Ni una mujer, ni un hombre, ni un euro para la guerra
NI UNA MUJER, NI UN HOMBRE, NI UN EURO PARA LA GUERRA
En plena expansión militar de guerras y ocupación de territorios las administraciones siguen aumentando las partidas presupuestarias destinadas al Militarismo y continúan sin dar solución y respuestas concretas a las situaciones y problemas más graves que las mujeres, como colectivo e individualmente, padecen- agresiones y malos tratos, separaciones y divorcios, discriminación laboral y feminización de la pobreza, carencia de servicios socio-comunitarios: guarderías, residencias de la tercera edad,…-. Por ello invitamos a la ciudadanía a poner en práctica la Objeción Fiscal al Gasto Militar. Proponemos objetar una determinada cantidad de dinero, en la próxima declaración de la renta, para los proyectos impulsados por los siguientes colectivos de mujeres de Bizkaia:
Centro Asesor de la Mujer «ARGITAN» de Barakaldo.
Centro Asesor de la Mujer «NEBA-NEBA» de Sestao.
Posada de los ABRAS.O.S. Bilbao.
Para socializar esta iniciativa, los diferentes grupos implicados en esta campaña, editaremos 75.000 hojas informativas y se realizarán varias concentraciones para denunciar el alarmante y desorbitado gasto militar que existe en nuestra sociedad mientras muchas necesidades sociales se encuentran aun sin cubrir.
El 25 de mayo, ¡huelga!
«Una vez más, el poder político se somete al capital y sus instituciones y se presta a una estrategia que lejos de sacarnos de la crisis la agrava aún más.»
Frente al desmantelamiento de los servicios públicos y el ataque que esto supone para la sociedad vasca, la mayoría sindical de Euskal Herria convoca huelga del sector público
Los recortes planteados por el Gobierno español, asumidos por el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco, atacan de modo gravísimo al conjunto de la sociedad y afectan de modo especial a los servicios públicos de Euskal Herria y a los empleados y empleadas del sector. Servicios y labor más necesaria que nunca para la sociedad en esta coyuntura de crisis. En respuesta a ello, la mayoría sindical convoca a la huelga al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este sector y llama a toda la sociedad a participar en las movilizaciones.
Más allá de los recortes a las y los empleados públicos, el paquete de medidas y su orientación es un ataque frontal a la sociedad, ya que tiene como objeto el deterioro de lo público, de los servicios que presta, de su calidad y de las condiciones laborales de las personas que garantizan ese servicio. Las medidas planteadas suponen, entre otras, por vez primera la reducción salarial a partir de junio y su congelación para el año 2011, y una seria amenaza para los servicios y el empleo público. Se trata de la estrategia de desmantelación y privatización de lo público que el poder económico trata de llevar a cabo en todos los ámbitos, también en Euskal Herria.
Una vez más, el poder político se somete al capital y sus instituciones y se presta a una estrategia que lejos de sacarnos de la crisis la agrava aún más. Precisamente, en el sentido contrario, el fortalecimiento y desarrollo de los servicios públicos, la mejora de su cobertura y calidad y la creación de empleo público, es el mejor garante para afrontar la crisis y salir de ella. Creamos suficiente riqueza para ello, sólo hace falta un reparto más justo y voluntad política para poder llevarlo a cabo.
Son medidas que la mayoría sindical viene reclamando desde el inicio de la crisis y que los diferentes gobiernos se niegan a ponerlas en práctica con las sabidas nefastas consecuencias. Los sindicatos que formamos la mayoría sindical de Euskal Herria no estamos dispuestos a aceptar que mientras se dan miles de millones de euros a los bancos, nos quieran someter a estas graves medidas, se recorten nuestros derechos y nos hagan pagar las consecuencias que ello va a tener para las empleadas y empleados públicos y los servicios ofrecidos, y, como consecuencia, para los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria.
Es hora ya de que se atiendan las reivindicaciones expresadas por la mayoría sindical y los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria, y que las decisiones sobre el modelo económico y social que queremos construir se tomen aquí.
Por ello, convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras del ámbito público a secundar la huelga y llamamos a toda la sociedad a que haga frente a estas medidas y participe en las movilizaciones.
Así mismo, exigimos a las diferentes administraciones del país que se desvinculen y hagan frente a las medidas de recorte impuestas por el Gobierno español, tomen las medidas pertinentes para garantizar nuestros derechos sociales, desarrollen el sector y los servicios públicos y destinen la riqueza que creamos a las necesidades sociales.
ELA-LAB-STEE/EILAS
La calle es de todas y de todos
LA CALLE ES DE TODOS Y TODAS, DISFRUTÉMOSLA LIBREMENTE
Los grupos y asociaciones abajo firmantes, todos ellos de Bilbo, y de diferentes ámbitos, orígenes y sensibilidades, ante el proyecto de Ordenanza municipal sobre el uso y ocupación del Espacio Público elaborado por el Gobierno municipal queremos manifestar lo siguiente:
Estas últimas semanas se ha abierto el debate sobre el proyecto de Ordenanza sobre ocupación y uso del Espacio Público en Bilbo. Un debate que, en los medios de comunicación, únicamente se ha centrado en la prohibición al ejercicio de la prostitución en la calle. De cualquier manera, la citada Ordenanza regula muchas más cuestiones que la anteriormente mencionada. He aquí algunas cuestiones que pretende regular:
- Prohíbe la oferta y demanda de servicios sexuales en la calle y la castiga duramente, sin tener en cuenta la difícil situación y las necesidades de las mujeres que la ejercen y con el único objetivo de eliminar la prostitución callejera mediante el castigo.
- También prohíbe las prácticas sexuales en la calle que considera “incívicas”, con una formulación abierta y sometida a interpretación, que podría llegar a perseguir manifestaciones afectivas socialmente aceptadas.
- Prohíbe el botellón, convirtiendo una actividad de ocio de algunos sectores juveniles en problema de orden público. Llama la atención que solamente se prohíba en caso de que las bebidas no procedan de locales de hostelería.
- Limita la música y otras actividades artísticas realizadas en la calle. Por ejemplo, para poder actuar sin necesidad de permiso no se podrá ocupar 2 metros cuadrados de acera y/o no podrán actuar más de dos personas.
- Regula de forma muy severa actividades como andar en bicicleta, monopatín, patín y similares y juegos como el vuelo de cometa y el boomerang. Llega incluso a ordenar a los peatones andar en las aceras por la derecha.
- Aparte de regular restrictivamente las actividades cívicas, culturales, lúdicas y deportivas, prohíbe todas aquellas que tengan como objetivo la difusión de ideas políticas.
- Regula la venta ambulante y prohíbe por completo el “top-manta”. Nuevamente trata de hacer frente a un problema social con prohibiciones y multas. Se penalizaría incluso a las personas que compren en el top manta.
- Regula actividades que se han desarrollado hasta la fecha sin problema alguno: reparto de prensa gratuita, actividades audio-visuales, cuestaciones y mesas informativas. Prohíbe expresamente las mesas informativas que tengan como objetivo la divulgación de ideas políticas.
Esta es la opinión que nos merece el contenido de la nueva Ordenanza:
- Con la excusa de “fomentar el uso cívico” y la “protección de la convivencia ciudadana”, el Ayuntamiento busca regular todas las actividades que se desarrollan en la calle. De esta decisión de regular todo se desprende un objetivo que no es otro que el de recortar la utilización libre del espacio público. Quiere encerrar en una maraña de plazos, condiciones y permisos, el desarrollo de actividades al aire libre que, hasta la fecha, se han realizado sin problema alguno. La utilización abusiva y la realización de actividades que lesionen derechos de la ciudadanía exige una cierta limitación, cuestión que no debe implicar la vulneración de derechos y libertades.
- Quieren hacer invisibles a los ojos de la mayoría determinadas actividades definidas como molestas – prostitución, beber en la calle, venta ambulante, etc.-, o, en el caso de la música callejera, reducirlas al máximo, mediante amenazas y multas. La solución a estos problemas necesita una reflexión más seria y profunda, y, en todo caso, se debe priorizar la búsqueda de alternativas a esas personas que viven de la prostitución o de la venta del “top-manta” o tienen la costumbre de beber en la calle, a la mera prohibición como fórmula para solventarlos. Queremos subrayar que la prohibición de la prostitución en la calle y del top manta afectaría de manera especial a las personas migrantes, muchas veces en situación de indefensión al encontrarse sin papeles, a quienes, posteriormente, se les aplica la Ley española de Extranjería, y además, en el primero de los casos, conformado por mujeres en una específica situación de especial dificultad y desamparo.
- Consideramos grave el hecho de que se quieran sacar de la calle la difusión de ideas políticas. No se podrán desarrollar en la calle actividades ni colocar mesas informativas por el mero hecho de que tengan contenido político. Esto, además de ser inaceptable para una sociedad democrática que prima la participación ciudadana, es muy peligroso porque queda en manos del gobernante de turno el decidir qué entiende por actividad política. Más lo entendemos como un instrumento para quitar de la calle a quien piensa diferente.
- El proyecto de Ordenanza ha sido elaborado sin participación ciudadana. Ni la ciudadanía, ni los agentes sociales, ni los distritos, han tenido ocasión de tomar parte en su redacción. Como en el resto de temas que afectan a la población, la ciudadanía tiene derecho a dar su opinión y tomar parte. Es más, la decisión final debe ser la consecuencia de un debate social amplio y sosegado.
Queremos subrayar que no entendemos cómo el Gobierno municipal ha caído en la tentación omnipotente de regular en extremo la utilización del espacio público, tal y como lo han hecho formaciones de ultraderecha en otras ciudades. Y, mucho menos, cuando formaciones que llevan el nombre de izquierda comparten el citado gobierno.
Los grupos y colectivos que firmamos este manifiesto reivindicamos una utilización libre, consciente y respetuosa con las personas y el medio ambiente, de la calle y, por consiguiente acordamos:
- Manifestarnos en contra del proyecto de Ordenanza de ocupación del Espacio Público presentado por el Gobierno municipal, al tiempo que le exigimos su retirada. Asimismo, le instamos a que garantice la utilización libre de la calle y que la imprescindible regulación sea consecuencia de la participación ciudadana.
- Asumimos el compromiso de que cada grupo divulgue el manifiesto en su ámbito de actuación y entre otros agentes sociales, con el fin de sumar más adhesiones.
- Llamamos a una rueda de prensa a celebrar el 18 de mayo, martes, a las 11:30 horas frente al Ayuntamiento, con el fin de dar a conocer a la opinión pública las razones de este manifiesto.
- Convocamos una manifestación para el día 23 de mayo, domingo a las 12 horas desde la plaza Elíptica, y animamos al resto de agentes sociales, sindicales y políticos a sumarse. La reivindicación principal sería la siguiente: “La calle es de todos y todas, disfrutémosla libremente respetando los derechos de todas las personas”.
10 propuestas contra la crisis
10 PROPUESTAS POSIBLES PARA SALIR DE LA CRISIS:
MÁS DERECHOS, MÁS CONTROL SOCIAL
MENOS DESIGUALDAD, MENOS PRIVILEGIOS
- Prioridad por la economía social y solidaria. Debemos avanzar hacia un modelo de economía basada en la participación activa, la solidaridad, la equidad, la inclusión y el feminismo, cuyo fin sea estrictamente satisfacer las necesidades de todas las personas.
- Democracia en la economía. No habrá democracia real si la dimensión económica no tiene un control social que garantice su objetivo último: generar unas condiciones de vida dignas para todos y todas. Proponemos la obligatoriedad de la planificación, de los presupuestos participativos en las Administraciones, así como mejores sistemas de control de éstas y de las grandes empresas.
- Ecologizar la economía. Prioridad por el ahorro energético y uso de fuentes renovables ecológicas a partir de un sistema exclusivamente público de energía. Desmantelar las centrales térmicas, cerrar Garoña y acabar con la construcción de centrales de ciclo combinado. Para poder cerrar todas las centrales que destruyen el medio ambiente no vale solo con aumentar la producción de energías renovables, es fundamental reducir el consumo energético y la nacionalización del sector energético. Fin del transporte destructivo: Exigimos una moratoria a las carreteras, paralizar la construcción del TAV y un fuerte apoyo tanto al transporte público como al tren social. Gestión sostenible de los residuos. Es posible gestionar los residuos sin incineración, si reducimos los envases y tomamos conciencia del problema. Apoyo al sistema puerta a puerta de recogida de residuos.
- Apoyo a la soberanía alimentaria: Políticas activas de defensa de la soberanía alimentaria, sustituyendo el actual modelo agroindustrial: apoyo a los procesos de producción agroecológicos, a las economías campesinas, a los circuitos cortos de encuentro productor/a – vendedor/a, y a los mercados locales. Gestión planificada, colectiva y social de los bienes naturales: agua, tierra, semillas, etc. Impedir el uso de transgénicos y luchar contra con las trasnacionales en el sector.
- Aumentar la cantidad y la calidad del empleo como prioridad: reparto del trabajo y adelanto de la jubilación a los 60 años. Ante el paro estructural, y después de las últimas décadas en las que la masa salarial se ha reducido notablemente respecto a las rentas de capital, son necesarias medidas audaces para revertir esta situación. Proponemos reducir el tiempo de trabajo para repartir el trabajo, sin reducción salarial. De esta manera, además, se posibilitaría el aumento de bienestar de la sociedad en su conjunto, pudiendo dedicar más tiempo a la acción política y social, el ocio, etc. En este sentido, también proponemos adelantar la pensión de jubilación a los 60 años, financiada desde el sistema impositivo si fuera necesario. En una situación como la del Estado Español, que lidera la tasa de paro juvenil en Europa, lo más oportuno pasa por adelantar –nunca retrasar- la edad de jubilación, posibilitando la incorporación de los y las jóvenes al mundo laboral en condiciones dignas. Además, las pensiones, al ser un derecho de los y las trabajadoras, se podrá financiar por la vía más oportuna, incluido el sistema impositivo, sin que a nadie se le caigan los anillos si así fuera necesario. Por último, es necesario alterar los sistemas de cómputo para las mismas –años mínimos de cotización, prioridad dado a los últimos años- para que se adapte mejor a la realidad de cada persona.
- Salario Mínimo Interprofesional de 1.200€. Es necesario elevar esta cifra a los niveles europeos para que pueda convertirse en un escudo que realmente proteja a las personas trabajadoras de menor salario.
- Nacionalización de la banca bajo control social. Queremos un estado fuerte en la defensa de los derechos y la equidad, y un estado débil en términos represivos. En este sentido, necesitamos un sistema financiero que cumpla su objetivo natural: prestar dinero para la promoción de iniciativas económicas y sociales de las clases populares. Por el contrario, el actual sistema, privado y des-regulado, persigue de manera obsesiva el lucro individual, jugando con los recursos de toda la ciudadanía. Fuera de todo control público se ha construido un sistema financiero opaco que se pone en peligro a sí mismo, atando de por vida a los y las hipotecadas. Es hora de que las instituciones públicas dejen de quejarse de que el dinero que se da a los bancos no llega a las empresas y a las familias. La solución está en recuperar esta herramienta para la transformación social.
- Política activa pública en torno a los cuidados. Desde Alternatiba entendemos el trabajo como un concepto amplio, que incluye no sólo el empleo remunerado, sino también toda actividad necesaria para el sostenimiento de la vida social. En este sentido, los cuidados, mayoritariamente bajo la responsabilidad de las mujeres, son un elemento fundamental de lo que consideramos trabajo. Se debe reconocer este trabajo invisibilizado y no remunerado, e incluirlo en las estadísticas generales. Las instituciones deben garantizar el derecho al cuidado de toda la ciudadanía, dejando de asumir que las familias (las mujeres) son las garantes últimas del cuidado de sus miembros y poniendo en marcha políticas públicas de atención a la dependencia, acompañadas de todos los recursos necesarios para su implementación. Se debe revisar el impacto que está teniendo la actual Ley de Dependencia, sobre todo en la situación de las mujeres cuidadoras, y realizar los cambios en la Ley necesarios, como por ejemplo incorporar dentro de las situaciones de dependencia que se recogen el cuidado de niños y niñas. Además se deben potenciar todo tipo de medidas que promuevan la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado.
- Aumentar el gasto público en servicios sociales, invirtiendo en la mejora de los servicios públicos, revirtiendo así el proceso de privatización actual: apostar por un impulso a la vivienda de alquiler –siempre manteniendo la propiedad pública-, empezando por incorporar al mercado público las viviendas vacías; apostar por servicios que garanticen un sistema público de cuidados eficaz; apostar por una educación pública, laica, emancipadora u equitativa para mujeres y hombres; apostar por la investigación pública de conocimiento a largo plazo.
- Revisar el sistema impositivo desde la progresividad: que pague menos quien menos tiene, menos gana, menos contamina y menos despilfarra. Para poder afrontar todas las políticas públicas necesarias, es necesario un sistema fiscal fuerte que impida los regalos en forma de reducción de impuestos que se han hecho a los ricos, y que sea capaz de recaudar los recursos necesarios para hacer políticas públicas. Para ello, proponemos restaurar el Impuesto del Patrimonio u otro impuesto sobre la riqueza; no a la subida del IVA; crear impuestos ecológicos; subir el tipo marginal del IRPF al 50% y el tipo de las rentas del capital al menos al 27%; la lucha contra el fraude fiscal y el endurecimiento de penas en este sentido.