Luis Salgado – Alternatiba

De un tiempo a esta parte se ha encendido un acalorado debate sobre la obligatoriedad o no de que el Gobierno financie el tratamiento para enfermos de Hepatitis C. Más allá de si el tratamiento que demandan los afectados es la cura definitiva, o si está en proceso de consolidación, o si tiene unos ratios de efectividad suficientes, algo que por mi limitada capacidad no puedo analizar, lo que si me está produciendo un gran desasosiego son muchas de las argumentaciones que estoy teniendo que escuchar. Argumentaciones, muchas de ellas basadas en posiciones economicistas, pero sobre todo, la gran mayoría rozando, cuando no traspasando, la delgada línea de la ética.

En primer lugar todo lo que se está viendo, leyendo y hablando sobre la financiación del tratamiento de la Hepatitis C ocurre por una de las mayores incoherencias que mantuvo ese Capitalismo de rostro humano llamado Estado del Bienestar. Incoherencia que, mientras se abogaba e impulsaba una sanidad pública y universal, las herramientas, o sea los fármacos, se dejaban en manos privadas y se subvencionaba su adquisición, y de aquellos polvos estos lodos. Los fármacos en manos privadas han significado en muchos casos la cronificación de enfermedades frente a su erradicación o cura mirando la rentabilidad, pero también ha significado que, por el cumplimiento de las leyes de patentes, los medicamentos en muchos casos tengan durante los primeros 10, 15, o 20 años unos márgenes de beneficios escandalosos. Y contra eso… pues como ahora, confiar en que el medicamento sea subvencionado por el Estado para poder adquirirlo. Ese es el gran lastre de la Sanidad Pública, por lo menos hasta que resista siendo pública y universal.

Sin embargo, con el debate suscitado a raíz del tratamiento de la Hepatitis C, pocos, muy pocos, han sido los que han salido a la calle, o han manifestado públicamente que el gran problema es la propiedad privatizada de los medicamentos, y muchos menos los que levantamos la voz exigiendo la nacionalización de los mismos. (También de eléctricas, banca y otras, pero de estas  otras de vez en cuando alguien levanta la voz, no así de las farmacéuticas) Se exige al Estado que lo financie y poco más. Lo cual, sea dicho de paso, en mi opinión es el mínimo exigible a un Estado que dice velar por el bienestar de su ciudadanía. Y aquí viene el meollo. El Estado se niega a dar solución, ni financiación, ni nacionalización, ni genéricos. Según el Gobierno el tratamiento es caro y no es suficientemente eficaz, o sea que si de 10 personas, podemos salvar solo a 2 es mejor que se mueran las 10. Esa es la respuesta dada.

Con todo esto lo que tenemos que escuchar de bocas de los y las voceras del Gobierno y aledaños provincianos como PNV o CiU recuerda en muchos casos a los discursos legitimadores de la Solución Final Nazi de los años 30, incluyendo a algunos impresentables que han llegado a asegurar que el Estado no puede hacerse cargo de quienes enferman por su propia elección, algo que ya se utilizó en los 80 para estigmatizar a los portadores del VIH. Y es que, cuando se mezclan en una coctelera economía, moral y vida, el resultado suele terminar teniendo un fuerte olor a gas. Si el derecho a la vida, a los tratamientos, a las intervenciones, las medimos en términos de rentabilidad económica, lógicamente corremos el riesgo de asesinar por inacción a miles de personas, pero si además hemos de exigir a las personas que para poder ser tratadas o atendidas han de mostrar unos hábitos de vida saludables, y/o moralmente aceptables, el espectro de los asesinados empezaran a definirse aún con mayor claridad; pobres y no normativos.

El conflicto de la Hepatitis C no es un problema aislado, ni puntual, ni siquiera es un problema, es una realidad, dolorosa, muy dolorosa porque demuestra que nuestra vida, nuestro bienestar y nuestra salud están en manos de las empresas privadas, de sus márgenes de beneficio. Estan en manos de GENTUZA como Marinj Dekkers Consejero Delegado de Bayer que a preguntas de la prensa expuso “No creamos medicamentos para indios, sino para los que puedan pagarlos”. Después pidió disculpas, las mismas disculpas que esa misma empresa pidió no hace muchos años por su participación en el Genocidio Nazi creando, por ejemplo, el gas utilizado en los Campos de Concentración. La cabra tira al monte.

La solución pues, no pasa por exigir al Gobierno, que también, sino el cuestionamiento básico y fundamental del modelo de investigación, producción y distribución farmacológico, empezando por la revisión de las leyes reguladoras de las Patentes en este sector, no ya estratégico, sino imprescindible.

Del blog del Luis Salgado El Mundo Imperfecto

Cristina Bereciartua – Alternatiba

Mucho se ha escrito a lo largo de estos días sobre la responsabilidad de la enfermera contagiada de ébola y sobre la de las autoridades. Una de las cosas que más sorprende de todo esto, es que apenas se dé relevancia al hecho de que esta mujer se haya contagiado en su lugar de trabajo, realizando una tarea sujeta a la normativa de prevención de riesgos laborales. El contacto con el virus se ha producido en un entorno y bajo unas circunstancias que debían haber sido programadas y controladas.

¿Qué se puede destacar de este caso? En primer lugar, que no es una empresa sino una administración pública quien debe garantizar la seguridad y la salud de sus empleados: «los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio». Tal y como podemos constatar, la Administración pública es responsable de lo que le está sucediendo a la auxiliar.

En segundo lugar, se intenta culpabilizar a la víctima, por un supuesto error que inicialmente ella en ningún momento reconoció. Habría que ver las presiones a las que está siendo sometida y la validez de las declaraciones de una persona que, claramente, ni está en plenas facultades, ni con el debido asesoramiento y acompañamiento que en un accidente ordinario debieran concurrir. No obstante, pongamos que efectivamente, se descuidó y en un acto instintivo se tocó la cara ¿Que dice la ley sobre ello? «La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador». Es decir, que aunque la auxiliar hubiera cometido un error, la responsabilidad sigue siendo de quien debe velar por la seguridad y salud de la trabajadora, es decir, la Administración pública.

¿Y qué hay sobre la formación? Las personas que trabajan en los hospitales dicen que la formación consta de un video explicativo de 45 minutos ¿Qué dice la norma? «El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo». Pongamos que 45 minutos de video es una formación teórica suficiente (dada la magnitud y las consecuencias del riesgo, no se lo creen ni ellos) ¿Dónde está la formación práctica? Algún iluminado ha dicho que no hace falta un máster para quitarse y ponerse el traje. Entonces, ¿por qué la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire dice ensayar una y mil veces el protocolo? ¿Por qué aseguran que es necesario quitarse y ponerse el traje cientos de veces para hacerlo en condiciones de seguridad?

Ahora vamos con otra de las cuestiones que más indigna de este caso: el derecho a la intimidad. «Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. ¿Quién filtra el nombre de la trabajadora? ¿Cómo es posible que se entere de su positivo por la prensa? ¿Cómo se puede permitir que se publiquen fotos «robadas» desde el exterior de la habitación?

Y por terminar, ¿dónde está la Inspección de Trabajo? En ningún momento se ha manifestado que se haya personado la autoridad laboral competente para investigar de manera independiente el caso.

El tratamiento que se ha dado a este caso es un despropósito de principio a fin. Desde la decisión de repatriar a los enfermos de ébola a un hospital civil, sin los medios suficiente, en lugar de hacerlo a un hospital militar, donde se entrenan para este tipo de actuaciones. De haberlo hecho de esta manera, no se hubiera puesto en peligro a la población civil y el seguimiento de las personas expuestas al contacto con la enfermedad seria más riguroso.

Solo queda desear la pronta recuperación de la auxiliar y que una vez se estabilice la situación, rueden cabezas por la irresponsabilidad e incompetencia de quienes han dirigido el caso.

Publicado en Rebelion, Deia y Naiz