Accesos al Hospital de Urduliz: 17 resaltos en 4 kilómetros

Juan Mª Sánchez – Enfermero de ambulancias y militante de Alternatiba

El estudio “La repercusión de los resaltos en las emergencias sanitarias” es el resultado del análisis de las posibles afecciones de estos elementos viales en pacientes trasladadas en vehículos de emergencia. Su autor, Mateo Lafragua, sufrió los efectos negativos de estos badenes en un traslado en ambulancia y ese fue el detonante que le impulsó a contactar con profesionales de todos aquellos sectores, desde sanitarios hasta el RACVN, que tuvieran algún tipo de relacción con este tema. Ha tenido el mérito de concentrar en un estudio lo que muchos profesionales expresaban en diferentes foros de manera aislada.

El estudio está teniendo un gran eco en diferentes medios de comunicación, se está estudiando en las Diputaciones y, en el Parlamento Vasco, se trató en la comisión de Salúd y consumo. Dicha comisión solicitó, mediante enmienda de transacción a una proposición no de ley, un informe que analizara la incidencia negativa de las medidas de calmado de tráfico instaladas en la CAV en relacion con la prestacion de asistencia por recursos de emergencia, con especial atención al traslado de pacientes. Informe que ha elaborado Emergencias de Osakidetza. En esta comision todos los partidos políticos, sin excepcion, mostraron su acuerdo con las conclusiones del estudio; con la importancia, la trascendencia y la gravedad del tema.

El informe elaborado por Emergencias de Osakidetza corrobora que el crecimiento del número de medidas de calmado puede comprometer la capacidad de los sistemas médicos de emergencias para dar respuesta en los tiempos requeridos.

La mayoría de las medidas de calmado de tráfico buscan una disminución de velocidad que genera una aceleración posterior una vez sobrepasada la medida. Estos cambios de inercias, motivadas por la deceleración-aceleración, producen cambios fisiológicos que son bien asumidos por la mayoría de los pacientes trasladados pero que, en el contexto de pacientes hemodinámicamente inestables, pueden generar complicaciones y agravamientos clínicos.

Pacientes trasladados con alguna lesión traumática (fracturas principalmente) presentan un aumento de dolor en el foco lesionado cuando se aborda el paso del elemento sobreelevado.

Dentro de las recomendaciones que Emergencias de Osakidetza hace en su informe está: Evitar la inclusión de medidas en las vías cercanas a hospitales, que son las empleadas de forma habitual por las ambulancias para trasladar a pacientes.

Pues bien, si al hecho de que el accesso al hospital de Urduliz ya genera polémica por su total falta de planificación, añadimos lo que aquí tenemos, obtenemos un triste récord: En el acceso a este centro sanitario, desde la rotonda de Urko (Larrabasterra) y solo en un tramo de 4 kilómetros, hay nada menos que 17 resaltos de todo tipo. En contra de las recomendaciones que hace Emergencias de Osakidetza, y de la lógica más elemental, las ambulancias y los pacientes que acudan a las Urgencias del Hospital de Urduliz van a “sufrir” un resalto cada 230 metros.

Una jinkana de badenes, frenazos, botes, saltos y golpes que va a convertir el acceso al hospital en un suplicio para aquellas personas que se vean en la obligación de acudir a Urgencias.

Publicado en Naiz y Sopela.net

De listas de espera

Ander Rodriguez
Compañero de Alternatiba y exdiputado de Política Social de Gipuzkoa

Las noticias que hablan de la preocupante situación que atraviesan los Servicios Sociales en Gipuzkoa -“Los guipuzcoanos que esperan plaza para una residencia aumentan un 25 %” “El tiempo para ser valorado como dependiente y recibir la ayuda se duplica”-, han motivado que ayer, Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa, compareciera en rueda de prensa para publicitar la apertura de “300 nuevas plazas en centros residenciales y diurnos”. Una vez más, un anuncio más efectista (1. adj. Que busca ante todo producir fuerte efecto o impresión en el ánimo) que efectivo (1. adj. Real y verdadero, en oposición a quimérico, dudoso o nominal).
A continuación trataré de explicar por qué.

Desgranando la noticia podemos leer que esas 300 plazas se abrirán en centros residenciales y diurnos durante los próximos cuatro años. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2015-2017 prevé la apertura de 213 plazas durante 2016 y 2017, la novedad se limita a la apertura de solo 87 plazas durante los años 2018 y 2019. ¿A que así no parece que se esté “asumiendo todo un reto”? Y más, si tenemos en cuenta que las previsiones de envejecimiento se están viendo desbordadas.

Si reparamos al presupuesto publicitado, 4’3 millones de euros hasta 2019, más de lo mismo. Un incremento durante 4 años que se corresponde aproximadamente con un 0,5 % del presupuesto total de la Diputación no parece que sea un gran esfuerzo ¿no? Mucho más si lo comparamos con lo destinado a otros, estos sí, grandes e innecesarios proyectos forales.

La pasada semana, Andoni Ortuzar, con ese gracejo que le caracteriza, soltó una de sus perlas: “prometen el cielo y luego son capaces de llevar al infierno”. Aludía el insigne a la experiencia del gobierno de Martín Garitano. Bueno, no entraré a hacer balances de lo que supuso para lxs guipuzcoanxs la gestión de la pasada legislatura. Lo que sí le diré es que hoy, aquí, son ellxs quienes van camino de convertir en un infierno la vida de las mujeres que sostienen el cuidado que la administración no presta.

P.D. Dejo para otro día valorar el resto de anuncios que hizo la Diputación: los 2 millones que destinarán a cheques servicio y “establecer un marco general de actuación que asegure una estabilidad en el sector a lo largo de este periodo”.

Emergencias de Araba, ni adecuadas ni suficientes

David Pina – Alternatiba

Con relación a las críticas hechas sobre la suficiencia o no de las ambulancias de emergencia en Araba, el Consejero Darpón ha respondido en medios de comunicación y ha criticado duramente la utilización política de las desgracias de menores de edad acaecidas recientemente en Araba.

Desde Alternatiba criticamos duramente al Consejero por mentir y utilizar trucos de trilero para intentar tapar las carencias en Emergencias, intentando engañar a la población en un tema tan serio y nos vemos en la necesidad de exponer los trucos y las mentiras utilizados para justificar lo injustificable.

En primer lugar, ante la necesidad o no de una UCI de Pediatría en Araba el consejero dice que en la CAV los recursos para dar asistencia crítica a los menores son los adecuados. Por otro lado, el sindicato SATSE insiste desde hace tiempo en la necesidad de “una UCI de pediatría en Araba». Si tenemos que elegir entre la opinión de un sindicato de Enfermería que lleva años luchando por la sanidad pública y de calidad, o las declaraciones de un Consejero que ha llegado a Osakidetza mediante puerta giratoria desde la sanidad privada (IMQ), pocas dudas.

Según Darpón, los servicios de emergencias de Araba son los “adecuados y suficientes”. Las cifras, dicen lo contrario. Conocer el ratio de ambulancias por número de habitantes, así como la distribución de los recursos móviles establecidos, es esencial, ya que nos indican si son suficientes para responder a la demanda. La OMS recomienda una ambulancia medicalizada cada 120.000 habitantes. En Araba, Osakidetza tiene dos, una en Gasteiz y otra en Laudio. Con la particularidad de que la de Laudio es gestionada por el Centro Coordinador de Bizkaia, y realiza parte de su trabajo en este territorio.

Siguiendo con los trucos, Darpón dice que en Araba hay una ambulancia de Soporte Vital Avanzado por cada 80.000 habitantes; En Bizkaia, una por cada 114.000 habitantes; y en Gipuzkoa una cada 118.000 habitantes. ¿Cómo se pueden dar estas cifras? Pues haciendo trampa. Cuenta como ambulancias medicalizadas recursos que Osakidetza no utiliza como tal. El Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera establece que las Ambulancias de clase C, destinadas a proporcionar soporte vital avanzado, deberán contar con la siguiente dotación de personal: Una persona conductora que esté en posesión del título técnico en emergencias sanitarias y una persona diplomada en Enfermería. Asimismo, cuando la asistencia a prestar lo requiera, deberá contar con una persona licenciada en Medicina.

Es aquí donde el Consejero hace la del trilero, ya que los recursos de Soporte Vital con Enfermería (Técnico Sanitario + Enfermería) que Osakidetza tiene subcontratados no se utilizan, ni son considerados soporte vital avanzado. En la página de Emergencias de Osakidetza podemos leer que entre sus funciones, están la Asistencia primaria que pueda beneficiarse de técnicas de enfermería y el Apoyo a la red de Soporte Vital Avanzado si se precisa. En ningún momento proveer Soporte Vital Avanzado.

De esta forma, el Consejero Darpón le suma, tramposamente, a las dos UVI que Osakidetza tiene en Araba, los dos Soporte Vital con Enfermería. El mismo truco se aplica para las cifras de Bizkaia y Gipuzkoa. Así, la realidad sobre ambulancias medicalizadas que dan Soporte Vital Avanzado en nuestro país, eliminando las mentiras del Consejero, es:

Bizkaia: 4 uvi para 1.144.214, una por cada 280.053 habitantes.
Araba: 2 uvi para 320.032, una por cada 160.016 habitantes.
Gipuzkoa: 4 uvi para 708.631, una por cada 177.157 habitantes.

Como se puede comprobar, datos muy alejados de las recomendaciones de la OMS. El  birlibirloque contable del Consejero evidencia que es consciente de las malas cifras de cobertura de ambulancias en nuestro país. El mismo consejero las considera tan vergonzantes que tiene que hacer trucos contables para presentarlas, maquilladas, a la ciudadanía y que parezcan las de un país con una sanidad avanzada y con estándares de calidad europeos.

Análisis aparte merecerían tanto la distribución de los recursos, teniendo en cuanta la población y la orografía de nuestro país, como las condiciones laborales precarias, penosas y de semi esclavitud de los Soportes Vitales Básicos subcontratados por Osakidetza, sobre las que hace poco hemos podido leer varios artículos en diferentes medios de comunicación.

La delicada situación de las emergencias sanitarias en nuestro país, al límite de sus capacidades, hace necesario, y siempre desde criterios –remarcamos- técnicos, replantearnos seriamente la actual situación. No se puede obviar que existe un grave problema, tanto de déficit de recursos como de estructuración, por lo que hay que realizar un análisis riguroso de la realidad, las necesidades y un debate sosegado sobre las medidas a aplicar.

Publicada en Naiz y El Periodista Canalla

Oskar Matute en la tertulia de actualidad política de Parlamento en las Ondas 28/05/16

Tertulia de actualidad política del pasado sábado en el Parlamento en las Ondas, de Radio Euskadi, conducida por Iker Arrastio y en la que participa cada fin de semana el compañero de Alternatiba y candidato al congreso por Bizkaia de Euskal Herria Bildu Oskar Matute. Podéis escucharlo en la ventana, o descargarlo.

Hepatitis C, la solución final

Luis Salgado – Alternatiba

De un tiempo a esta parte se ha encendido un acalorado debate sobre la obligatoriedad o no de que el Gobierno financie el tratamiento para enfermos de Hepatitis C. Más allá de si el tratamiento que demandan los afectados es la cura definitiva, o si está en proceso de consolidación, o si tiene unos ratios de efectividad suficientes, algo que por mi limitada capacidad no puedo analizar, lo que si me está produciendo un gran desasosiego son muchas de las argumentaciones que estoy teniendo que escuchar. Argumentaciones, muchas de ellas basadas en posiciones economicistas, pero sobre todo, la gran mayoría rozando, cuando no traspasando, la delgada línea de la ética.

En primer lugar todo lo que se está viendo, leyendo y hablando sobre la financiación del tratamiento de la Hepatitis C ocurre por una de las mayores incoherencias que mantuvo ese Capitalismo de rostro humano llamado Estado del Bienestar. Incoherencia que, mientras se abogaba e impulsaba una sanidad pública y universal, las herramientas, o sea los fármacos, se dejaban en manos privadas y se subvencionaba su adquisición, y de aquellos polvos estos lodos. Los fármacos en manos privadas han significado en muchos casos la cronificación de enfermedades frente a su erradicación o cura mirando la rentabilidad, pero también ha significado que, por el cumplimiento de las leyes de patentes, los medicamentos en muchos casos tengan durante los primeros 10, 15, o 20 años unos márgenes de beneficios escandalosos. Y contra eso… pues como ahora, confiar en que el medicamento sea subvencionado por el Estado para poder adquirirlo. Ese es el gran lastre de la Sanidad Pública, por lo menos hasta que resista siendo pública y universal.

Sin embargo, con el debate suscitado a raíz del tratamiento de la Hepatitis C, pocos, muy pocos, han sido los que han salido a la calle, o han manifestado públicamente que el gran problema es la propiedad privatizada de los medicamentos, y muchos menos los que levantamos la voz exigiendo la nacionalización de los mismos. (También de eléctricas, banca y otras, pero de estas  otras de vez en cuando alguien levanta la voz, no así de las farmacéuticas) Se exige al Estado que lo financie y poco más. Lo cual, sea dicho de paso, en mi opinión es el mínimo exigible a un Estado que dice velar por el bienestar de su ciudadanía. Y aquí viene el meollo. El Estado se niega a dar solución, ni financiación, ni nacionalización, ni genéricos. Según el Gobierno el tratamiento es caro y no es suficientemente eficaz, o sea que si de 10 personas, podemos salvar solo a 2 es mejor que se mueran las 10. Esa es la respuesta dada.

Con todo esto lo que tenemos que escuchar de bocas de los y las voceras del Gobierno y aledaños provincianos como PNV o CiU recuerda en muchos casos a los discursos legitimadores de la Solución Final Nazi de los años 30, incluyendo a algunos impresentables que han llegado a asegurar que el Estado no puede hacerse cargo de quienes enferman por su propia elección, algo que ya se utilizó en los 80 para estigmatizar a los portadores del VIH. Y es que, cuando se mezclan en una coctelera economía, moral y vida, el resultado suele terminar teniendo un fuerte olor a gas. Si el derecho a la vida, a los tratamientos, a las intervenciones, las medimos en términos de rentabilidad económica, lógicamente corremos el riesgo de asesinar por inacción a miles de personas, pero si además hemos de exigir a las personas que para poder ser tratadas o atendidas han de mostrar unos hábitos de vida saludables, y/o moralmente aceptables, el espectro de los asesinados empezaran a definirse aún con mayor claridad; pobres y no normativos.

El conflicto de la Hepatitis C no es un problema aislado, ni puntual, ni siquiera es un problema, es una realidad, dolorosa, muy dolorosa porque demuestra que nuestra vida, nuestro bienestar y nuestra salud están en manos de las empresas privadas, de sus márgenes de beneficio. Estan en manos de GENTUZA como Marinj Dekkers Consejero Delegado de Bayer que a preguntas de la prensa expuso “No creamos medicamentos para indios, sino para los que puedan pagarlos”. Después pidió disculpas, las mismas disculpas que esa misma empresa pidió no hace muchos años por su participación en el Genocidio Nazi creando, por ejemplo, el gas utilizado en los Campos de Concentración. La cabra tira al monte.

La solución pues, no pasa por exigir al Gobierno, que también, sino el cuestionamiento básico y fundamental del modelo de investigación, producción y distribución farmacológico, empezando por la revisión de las leyes reguladoras de las Patentes en este sector, no ya estratégico, sino imprescindible.

Del blog del Luis Salgado El Mundo Imperfecto

El ébola y la incompetencia de la administración

Cristina Bereciartua – Alternatiba

Mucho se ha escrito a lo largo de estos días sobre la responsabilidad de la enfermera contagiada de ébola y sobre la de las autoridades. Una de las cosas que más sorprende de todo esto, es que apenas se dé relevancia al hecho de que esta mujer se haya contagiado en su lugar de trabajo, realizando una tarea sujeta a la normativa de prevención de riesgos laborales. El contacto con el virus se ha producido en un entorno y bajo unas circunstancias que debían haber sido programadas y controladas.

¿Qué se puede destacar de este caso? En primer lugar, que no es una empresa sino una administración pública quien debe garantizar la seguridad y la salud de sus empleados: «los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio». Tal y como podemos constatar, la Administración pública es responsable de lo que le está sucediendo a la auxiliar.

En segundo lugar, se intenta culpabilizar a la víctima, por un supuesto error que inicialmente ella en ningún momento reconoció. Habría que ver las presiones a las que está siendo sometida y la validez de las declaraciones de una persona que, claramente, ni está en plenas facultades, ni con el debido asesoramiento y acompañamiento que en un accidente ordinario debieran concurrir. No obstante, pongamos que efectivamente, se descuidó y en un acto instintivo se tocó la cara ¿Que dice la ley sobre ello? «La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador». Es decir, que aunque la auxiliar hubiera cometido un error, la responsabilidad sigue siendo de quien debe velar por la seguridad y salud de la trabajadora, es decir, la Administración pública.

¿Y qué hay sobre la formación? Las personas que trabajan en los hospitales dicen que la formación consta de un video explicativo de 45 minutos ¿Qué dice la norma? «El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo». Pongamos que 45 minutos de video es una formación teórica suficiente (dada la magnitud y las consecuencias del riesgo, no se lo creen ni ellos) ¿Dónde está la formación práctica? Algún iluminado ha dicho que no hace falta un máster para quitarse y ponerse el traje. Entonces, ¿por qué la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire dice ensayar una y mil veces el protocolo? ¿Por qué aseguran que es necesario quitarse y ponerse el traje cientos de veces para hacerlo en condiciones de seguridad?

Ahora vamos con otra de las cuestiones que más indigna de este caso: el derecho a la intimidad. «Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. ¿Quién filtra el nombre de la trabajadora? ¿Cómo es posible que se entere de su positivo por la prensa? ¿Cómo se puede permitir que se publiquen fotos «robadas» desde el exterior de la habitación?

Y por terminar, ¿dónde está la Inspección de Trabajo? En ningún momento se ha manifestado que se haya personado la autoridad laboral competente para investigar de manera independiente el caso.

El tratamiento que se ha dado a este caso es un despropósito de principio a fin. Desde la decisión de repatriar a los enfermos de ébola a un hospital civil, sin los medios suficiente, en lugar de hacerlo a un hospital militar, donde se entrenan para este tipo de actuaciones. De haberlo hecho de esta manera, no se hubiera puesto en peligro a la población civil y el seguimiento de las personas expuestas al contacto con la enfermedad seria más riguroso.

Solo queda desear la pronta recuperación de la auxiliar y que una vez se estabilice la situación, rueden cabezas por la irresponsabilidad e incompetencia de quienes han dirigido el caso.

Publicado en Rebelion, Deia y Naiz

Sensibilización y solidaridad de la sociedad guipuzcoana con motivo del Día Mundial del Alzheimer

El diputado de política social de Gipuzkoa y miembro de Alternatiba, Ander Rodríguez, ha presentado en Donostia la campaña de sensibilización para con las personas que sufren Alzheimer. 

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer AFAGI y la Diputación Foral de Gipuzkoa han presentado hoy el programa de actividades de concienciación sobre esta enfermedad organizado en Gipuzkoa con motivo de la celebración, el próximo 21 de septiembre, del Día Mundial del Alzheimer. Una docena de actos completan un calendario que arrancará mañana -en la residencia Txindoki de Lazkao- con una conferencia sobre la comunicación con personas con Alzheimer, y que se cerrará el próximo 2 de octubre -en Irun- con una charla orientativa para familiares. Entre ambas fechas, mesas informativas, charlas, encuentros de socios de AFAGi y actividades solidarias tratarán de sensibilizar sobre esta dolencia y hacer llegar la realidad del alzheimer a todas las comarcas de Gipuzkoa.

El acto central de esta campaña tendrá lugar el día 20, en el paseo de La Concha de Donostia, donde se celebrará la tradicional cadena humana y suelta de globos en solidaridad con las personas que padecen alzheimer y sus familias.

El diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, y el presidente de AFAGI, Koldo Aulestia, han presentado hoy este programa de actividades y los carteles de la campaña de sensibilización del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra este año bajo el lema “solidaridad”.

Koldo Aulestia ha explicado que AFAGI trabaja para que la Solidaridad con el Alzheimer esté permanentemente presente en nuestras vidas: “La solidaridad en el más amplio sentido, abarcando todos los sectores de la sociedad, y no sólo a aquéllas instancias que, directa o indirectamente, tengan vinculación o responsabilidad sobre esta pandemia del siglo XXI. “Solidaridad” entendida como reflejo de complicidad y compromiso, y no como muestra de pena o compasión”.

Como parte de ese objetivo, AFAGI colabora en el proyecto que ha lanzado la confederación estatal de asociaciones (CEAFA), “Solidarios con el Alzheimer”, dirigido a visibilizar la sensibilidad hacia este problema socio-sanitario de entidades (públicas y privadas) que, en principio, no tienen vinculación directa con la enfermedad. En estos momentos, de las 328 entidades públicas (Ayuntamientos en su mayoría) que han firmado la declaración, 35 pertenecen a Gipuzkoa.

En el Reino de España, se estima actualmente que el 7% de las personas mayores de 65 años (503.681) y el 50% de las mayores de 85 años (623.723) son candidatas a sufrir directamente algún tipo de demencia (y el Alzheimer es la forma con mayor prevalencia), por lo que podemos calcular que el número de casos asciende a 1,2 millones de personas (1.127.403 para ser exactos), lo cual representa, aproximadamente, el 2,4% de la población del Estado (13,4% de las personas mayores de 65 años). En lo que respecta a Gipuzkoa, su alcance llegaría a 23.630 personas.

Ander Rodríguez ha señalado que el Departamento de Política Social atiende al %84 de la población guipuzcoana afectada por el Alzheimer. De estas personas, un 40% es atendida en residencias, mientras que el 60% recibe diversos servicios en su entorno, como prestaciones económicas, centros de día, ayudas técnicas, etc.

En palabras del diputado, “poner a disposición de las personas con dependencia y sus familiares los recursos necesarios para que puedan permanecer en su entorno el mayor tiempo posible es una prioridad para el Gobierno foral. Por ello, en Gipuzkoa, hemos ampliado las ayudas económicas de la Ley de Dependencia, pese a los recortes brutales hechos desde el Gobierno central. Y no sólo eso, también creemos que debemos mejorar y avanzar hacia una atención en las residencias cada vez más especializada y centrada en las personas, por eso apostamos por las unidades psicogeriátricas. El año pasado abrimos 15 plazas psicogeriátricas en la residencia Atsobakar de Elgoibar y, en los próximos meses, abriremos 18 más en Bergara”.

Aulestia ha señalado, también, que no hay que olvidar que el Alzheimer incide también sobre lo que ya se ha dado en conocer como “enfermos jóvenes”, es decir, personas menores de 65 años que se enfrentan a los efectos devastadores de la enfermedad. Estos representan, aproximadamente un 10% de los casos.

En cuanto al impacto social, el Alzheimer no sólo se ceba en el/la paciente. Es la familia la que asume el peso y la responsabilidad del cuidado y la atención al ser querido. En consecuencia, y de acuerdo a la estructura familiar, podemos hablar de que afecta a 4.509.612 de personas en el Estado, es decir, el 9,7% del total de la población. En Gipuzkoa, alcanza a 94.520 personas.

Sin embargo, en palabras del presidente de AFAGI, “los datos anteriores son las cifras que podemos manejar hoy. No serán válidos dentro de unos pocos años, ya que, de acuerdo con todas las previsiones, el envejecimiento de nuestra población continuará en ascenso, con lo que todos esos números se duplicarán en el medio plazo”.

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