90 que consiguió eliminar el reclutamiento militar forzoso a través de la objeción de conciencia y de la insumisión al Ejército. También lo fue en el caso de Itoitz, aunque en esta ocasión no se consiguiera la victoria, o en el más reciente del movimiento feminista con la campaña de autoinculpaciones en apoyo de las clínicas abortistas que habían practicado en Madrid abortos no permitidos por la ley. La misma secuencia puede apreciarse igualmente en las campañas de desobediencia realizadas contra empresas privadas, como en el caso de las luchas por la moratoria nuclear contra las compañías eléctricas, o en el más reciente contra los desahucios de viviendas impuestos por las entidades bancarias.
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Todos los ejemplos de desobediencia civil conocidos hasta ahora presentan algunos rasgos comunes que deben tomarse en consideración a la hora de plantearse la desobediencia contra las políticas de austeridad capitalista. Destacamos entre otros las siguientes:
Que la desobediencia civil es una herramienta de lucha que dignifica a las personas y colectivos que la realizan, contribuyendo más que ninguna otra a pasar de la condición de siervos domésticos del poder, a la condición de ciudadanos libres. Esta es una de sus principales virtudes.
Que, con alguna excepción, los sujetos de la acción han sido siempre las personas, grupos de personas o colectivos sociales directamente afectados por una ley o por una situación de injusticia manifiesta: los jóvenes en edad militar en unos casos, las mujeres y los movimientos ecologistas en otros, los directamente afectados por los desahucios de viviendas, etc.
Que, salvo excepciones, la mayor parte de las organizaciones tradicionales: partidos políticos y sindicatos, han permanecido al margen de estos movimientos, lo que ha contribuido a crear un problema adicional de legitimación social de la desobediencia civil.
Que las instituciones políticas: Parlamento y Gobierno central, Parlamentos y Gobiernos autónomos, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, han sido siempre y en todas partes hostiles a la desobediencia civil, aún cuando la mayoría social la considere legítima y la apoye de alguna manera. La única excepción a esta “norma de conducta” la encontramos en algunos municipios vascos que, de la mano de los partidos antes mencionados, se autoinculparon en solidaridad con los insumisos vascos al servicio militar en el Ejército español, o en el apoyo que posteriormente dieron a los insumisos de Itoitz. Estos son unos buenos precedentes para reemprender ahora la desobediencia civil contra la austeridad capitalista en Euskadi.
Que en todos los casos ha habido represión política, condenas judiciales, años de prisión y multas económicas para quienes han hecho la desobediencia. Esta reacción de los poderes públicos ayuda siempre a la legitimación social del movimiento, pero requiere un alto grado de conciencia, de compromiso militante y de solidaridad ciudadana para soportar las consecuencias derivadas de la acción práctica
Que sólo triunfan las desobediencias civiles que obtienen una alto grado de legitimación social , de apoyo ciudadano y de cobertura institucional
Que la desobediencia civil es una herramienta de autodefensa que, en caso de victoria, puede hacer desparecer las causas (leyes o decisiones gubernamentales) que generan determinadas situaciones de injusticia, pero que no puede resolver por sí misma las consecuencias derivadas de la austeridad capitalista en el marco de los Estados-Nación que conforman la Unión Europea. La solución a los problemas del desempleo, del empobrecimiento general de las clases trabajadoras, de la deuda externa, o del deterioro general de los servicios sociales, requieren de movilizaciones generales y continuadas de toda la sociedad civil en un grado y con una intensidad superior a las que conocimos en el pasado, pues ahora nos enfrentamos no sólo al Estado español, sino también a la Unión Europea. La impotencia de los trabajadores griegos para doblegar a su propio Estado nacional a pesar de las sucesivas HGs que han protagonizado, nos muestra la intrincada relación entre la escala nacional-estatal y la escala europea en que se plantean las alternativas centrales a la austeridad capitalista. Esto plantea la necesidad de elaborar una escala reivindicativa diversificada en los ámbitos nacionales, estatales y europeos, así como una política de unidad de acción apropiada a cada una de esas escalas, entre todos los sindicatos y todos los movimientos sociales en alianza con todas las izquierdas políticas. Otra de las condiciones necesarias para el éxito la desobediencia civil es llevarla al interior de las instituciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamento y Gobierno Vasco), con el fin de que hagan suyas las demandas ciudadanas y las transformen en leyes más justas o en demandas que ellas mismas asuman antes las instituciones españolas y europeas.
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El momento en que vivimos es uno de los más propicios que se pueden imaginar para promover movimientos de desobediencia civil contra las políticas de austeridad capitalista, pues están reunidas todas las condiciones que pueden hacerla posible. A saber: (1) la ausencia de perspectivas de vida digna en el marco de las políticas económicas y sociales del Estado español y de la Unión Europea. (2) la crisis de credibilidad de un sistema político que es incapaz de garantizar las condiciones mínimas de existencia a todos los ciudadanos. (3) la indignación ciudadana ante tanta injustica social y ante tanta corrupción política como la que estamos conociendo estos días. (4) la existencia en Euskal Herria de una amplia red de organizaciones sindicales, sociales y políticas, educadas en la rebeldía política contra el Estado.
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La gota que está desbordando el vaso de la indignación ciudadana es la información sobre los sucesivos episodios de corrupción en la que están implicados todos los poderes económicos y políticos del Estado español. La oligarquía financiera en primer lugar, con los directivos del Banco Santander y de Bankia (Botín y Rato) a la cabeza; los empresarios del ladrillo y otros especuladores, como el presidente de Sacyr y el ex-presidente de los empresarios españoles ( Díaz Ferrán); los “lobbys” políticos que han vaciado las Cajas de Ahorro asignándose sueldos y primas de escándalo, o que están obteniendo grandísimos beneficios de la privatización de la sanidad y de otros servicios públicos (el yerno de Aznar y el marido de Cospedal entre otros); los partidos políticos (la cúpula del PP en el Gobierno central y en los gobiernos autonómicos del País Valenciá, Les Illes, Galicia.etc.); la Generalitat Catalana y las directivos de Convergencia (recordar la acusación de Maragall a Artur Mas cuando afirmó que su problema era la comisión del 3% que cobraba a todas las obras públicas que se realizaban en Cataluña), y de Unió (reconocido por Durán y Lleida en sede judicial). Tampoco el PSOE escapa a esta lacra social, pues a los casos ya conocidos de Filesa, Roldan y Urralburu, se añade ahora el fraude de los ERE en Andalucía; ni UPN en Navarra (ver el desfalco de Caja Navarra), ni la monarquía española, pues el caso Urdangarin parece descubrir una corrupción que afecta a todo el estamento monárquico. Todo esto es conocido porque ha sido publicado, pero no deja de ser más que la punta de un enorme iceberg, que encubre la descapitalización de los Bancos y de las Cajas de Ahorro, producida no sólo por la especulación inmobiliaria y financiera, sino también por el traslado de fondos a cuentas corrientes privadas en paraísos fiscales protegidos por el secreto bancario. Lo que eufemísticamente se llama “fuga de capitales” debiera llamarse en realidad “desfalco”, “robo” o “expolio generalizado de la riqueza nacional”. La corrupción que envuelve a esta oligarquía político-financiera es así una auténtica bofetada a la ética de los poderes públicos y a la credibilidad de un sistema político que no ha dudado en reformar la Constitución por imperativo del Gobierno alemán para convertir la deuda privada de los Bancos y Cajas en deuda pública, y para que su devolución a cargo de los impuestos de toda la ciudadanía tenga prioridad sobre sus necesidades sociales; sobre la Sanidad, la Educación, las Pensiones, el Seguro de Desempleo, la Vivienda o las inversiones públicas para el sostenimiento del empleo. El enorme círculo de especulación financiera así creado se cierra con la imposición de altos tipos de interés sobre la deuda a través de la “prima de riesgo”, por la que los Bancos cobran intereses del 6% a un dinero que ellos obtienen del Banco Central Europeo al 1%. Las élites españolas han saqueado así a su propio país en beneficio propio, endeudándolo de por vida y entregando la riqueza colectiva a los acreedores alemanes. Lo más indignante de todo es que intentan convencernos de que lo hacen por el bien común y para crear empleo. Afortunadamente nadie les cree porque los 6 millones de parados, el millón y medio de familias en las que no entra ningún salario, o las decenas de miles de personas amenazadas por el desahucio de sus viviendas habituales, son realidades tan lacerantes que legitiman con creces la rebelión política y la desobediencia civil a ojos de casi todos, incluyendo en ese “casi todos” a buena parte del electorado del PP
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La desobediencia civil ha empezado a desarrollarse a través de la oposición a los desahucios. El protagonista de la acción han sido los propios afectados, pero la solidaridad recibida ha alcanzado incluso a una parte de los estamentos del Estado como en el caso de los jueces que se niegan a dictar sentencias de desalojo, o de algunos colectivos de policías locales que se resisten a cumplir esas órdenes. Lamentablemente para todos, esa actitud solidaria no ha llegado todavía en grado suficiente a las mayorías sindicales y a los Ayuntamientos pues sus declaraciones de apoyo no sirven al caso a pesar de la solemnidad con la que se hacen. Para ganar la batalla de los desahucios hace falta dar un paso más. Un paso que implique a los comités de empresa de Bancos y Cajas en la negativa a tramitar expedientes de desalojo. Un paso hacia la creación de un amplio movimiento de ocupación de viviendas vacías en cada municipio, que empuje a las instituciones públicas: Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamentos y Gobiernos a promover leyes de expropiación para hacerse con un fondo de viviendas públicas que puedan ponerse al servicio de quienes las necesiten al precio que puedan pagar según sus posibilidades
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En esa política de escala a la que nos referíamos antes, hace falta promover un amplio consenso ciudadano alrededor de una política de choque contra el paro y la pobreza que actúe sobre las causas que lo generan. Una política que debiera contener al menos estas 7 medidas:
La apertura de todas las cuentas corrientes que tengan la ciudadanía del Estado Español en los paraísos fiscales de Suiza, Luxemburgo, Panamá, etc., con el fin de conocer la verdadera dimensión del expolio y la totalidad de los responsables del mismo.
El procesamiento y condena de todos los implicados en el expolio de la riqueza colectiva, pues no habrá justicia para todos mientras exista la desproporción que hoy existe entre las condenas a 12 años de prisión para un joven vasco que ha quemado un cajero automático de la BBK y la ausencia de condenas para los crímenes sociales cometidos por los políticos y los banqueros.
La expropiación de todas las cuentas corrientes que existen en los paraísos fiscales, para hacer frente al pago de la deuda externa que nos han endosado injustamente a todos los ciudadanos del estado español.
La renegociación de la deuda externa con los tenedores de la misma, a fin de reconvertir en deuda privada la que es privada, de tal modo que su devolución no se haga a costa del erario público.
La nacionalización de la Banca privada a objeto de que las enormes sumas de dinero público invertido para sanearlas pueda regresar a la Caja común del Estado.
El establecimiento de una nueva política fiscal que persiga el fraude y grave en mayor medida a las rentas más altas, que aplique los tipos generales a las rentas de capital y a los beneficios empresariales de acuerdo con los baremos medios de la Unión Europea. Que prohíba a escala europea e internacional los paraísos fiscales de forma que, además de obtener enormes recursos necesarios para atender necesidades sociales, se contribuya a erradicar la criminalidad de las redes de venta de armas, de “trata de blancas”, de narcotráfico y otras.
La creación de nuevos puestos de trabajo mediante políticas de reparto del empleo basadas en la reducción de la jornada laboral y en el adelantamiento de la edad de jubilación. De acuerdo con el feminismo anticapitalista y el ecologismo social tenemos que volver a hablar de necesidades – qué necesitamos realmente las personas para disfrutar de una buena vida que sea extensible a las mayorías sociales- y como dice Yayo Herrero hay que hacer una propuesta de modelo económico y político que ponga en evidencia qué trabajos son social y ambientalmente necesarios y cuáles no y la lógica para valorarlos debe ser, en qué medida facilitan el mantenimiento de la vida en equidad.
En relación a la deuda hay que poner en marcha y de manera inmediata una auditoría ciudadana pública y trasparente. Debemos conocer cuánto se debe, quién lo debe, los motivos que han generado la deuda y quién la tiene que pagar. La auditoría no sólo se justifica por sus objetivos, si no por el proceso democrático que implica; es un mecanismo de control democrático de las mayorías sociales sobre el poder político y económico. No obstante, la auditoría requiere trasformar los argumentos jurídicos, económicos y políticos contra el pago de la deuda, en una práctica política cotidiana de intervención y transformación.
La auditoría de la deuda en Euskal Herria exige una amplia iniciativa ciudadana popular y una alianza firme, al menos, entre los movimientos sociales, el sindicalismo vasco y la izquierda radical. Implica rechazar y desobedecer la reforma del artículo 135 de la Constitución que blinda el pago de la deuda frente a los derechos de las mayorías, y por tanto, de la ley de presupuestos que condiciona la gestión de los recursos desde las instituciones vascas. No se debe aceptar la hipoteca de la deuda ilegal e ilegítima; los presupuestos de las instituciones vascas deben ajustarse a este principio. Todo ello requiere alianzas firmes, trasparencia, consulta continua y confrontación democrática con el Estado y con las fuerzas políticas sumisas a la mercantilización de los derechos de las mayorías sociales. Es la senda hacia la ruptura con el gobierno y la clase dominante española y con los dictados del capital, y sobre todo, es la manera de ir transformando las resistencias y la desafección con el sistema político y económico en un nuevo sujeto político transformador.
Será difícil articular un movimiento concertado a escala estatal entorno a estas medidas, y más difícil todavía recuperar la vieja propuesta de Carta Europea de Derechos Sociales, pero merece la pena intentarlo allí donde existen posibilidades como en el caso vasco.
José Ramón Castaños y José Luis Longarte son Portavoces de la de Carta de Derechos Sociales. Juan Hernández Zubizarreta y Mikel de la Fuente son Profesores de la UPV/EHU.
La portavoz nacional de Alternatiba, Amaia Agirresarobe, ha realizado un llamamiento a utilizar el Primero de Mayo de este año para reivindicar “derechos laborales, justicia social y, por encima de todo, democracia; porque no es democrático un sistema que desahucia a las personas, que privatiza los servicios públicos y que condena a su ciudadanía al paro, la miseria y la precariedad”. Por ello, ha llamado a secundar y participar las manifestaciones que, convocadas de manera conjunta o no por diferentes sindicatos, recorrerán mañana las calles de Euskal Herria.
Desde Alternatiba consideran “imprescindible y urgente” la generación de un espacio de lucha social: “empoderar a la ciudadanía que está sufriendo ataques directos en forma de reformas infames y recortes brutales de mano de los gobiernos de Iruñea, Gasteiz y Madrid, políticas serviles ejecutadas por Barcina, Urkullu y Rajoy pero dictadas por los poderes financieros a los que sirven”. Agirresarobe, asimismo, ha recordado que en esta fase de la necesaria lucha contra el sistema capitalista y sus consecuencias no se puede limitar a restaurar el mal llamado sistema de bienestar, “no olvidemos que la mitad de la población, las mujeres, ya carecía de condiciones de vida dignas mucho antes de estallar los mercados financieros. Y ahora para reconstruir su sistema quieren volver a condenar a las mujeres al hogar, quieren decidir sobre sus cuerpos y perpetuarlas en un trabajo, no reconocido ni remunerado, pero fundamental para sostener la sociedad y la vida”.
La portavoz de la formación de izquierdas, finalmente, ha subrayado la necesidad de “construir un muro social frente al pacto de acero entre poderes financieros, grandes empresarios y partidos políticos afines” y ha ejemplificado con lo sucedido en Gipuzkoa, en referencia a la denuncia interpuesta por la patronal Adegi por la propuesta realizada por el Departamento de Política Social que garantizaba los derechos laborales de las trabajadoras de residencias y centros de día del territorio, “es significativo, e ilustra el conflicto a la perfección, que la propia patronal tache de inédito que una institución intervenga a favor de las trabajadoras”.
La red 