Etiqueta: Iritzia

Wall Street lava dinero del narcotráfico>Zach Carter (Alernet)

» Encausar a un gran banco podría provocar una carrera frenética de los inversionistas para vender acciones y causar pánico en los mercados financieros»

Alernet- Wall Street lava dinero del narcotráfico impunemente

«Los mayores bancos de EE.UU. pueden involucrarse en actividades descaradamente criminales a escala masiva y emerger casi completamente indemnes. El último ejemplo repugnante proviene del Banco Wachovia: acusado de lavar 380.000 millones de dólares de dineros de cárteles de la droga mexicanos.»

Argazkia: Rev Dan Catt

Noticias

Heldu: Un servicio necesario para la ciudadanía> Oskar Matute (Alternatiba)

Finalmente el departamento de asuntos sociales del Gobierno Vasco del PSE-PP ha cumplido su amenaza. Hoy, con el despido de los 23 trabajadores y trabajadoras del servicio de atención jurídica a inmigrantes (HELDU) se echa la persiana a un servicio público, básico y necesario para garantizar los derechos de la población migrante en nuestro territorio.

Desde Alternatiba, no podemos más que considerar dicho cierre como una barbaridad, una injusticia y un acto cruel sometido a la lógica del dinero por encima de los derechos y la dignidad de las personas.

Son más de 34.000 los expedientes que a lo largo de 8 años han tramitado las gentes de HELDU para dar una respuesta personalizada a las carencias y dificultades que tenían que afrontar las personas que se acercaban a nuestro país en pos de un futuro mejor, o simplemente un futuro.

Hoy, los responsables directos de este cierre, los señores del PSE aposentados en el gobierno vasco nos dicen que el servicio se seguirá prestando pero no bajo la forma de HELDU, ni por las personas que ponían cara a dicho servicio.

Y lo hacen, según ellos, porque las irregularidades producidas en la gestión de dicho servicio no pueden seguir dándose ni tienen cabida en la administración pública.

Vayamos por partes, si existen dichas irregularidades, desde Alternatiba les exigimos en que cumplimiento de la transparencia, la gestión eficaz y el buen gobierno pongan a disposición de la ciudadanía y los tribunales si se diera el caso, dicha información. De no ser así, no podremos sino concluir que las “presuntas irregularidades” no son sino una pieza más en la estrategia de desgaste social de un servicio que por intereses más bien mezquinos les sobra y les molesta.

En cualquier caso, también queremos dejar clara la posición de Alternatiba al respecto de la continuidad anunciada del tal prestación por parte del Gobierno Vasco. Nos provoca estupor e indignación a partes iguales que anuncien la existencia de un teléfono gratuito como hilo continuador del trabajo desarrollado por los trabajadores y trabajadoras de HELDU durante los próximos tres meses.

Entendemos, las personas que componemos Alternatiba que esta precarización en la atención a ciudadanos y ciudadanas inmigrantes es una vulneración clara y evidente del papel garantista que en lo que a derechos e igualdad para con sus ciudadanos y ciudadanas le corresponde hacer a cualquier administración pública

A través de la información facilitada por ese mismo servicio, se nos adelanta que solo se atenderán a aquellos casos que planteen algún tipo requerimiento judicial  y tengan ya expediente iniciado. Incluso se nos adelante que de estos tampoco todos serán atendidos. Así, por ejemplo, se dejara de facilitar acompañamiento a los inmigrantes en sus requerimientos judiciales. Se les denegara el servicio de un traductor y ni tan siquiera se les orientara a como dar con uno por su propia cuenta.

Si esta es la idea que tienen los actuales gobernantes de atención directa y personalizada, va a ser menos doloroso encomendarse directamente a los tiburones que a la administración.

Precariedad en la prestación del servicio, no hay otra manera de definir lo que van a tener que soportar conciudadanos y conciudadanas que viven en nuestro país durante estos tres meses gracias a dicha medida.

Pero aun hay más, a partir de septiembre nos anuncian que el servicio de atención a inmigrantes recaerá en Biltzen y diversas entidades sociales.

Biltzen (entidad dependiente de la EDE (escuela diocesana de educadores)) se dedicará a impartir mediante seminarios y charlas información a técnicos municipales sobre la ley de extranjeria en vigor. Dichos técnicos municipales en modo alguno han de ser abogados con lo que sus posibilidades de rascar algo ante una ley tan privativa de derechos y profundamente injusta como la ley de extranjería son muy limitadas. Y nuevamente los únicos que van a sufrir las consecuencias de esta realidad son los inmigrantes.

Las entidades sociales vía subvención del gobierno vasco se encargarían de asesorar a los y las inmigrantes supliendo el papel que antes se realizaba desde HELDU. ¿Qué entidades? ¿De que manera van a prestar el servicio? Todo son incógnitas y espacios de sombra y opacidad a este respecto. Y conociendo el proceder del PSE en otros campos dicho desconocimiento en la actualidad no invita en absoluto a relajarse y mucho menos a ser confiado.

La única realidad es que miles de personas ven precarizadas sus condiciones de acceso a una vida digna porque quienes antes les prestaban dicha asistencia (HELDU y sus 23 trabajadores y trabajadoras) han sido eliminados de un plumazo por el supuestamente espíritu progre y dialogante de la consejera Gema Zabaleta y su partido, el PSE.

Por todo ello desde Alternatiba nos solidarizamos con la población privada de dicho servicio y con los trabajadores despedidos de HELDU. No nos podemos quedar callados y resignados es momento de alzar la voz y denunciar que frente a su apuesta por el dinero y el beneficio nosotros y nosotras seguimos creyendo en las personas y en sus derechos por encima de todas las cosas. Así, desde Alternatiba mostramos nuestra adhesión a  la movilización convocada para mañana sábado día 17 a las 18:00 horas en la plaza del Teatro Arriaga  en defensa de HELDU, sus trabajadores y trabajadoras y la población afectada por el cierre.

Noticias

Las multinacionales hoteleras acumulan denuncias por explotación laboral y ambiental> María José Esteso Poves (Diagonal)

Diagonal– Las multinacionales hoteleras acumulan denuncias por explotación laboral y ambiental

» De entre las 70 transnacionales hoteleras más grandes del mundo, ocho son de capital español y de ellas, cinco, Sol Meliá, Barceló, Riu, Iberostar, y Fiesta, son originarias de Baleares. Esas compañías hosteleras pertenecen a familias de la burguesía isleña que estrecharon lazos e incluso financiaron el Franquismo»

Foto: Diagonal

Noticias

Comunicado de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso frente a la nueva ley del aborto

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DE MUJERES ANTE EL CONGRESO
SOBRE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO DE LA LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Ante la aprobación por el Consejo de Ministros de los Reales Decretos 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo, y 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la Plataforma de Mujeres ante el Congreso (PMAC) manifiesta:

1.- Que solicitada una reunión por parte de la PMAC el 29 de abril con las Ministras de Igualdad y de Sanidad y Política Social con el objetivo de trabajar conjuntamente con en el desarrollo reglamentario de la L.O. 2/2010, se nos convoca, junto con diversas asociaciones feministas en el Ministerio de Igualdad el 29 de junio, 4 días después de la publicación de los Reales Decretos y 6 días antes de la entrada en vigor de la LO 2/2010 como trámite informativo. Una vez más, se ningunea a las asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres obviando su participación y aportaciones en el desarrollo de esta Ley. Por el contrario, nos encontramos que el resultado de los RD responde a los intereses de los sectores más conservadores que se muestran contrarios a los derechos de las mujeres. El procedimiento aprobado levanta toda una carrera de obstáculos a las mujeres, dificultando y entorpeciendo su decisión.

2.- Respecto al art. 4 y 5 del RD.325/2010 de información previa al consentimiento de los supuestos de IVE previstos en el art.14 de la Ley: Es insólito que la documentación preparada por el Ministerio de Igualdad para entregar a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, sea una información sobre “políticas de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad”:

  • En primer lugar, no se informa sobre los derechos a la IVE previstos en la propia Ley, ni se incluye información sobre métodos anticonceptivos y de prevención de ITS, a pesar de recogerlo el art.17 de la Ley.
  • En segundo lugar, la lectura de la información del sobre es coercitiva, desorienta y perturba a las mujeres. En vez de servir como apoyo para el desarrollo de su decisión, pareciera un acto de chantaje emocional para continuar con su embarazo..
  • En tercer lugar es incoherente con las políticas de corresponsabilidad propuestas por el Mº de Igualdad al responsabilizar de nuevo a las mujeres en lo concerniente a la reproducción, políticas que por otra parte no son efectivas ya que la tasa de natalidad sigue disminuyendo.

3.- Respecto al art.8 del RD.825/2010: Si bien estábamos ya en desacuerdo con el 4º requisito del art.13 de requisitos comunes de la Ley por obligar a las jóvenas de 16 y 17 años a informar de su decisión de IVE a sus representantes legales, el desarrollo del RD empeora considerablemente la situación de las jóvenas.

  • La presunción de “conflicto grave” queda en manos de las y los profesionales, bajo unos criterios desconocidos sin acatar la decisión de la joven.
  • Por otra parte, no se regula el tiempo máximo del que dispone el/la profesional para emitir su diagnóstico de conflicto, pudiendo rebasar el plazo estipulado por la Ley de 14 semanas, dejando a las jóvenas en un situación de desamparo respecto a sus derechos sexuales.
  • En caso de que se detecte una situación de malos tratos hacia la joven, entendemos que las y los profesionales deberán cumplir el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denunciando inmediatamente el delito de malos tratos, lo cual deja a la joven en una situación de indefensión, determinada por la LO 2/2010.
  • En el caso de las jóvenas tuteladas por las CCAA, se puede dar la paradoja que las directrices de algunas CCAA sean totalmente contrarias a la IVE, e impidan esta práctica poniendo trabas a la decisión de la joven tal y como viene sucediendo.

Todo ello nos hace pensar que se agrave la situación de violencia hacia las mujeres más jóvenes y pueda haber un aumento de los abortos clandestinos.

4.-  Respecto al Capítulo I del RD 825/2010 del Comité clínico del artículo 15.c), de la Ley:

  • En primer lugar, el plazo máximo estipulado que tiene el Comité para emitir su dictamen, 10 días o más si se acredita que las pruebas requieren un plazo mayor”, es excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que ésta ya cuenta con un primer diagnóstico prenatal previo, realizado por un/a especialista.
  • En segundo lugar, al no regularse la objeción de conciencia de las y los profesionales ni en la Ley y en los RD, no se garantiza que las y los miembros del comité clínico, así como sus suplentes, puedan acogerse a ella. Esto supondría una vulneración de los derechos de las mujeres en las situaciones más difíciles de IVE en semanas avanzadas de gestación.
  • En tercer lugar no se regula qué pasaría si el Comité Clínico no llega a un acuerdo en el diagnóstico. Al componerse este de 3 profesionales nos preocupa que pasará en caso de disenso, ya que no está contemplado ni en la Ley ni en los RD.

5.- Respecto al Título I de la salud sexual y reproductiva: Nos parece insólito que entrada en vigor la ley, no se hayan articulado las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento en los dos RD de 25 de junio.

Las conclusiones que sacamos desde la PMAC, teniendo en cuenta y recogiendo el malestar general de la mayor parte del movimiento feminista en relación a la LO 2/2010 y los Reales Decretos que hasta el momento la desarrollan, van dirigidas por un lado a afirmar que, la nueva Ley, nos pone ante una situación tanto individual como colectiva de las mujeres caótica y desconcertante, sumada a las trabas administrativas a las que se enfrentarán los servicios de salud y las clínicas. Por otro lado, estamos valorando qué tipo de acciones ejercitar para expresar nuestro desacuerdo y exigir que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

Por último, nos gustaría recordar de nuevo las reivindicaciones que hemos venido haciendo a lo largo del proceso de tramitación de la Ley, todas ellas desoídas:

1) Que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos se regule exclusivamente en una ley específica y deje de estar tipificado como delito regulado dentro del Código Penal, siempre y cuando no se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia.
2) Que se garantice la práctica de la IVE en la red sanitaria pública y que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario.
3) Que no se restringa el derecho a la IVE por razones de salud de la mujer gestante en ningún momento del embarazo.
4) Que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes en materia de IVE, tengan la misma regulación que para el resto de las mujeres.
5) Que se garantice una interlocución fluida, sistemática y en igualdad de condiciones entre los partidos políticos y las organizaciones feministas.

 

 

Noticias

Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas> Miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz (Gara)

Gara– Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las víctimas

«No dejemos que este legado de injusticia forme parte de nuestra historia. Cientos de personas que resultaron víctimas de violaciones de derechos humanos esperan y merecen una respuesta digna en la que ellas y ellos sean el centro y no las preocupaciones políticas de este o aquel partido político»

Logoa: www.argituz.org

Noticias

España: Una, Grande, y ¿Libre? > Mariano Gómez (Alternatiba)

Estos días hemos  vuelto a tener un ejemplo más de lo que da de sí el modelo autonómico surgido de la llamada transición hacia la democracia. Un ejemplo más de lo que aquello realmente supuso, transición sí, pero para dar tiempo a los valedores del franquismo, a sus líderes políticos, a su poder judicial, a sus militares, a sus cuerpos policiales a cambiar de traje y de mensaje, pero manteniendo intacta toda su estructura. Sin tocar ni cambiar nada ni a nadie, sin depuraciones de ningún tipo de responsabilidades, ni políticas ni penales, por la vulneración de derechos fundamentales realizados durante cuarenta años. La transición del olvido, de la desmemoria, del dejar todo atado y bien atado.

Y aunque es verdad que hubo cambios importantes, que ha habido incluso progresos en muchos aspectos, el déficit democrático del que partía ha sido una losa demasiado pesada, que ha marcado el devenir de la mayoría  del Estado. La concepción de la democracia en la mayoría oficial del reino de España es de una calidad baja, bajísima, fundamentalmente cuando hablamos de derechos fundamentales, de derechos de los pueblos, e incluso de las personas, de ciudadanos individuales. Se ha producido, sin lugar a dudas, una involución conservadora, al igual  que en la mayoría  de las sociedades, pero aquí  multiplicado por dos, debido al punto de donde se partía.

Y el fallo sobre el Estatut catalán es otro buen ejemplo de ello. No olvidemos que este era ya un estatut descafeinado (convenientemente «cepillado» en el trámite del Congreso de los Diputados, como muy bien dijo el señor Alfonso Guerra en su momento), que no se correspondía ya con el aprobado por una abrumadora mayoría del Parlament de Catalunya. Y aún así, más de lo mismo. Nos vuelven a dejar claro que aquí sólo existe una nación, la española, y un sólo pueblo, el español.

Al igual que sucedió con el recorrido político-jurídico que  tuvo el intento de consulta  del anterior lehendakari, Juan José Ibarretxe, no sólo  desde las más altas instancias políticas, sino  también desde las judiciales, se deja claro que hay un sólo sujeto de la soberanía  popular, el pueblo español.

No caben medias tintas, nos han dejado meridianamente claro que aquello de la España Plural, del estado plurinacional, del encuentro  de pueblos y nacionalidades, es, era, un camelo. No cabe en su Constitución, no  entra dentro de su pensamiento  político. No quieren saber nada de pueblos soberanos, aunque sea para decidir unirse libremente al resto. Juntos, sí, pero no  por decisión popular y propia, sino por mandato político  y constitucional de una de las partes. Ese es el pensamiento único en el reino, el del ultranacionalismo panespañol. Nadie se sale del guión, ¿federalismo, confederalismo, unión libre de pueblos?… estos conceptos no caben ni siquiera en su literatura. De mantenerse en esas posiciones, pocas, muy pocas salidas dejan a los pueblos que hoy forman parte del estado español.

Es hora de tejer alianzas también en este aspecto. A la izquierda política, social y  sindical de este pequeño país, Euskal Herria,  nos va a tocar también liderar esta lucha. Porque no estamos hablando de que  no nos dejen decidir, sino  que nos niegan incluso el derecho  a ser y a existir como pueblo diferenciado (ni mejor ni peor que el resto, pero pueblo al fín y al cabo).

Es hora también  de volver a tejer complicidades, confianzas, con otros pueblos del estado en la misma situación. Ahora  nos surge una buena oportunidad con Catalunya. Hablemos y actuemos desde el respeto a cada identidad, a cada situación, como una sola voz. Somos un pueblo, somos una nación, tenemos  derecho  a ser, a existir, y, por tanto, a decidir por nosotros mismos.

Viendo los  acontecimientos surgidos esta semana pasada, no puedo más que acordarme de esa vieja reivindicación de toda la izquierda, no sólo la abertzale. La necesaria unión de la lucha por la liberación nacional y social  de este pueblo. Y ahora, es uno de esos momentos en los que se ve mejor que nunca. Acabamos de tener una huelga  general, fruto del enésimo intento  de recortes laborales y sociales, demandando una  salida a la crisis generada por los de siempre desde la apuesta clara por otro modelo económico y social, reivindicando  también en este aspecto el derecho a elegir nuestro modelo de sociedad, y el marco  vasco de relaciones  laborales.

Unos  podremos poner más el acento en la necesidad de cambio de modelo económico y social, en la justicia social, otros en la reivindicación nacional, pero sí de verdad pensamos en clave global, si de verdad somos izquierda soberanista (ambas cosas, izquierda y soberanista) no tenemos ninguna  excusa para no seguir tejiendo alianzas, confianzas y complicidades en la búsqueda de la construcción de ese gran bloque  de izquierda soberanista y alternativa que este país necesita. No tiene sentido que nos dividamos en base al modelo de estado, cuando  todavía  no hemos conquistado el derecho a poder elegirlo.

Porque aquí todavía  es posible el cambio, porque aquí  todavía  estamos en condiciones de poder empezar a disputar la hegemonía a las fuerzas conservadoras. Pero no nos podemos dormir, la ola conservadora también invade a nuestro pueblo, y las condiciones objetivas  serán  cada día  más difíciles. Hagámoslo bien,  como se suele decir sin  prisas pero  también  sin  pausas. Respetando los ritmos de cada cual, estableciendo diferentes niveles de convergencia, teniendo  siempre la mano tendida  y la puerta abierta a unos y a otros. Todos somos necesarios. Por el derecho a decidir, por el cambio  de modelo económico y social. Porque otra Euskal Herria es necesaria, y porque tenemos, entre todos, además, que hacer que sea posible, nos vemos este sábado en Donostia.

Noticias

Soberanas!

Hoy entra en vigor la Ley de interrupción voluntaria del embarazo embarcada en la polémica. La presentación de alegaciones ante el tribunal constitucional provocará que de nuevo se lance un debate interesado en los medios. Unos y otros nos querrán hacer creer que esta ley supone una consecución de la histórica reivindicación feminista a favor del aborto. Seguirán intentando ocultar lo que realmente ha sucedido de nuevo: una falta de respeto a la autonomía de las mujeres y al derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Es por este motivo que en Alternatiba hemos decidido volver a lanzar la campaña Si ellos parieran el aborto sería libre. Los derechos no se negocian ni tienen plazos. ¡Aborto libre y gratuito!, en defensa de uno de los derechos de las mujeres más vulnerados: el de decidir sobre su propio cuerpo.

Desde Alternatiba entendemos que la consideración del aborto como delito, la tutela que se quiere imponer a las mujeres sobre su capacidad de decisión, y la conculcación de su derecho a que las interrupciones del embarazo se practiquen en la sanidad pública, son otras fórmulas de violencia patriarcal, y como tal deben ser denunciadas.

De esta manera, no podemos sino oponernos a la ley del aborto del PSOE, por tres razones fundamentales: no respeta la libre decisión de las mujeres, limitando así el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos; no establece medidas concretas y claras que garanticen la práctica del aborto en el sector público; y no saca al aborto del código penal. Además, esta propuesta de ley, tibia y cobarde, está estrechamente vinculada a las diferentes campañas orquestadas por la jerarquía eclesiástica, los mal llamados grupos pro-vida -grupos anti-elección sería un nombre más apropiado- y los partidos políticos afines, que atentan de manera sistemática contra la dignidad de todas las mujeres.

En este sentido, la derecha y el social-liberalismo se unen, desde diferentes perspectivas, para enfrentar la capacidad de las mujeres a ejercer su derecho a decidir cuándo y cómo ser madres, y es necesario que las diferentes fuerzas sociales y políticas que defendemos el fin de toda violencia contra las mujeres alcemos la voz y salgamos a la calle, acompañando al movimiento feminista.

Además, queremos basar nuestra defensa de los derechos en datos reales, y no en los debates infundados a los que el lobby anti-elección nos quiere conducir. Así, el pasado 5 de noviembre, el Ministerio de Salud presentaba el informe con los datos recogidos sobre las IVE (Interrupciones Voluntarias del Embarazo) practicadas durante del año 2008. Este informe nos ofrece una serie de datos importantes: se han producido 115.812 interrupciones voluntarias del embarazo; el 98,01% se han realizado en clínicas privadas; el 88,70% se efectuaron antes de las 12 semanas de gestación, y alegando problemas de salud materna -96,96%.

Esta es la realidad de la práctica de la IVE: primero, a pesar de que ésta es una de las prestaciones del catálogo de servicios que figura en la Ley Orgánica de Sanidad, prácticamente la totalidad de embarazos se producen en clínicas privadas, con grandes desigualdades además entre comunidades autónomas; segundo, la inmensa mayoría de embarazos interrumpidos se producen en los primeros tres meses de gestación, poniendo en entredicho el supuesto efecto-llamada que pudiera tener una legislación sin plazos; tercero, la vigencia de los derechos de las mujeres siguen siendo tutelados por el personal sanitario y de la judicatura, que son quienes deciden en última instancia; y cuarto, la legislación actual, que sigue considerando al aborto como delito, genera un alto nivel de inseguridad para mujeres que abortan y para los y las profesionales que los practican -podemos tomar como ejemplo lo sucedido en la Clínica Isadora de la Comunidad de Madrid, cuyo caso ha sido archivado por considerar que los hechos investigados no eran constitutivos de delito, después de dos años y medio de diligencias-.

El movimiento feminista ha denunciado durante años esta realidad, y ha exigido una regulación que respetara en primera instancia el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y su maternidad. Tenía el PSOE por tanto una oportunidad única de poder promover una ley que fuera amplia, y que permitiera dar respuesta a todas las críticas que desde el movimiento se planteaban, garantizando así plenamente la práctica del aborto en el estado español.

Pero lo que abunda, fundamentalmente, son las oportunidades perdidas, e incluso el incremento de la conculcación de derechos: se sigue estableciendo un sistema basado en plazos y supuestos, que en última instancia colocan el derecho a decidir en los tribunales y en el personal sanitario, quienes, a través de informes y comités, podrán señalar si las mujeres que deciden abortar tiene legitimidad para hacerlo o no; estos plazos y supuestos, en algunos casos, profundizan en la incapacidad de las mujeres para tomar decisiones, aumentando la cantidad necesaria de dictámenes médicos y de especialistas; la decisión de las mujeres sigue siendo condición necesaria, pero no suficiente, estableciendo medidas como el período de tres días de reflexión que tienen que cumplir las mujeres que quieren abortar, profundizando así en la imagen de que las mujeres que abortan lo hacen irreflexivamente, y que siempre es mejor obligar a que se tomen unos días para que se lo piensen mejor; no se entra a regular cómo se va a garantizar que la práctica de los abortos se realice en el sistema de sanidad pública, haciendo únicamente una vaga referencia al respecto en su capítulo II -donde se señala que los poderes públicos garantizarán la salud sexual y reproductiva-, pero no se específica cómo con la nueva legislación se pretende dar la vuelta a ese 1,9% de abortos realizados en la sanidad pública -dato directamente vinculado a la falta de protocolos comunes, falta de equidad en las distintas comunidades autónomas, dificultades de acceso de las mujeres, etc.-; a su vez, tampoco regula la objeción de conciencia del personal sanitario, cuando se sabe que éste ha sido otro de los motivos que ha limitado la atención en los centros de salud públicos, al ser la objeción no una cuestión meramente individual, sino en ocasiones de todo el centro.

Significativo es también la marcha atrás en cuanto a la posibilidad de decidir de manera autónoma por parte de las mujeres de entre 16 y 19 años. A partir de ahora tendrán que ir acompañadas de sus padres quienes tendrán la última palabra. En caso de desacuerdo, una persona ajena a la familia y a las circunstancias vitales de cada mujer tendrá el poder de decidir si esta mujer es autónoma o no para tomar decisiones. Se renueva y se hace patente aquí la intención paternalista y de tutela del derecho individual e inalienable a decidir sobre nuestros propios cuerpos y vidas, que no son de nuestros progenitores, sino propios.

Y así existe un largo etcétera de razones por las que es necesario incidir en la incompatibilidad de esta ley con el derecho de las mujeres a decidir, como se recoge en el Manifiesto de Mujeres ante el Congreso.

Es por ello que nuestra campaña como Alternatiba va a manifestar nuestro frontal desacuerdo con la ley que hoy entra en vigor. Consideramos que la nueva legislación debería garantizar el aborto gratuito para todas las mujeres. Y sobre todo consideramos que el aborto es una cuestión vinculada a los derechos de las mujeres, y que como tal, debería ser suficiente con la voluntad expresa de las mujeres para decidir si quieren abortar. Por eso decimos que los derechos no tienen plazos, y que además no se negocian.

No se negocian con aquellos grupos que quieren presentar esta cuestión como un tema moral y de defensa de la vida. No se negocian con aquellos grupos que utilizan esta cuestión para defender un modelo de vida basado en la familia tradicional y en la defensa de determinados valores, que consideran universales, frente a la libertad de decisión de las personas. No se negocian con la jerarquía de la Iglesia católica, que sigue sin entender que la religión es una cuestión vinculada al ámbito privado, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanos, y también, por más que les pese a algunos, para sus ciudadanas. No se negocia con aquellos que confunden con sus artimañas y campañas a la opinión pública, y que no permiten que el aborto se debata entre todas la personas, con toda la información y conociendo todas las propuestas. Porque estamos convencidos/as que si ellos parieran el debate sería otro…. ¡salimos a la calle por el aborto libre y gratuito!

 

Noticias

Alternatiba | Ezkerra eraldatzearen erronka

X