Brasil y Venezuela, dos procesos electorales cruciales para este año> James Petras (Rebelión)

 

Artículo de James Petras publicado en Rebelión y traducido por Ricardo García Pérez

Introducción

En América Latina se celebrarán este otoño dos procesos electorales que tendrán una relevancia decisiva para la dirección que adopte la política económica y exterior en la próxima década.

Las elecciones legislativas venezolanas del 26 de septiembre determinarán si el Presidente Chávez es capaz de obtener la mayoría de dos tercios necesaria para continuar con su programa socialista democrático sin padecer los bloqueos continuos en la tramitación impuestos por una derecha cada vez más dura.

Brasil, la economía industrial y exportadora de productos agrarios más poderosa y dinámica de la región, afronta sus elecciones presidenciales el 3 de octubre.

En ambos países, el electorado está muy polarizado, si bien en Brasil no se estructura en torno al eje socialismo-capitalismo.

En Venezuela, la derecha pretende frenar nuevos procesos de nacionalización de industrias estratégicas, fomentar la desestabilización promoviendo la desobediencia y el sabotaje de las iniciativas políticas de base de las comunidades locales e imponer restricciones al gasto presupuestario en programas sociales e inversiones públicas. El objetivo estratégico de la derecha es incrementar la penetración institucional del Ejército, los servicios de inteligencia y las agencias de «ayuda» estadounidenses con el fin de debilitar las iniciativas de política exterior independiente del Presidente Chávez y presionar a su gobierno para que haga concesiones a la Casa Blanca, sobre todo debilitando su apoyo a Irán, Palestina y, lo más importante, las organizaciones político-económicas latinoamericanas independientes que excluyen a Washington (MERCOSUR, ALBA y UNASUR).

Elecciones presidenciales: Brasil

En Brasil, las elecciones presidenciales enfrentan a la candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, respaldada por el saliente Presidente Lula Da Silva, contra el antiguo gobernador del estado de Sao Paulo y abanderado del Partido Socialdemócrata Brasileño, José Serra. Las etiquetas del partido son irrelevantes, pues ambos candidatos han fomentado y están proponiendo continuar con políticas de desarrollo agro-minerales de libre comercio impulsadas por las exportaciones, y ambos encuentran respaldo entre las élites empresariales y financieras. Pese a sus vínculos con las élites empresariales y evitando toda clase de transformación radical (o siquiera moderada) de un sistema de distribución de riqueza y propiedad de las tierras enormemente desigual, hay diferencias esenciales que afectarán al resultado: (1) el equilibrio de fuerzas en el continente americano, (2) la capacidad de los movimientos sociales brasileños de articular sus demandas con libertad, (3) el futuro de los regímenes de centro-izquierda de los países vecinos (sobre todo, Bolivia, Venezuela y Argentina), y (4) los consorcios de capital público y privado para los campos petrolíferos inmensos recién descubiertos frente a sus costas.

Serra desplazará la política exterior de Brasil hacia una mayor adaptación a Estados Unidos, debilitando o rompiendo los lazos con Irán y reduciendo, o incluso eliminando, los programas de inversiones conjuntas con Venezuela y Bolivia. Sin embargo, Serra no modificará las políticas comerciales e inversionistas en el exterior en lo que se refiere a Asia. Serra proseguirá con las políticas de libre comercio de Lula con la intención de diversificar mercados (salvo donde Estados Unidos define «amenazas» geopolíticas o intereses militares) y promover las exportaciones de los sectores agrario y energético-minero. Mantendrá la política de Lula de superávit presupuestario y ajuste fiscal y de rentas. Es probable que las políticas sociales de Serra profundicen y ensanchen los recortes de las pensiones públicas y continúen con su criterio de restricción salarial, al tiempo que reducen el gasto público especialmente en educación, sanidad y lucha contra la pobreza. En ese ámbito fundamental que es la explotación de los nuevos yacimientos de gas y petróleo inmensos, Serra reducirá el papel del Estado (y su participación en los ingresos, los beneficios y la propiedad) en beneficio de las empresas petrolíferas privadas del extranjero. Es menos probable que Serra fomente la concertación con los dirigentes sindicales y que recurra a una mayor represión «legal» de las huelgas y a la criminalización de los movimientos sociales rurales, sobre todo los de ocupación de tierras del Movimiento de los Sin Tierra (MST). En el ámbito de la diplomacia, Serra se aproximará más a Estados Unidos y a sus políticas militaristas, sin mostrar apoyo manifiesto a la intervención militar directa. Una señal de que Serra suscribe el programa de Washington fue calificar al gobierno reformista de Bolivia de «narco-estado», haciéndose eco de la retórica de Hilary Clinton, en marcado contraste con los vínculos amistosos entre ambos países durante el mandato de Lula. Sin duda, Serra rechazará toda iniciativa diplomática independiente que entre en conflicto con las aspiraciones militares estadounidenses. La campaña de Rousseff, en esencia, promete mantener las políticas económicas y diplomáticas de Lula, incluyendo la propiedad pública mayoritaria de los nuevos yacimientos de petróleo y gas, el desarrollo de programas de lucha contra la pobreza y cierto margen de tolerancia (aunque no respaldo) a movimientos sociales como el MST o los sindicatos.

Dicho de otro modo: las alternativas son dar un paso atrás para regresar a las políticas represivas y conformistas de la década de 1990, o mantener el statu quo del libre mercado, la política exterior independiente, los programas de lucha contra la pobreza y una mayor integración en América Latina.

Si gana Serra, el equilibrio de fuerzas en América Latina se desplazará hacia la derecha y, con ello, se reafirmará la influencia y capacidad de acción estadounidense en todos los vecinos de centro-izquierda de Brasil. Serra seguirá en buena medida los pasos de Lula en política interior, administrando programas de lucha contra la pobreza a través de sus funcionarios, toda vez que garantice que el apoyo de los movimientos sociales a Lula se debilita. Ante unas opciones tan limitadas, las principales asociaciones empresariales de Sao Paulo respaldan a Serra (aunque determinados personajes del mundo de los negocios apoyan a ambos candidatos), mientras que los sindicatos principales están en la órbita de Rousseff; los movimientos sociales como el MST, que se sintieron traicionados cuando Lula incumplió su promesa de reforma agraria, hacen campaña «contra Serra», con lo que apoyan indirectamente a Rousseff. El dicho según el cual «América Latina va hacia donde va Brasil» tiene algo más que una pizca de verdad, sobre todo si analizamos el futuro y las perspectivas económicas de mayor integración para América Latina.

Elecciones legislativas: Venezuela

La Venezuela de Chávez es la clave para las perspectivas de cambio social progresista en América Latina. El gobierno socialista democrático apoya a los regímenes reformistas de América Latina y el Caribe, y con su gasto público ha consolidado avances pioneros en el ámbito de la salud, la educación y los subsidios alimentarios para el 60 por ciento de los sectores más pobres de la población.

Pese a la inmensa popularidad de Chávez durante toda la década y a los innovadores programas de redistribución y cambios estructurales progresistas, hay un riesgo evidente e inminente de que la derecha realice progresos significativos en las elecciones legislativas venideras.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) encabezado por el Presidente Chávez tiene en su haber seis años de una tasa de crecimiento elevada, un aumento de la renta y un descenso del desempleo. En su contra juegan los 18 meses de recesión en curso, una tasa de inflación y criminalidad muy altas y unas restricciones presupuestarias que limitan la implantación de programas nuevos.

Según los documentos de la agencia oficial de ayuda exterior estadounidense, en la precampaña electoral venezolana Washington ha depositado más de 50 millones de dólares en las arcas de una oposición controlada por los «frentes» políticos y de ONG que fomentan los intereses estadounidenses, centrándose en la unificación de facciones opositoras enfrentadas, subvencionando al 70 por ciento de los medios de comunicación privados y financiando a organizaciones comunitarias controladas por la oposición en los barrios de clase media y baja. A diferencia de Estados Unidos, Venezuela no exige que los destinatarios de fondos del exterior que actúan en nombre de una potencia extranjera se den de alta como agentes extranjeros. La campaña de la derecha se centra en la corrupción gubernamental y el tráfico de drogas, una orientación inspirada por la Casa Blanca y The New York Times, que se olvidan de señalar que el Fiscal General de Venezuela ha anunciado la apertura de procesos judiciales contra 2.700 casos de corrupción y 17.000 casos de tráfico de drogas. La oposición y The Washington Post indican que el sistema de distribución estatal (PDVAL) no consigue dar cauce adecuado a varios miles de toneladas de alimento, lo que hace que se estropeen y acaben en la basura, pero no cuentan que tres antiguos directores están en la cárcel y que el ministerio de alimentación suministra en el país un tercio de alimentos básicos para el consumo a unos precios que llegan a ser un 50 por ciento más bajos que en los supermercados privados.

Sin duda, la derecha realizará progresos significativos en las elecciones legislativas, sencillamente porque parten de una situación inicial baja, su suelo, puesto que boicotearon las últimas elecciones. No es probable que su campaña contra la corrupción arrolle a la mayoría que apoya a Chávez, puesto que su anterior abanderado, el ex Presidente Carlos Andrés Pérez, fue condenado por un fraude de miles de millones de dólares y por apropiación indebida de fondos públicos. Los gobernadores y alcaldes opositores también han sido acusados de fraude y malversación de fondos y se refugian en Miami. Sin embargo, aunque la mayoría de los votantes considera que Chávez es honrado y está limpio, no se puede decir lo mismo de algunos cargos públicos de su gobierno. La pregunta es si los votantes van a reelegirlos a pesar de sus antecedentes con el fin de apoyar a Chávez, o si se van a abstener. La abstención nacida del desencanto, y no de un giro electoral a la derecha, es la mayor amenaza para una victoria decisiva del PSUV.

En la carrera hacia las elecciones legislativas, el PSUV celebró unas primarias en las que muchos consejos comunales eligieron a candidatos locales y populares frente a los escogidos por los sectores oficialistas. Será revelador ver si los candidatos de la base obtienen mejores resultados que los escogidos «desde arriba». Una victoria de los primeros fortalecerá los sectores socialistas del PSUV en contraposición a los moderados.

El proceso electoral está muy polarizado siguiendo demarcaciones de clase social, según las cuales la mayoría de las clases más bajas respaldan al PSUV y las clases medias y altas apoyan casi uniformemente a la derecha. Sin embargo, hay un sector significativo entre los más pobres y los sindicatos que está indeciso y no muy motivado para votar. Tal vez decidan el resultado final en distritos electorales esenciales, y allí es donde la campaña se recrudece. Para la victoria electoral del PSUV es clave si los sindicatos, los comités de las fábricas gestionadas por los trabajadores y los consejos comunales van a hacer un esfuerzo importante para aplacar a los votantes más reticentes y que voten a candidatos izquierdistas. Hasta los sindicalistas militantes y las organizaciones de base de trabajadores se han centrado visiblemente en disculpar (asuntos salariales) «locales» o «economicistas» o en ignorar las cuestiones políticas más generales. Su voto y su actividad como líderes de opinión encargados de mostrar «la panorámica global» son fundamentales para vencer la inercia política e, incluso, el desencanto hacia algunos candidatos del PSUV.

Conclusión:

Las próximas elecciones de Brasil y Venezuela ejercerán un impacto decisivo en la política, la política económica y las relaciones de América Latina con Estados Unidos durante toda la segunda década de este siglo. Si Brasil «gira a la derecha», fortalecerá inconmensurablemente la influencia estadounidense en la región y acallará una voz independiente. Aun cuando ningún candidato dará ningún gran paso adelante hacia una mayor justicia social, si resulta elegido la candidata preferida por Lula, Dilma Rousseff, supondrá un avance en el camino hacia una mayor integración latinoamericana y una política económica y exterior relativamente independientes. Salir elegida no abrirá la puerta a ningún cambio estructural de grandes consecuencias.

Una victoria de los socialistas venezolanos reforzará la determinación de Chávez y su capacidad para proseguir con sus políticas de bienestar social, contra el imperialismo y de apoyo a la integración. La actitud firme de Chávez oponiéndose a la militarización estadounidense, incluido el golpe de Estado de Honduras y las bases militares estadounidenses en Colombia, animan a los regímenes de centro-izquierda a adoptar una actitud moderada, pero fundamentada, en contra de la militarización. Las reformas socialistas de Chávez en Venezuela ejercen presión para que los regímenes de centro-izquierda introduzcan medidas legislativas de reforma social y fomenten los programas de lucha contra la pobreza y de creación de consorcios público-privados, en lugar de seguir las medidas neoliberales de la derecha proestadounidense más dura. En Brasil, la cuestión es votar por el mal menor, mientras que en Venezuela se trata de votar por el bien mayor.

La peor lucha es la que no se realiza (Alternatiba)

La Reforma Laboral ha seguido su trámite parlamentario, y tras su paso por las Cortes ha salido más descarnada, más dura, más cruel. Una Reforma enmendada por gran parte del espectro político estatal, y en la mayoría de los casos con el fin de hacerla aún más hiriente para con los/as trabajadores/as. Eso sí, todos se han guardado muy, mucho de mostrar su apoyo a la misma en el momento de la votación. ¿Todos? Todos no. Hubo un partido, de Euskal Herria para más señas, que se abstuvo permitiendo así su aprobación. Y es este caso más doloroso si cabe, ya que ese partido no podrá negar desconocimiento de la opinión que la clase trabajadora vasca tenemos sobre la Reforma después de que una amplia mayoría lo dejásemos patente el pasado mes de Junio.

El próximo mes de Noviembre parece ser que nos traerá también un drástico recorte en el sistema de pensiones, y los ataques a la clase trabajadora parecen no tener fin. Ante este panorama el único camino que nos queda al frente es la movilización para defender nuestros derechos, y esta lucha tiene una nueva parada el día 29, día de movilizaciones en toda Europa convocada por la CES (Confederación Europea de Sindicatos), y de Huelga General en el Estado Español, la primera en el conjunto del Estado, pero la tercera en Hego Euskal Herria en los últimos meses.

Desde Alternatiba, y como ya hiciéramos en su día con la Huelga General del 29-J convocada por la mayoría sindical vasca, queremos mostrar nuestro apoyo a todas las movilizaciones previstas para este día en Euskal Herria, incluida la huelga general.

Es cierto que, a nuestro parecer, esta respuesta dada por los sindicatos de ámbito estatal llega tarde, y con la sensación de pillarles a pie cambiado. Cierto es también, que somos críticos con el modelo sindical seguido por dichas centrales, deudores como son del Gobierno y la Patronal al volcarse en un «diálogo social» en el que da la sensación de que el trueque; subvenciones a cambio de concesiones, parece el modus operandi habitual. Sin embargo no es, ni debe ser éste, el momento para remarcar nuestras distancias. Porque más allá de las diferencias que nos puedan separar de esos aparatos sindicales, están los motivos que nos unen como clase a todos los/as trabajadores/as en Euskal Herria y en el conjunto de Europa.

Nos encontramos ante una nueva oportunidad para gritar que no. Que no queremos pagar su crisis. Que estamos hartos de no tener papel en esta representación. Que tenemos muy claro que estas agresiones constantes contra nuestros derechos no cesarán si no somos nosotros/as, la clase trabajadora, los/as que le ponemos freno con una lucha sin cuartel. Por estos motivos no tenemos otra salida que la movilización. Nadie debería excusarse, ni escudarse en las diferencias que nos separan a unos y otros, sino al contrario, este es el momento de la unidad de acción. Pero también es el momento de exigir a las centrales convocantes que el 30 de Septiembre no puede terminar la lucha, que el camino iniciado no puede ser su enésimo teatrillo.

Si esto es así, si el próximo día 29 supone un punto de inflexión en su forma de hacer sindicalismo, los/as trabajadores/as vascos/as nos volveremos a encontrar más pronto que tarde, porque si algo nos sobra son razones para seguir luchando. Porque, parafraseando a Marx, la peor lucha es la que no se realiza, y es por todo esto y mucho más que desde Alternatiba hacemos este llamamiento para participar en todas las movilizaciones previstas para el próximo día 29 de septiembre, incluida la huelga general.

El 29 de Septiembre seguimos luchando, y el 30, también.
 

Delata, que algo queda> Johnny Salgado (Alternatiba)

Después de que el departamento del ínclito Rodolfo Ares Taboada pusiese en marcha, hace no mucho tiempo, un teléfono ciudadano para que todos tengamos la posibilidad de denunciar a nuestros vecinos si creemos que sus actuaciones los hacen proclives a pertenecer a ETA o aledaños, llega ahora a Gasteiz una nueva producción de similares características. En esta ocasión la propuesta nace del Alcalde Lazcoz y su equipo de gobierno, y el tema central de la propuesta no es el terrorismo sino los fraudes en las ayudas sociales.

El Consistorio vitoriano justifica esta medida alegando que la ciudadanía gasteiztarra se halla intranquila, e incluso enfadada para con estos estafadores sin escrúpulos que malversan entre todos cerca de un millón de euros anuales a las arcas municipales cobrando ayudas al tiempo que desempeñan trabajos que luego cobran en dinero negro.

Líbreme Dios de llevarles la contraria, al fin y al cabo, si por algo se caracteriza este gobierno municipal es por saber escuchar a sus súbditos, y por tanto, si Lazcoz dice que estamos intranquilos y enfadados, así debe de ser. Pero no obstante, si algo me produce intranquilidad en mi fuero interno es el gusto que parecen estar cogiendo los políticos pseudo-socialistas de estos lares por convertirnos a todos en delatores y confidentes al más puro estilo de los estados dictatoriales, donde cualquiera es proclive de ser nuestro enemigo y donde la desconfianza hacia el prójimo es un activo para la desarticulación social.

No, no justifico a quienes amparándose en un sistema de ayudas sociales utilizan las mismas para su lucro personal, y estoy seguro que como en el caso de las meigas, haberlos haylos. Lo que me produce desazón es ver cómo se busca crear en la sociedad una sensación de constante inseguridad que justifique actuaciones como la que nos ocupa y que a todas luces son constantes antidemocráticas. Por no hablar de lo hipócrita que resulta esta campaña, lanzada a bombo y platillo, mientras el fraude fiscal de los grandes capitales multiplica por mil la cifra estafada.

Mucho me temo, que nos encontramos ante una nueva campaña populista, orquestada como tantas otras para desviar la atención de los ciudadanos de los verdaderos problemas. Diseñada para hacernos creer que la falta de solidaridad de unos pocos ciudadanos pone en riesgo un sistema deficitario de ayudas, cuando el problema real es que la avaricia de unos cuantos banqueros y empresarios nos ha llevado a una situación insostenible de paro, pobreza y exclusión social, y mientras quienes gobiernan nos mantienen entretenidos creando alarma con los síntomas, la enfermedad, y las bacterias que la han producido siguen extendiéndose apoltronados en sus tronos.

Mentiras taurinas> Ander Rodriguez y Enrique Martínez Florez (Alternatiba)

Proliferan en los últimos tiempos falacias que desde posiciones públicas y privadas tratan de intervenir en el debate sobre la tortura animal como forma de ocio, construyendo un lenguaje de parte y elevando a categoría de dogma lo que no soporta un solo envite de la razón. No queremos dejar pasar la oportunidad de desmontar una a una esas mentiras taurinas.

«La decisión del Parlament es un acto político contra España». Falso. Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular han defendido la abolición desde posiciones exclusivamente animalistas. Son precisamente los partidarios de continuar con el maltrato a los astados quienes se han refugiado en posiciones identitarias, incapaces de abordar el debate en términos exclusivamente éticos. No es la primera vez que este tipo de espectáculos son puestos en tela de juicio. En 1723, Felipe V impidió el ejercicio de la tauromaquia a la nobleza, al considerar que se trataba de una costumbre medieval. En 1771, Carlos III suprimió las corridas de toros, decisión adoptada también por Carlos IV en 1805. ¿Acaso atentaron estos monarcas contra la «esencia» del Reino de España? Fue Fernando VII quien consolidó finalmente la celebración de las corridas, abriendo la primera escuela de tauromaquia mientras cerraba universidades. ¿Es éste el espíritu de la «tradición» que se pretende reclamar y conservar?

«Prohibir los toros podría costar 300 millones de euros a Catalunya». Actualmente, los negocios vinculados a la lidia sobreviven gracias a las inyecciones de dinero público, por lo que no podrían calificarse de rentables. Además, esta afirmación parte de un supuesto que una sociedad moderna no debería compartir, la licitud de cualquier actividad económica. Como recoge la propia motivación de la ley canaria de Protección de los Animales, «especialmente indeseable es la posibilidad legal de hacer negocio lucrativo de espectáculos basados fundamentalmente en el maltrato, sufrimiento y muerte de animales.»

«Quieren prohibir la Fiesta Nacional». Hablar de prohibición es asignar a priori un componente negativo a una posible reforma de la Ley de Protección de los Animales aprobada por el Parlamento Vasco en 1993. Se trataría, por el contrario, de levantar el veto actualmente existente, que impide la aplicación integral del régimen sancionador por «causar la muerte a los animales mediante actos de agresión». La norma, de hecho, va más allá en su exposición de motivos: «La presente ley persigue también aumentar esa sensibilidad ya existente en nuestra sociedad, mediante el establecimiento de las bases para una educación que promueva la adopción de comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna.» ¿Garantizan esto las Administraciones vascas cuando no sólo toleran sino que promocionan eventos como las corridas de toros?

«No hay más derechos que los humanos». Falso. Reconocer derechos a los seres vivos dotados de un sistema nervioso central, y por tanto, de la capacidad de sufrir dolor físico, miedo y estrés, no sólo no es contrario a la tradición jurídica, como afirman algunos parlamentarios españoles monosabios y banderilleros, sino que encarna, precisamente, el principio más importante dentro del desarrollo histórico del Derecho Político. Un somero examen del pasado nos muestra cómo se ha extendido la protección a cada vez más colectivos porque la capacidad de sentir el padecimiento de los demás justifica y fundamenta la dignidad y la humanidad, y así resulta de la declaración de los Derechos del Hombre de 1948. Si las personas son deudoras de deberes y obligaciones para con los animales, y así se recoge en textos positivos, éstos son acreedores de tal prestación y, por lo tanto, titulares de un derecho, que por definición no es humano, sino animal.

«Prohibir los toros atenta contra la libertad». Se afirma el derecho fundamental y la libertad pública de asistir y vitorear en espectáculos cruentos donde no sólo se mata, sino que se tortura a seres vivos. En la Constitución del Reino de España no aparece este supuesto. Sí constan, en cambio, los artículos 139 y 140 y la totalidad del Título VIII, relativos a la autonomía política y las competencias de las Comunidades Autónomas.

«La lidia garantiza la existencia del toro, que además puede salvar su vida si demuestra su bravura». Queda así justificada la sangría festiva en la posibilidad de indulto, lo que supone una previa condena a quien nada ha hecho para merecerla. ¿Veremos astados absueltos por cofradías el Jueves Santo como nuevos Barrabases? En cuanto a la supervivencia, es un simple problema de voluntad. La protección de los astados en dehesas al efecto sería económico y sencillo, mucho más que la conservación de otras especies salvajes como linces, lobos u osos, que se ha demostrado posible.

Entrevista a Oskar Matute: «Muchos temen un escenario sin ETA»

Las siguientes declaraciones han sido extraidas de la entrevista a Oskar Matute, portavoz de Alternatiba, publicada en el periódico Deia.

«Si la apuesta de la izquierda abertzale es sincera y definitiva, como creo que es, no se cuánto tiempo van a mantener la Ley de Partidos. No va a haber argumentos que avalen la permanencia de tal engendro»

» Tenemos el compromiso de contribuir al fortalecimiento de la izquierda soberanista vasca y es algo que Ezker Batua no se plantea hacer, si uno atiende a sus últimas declaraciones.

La II República ya tiene un hueco en Donostia> Duñike Agirrezabalaga (Alternatiba)

DESPUÉS de inaugurar el 6º puente, tras unas largas obras, llegó el momento de ponerle nombre. Hagamos memoria: Alternatiba propuso, hace ya más de un año, llamarlo puente de La II República, no siendo ésta la única propuesta, aunque sí la primera. Después llegaron la de puente de la Real Sociedad, sugerida por el alcalde Odón Elorza, y finalmente aceptada en sesión plenaria, o puente de Hierro, defendida por otras formaciones con representación municipal. A la hora de bautizar una calle, plaza o puente, resulta lógico que surjan discrepancias, como lógico es también que, en la medida de lo posible, se trabaje en aras a alcanzar un acuerdo, logrado finalmente en el seno del Gobierno local. El acuerdo, a nuestro entender, es positivo y conlleva una importante carga simbólica y de homenaje: el puente será el de la Real Sociedad y la plaza que se ha creado a su lado, la de la II República. Nosotros hemos defendido que la nueva plaza lleve este nombre, porque precisamente fue en este lugar donde aparecieron los restos de siete personas fusiladas, fusilamiento que se considera que tuvo lugar a inicios de la Guerra Civil. En el transcurso de esta guerra Donostia-San Sebastián fue abandonada por más de la mitad de sus habitantes, pasando de tener un censo de 80.000 personas a tener uno de 35.000. El cálculo llevado a cabo por distintas vías demuestra que de 400 personas fusiladas en aquella terrible época, 380 lo fueron por el bando franquista. No es ésta una etapa que queramos olvidar, porque no se puede olvidar, aunque tampoco busquemos revancha. Lo que buscamos es que un momento político de importancia en esta ciudad, una ciudad que se adelantó a la proclamación de la II República con la declaración del Pacto de San Sebastián del 17 de agosto de 1930, deje huella en la misma. Aquel pacto clave en el tránsito de la monarquía a la república, que fue firmado por representantes de las principales fuerzas sociales de izquierda, ya pasó; como también pasó la II República. Pero a algunos nos gustaría que volviera a pasar, que la república fuera una realidad que se alcance, claro está, sin la penosa guerra que siguió a todos estos acontecimientos y que nos sirve de magistral lección de lo que no hay que hacer. En homenaje a esta etapa política republicana, en homenaje a todas las personas que lucharon, sufrieron e incluso dieron su vida por unos ideales y, porqué no, en homenaje a todas las personas que seguimos opinando que la República es más lógica y justa que la monarquía no electa, es por lo que nos quedamos muy satisfechos y satisfechas con la distinción de esta nueva plaza de la ciudad, de esta plaza donostiarra que se llama II República.

Es tiempo de transporte público > Jon Lasa (Alternatiba)

Pocos ámbitos de nuestra sociedad nos muestran el modelo de desarrollo capitalista con tanta precisión como el de la movilidad dominante. La plasmación de la ética calvinista del triunfo personal ante nuestro entorno se ha materializado en el coche privado frente al transporte colectivo. No es casualidad que cuando analizamos la construcción de las infraestructuras surgidas en las tres últimas décadas, las carreteras, las autovías, las autopistas y las variantes se hayan desarrollado de forma exagerada frente a los mecanismos de transporte público. Es evidente que este crecimiento ha sido planificado por la industria automovilística y avalado por las Instituciones con el dinero de todos y de todas. De hecho, la propia Diputación de Gipuzkoa presume en su publicidad de haber gastado durante los últimos años 1.000 millones de euros en carreteras.

Pero la actual crisis y los diferentes análisis que se han publicado en todos los medios de comunicación han sacado a la luz las carencias de nuestro modelo económico. Un sistema que prima una movilidad a la carta –me muevo donde quiero y cuando quiero- y que hace que «mi éxito personal» se valore en la medida en que tengo un coche cada vez más nuevo. La industria automovilística, consciente de los problemas que se avecinan, se ha subido al carro de «lo sostenible» como una vía para mantener –y si es posible aumentar- el sistema de producción.

Las instituciones públicas, en defensa no sabemos si del interés colectivo o de las grandes corporaciones, han dado señales de que no renuncian a ayudar a la industria del automóvil. Todos pondrán su granito de arena: los gobiernos Central y Vasco financiarán el vehículo, las Diputaciones serán sensibles a la compra de éste con una «política fiscal comprensiva» y los ayuntamientos atenuarán sus planes de recortar espacios al coche privado y convertirán la pregunta «¿dónde aparco?» en cuestión prioritaria de la agenda de las políticas locales.

Son demasiados años como para cambiar de la noche a la mañana un modelo que nos parece ya parte del desarrollo natural de nuestra civilización. Pero, para ser sinceros, también despuntan algunos «brotes verdes» (nunca mejor dicho). La utilización de trenes y autobuses e incluso de la bicicleta va en aumento y la presión ciudadana para abrir más espacios a los peatones se hace notar también en la agenda local. La dignificación del transporte público y la mejora de algunos servicios ha jugado un papel determinante para este pequeño giro hacia otro modelo diferente al actual. En estos tiempos de reducciones de ingresos para muchos ciudadanos, el ferrocarril y el autobús han supuesto una alternativa más razonable para muchas familias, que no han visto este cambio como un descenso en su escala social, sino como un uso más racional de sus propios recursos.

No podemos perder esta oportunidad y debemos dar un impulso a un modelo de movilidad donde prime el transporte público. Tenemos que conseguir que cuando alguien se plantee que tiene que desplazarse a algún lado, su primer instinto sea preguntarse qué línea de autobús o tren hay para ello. Esta responsabilidad de las instituciones públicas y de la ciudadanía es una labor titánica, si tenemos en cuenta que, según un informe del Observatorio de la Publicidad de la Movilidad Sostenible y la Televisión, el 58% de los anuncios –en determinadas franjas horarias- muestra un automóvil moviéndose por zonas urbanas, incluso por casos históricos de ciudades muy conocidas.

Así, el objetivo de potenciar una movilidad sostenible se convierte en casi un ejercicio de masoquismo cuando se traslada al ámbito de las políticas locales, ya que el 38% de la publicidad de automóviles muestra lo fácil que es aparcar en ciudades modernas. ¿Qué político, después de este bombardeo publicitario, no va a prometer «una ciudad moderna» donde conductores y conductoras puedan aparcar felizmente y sin problemas? Dar la vuelta a este sistema es, sin duda, todo un reto a tener en cuenta para las próximas elecciones municipales y forales.

Fotografía: Daquella manera

El neoliberalismo y la catástrofe> Enrique Martínez Florez (Alternatiba)

El Pais– No soy partidario de teorías conspiratorias; eso se queda para otras cabeceras y para otras catástrofes. No creo en la existencia de logias en la sombra intrínsecamente malvadas que gobiernen el mundo y que persigan el empobrecimiento de grandes sectores de la población, pero sí se constata la existencia de leyes inexorables que gobiernan los mercados, que con su actual estructura es sinónimo de neoliberalismo o capitalismo, que llevan a lo mismo.

Para el capitalismo, los mercados o el neoliberalismo, de cualquier manera que lo llamemos, las situaciones de catástrofe, sea real o percibida, tenga su origen en causas naturales, financieras o políticas, se conciben como grandes oportunidades para implantar su programa básico: bancos centrales independientes, gasto social reducido, fuerza laboral flexible, reducción de impuestos, servicios básicos privatizados y, obviamente, liberalización del mercado.

Adoptadas ya en España las medidas de recorte del gasto, asistiremos ahora a la reforma del mercado laboral en un contexto de efecto demostración de la rebaja de los sueldos de los funcionarios. Ya existen propuestas académicas que apuestan por la suspensión durante dos años de los derechos de los trabajadores. Se reanudan las proclamas por la privatización de los pocos activos del Estado que sobrevivieron a los procesos iniciados por Felipe González y continuados por los gobiernos Aznar que, por citar un ejemplo, han dejado al Reino sin una banca pública con la que hacer frente a la crisis de crédito. En cuanto a los servicios básicos, basta con mirar los procesos de privatización de la Sanidad en Madrid o Valencia, con el consiguiente deterioro de la atención, o la aproximación del sistema educativo al cheque escolar que supone la aplicación en estas comunidades del régimen de conciertos.

Me dirán que el pronóstico no es real, que únicamente se ha recortado el gasto público, que sólo se ha actuado para procurar la consolidación fiscal que nos exigían los mercados. Pues bien, no es así; lo que los mercados nos exigen no es la reducción del déficit, es lo que llaman credibilidad y esto no es sino un eufemismo del programa básico del neoliberalismo. Una prueba: para reducir el déficit fiscal se puede actuar por vía de aumentar los ingresos, recuperar los impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, actuar sobre el Impuesto sobre la Renta y el de Sociedades y, sobre todo, luchar contra el fraude fiscal. Se puede actuar sobre el gasto, reduciendo el gasto militar y las inversiones en armamento, eliminando las exenciones fiscales a los premios de la lotería, eliminando la subvención a la Iglesia, suprimiendo el FROB de saneamiento bancario. Todo ello no es imposible, sino una mera decisión política, pero estas medidas, que son suficientes para procurar el equilibrio presupuestario, no lo son para la «credibilidad» que nos exigen los mercados. Por eso, no las ha adoptado el presunto Gobierno de izquierda que podía haber evitado el recorte de derechos y el recorte en inversión con el consiguiente recorte en el crecimiento.

Otra prueba. La reforma laboral que también se nos impone va dirigida a la flexibilización, en particular a generalizar las cláusulas de descuelgue o, lo que es lo mismo, a la desnormativización de los convenios colectivos, que es la mayor conquista del movimiento obrero desde el siglo XIX. El efecto demostración de la rebaja de los sueldos de los funcionarios públicos llevará a la pérdida de derechos de los trabajadores y a ahondar en la política de competir reduciendo costes sociales y no aumentando la productividad por la vía de asegurar un empleo de calidad.

Otra. Las grandes crisis de este siglo se han resuelto mediante el crecimiento del sector público y el pago de la deuda en periodos largos, incluso durante 30 años, en el caso de EE UU en la crisis de los años treinta, no mediante un ajuste fiscal repentino.

Esta situación no responde a una conspiración; sólo es producto de un sistema en el que los mercados en manos privadas, liberados del poder político público, buscan el beneficio de las empresas de cuyo accionariado son titulares a través de los fondos de inversión o directamente de los propios fondos, con apuestas a la baja a corto plazo, sin tener en cuenta el sufrimiento que imponen a muchísima gente.

Si algún político ha comprendido la magnitud de la crisis ha sido Rodríguez Zapatero, que asistió a las reuniones de hace un par de años del G-20. Allí asistió a las decisiones de los estados de endeudarse para salvar a los grandes bancos, compañías de seguros y fondos de inversión, causantes de la recesión. Allí asistió a la inoperancia de los estados para prevenir otra situación como la actual, inoperancia para reestructurar el sector financiero. Ahora asiste a que aquellos que se salvaron con el dinero de los contribuyentes acusen a los estados de derrochadores y les impongan penas y tasas. Zapatero ha comprendido que la socialdemocracia es inútil para defendernos de la fiera. Ha comprendido que jugar en el campo marcado por el neoliberalismo o por la derecha lleva a aceptar las leyes inexorables del capitalismo. Ha comprendido que esta crisis se va a llevar por delante a la socialdemocracia europea, que, renunciando a sus señas de identidad, se ha quedado colgando de la brocha.

Mientras tanto, Rajoy propone eliminar las subvenciones a los partidos políticos; claro, ellos tienen la Gürtel.

Responsabilidad Social Corporativa > Angel Errementeria (Alternatiba)

La responsabilidad social de los negocios consiste en incrementar sus beneficios
Milton Friedman

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa publicó el informe La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 para el año 2008. En este informe el Observatorio se queja por la escasa información que le dan las empresas. Además, el Observatorio deja en evidencia datos que muestran los peligros de la libertad total para los empresarios y de la falta de control gubernamental hacia las empresas.

  • Ninguna de las empresas que cotizan en el IBEX35 aporta información sobre el dinero que dona a los partidos políticos. En el anterior informe del 2007 Telefónica informaba de haber realizado aportaciones de 400.000€ a dos fundaciones ligadas a partidos políticos.
  • Ninguna de las 35 empresas asume la responsabilidad por los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana de todas sus actividades
  • Ninguna empresa aporta pruebas de que reconozca y respete el principio del consentimiento de los pueblos y las comunidades indígenas a ser afectados por sus proyectos de desarrollo
  • Ninguna empresa aporta información sobre su renuncia a utilizar contratos abusivos con sus clientes
  • Solo una empresa se preocupa de controlar que sus proveedores respeten los Derechos Humanos
  • Solo una empresa aporta información acerca del cumplimiento de las normas internacionales relacionadas con la protección del consumidor
  • Solo 2 de las 35 empresas protegen expresamente los derechos de los trabajadores en países que no aplican en su totalidad las normas internacionales relativas a la libertad de asociación y el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva
  • Solo 3 empresas se comprometen expresamente a tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir una catástrofe ecológica
  • Solo 11 empresas dan pruebas de la no utilización de trabajo infantil
  • 25 de las 35 empresas del IBEX tienen presencia en paraísos fiscales
  • 5 de los 6 bancos que operan en el IBEX35 tienen sociedades participadas en paraísos fiscales

Queda claro que el laissez faire, laissez passer y dejar que cada empresario haga lo que mejor le viene no repercuten en el beneficio de toda la sociedad. Las campañas de Responsabilidad Social Corporativa están limitadas a que las empresas decidan hasta qué punto quieren limpiar su imagen, aunque sirven para mostrar algunas injusticias. Las grandes empresas dicen más cuando callan que cuando hablan.

La ampliación del metro de Galdakao: ¿Qué se discute?> Exabier Arrieta (Alternatiba)

Estos últimos días ha aparecido en los medios la noticia de la ampliación del Metro a Galdakao. Esto que en principio es una buena noticia ha generado una controvertida y saludable polémica sobre la no llegada al Hospital de Usansolo como en un principio sí estaba anunciada en forma de futura parada.

Por lo poco que se ha podido leer en los medios el Gobierno Vasco argumenta una falta de rentabilidad económica y social ya que el presupuesto se dispararía y el número de viajeros no es suficiente para acometer esta inversión.

Ante esto a un servidor le surgen varias interrogantes:

Pensar en términos de número de viajeros sólo tomando la zona en sí me parece un error. El metro debiera de ser la columna central sobre la que pivotara el resto de transporte público y/o privado facilitando su llegada a las diferentes paradas de metro. En este sentido, una parada en el Hospital, con la adecuación de su aparcamiento daría servicio a la población de la zona colindante (Lemoa, Bedia, Zornotza, Larrabetzu, etc.) sirviendo de elemento disuasorio al acercamiento de coches hacia el Gran Bilbao. Esto ha quedado demostrado en otros lugares (colapso del parking de Etxebarri, paulatino éxito del aparcamiento del BEC…).

En nombre de la sacrosanta rentabilidad económica…¿la línea 2 capta mucha menos población que la línea 1 que da servicio a la margen derecha?, ¿cuántos años han tardado de hacer una a iniciar la otra? Por la misma razón económica, ¿por qué se hizo una parada en Plentzia si su número de habitantes sobre todo en la media total del año es bajísima para una infraestructura de masas como ésta?Ah, que es que hay playa.R azón normal pero aquí no se miró el número de habitantes del municipio, se utilizó la lógica social acertada de que en verano mucha gente bizkaitarra va a los arenales, al igual que a lo largo de todo el año mucha gente ha de ir al Hospital de Galdakao y mucha gente de la comarca cogería el metro.

En el fondo y en mi opinión el debate no es la parada de metro en el Hospital de Galdakao, en el fondo está un modelo de sociedad basada en el destino de ingentes fondos a macroinfraestructuras (Supersur, TAV…) insostenibles que no dejan margen a mejoras en el transporte público ya que monopolizan muchísimos recursos potenciadores, en casos, del vehículo privado. Si hablamos de falta de rentabilidad social me gustaría saber cuantas toneladas de CO2 procedentes del vehículo privado se dejarían de emitir si se construye esta parada y se coordina con las líneas de Bizkaibus, potenciando el uso de un sistema de transporte público agil y competitivo. Y digo competitivo porque no a toda esta zona llega el Eusko tren ni los horarios de autobus son eso, competitivos. El transporte público ha de hacerse atractivo para el ciudadano, que ve como atractivo ahora que con su coche, la supersur, los corredores, las variantes etcétera llega rapidísimo a todos los sitios. Claro, si no miramos el deterioro medioambiental y el derroche de recursos.

En este sentido, se nos dice que el presupuesto se dispararía con esta llegada al Hospital. Parece no importar que se disparen otros presupuestos (presupuesto militar, las ya citadas megainfraestructuras) sobre los que no existen estas discusiones. Y lo que me sorprende más, ¿cuando se habla desde el Gobierno Vasco de la (falta de) rentabilidad social, se valora lo que supone perder calidad de vida natural, calidad de aire….?

Sin más, es una reflexión diferente a lo que sería un debate interesante en nuestra sociedad, el modelo de transporte que querríamos algunos ciudadanos.

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