Kosovo dependiente > Jonathan Martínez (Alternatiba)

Hashim Thaçi avanzó hacia el atril con los papeles bajo el brazo, puso cara de primer ministro y proclamó la República de Kosovo entre los aplausos parlamentarios y los fogonazos de las fotografías. Era 17 de febrero de 2008 y su nombre aún permanecía en el inventario de organizaciones terroristas del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En la guerrilla albanesa le llamaban Serpiente.

Condoleezza Rice y George W. Bush no tardaron en adelantar la bendición estadounidense a la independencia kosovar. Thaçi ya no era el líder de una organización armada que se enriquecía con el narcotráfico y el crimen organizado, sino el respetable portavoz del Partido Democrático de Kosovo. UÇK ya no era el grupo furtivo que había llenado las cunetas de cadáveres serbios, gitanos y albaneses indistintamente, sino el cuerpo policial legítimo de Kosovo en colaboración con los efectivos de la OTAN.

Años atrás, la Alianza Atlántica había encontrado en la Provincia Autónoma de Kosovo y Metohija el territorio más propicio para culminar la demolición de la República Federal Socialista de Yugoslavia, y a la vez, el atajo más rápido para la ocupación militar de los Balcanes y la tutela de una geografía propicia para los intereses corporativos del petróleo. La administración de Bill Clinton tuvo oportunidad de ensayar en Serbia los mismos esquemas de propaganda, invasión y saqueo que después perfeccionó George W. Bush en Afganistán y en Iraq.

El 11 de febrero de 1996, UÇK orquestó un ataque contra refugiados serbios procedentes de Krajina que quebraba el camino de desobediencia civil abierto por el presidente kosovar Ibrahim Rugova. Se adivinaba una declaración de guerra. Los enfrentamientos entre el ejército yugoslavo y la nueva guerrilla albanesa se prolongaron durante casi tres años, hasta que la diplomacia estadounidense decidió que el gobierno de la República Federal de Yugoslavia debía ser juzgado por crímenes de guerra mientras que los militares de UÇK eran honorables libertadores con quienes resultaba oportuno fotografiarse ante la prensa. Quinientas mil víctimas albanesas que nunca existieron sirvieron para argumentar la urgencia de una agresión militar contra la población serbia.

El 30 de enero de 1999, la OTAN manifestó su determinación de bombardear Yugoslavia, pero todavía necesitaba vender a la opinión pública un último esfuerzo conciliador. El 6 de febrero, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, sentó en una mesa del castillo francés de Rambouillet al militar albano Hashim Thaçi y al presidente yugoslavo en funciones, Milan Milutinovi?.

La propaganda oficial vistió de generosidad diplomática lo que en realidad fue un chantaje al gobierno yugoslavo que ningún estado soberano del mundo habría aceptado. Según el Acuerdo de Rambouillet, las fuerzas de la OTAN exigían acceso libre a todo el territorio de la República Federal de Yugoslavia, incluido su espacio aéreo y sus aguas territoriales; exigían inmunidad ante investigaciones o detenciones; exigían el uso gratuito de aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y puertos; exigían el control de todos los canales de comunicación yugoslavos, incluidas televisiones y radios; exigían que la economía de Kosovo funcionara de acuerdo a los principios del libre mercado.

A nadie le importó que la Asamblea Nacional Serbia dispusiera una propuesta sobre la autodeterminación de la provincia de Kosovo y Metohija basada en el acuerdo entre las distintas comunidades nacionales kosovares y el respeto a la diversidad étnica. En realidad, el pacto de Rambouillet contaba de antemano con la firma de las delegaciones de Albania, Estados Unidos y Reino Unido, y con la certeza de que la OTAN iba a invadir Yugoslavia en cualquiera de los casos, firmara o no su presidente.

El 24 de marzo de 1999, los cazas españoles de la Alianza Atlántica abrieron fuego sobre Belgrado e inauguraron el último genocidio de la historia de Europa, un bombardeo que se prolongó durante 78 días y que dejó un número más o menos escandaloso de muertes si se examinan unas u otras fuentes. Javier Solana, que ejercía como Secretario General de la OTAN durante la Operación Allied Force, despreció los preceptos más elementales del derecho internacional y precipitó el festival de bombas de racimo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nunca ha sido juzgado.

Las agresiones de la OTAN no se limitaron a objetivos militares, sino que se extendieron repetidamente a la población civil. El 5 de abril, los aviones de la alianza matan a 5 personas en Aleksinac. El 12 de abril, atacan un tren en Grdelica y dejan 10 personas muertas y un vídeo manipulado con el que tratan de justificar el crimen. El 14 de abril, bombardean una columna de refugiados kosovares cerca de Djakovica y matan a 75 personas. El 23 de abril, bombardean la sede de Radiotelevisión Serbia y matan a 16 personas. El 27 de abril matan a 20 personas en Surdulica. El 1 de mayo bombardean un autobús en Luzane y matan a 47 personas. El 8 de mayo, un avión estadounidense bombardea la embajada de China en Belgrado y mata a 3 personas. El 14 de mayo bombardean el pueblo kosovar de Korisa y matan entorno a cien personas.

El 10 de junio de 1999, concluyó la invasión aérea y las autoridades serbias abandonaron Kosovo para dejar paso a las tropas de ocupación de la OTAN bajo el amparo de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que garantizaba la soberanía e integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia. Inmediatamente, la corporación estadounidense Kellogg Brown & Root asumió la construcción de la base militar más grande de Estados Unidos en Europa, que se llamó Camp Bondsteel en homenaje a un soldado que obtuvo la Medalla de Honor durante la Guerra de Vietnam. A pocos kilómetros de la frontera con Macedonia, la base vigila de cerca el oleoducto transbalcánico AMBO, de la empresa estadounidense Albanian Macedonian Bulgarian Oil Corporation, que negoció con ExxonMobil y ChevronTexaco la fórmula más eficaz para distribuir hacia Europa el crudo extraído en Kazajistán, en el mar Caspio. Camp Bondsteel acoge a 7.000 soldados en una idílica urbanización de casi cuatro kilómetros cuadrados con iglesia, pizzerías, el Centro Educativo Laura Bush y un hospital. Álvaro Gil-Robles, que conoció las instalaciones en calidad de Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, se acordó de Guantánamo.

Kellogg Brown & Root fue una filial más en la tela de araña empresarial Halliburton Company que presidió Dick Cheney inmediatamente después de abandonar sus responsabilidades como Secretario de Defensa de Estados Unidos -bajo la presidencia de George H. W. Bush- y hasta unos meses antes de ser nombrado Vicepresidente -a la sombra del hijo George W. Bush-. KBR era la filial que firmó contratos millonarios con el Gobierno estadounidense para levantar su embajada en Kabul o para proteger la Operación Libertad Duradera que arrasó Afganistán. Halliburton es el gigante petrolero que ha devorado varios miles de millones de dólares en contratos a dedo para la reconstrucción de esa Iraq que el propio ejército americano había destruido.

El 14 de agosto de 2000, el representante de la ONU en Kosovo, el francés Bernard Kouchner, envió un contingente militar a tomar el complejo minero de Trep?a, uno de los grandes tesoros naturales de los Balcanes. Como ya había aconsejado el financiero George Soros tras la ocupación de Kosovo, las minas pasaron de las manos públicas a ITT Kosovo Ltd, que agrupaba a inversores privados de Estados Unidos, Francia y Suecia. En noviembre de 2005, las Naciones Unidas cedieron el consorcio público Ferronikeli a la corporación británica Alferon. Joachim Ruecker, en nombre de la Misión de la ONU en Kosovo, presentó la privatización de la empresa como un ejemplo de sociedad estable y madura, dispuesta para recibir capital extranjero.

Mientras las empresas extranjeras engordaban sus cuentas en la nueva economía de mercado kosovar, la violencia étnica contra serbios, gitanos y disidentes albanos se prodigaba ante los ojos indiferentes de las fuerzas de ocupación y de la policía heredera de UÇK. Entre el 17 y el 19 de marzo de 2004, las minorías étnicas de Kosovo soportaron un pogrom de tres días en el que grupos de albaneses mataron a 19 personas e hirieron a un centenar. El patrimonio histórico de la iglesia ortodoxa fue destruido y expoliado. Miles de personas han abandonado sus casas y han huido de la región. Al contrario de lo que se ha asegurado, la ocupación militar de Kosovo no ha servido para acercar la paz, sino para despejar el camino hacia la limpieza étnica que predicaba la Gran Albania de la pureza racial, una propuesta que obtuvo cuerpo histórico durante la Segunda Guerra Mundial gracias a la custodia del Partido Fascista de Albania, la Italia de Benito Mussolini, y la Alemania nazi de Adolf Hitler.

El 22 de julio de 2010, la Corte Internacional de Justicia resolvió que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violaba el derecho internacional. Los portavoces del Gobierno estadounidense reclamaron una vez más el reconocimiento internacional para la nueva república. El primer ministro kosovar, Hashim Thaçi, el mismo que había abandonado su fusil Kalashnikov y su uniforme caqui para ser el bien trajeado portavoz de la independencia, celebró la noticia desde Washington. Las calles de Pristina se habían vuelto a llenar de banderas de Albania y de Estados Unidos. Es fácil imaginarse a la multitud manifestante agitando sus colores en ese cruce de la ciudad donde desembocan el Boulevard Bill Clinton y la Avenida George Bush.

El primer tribunal de la ONU ha avalado la independencia de Kosovo sin decir que el nuevo estado es un traje a medida de las fuerzas militares de ocupación en los territorios de la antigua Yugoslavia. No han dicho que Kosovo es un estado construido con los mismos mimbres artificiales que se impusieron en Bosnia y Herzegovina tras los Acuerdos de Dayton en 1995. A Kosovo no lo ha reconocido Rusia, ni China, ni Venezuela, ni Brasil, ni muchas otras decenas de países. Sin duda, una de las posiciones más hipócritas es la del Reino de España, que alisó el camino a la independencia kosovar azuzando la agresión de la OTAN contra Serbia, y ahora se desentiende de la legitimación del nuevo estado para evitar contradicciones en el debate sobre su propia integridad territorial.

Por eso, algunas preguntas son pertinentes. ¿Por qué es indiscutible el reconocimiento de la República de Kosovo pero no el de otras regiones del mundo que alguna vez se han declarado independientes de forma unilateral? ¿Por qué no Transnistria, separada de la República de Moldavia? ¿Por qué no Abjasia y Osetia del Sur, segregadas de Georgia? ¿Por qué no la República de Nagorno Karabaj, fugada de Azerbaiyán? ¿Por qué no Somalilandia, nacida de la descomposición de Somalia? ¿Por qué no la República Turca del Norte de Chipre? ¿Tendrá reconocimiento la independencia de la República Srpska, de mayoría serbia en Bosnia y Herzegovina? ¿Será reconocido alguno de tantos procesos de liberación nacional que emergen en Europa?

Si mañana alguna región del mundo diese por su cuenta el paso hacia su soberanía plena, agradeceremos que el tribunal de la ONU se atreva a inclinar su balanza hacia un lado o hacia otro. Entonces descubriremos si para cosechar el aplauso internacional es suficiente reunir la voluntad mayoritaria de un pueblo, o si por el contrario, es además requisito indispensable presentarse con una carta de recomendación de la OTAN y de Estados Unidos.

Que nadie se alarme demasiado, al fin y al cabo, las opiniones del tribunal de las Naciones Unidas son puramente decorativas. El 9 de abril de 1984, Nicaragua demostró ante la Corte Internacional de Justicia que el gobierno de Ronald Reagan había entrenado, armado, equipado, financiado y abastecido a las fuerzas de la Contra y sus actividades militares y paramilitares para derrocar al gobierno sandinista del FSLN. Por desgracia, el derecho internacional no causa el mismo efecto sobre unos culpables que sobre otros.

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Transfeminismo: ¿Sujetos o vida en común?> Silvia L. Gil y Amaia P. Orozco (Diagonal)

Diagonal- «El transfeminismo se planteó como un concepto transformador. Este nuevo texto enriquece el debate sobre su significado y las dudas que plantea, para crear herramientas de construcción política de lo común.Con este artículo queremos contribuir al debate desde la posición de que necesitamos herramientas para construir políticas de lo común, y que es momento de replantearnos el feminismo/los feminismos/el transfeminismo, como quiera que lo llamemos»

 

Argazkia: Anonymous Bosch

La historia de amor de Bernat Soria y la industria farmacéutica > Miguel Jara (Diagonal)

Diagonal – «Muchos cargos públicos de la Administración hacen ‘méritos’ entre las grandes empresas para intentar que éstas, agradecidas, los contraten cuando han terminado su periplo. Las grandes multinacionales pagan mucho mejor que la Administración y cada vez más personas sueñan con ser lo suficientemente complacientes con ellas como para que éstas las premien contratándolas. La cantidad de cargos políticos provenientes del campo privado que benefician los intereses que antes representaban es realmente llamativa, pero también lo son los casos de quienes formados en ‘lo público’ fichan luego por empresas privadas que aprecian sus contactos e influencia para que les abran puertas y representen sus intereses en las instituciones en las que trabajaban o en sus adyacentes. Cuando no, se trata simplemente de una ‘contraprestación’ por los servicios realizados previamente.»

 

Wall Street lava dinero del narcotráfico>Zach Carter (Alernet)

» Encausar a un gran banco podría provocar una carrera frenética de los inversionistas para vender acciones y causar pánico en los mercados financieros»

Alernet- Wall Street lava dinero del narcotráfico impunemente

«Los mayores bancos de EE.UU. pueden involucrarse en actividades descaradamente criminales a escala masiva y emerger casi completamente indemnes. El último ejemplo repugnante proviene del Banco Wachovia: acusado de lavar 380.000 millones de dólares de dineros de cárteles de la droga mexicanos.»

Argazkia: Rev Dan Catt

Heldu: Un servicio necesario para la ciudadanía> Oskar Matute (Alternatiba)

Finalmente el departamento de asuntos sociales del Gobierno Vasco del PSE-PP ha cumplido su amenaza. Hoy, con el despido de los 23 trabajadores y trabajadoras del servicio de atención jurídica a inmigrantes (HELDU) se echa la persiana a un servicio público, básico y necesario para garantizar los derechos de la población migrante en nuestro territorio.

Desde Alternatiba, no podemos más que considerar dicho cierre como una barbaridad, una injusticia y un acto cruel sometido a la lógica del dinero por encima de los derechos y la dignidad de las personas.

Son más de 34.000 los expedientes que a lo largo de 8 años han tramitado las gentes de HELDU para dar una respuesta personalizada a las carencias y dificultades que tenían que afrontar las personas que se acercaban a nuestro país en pos de un futuro mejor, o simplemente un futuro.

Hoy, los responsables directos de este cierre, los señores del PSE aposentados en el gobierno vasco nos dicen que el servicio se seguirá prestando pero no bajo la forma de HELDU, ni por las personas que ponían cara a dicho servicio.

Y lo hacen, según ellos, porque las irregularidades producidas en la gestión de dicho servicio no pueden seguir dándose ni tienen cabida en la administración pública.

Vayamos por partes, si existen dichas irregularidades, desde Alternatiba les exigimos en que cumplimiento de la transparencia, la gestión eficaz y el buen gobierno pongan a disposición de la ciudadanía y los tribunales si se diera el caso, dicha información. De no ser así, no podremos sino concluir que las “presuntas irregularidades” no son sino una pieza más en la estrategia de desgaste social de un servicio que por intereses más bien mezquinos les sobra y les molesta.

En cualquier caso, también queremos dejar clara la posición de Alternatiba al respecto de la continuidad anunciada del tal prestación por parte del Gobierno Vasco. Nos provoca estupor e indignación a partes iguales que anuncien la existencia de un teléfono gratuito como hilo continuador del trabajo desarrollado por los trabajadores y trabajadoras de HELDU durante los próximos tres meses.

Entendemos, las personas que componemos Alternatiba que esta precarización en la atención a ciudadanos y ciudadanas inmigrantes es una vulneración clara y evidente del papel garantista que en lo que a derechos e igualdad para con sus ciudadanos y ciudadanas le corresponde hacer a cualquier administración pública

A través de la información facilitada por ese mismo servicio, se nos adelanta que solo se atenderán a aquellos casos que planteen algún tipo requerimiento judicial  y tengan ya expediente iniciado. Incluso se nos adelante que de estos tampoco todos serán atendidos. Así, por ejemplo, se dejara de facilitar acompañamiento a los inmigrantes en sus requerimientos judiciales. Se les denegara el servicio de un traductor y ni tan siquiera se les orientara a como dar con uno por su propia cuenta.

Si esta es la idea que tienen los actuales gobernantes de atención directa y personalizada, va a ser menos doloroso encomendarse directamente a los tiburones que a la administración.

Precariedad en la prestación del servicio, no hay otra manera de definir lo que van a tener que soportar conciudadanos y conciudadanas que viven en nuestro país durante estos tres meses gracias a dicha medida.

Pero aun hay más, a partir de septiembre nos anuncian que el servicio de atención a inmigrantes recaerá en Biltzen y diversas entidades sociales.

Biltzen (entidad dependiente de la EDE (escuela diocesana de educadores)) se dedicará a impartir mediante seminarios y charlas información a técnicos municipales sobre la ley de extranjeria en vigor. Dichos técnicos municipales en modo alguno han de ser abogados con lo que sus posibilidades de rascar algo ante una ley tan privativa de derechos y profundamente injusta como la ley de extranjería son muy limitadas. Y nuevamente los únicos que van a sufrir las consecuencias de esta realidad son los inmigrantes.

Las entidades sociales vía subvención del gobierno vasco se encargarían de asesorar a los y las inmigrantes supliendo el papel que antes se realizaba desde HELDU. ¿Qué entidades? ¿De que manera van a prestar el servicio? Todo son incógnitas y espacios de sombra y opacidad a este respecto. Y conociendo el proceder del PSE en otros campos dicho desconocimiento en la actualidad no invita en absoluto a relajarse y mucho menos a ser confiado.

La única realidad es que miles de personas ven precarizadas sus condiciones de acceso a una vida digna porque quienes antes les prestaban dicha asistencia (HELDU y sus 23 trabajadores y trabajadoras) han sido eliminados de un plumazo por el supuestamente espíritu progre y dialogante de la consejera Gema Zabaleta y su partido, el PSE.

Por todo ello desde Alternatiba nos solidarizamos con la población privada de dicho servicio y con los trabajadores despedidos de HELDU. No nos podemos quedar callados y resignados es momento de alzar la voz y denunciar que frente a su apuesta por el dinero y el beneficio nosotros y nosotras seguimos creyendo en las personas y en sus derechos por encima de todas las cosas. Así, desde Alternatiba mostramos nuestra adhesión a  la movilización convocada para mañana sábado día 17 a las 18:00 horas en la plaza del Teatro Arriaga  en defensa de HELDU, sus trabajadores y trabajadoras y la población afectada por el cierre.

Las multinacionales hoteleras acumulan denuncias por explotación laboral y ambiental> María José Esteso Poves (Diagonal)

Diagonal Las multinacionales hoteleras acumulan denuncias por explotación laboral y ambiental

» De entre las 70 transnacionales hoteleras más grandes del mundo, ocho son de capital español y de ellas, cinco, Sol Meliá, Barceló, Riu, Iberostar, y Fiesta, son originarias de Baleares. Esas compañías hosteleras pertenecen a familias de la burguesía isleña que estrecharon lazos e incluso financiaron el Franquismo»

Foto: Diagonal

Comunicado de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso frente a la nueva ley del aborto

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DE MUJERES ANTE EL CONGRESO
SOBRE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO DE LA LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Ante la aprobación por el Consejo de Ministros de los Reales Decretos 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo, y 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la Plataforma de Mujeres ante el Congreso (PMAC) manifiesta:

1.- Que solicitada una reunión por parte de la PMAC el 29 de abril con las Ministras de Igualdad y de Sanidad y Política Social con el objetivo de trabajar conjuntamente con en el desarrollo reglamentario de la L.O. 2/2010, se nos convoca, junto con diversas asociaciones feministas en el Ministerio de Igualdad el 29 de junio, 4 días después de la publicación de los Reales Decretos y 6 días antes de la entrada en vigor de la LO 2/2010 como trámite informativo. Una vez más, se ningunea a las asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres obviando su participación y aportaciones en el desarrollo de esta Ley. Por el contrario, nos encontramos que el resultado de los RD responde a los intereses de los sectores más conservadores que se muestran contrarios a los derechos de las mujeres. El procedimiento aprobado levanta toda una carrera de obstáculos a las mujeres, dificultando y entorpeciendo su decisión.

2.- Respecto al art. 4 y 5 del RD.325/2010 de información previa al consentimiento de los supuestos de IVE previstos en el art.14 de la Ley: Es insólito que la documentación preparada por el Ministerio de Igualdad para entregar a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, sea una información sobre “políticas de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad”:

  • En primer lugar, no se informa sobre los derechos a la IVE previstos en la propia Ley, ni se incluye información sobre métodos anticonceptivos y de prevención de ITS, a pesar de recogerlo el art.17 de la Ley.
  • En segundo lugar, la lectura de la información del sobre es coercitiva, desorienta y perturba a las mujeres. En vez de servir como apoyo para el desarrollo de su decisión, pareciera un acto de chantaje emocional para continuar con su embarazo..
  • En tercer lugar es incoherente con las políticas de corresponsabilidad propuestas por el Mº de Igualdad al responsabilizar de nuevo a las mujeres en lo concerniente a la reproducción, políticas que por otra parte no son efectivas ya que la tasa de natalidad sigue disminuyendo.

3.- Respecto al art.8 del RD.825/2010: Si bien estábamos ya en desacuerdo con el 4º requisito del art.13 de requisitos comunes de la Ley por obligar a las jóvenas de 16 y 17 años a informar de su decisión de IVE a sus representantes legales, el desarrollo del RD empeora considerablemente la situación de las jóvenas.

  • La presunción de “conflicto grave” queda en manos de las y los profesionales, bajo unos criterios desconocidos sin acatar la decisión de la joven.
  • Por otra parte, no se regula el tiempo máximo del que dispone el/la profesional para emitir su diagnóstico de conflicto, pudiendo rebasar el plazo estipulado por la Ley de 14 semanas, dejando a las jóvenas en un situación de desamparo respecto a sus derechos sexuales.
  • En caso de que se detecte una situación de malos tratos hacia la joven, entendemos que las y los profesionales deberán cumplir el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denunciando inmediatamente el delito de malos tratos, lo cual deja a la joven en una situación de indefensión, determinada por la LO 2/2010.
  • En el caso de las jóvenas tuteladas por las CCAA, se puede dar la paradoja que las directrices de algunas CCAA sean totalmente contrarias a la IVE, e impidan esta práctica poniendo trabas a la decisión de la joven tal y como viene sucediendo.

Todo ello nos hace pensar que se agrave la situación de violencia hacia las mujeres más jóvenes y pueda haber un aumento de los abortos clandestinos.

4.-  Respecto al Capítulo I del RD 825/2010 del Comité clínico del artículo 15.c), de la Ley:

  • En primer lugar, el plazo máximo estipulado que tiene el Comité para emitir su dictamen, 10 días o más si se acredita que las pruebas requieren un plazo mayor”, es excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que ésta ya cuenta con un primer diagnóstico prenatal previo, realizado por un/a especialista.
  • En segundo lugar, al no regularse la objeción de conciencia de las y los profesionales ni en la Ley y en los RD, no se garantiza que las y los miembros del comité clínico, así como sus suplentes, puedan acogerse a ella. Esto supondría una vulneración de los derechos de las mujeres en las situaciones más difíciles de IVE en semanas avanzadas de gestación.
  • En tercer lugar no se regula qué pasaría si el Comité Clínico no llega a un acuerdo en el diagnóstico. Al componerse este de 3 profesionales nos preocupa que pasará en caso de disenso, ya que no está contemplado ni en la Ley ni en los RD.

5.- Respecto al Título I de la salud sexual y reproductiva: Nos parece insólito que entrada en vigor la ley, no se hayan articulado las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento en los dos RD de 25 de junio.

Las conclusiones que sacamos desde la PMAC, teniendo en cuenta y recogiendo el malestar general de la mayor parte del movimiento feminista en relación a la LO 2/2010 y los Reales Decretos que hasta el momento la desarrollan, van dirigidas por un lado a afirmar que, la nueva Ley, nos pone ante una situación tanto individual como colectiva de las mujeres caótica y desconcertante, sumada a las trabas administrativas a las que se enfrentarán los servicios de salud y las clínicas. Por otro lado, estamos valorando qué tipo de acciones ejercitar para expresar nuestro desacuerdo y exigir que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

Por último, nos gustaría recordar de nuevo las reivindicaciones que hemos venido haciendo a lo largo del proceso de tramitación de la Ley, todas ellas desoídas:

1) Que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos se regule exclusivamente en una ley específica y deje de estar tipificado como delito regulado dentro del Código Penal, siempre y cuando no se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia.
2) Que se garantice la práctica de la IVE en la red sanitaria pública y que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario.
3) Que no se restringa el derecho a la IVE por razones de salud de la mujer gestante en ningún momento del embarazo.
4) Que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes en materia de IVE, tengan la misma regulación que para el resto de las mujeres.
5) Que se garantice una interlocución fluida, sistemática y en igualdad de condiciones entre los partidos políticos y las organizaciones feministas.

 

 

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