El que no trabaje, que no coma > Ander Rodríguez (Alternatiba)

POCO o nada hemos avanzado. Dos mil años después, el Gobierno Vasco repite las mismas palabras escritas por Pablo de Tarso: «El que no trabaje, que no coma». Quien rechace una oferta laboral perderá la Renta de Garantía de Ingresos y podría ver afectada su prestación por desempleo. Este y otros subsidios tienen por finalidad asegurar un sueldo mínimo que permita a la ciudadanía el acceso a los bienes necesarios para subsistir. Se lanza, de este modo, un claro mensaje: a quien no acepte un empleo remunerado no tenemos por qué garantizarle la supervivencia.

Un paréntesis. Utilizo el término «empleo remunerado» porque considero restrictivo y excluyente identificar «trabajo» con «contrato laboral». El Gobierno Vasco no reconoce que puedan desarrollarse otras modalidades de trabajo al margen del remunerado, como pueden ser el voluntario o el doméstico. Pero, como se preguntaba el sociólogo Claus Offe: «¿Por qué razón deberían enhebrase todas las actividades útiles que los seres humanos son capaces de hacer a través del agujero de un contrato laboral?».

Volviendo sobre mis pasos, parece que la consejera Gemma Zabaleta entiende que la garantía de existencia debe tener una contrapartida, por lo que una persona debe estar dispuesta a aceptar cualquier tipo de contrato, por precarias que sean sus condiciones, si es que quiere comer. Al parecer, es un problema para la Administración vasca que un pobre pueda alimentarse si decide no desarrollar un empleo remunerado. Sin embargo, esta disyuntiva no se plantea con otras clases sociales, ya que hay quien no trabaja y sí come, porque dispone de tierras o de capital. El problema, una vez más, son los pobres.

Para que la gente acepte con normalidad que se retiren las ayudas públicas que protegen la existencia de quienes menos tienen, se ha desarrollado durante los últimos meses una brutal campaña política y mediática que ha hecho énfasis en una supuesta estafa masiva en estas prestaciones. No resulta complicado desmontar la falacia. El fraude en la Renta de Garantía de Ingresos no alcanza el 2%. Todos los perceptores pasan al menos una revisión anual, mientras que la inspección de las rentas que provienen del capital sólo alcanza el 1,2%. ¿Dónde creen que debería centrar sus esfuerzos fiscalizadores la Administración?

Volvemos a caer en la llamada trampa de la pobreza: se desincentiva la búsqueda de una ocupación asalariada que no compense lo que se percibe en concepto de subsidio condicionado. Pero tratar de superar esta trampa obligando a las trabajadoras y trabajadores a aceptar labores especialmente penosas y mal pagadas resulta una rendición ideológica ante la clase empresarial. Ya lo dijo sin complejos la patronal vasca Confebask: «Hay que ser conscientes de que el nivel asistencial marca en muchos casos el listón para trabajar o no». Es triste que el Gobierno Vasco no muestre inquietud alguna por la firma de contratos basura que se sitúan cerca o incluso por debajo del umbral de la pobreza, sino por una ayuda social que podría llevar a que un grupo de población se negara a aceptar contratos precarios.

Esto nos conduce al único y terrible efecto de la medida anunciada: la pérdida de libertad. Si una persona no tiene cubiertos unos mínimos para vivir, no dispone de libertad real, ya que su libertad de elección se ve coartada por sus necesidades. Condicionar un ingreso mínimo a la aceptación de cualquier oferta de empleo conlleva reforzar el dominio del empresario en la relación laboral y debilitará aún más la posición de las trabajadoras y trabajadores a la hora de negociar.

Si lo que se pretende es superar la trampa de la pobreza y el desincentivo que hipotéticamente pueden suponer las ayudas condicionadas, bien podría apostar el Gobierno Vasco por una Renta Básica de Ciudadanía. Definida por el Basic Income Earth Network como «una forma de renta mínima garantizada que difiere de las que existen actualmente en varios Estados europeos en tres importantes sentidos: primero, es pagada a los individuos y no a los hogares; segundo, es pagada independientemente de otras fuentes de rentas; finalmente, es pagada sin requerir el desempeño de ningún trabajo o de la voluntad de aceptar un empleo ofrecido».

Esta fórmula garantiza las condiciones materiales de la libertad, establece una cobertura del 100%; elimina humillantes controles; erradica la estigmatización de la pobreza; garantiza mejor reparto de la riqueza; ahorra costes a la Administración; incentiva el autoempleo, el trabajo a tiempo parcial y el gusto por el riesgo; reconoce el trabajo voluntario y el doméstico; hace desaparecer el fraude y supera la trampa de la pobreza. Una Renta Básica de Ciudadanía que no conoce obstáculos técnicos, pero conoce obstáculos políticos. Simplemente, no es aceptable para quienes están mejor.

Entrevista a Alberto Garzón, miembro del Consejo Científico de ATTAC

Entrevista realizada por Jorge Segoviano y publicada en Astekari Digitala

¿Que es ATTAC?

Es un movimiento social que nació para reivindicar la puesta en marcha de un impuesto que gravara las transacciones financieras, y en el transcurso de los años ha ido desarrollándose en distintos países, sobre todo en Francia y en España, y evolucionando en sus reivindicaciones. Hoy en día vamos mucho más allá en nuestras reivindicaciones y en esa línea la última acción en la que estamos volcados es la reivindicación de la nacionalización de las Cajas de Ahorros.

¿Qué papel ha tenido la banca privada en la crisis que estamos sufriendo actualmente?

Ha tenido un papel clave, porque es la columna vertebral del sistema financiero, el cual ha quebrado en esta crisis. Fundamentalmente el desencadenante hay que buscarlo en las prácticas de los bancos estadounidenses que, con sus “hipotecas basura” y sus prácticas especulativas inmobiliarias contribuyeron enormemente a la burbuja financiera del país. Y son estos mismos bancos los que se encargaron de distribuir estos activos tóxicos por el mundo para minimizar sus daños, con la colaboración interesada de la banca privada mundial.

¿Y en España?

En España ha sido distinto: los bancos españoles no se  han visto demasiado afectados por la crisis “sub prime” porque no tenían que irse fuera a hacer negocio. Su negocio ha sido fundamentalmente la especulación inmobiliaria. En unas condiciones además más ventajosas para ellos que en Estados Unidos: allí si una persona no paga la hipoteca el banco se queda con la propiedad, pero aquí si la propiedad vale menos que la hipoteca te embargan todo hasta que se cubra la deuda.

¿Por qué se ha cortado el grifo de la financiación a las empresas y familias?

A los bancos les sale mucho más rentable especular, porque consiguen un beneficio mayor y más inmediato, que hacer negocio con los préstamos, donde el beneficio retorna al cabo de un tiempo. Esto afecta a toda la sociedad que no tiene los fondos que necesita para producir y/ consumir.

¿Están a punto de perder su función primaria, entonces?

Están totalmente desvirtuados, todas las des reglamentaciones que se hicieron desde los años 80 posibilitaron que la banca y el sistema financiero en general se desplazara desde las actividades productivas hacia las actividades especulativas, porque le era más rentable, cómo ya hemos dicho.

¿Y las Cajas de Ahorros no han cumplido esa función que parece perdida en los bancos?

No, porque han venido funcionando en la misma línea, han competido contra los bancos y se han visto afectadas de la misma forma. Sobre todo las grandes Cajas, que se han volcado en el negocio de la construcción, por lo tanto sus problemas para seguir financiando han sido los mismos, y probablemente ese sea uno de los motivos por los que se rescatan las Cajas de Ahorro, porque son los más débiles en ese momento.

¿Y cómo afecta la nueva ley de Cajas de Ahorro a esta situación?

Fundamentalmente es un intento de vender ese mercado, el mercado de las Cajas de Ahorro y sus clientes, a los bancos. En la práctica eran casi lo mismo pero con esta reforma se van a asemejar incluso en términos legales. Se trata de una ayuda a los bancos, ya que van a poder absorber todo el negocio de las Cajas para poder reflotar su propio negocio.

En ATTAC reivindicáis la nacionalización de las Cajas de Ahorros. ¿Cómo se nacionaliza una Caja de Ahorros, o un banco?

En el caso de los bancos, si cotizan en bolsa se puede comprar sus acciones, quedándose el Estado con la propiedad del banco, lo que significa quedarse con los beneficios, las pérdidas, la infraestructura, el personal, etc. Esto ha sido una práctica habitual en países cómo Inglaterra o Estados Unidos. En el caso de las Cajas de Ahorros hay que seguir otro procedimiento ya que no tienen acciones, pero en definitiva viene a ser lo mismo: hacerse con la propiedad de toda la entidad, de sus derechos y de sus obligaciones. Porque la práctica habitual en este sentido ha sido la de nacionalizar cuando las deudas eran mayores que los beneficios, que es en realidad una socialización de las pérdidas. Es decir que hay que dirigir dinero público para pagar las deudas de una entidad que en tiempos de bonanza distribuyo sus beneficios únicamente entre sus accionistas.

¿Qué beneficios sociales tendría la creación de una banca pública?

Muchos. Primero a nivel productivo: en el caso de España que está buscando escapar de un modelo productivo cómo el de la especulación inmobiliaria, necesita definir cuales van a ser los sectores que van a ser la punta de lanza de la economía y proporcionar incentivos a los capitales para que acudan a estos sectores. En este sentido la banca pública podría tener un papel fundamental creando líneas de crédito especiales, con menor tipo de interés, para las empresas o inversores que operaran en ese ámbito. Y a nivel de consumo también tendría una gran aportación, ya que en los últimos años la banca ha cambiado su línea de negocio con las familias e individuos, obteniendo beneficios a través de las comisiones, e incluso con prácticas depredatorias, cómo se ha visto en Estados Unidos donde engañaban a los clientes de las hipotecas “sub prime”. La banca pública tendría que tener prohibidas todo este tipo de prácticas depredatorias y sería una herramienta para fomentar el consumo hacia el ámbito más adecuado. Y por supuesto la banca pública debería tener restringidas las operaciones especulativas, ya que se guiaría por criterios sociales, no tendría necesidad de competir con la banca privada y por lo tanto no tendría que guiarse por criterios de rentabilidad.

¿A nivel práctico, se propone la coexistencia de banca privada y banca pública?

ATTAC, en su último manifiesto así lo propone. Si la banca pública naciera del germen de las Cajas de Ahorros estaría más enfocada hacia los trabajadores y las PYMES, ya que en general se han especializado en este segmento del mercado, los bancos están más enfocados a las grandes empresas. Esto a efectos prácticos podría dar bastantes problemas, porque en el fondo estarían compitiendo, por lo que sería vital marcar sus límites: qué puede hacer la banca privada y qué la banca pública.  

¿No es posible que toda la banca sea pública?

Todo en economía es posible, pero sería muy complicado nacionalizar los bancos ya que tienen un gran poder no solo a nivel económico sino a nivel de relación con los partidos políticos. Además sería muy costoso a nivel económico, por eso se propone nacionalizar parte de la banca, las Cajas de Ahorros, cuyo coste sería más asumible.

¿No acusarían al Estado de hacer competencia desleal?

Sí, efectivamente, y muchos economistas dirían que eso distorsiona la economía. En el fondo es un debate viejo, porque la existencia de bancos públicos no es nada nuevo. En los años del neoliberalismo, tanto en España como en el resto del mundo se tuvo ese debate y se privatizaron los entes públicos, y estas son las consecuencias. Se trata de recuperar una herramienta para el Estado. Todos los estados tienen ciertas herramientas económicas para organizar la sociedad: la política monetaria, la política fiscal, y por supuesto la política financiera. En los últimos años la política monetaria se ha regalado directamente al Banco Central Europeo, y la banca pública que existía se privatizó en los 80. La poca capacidad que tienen los estados para responder a la crisis hoy en día es debida a que han regalado sus herramientas de reacción. 

¿Cómo afecta la pérdida de capacidad en política monetaria a los gobiernos europeos?

Perder la política monetaria significa perder un instrumento clave, es lo que determina los tipos de interés. La decisión o no de subirlos la toman ahora gente que se supone aséptica, pero muy alejada de los problemas de la gente y que no han sido elegidos democráticamente, y sus decisiones afectan al bolsillo de los trabajadores y las PYMES.

Si a eso le unimos cual es la línea que se ha venido siguiendo en política económica a nivel europeo, hay muy poco margen, por ejemplo al prohibir la superación de un 3% de déficit, cosa que luego cuando les interesa no se cumple. Otro ejemplo: el tratado de Lisboa impide a los estados prohibir las transacciones con paraísos fiscales. Si además cuentas con instituciones como el Banco Central Europeo que son profundamente neoliberales… de hecho es más neoliberal que la Reserva Federal que es su equivalente en Estados Unidos: la Reserva Federal tiene cómo objetivo preocuparse por la inflación y el empleo, pero el Banco Central solo se preocupa de la inflación, y la inflación preocupa fundamentalmente a quienes tienen mucho dinero, al resto le afecta pero para ellos el empleo es una variable más importante.

¿Y que puede hacer el gobierno español y los autonómicos?

Tienen capacidad tanto para revertir este proceso cómo para realizar acciones en otros ámbitos. Sin embargo la política fiscal de Zapatero en estos años ha sido totalmente regresiva, en el sentido de que ha subido los impuestos a las clases populares y los ha bajado a los más ricos, y eso no se puede justificar por que no tiene capacidad. Aunque luego se escuden siempre en la cuestión europea, cosa que hacen muy a menudo los gobernantes de estados europeos. De hecho cuando hemos trabajado el tema de las pensiones nos hemos encontrado que muchos analistas neoliberales recomiendan que la privatización de las pensiones se haga desde el ámbito supranacional, porque así los estados no tienen que dar cuentas, ellos dicen que lo impone Europa y así no les penalizan políticamente.

Me da la impresión de que el modelo Europeo no es lo que nos vendieron cuando entramos.

Es la Europa del capital, no la de los trabajadores, aunque haya tenido ideas sociales en su inicio, su desarrollo ha hecho que se configure cómo un elemento de poder político dirigido por las grandes empresas. En vez de construir una Europa alternativa, una Europa que se caracterice por un Estado de Bienestar fuerte y con amplitud de políticas sociales, la Europa que se ha construido poco a poco, es una imitación del modelo anglosajón. Con dificultades, por que la gente está acostumbrada a tener ciertos derechos sociales, porque si pudieran habrían desmantelado el Estado de Bienestar mucho más rápidamente. Pero poco a poco lo van consiguiendo, y con la crisis han dado un paso más allá, reduciendo la financiación a lo público en todos los sentidos: la sanidad, la educación, etc. Cuando los servicios públicos pierden financiación, llega a menos gente y pierden calidad, por lo que la gente empieza a percibir que no son eficientes y se justifica su privatización.

¿Y la crisis no ha hecho retroceder este proceso?

Las medidas que se están tomando ahora para salir de la crisis son de corte neoliberal, a pesar de que al principio cuando comenzó la crisis Sarkozy habló de refundar el capitalismo. Son palabras fuertes pero se quedaron en nada, al final el estado ha intervenido la economía masivamente pero a favor de los culpables de la crisis. La batalla de la crisis la están ganado las fuerzas neoliberales, si los sindicatos hubieran realizado huelgas masivas hubieran demostrado su fuerza de resistencia. Los sindicatos han perdido mucho poder y han sido muy desprestigiados, por ellos mismos en muchos casos, y eso ha dado vía libre a que estas medidas se hayan podido imponer con relativa facilidad. Esto hubiera sido impensable en otros tiempos, reformas como la bajada de un 5 % al sueldo de los funcionarios, sin apenas resistencia. Y estamos observando que España es de los países menos contestatarios, lo que nos hace ser pesimistas y pensar que van a seguir ganando. Puede ocurrir que esas actuaciones hagan derivar la crisis en una recesión, lo que nos pondría en otro escenario, pero lo que está claro es que otra vuelta de tuerca neoliberal viene seguro.

Despotismo ilustrado bilbaino

Imagen: Correo

El lunes 13 de diciembre se reunirá el Consejo Cívico de Bilbo. La composición elitista y no paritaria del Consejo, así como los temas a tratar en la reunión, dan una idea del carácter meramente propagandístico que PNV e IU conceden a este órgano decorativo.

Es sumamente significativo que la ponencia principal de la reunión, “El cambio de escenario global al que se enfrenta Bilbao”, sea presentada por Pedro Luis Uriarte, exconsejero delegado del BBVA, y que nos da una idea del modelo de ciudad por el que apuesta el actual equipo de gobierno.

Un modelo de ciudad que prioriza el desarrollo especulativo y urbanístico del centro de la ciudad y el eje marcado por la ría y deja abandonado a los barrios, donde vive la mayoría de la población. Cada vez es mayor la brecha entre el centro y los barrios y hoy es el día en el que recortan prestaciones sociales para los sectores más desfavorecidos y barrios enteros carecen de servicios básicos como accesos en condiciones, transporte público, escuelas infantiles y un largo etcétera, mientras las inversiones millonarias se suceden una tras otra en el centro.

Así mismo, los grupos municipales de la izquierda abertzale, EA y Alternatiba queremos subrayar que la pluralidad y riqueza asociativa existente en la Villa para nada está representada en un Consejo constituido por obligación que no por vocación; con un fin exclusivamente mediático; y cuya composición destaca por la excesiva y casi única presencia institucional y empresarial, la marginación del tejido social y de la cuarta fuerza política de la villa – la izquierda abertzale obtuvo en las últimas elecciones municipales más apoyo electoral que la coalición IU-Aralar-, y la ausencia absoluta de paridad (únicamente 10 de las 75 personas que lo componen son mujeres, es decir, la presencia de mujeres apenas alcanza el 13,33%); y la insultante discriminación del
Euskara, tanto en sus reuniones como en las actas y comunicaciones, en una ciudad en la que vivimos 165.000 euskaldunes o cuasi euskaldunes (datos de la memoria municipal).

Frente a este modelo elitista de ciudad escaparate que se nos quiere imponer, la izquierda abertzale, EA y Alternatiba abogamos por otro modelo de ciudad construido sobre la base de las necesidades reales de la población y los barrios. En lo que se refiere a participación ciudadana ésta es una de las asignaturas pendientes de Bilbo. A pesar de las oportunidades que ofrece, la actual arquitectura institucional de la villa está diseñada para cercenar la participación ciudadana. La nutrida manifestación celebrada en junio de 2008 por las asociaciones vecinales o la reciente dinámica ciudadana contra la ampliamente contestada Ordenanza sobre Espacio Público no es sino la constatación de una ausencia considerable de cauces de participación.

La puesta en marcha del Consejo Cívico debiera haber sido una oportunidad para invertir la tendencia actual. Sin embargo, el hecho de que haya sido tramitada sin debate social alguno; que su composición esté absolutamente descompensada a favor de un determinado sector (empresarial y hotelero), deje al margen a sectores sociales completos y para nada refleje la paridad entre mujeres y hombres; es demostrativo del escaso, por no decir nulo, interés con el que PNV e IU afrontan la constitución de este órgano institucional.

En Bilbao es necesario un replanteamiento serio de los cauces de participación ciudadana. Creemos que el sistema de Consejos de Distrito, Consejos Sectoriales y Consejo Cívico del que se dota como instrumentos de participación ciudadana el Ayuntamiento no son las herramientas adecuadas tal y como se encuentran definidas
para dar cauce a la participación de la ciudadanía en los asuntos y decisiones de la política municipal. De hecho, y ejemplo de ello es que de manera reciente ha estado aprobado el proyecto de presupuesto municipal sin ninguna participación de ninguna asociación ciudadana, pese a ser el documento donde se trazan las líneas que marcarán el modelo de ciudad que se va construyendo.

Y es que en concreto el Consejo Cívico es una clara demostración de cómo el gobierno municipal de Bilbao, con el Alcalde Azkuna a la cabeza, apuestan por el alejamiento de los centros de decisión de la ciudadanía hacia élites económicas o políticas, y la tecnificación de los procesos de toma de decisión y gestión de los asuntos públicos.

Azkuna hace gala de su despotismo ilustrado y coarta la participación de la ciudadanía en los asuntos municipales, huyendo de una ciudadanía concienciada que controle la actividad de la clase política y funcionarial.

Izquierda abertzale, Ea y Alternatiba proponemos para Bilbao un modelo de democracia radical que se asiente en los siguientes pilares:

  • El control ciudadano del Ayuntamiento: para lo cual es necesario garantizar el derecho a la información de los asuntos municipales con claridad.
  • El derecho de propuesta al municipio: porque el pleno del Ayuntamiento de Bilbao se ha convertido en una reunión cerrada inaccesible a las propuestas de la ciudadanía.
  • El derecho a la participación: revisando las estructuras y reglamentos de los órganos hasta ahora existentes y facilitando así mismo la participación ciudadana en organismos autónomos y sociedades municipales.
  • El derecho a la consulta ciudadana: garantizando que la ciudadanía sea consultada en aquellos asuntos estratégicos para la ciudad o cuando así se solicite por una parte sustancial de la propia ciudadanía.

Apuntes sobre ecofeminismo: las mujeres y la tierra> Marta Pascual (Decrecimiento)

Artículo de Marta Pascual (integrante de Ecologistas en acción) publicado en la web de decrecimiento

 

Ya no hay duda de que las cuentas estaban mal hechas. El crecimiento económico del norte y la promesa de desarrollo en el sur, escondían en la trastienda un proceso de deterioro social y ambiental que podría tener diferentes nombres: cambio climático, sometimiento de culturas indígenas, desertificación, pobreza ecológica, o crisis de insostenibilidad.

La aparente bonanza de los últimos treinta años en el norte rico se ha sostenido en el uso de abundante petróleo barato (un recurso no renovable y que ha empezado a disminuir), en el comercio de recursos naturales a bajo coste, en el expolio de ecosistemas y riquezas del subsuelo, en la explotación de la fuerza de trabajo de los colectivos más frágiles y en la externalización de cantidades ingentes de residuos. El planeta no da más de sí.

Sin embargo la economía y su crecimiento lleva décadas siendo objetivo prioritario de todos los gobiernos, muy por delante de las políticas de protección social. Los datos económicos al uso, sin embargo, no contabilizan la desaparición de culturas, los tóxicos abandonados en un río, la precariedad de la población de los suburbios de las ciudades o la pérdida de biodiversidad. La contabilidad económica ha llegado a computar la destrucción como riqueza. EL PIB sube, por ejemplo, cuando el espacio público se privatiza o cuando la contaminación recorta el acceso a bienes naturales antes de acceso libre.

Nuestro sistema económico se apropia hasta el agotamiento de los recursos gratuitos: bosques, agua limpia, trabajo doméstico… La naturaleza y la vida humana (la tierra y el trabajo) se convierten en simples herramientas para alimentar el crecimiento del capital.

Este reduccionismo económico que ha enfocado nuestra mirada en el dinero, ha hecho desaparecer de las grandes cuentas el puntal en el que se ha de asentar una economía centrada en la supervivencia: el cuidado de la vida. Sin éste no existirá futuro, ni existirán siquiera los economistas haciendo cuentas equívocas.

Para construir y mantener la ceguera monetaria no sólo es necesaria una estructura de poder, sino también un pensamiento que lo sustente: el pensamiento occidental, que subyace, sin que seamos muy conscientes, en nuestra forma de entender la realidad.

El pensamiento occidental ordena el mundo en parejas de opuestos entre sí: naturaleza-cultura, cuerpo-alma, razón-emoción, público-privado. hombre-mujer. Los dos valores de cada par se plantean como separados y excluyentes. Esta organización dicotómica simplifica nuestra comprensión del mundo. Pero los dos términos del par no se consideran de igual valor. Uno es considerado superior al otro. De este modo se jerarquiza la razón sobre la emoción, la cultura sobre la naturaleza y el hombre sobre la mujer. Y por último, un término llega a invisibilizar al otro y erigirse como patrón de la normalidad e incluso de la realidad. Así, el espacio público ocupa nuestro imaginario haciendo casi desaparecer el espacio privado, la cultura pretende someter e incluso desarrollarse al margen de la naturaleza, y los hombres se convierten en la norma del ser humano.

La invisibilización de la naturaleza y de las mujeres ha permitido someterlas y apropiarse de su trabajo, asuntos sin los cuales habría sido imposible el actual desarrollo del sistema económico.

Hay muchos paralelismos entre el sometimiento de ambas: puesto que sus servicios son gratuitos se usan sin contrapartida, ambas se consideran de acceso libre, apropiables, y se espera que sigan ahí a disposición, por más que se las maltrate. Como la madre que siempre atenderá al hijo pródigo, la tierra volverá a darnos sus frutos.

Pero la tierra y el trabajo de las mujeres, tienen un límite: la dignidad y la vida. La crisis ambiental y la crisis de los cuidados son manifestaciones paralelas de este límite.

No hay sostenibilidad sin acompasar la marcha del mundo con los procesos de la biosfera, y entre ellos, con los trabajos que las mujeres vienen realizando hasta el presente. El cuidado y el mantenimiento de la vida son condición de cualquier posibilidad de futuro.

Esta reflexión está en el origen del pensamiento ecofeminista. El ecofeminismo es un movimiento amplio de mujeres que nace de la conciencia de este doble sometimiento y de la creencia en que las luchas contra ambos, el ecologismo y el feminismo, contienen las claves de la dignidad humana y de la sostenibilidad en equidad.

Los movimientos de defensa de la tierra han tenido y tienen entre sus activistas a muchas mujeres. Es conocido el protagonismo de mujeres en el movimiento Chipko en defensa de los bosques, en el movimiento contra las presas del río Narmada en India, en la lucha contra los residuos tóxicos del Love Canal, origen del movimiento por la justicia ambiental en EEUU, como también lo es su presencia en movimientos locales de defensa de terrenos comunales, en las luchas por el espacio público urbano o por la salubridad de los alimentos. En el caso de muchas mujeres pobres, su ecologismo es el ecologismo de quienes dependen directamente de un ambiente protegido para poder vivir.

A mediados del siglo pasado el primer ecofeminismo discutió las jerarquías que establece el pensamiento occidental, revalorizando los términos de la dicotomía antes despreciados: mujer y naturaleza. La cultura protagonizada por los hombres ha desencadenado guerras genocidas, devastamiento y envenenamiento de territorios, gobiernos despóticos. Las primeras ecofeministas denunciaron los efectos de la tecnociencia en la salud de las mujeres y se enfrentaron al militarismo y a la degradación ambiental, comprendiendo éstos como manifestaciones de una cultura sexista. Petra Kelly es una de sus representantes.

A este primer ecofeminismo, crítico de la masculinidad, siguieron otros propuestos principalmente desde el sur. Estos consideran a las mujeres portadoras del respeto a la vida. Acusan al “mal desarrollo” occidental de provocar la pobreza de las mujeres y de las poblaciones indígenas, víctimas primeras de la destrucción de la naturaleza. Este es quizá el ecofeminsmo más conocido. En esta amplia corriente encontramos a Vandana Shiva, María Mies o a Ivone Guevara.

Superando el esencialismo de estas posiciones, otros ecofeminsmos constructivistas (Bina Agarwal, Val Plumwood) ven en la interacción con el medio ambiente el origen de esa especial conciencia ecológica de las mujeres. Es la división sexual del trabajo y la distribución del poder y la propiedad la que ha sometido a las mujeres y al medio natural del que todas y todos formamos parte. Las dicotomías reduccionistas de nuestra cultura occidental han de romperse para construir una convivencia más respetuosa y libre.

Desde parte del movimiento feminista, el ecofeminismo se ha visto como un posible riesgo, dado el mal uso histórico que el patriarcado ha hecho de los vínculos entre mujer y naturaleza. Puesto que el riesgo existe, conviene acotarlo. No se trataría de exaltar lo interiorizado como femenino, de encerrar de nuevo a las mujeres en un espacio reproductivo, negándoles el acceso a la cultura, ni de responsabilizarles, por si les faltaban ocupaciones, de la ingente tarea de rescate del planeta y la vida. Se trata de hacer visible el sometimiento, señalar las responsabilidades y corresponsabilizar a hombres y mujeres en el trabajo de la supervivencia.

Si el feminismo se dio bien pronto cuenta de cómo la naturalización de la mujer era una herramienta para legitimar el patriarcado, el ecofeminismo comprende que la alternativa no consiste en desnaturalizar a la mujer, sino en “renaturalizar” al hombre, ajustando la organización política, relacional, doméstica y económica a las condiciones de la Vida, que naturaleza y mujeres conocen bien. Una “renaturalización” que es al tiempo “reculturización” que convierte en visible la ecodependencia para mujeres y hombres.

Si situamos en el centro de nuestros cálculos, de nuestra práctica económica y política, de nuestros juicios éticos y de nuestras luchas el cuidado de vida, la tierra y las mujeres dejarán de ser esas grandes olvidadas.

Recortes en el servicio de ayuda a domicilio en Bilbao (Alternatiba)

Alternatiba quiere solidarizarse con las trabajadoras del Servicio de Atención al Domicilio (SAD), quienes se enfrentan al planteamiento de un ERE según ha comunicado la Unión Temporal de Empresas (UTE) y como fue anunciado en prensa el 17 de noviembre. Además, quiere también denunciar la actitud del Ayuntamiento de Bilbao en el tratamiento que hace de este servicio de vital importancia para la ciudadanía, ya sea para las personas con dependencia, como para las familias que las cuidan y dentro de estas, casi en su exclusividad mujeres. Por tanto, desde Alternatiba consideramos que este tipo de medidas afectan doblemente a las mujeres; como principales responsables del cuidado de personas dependientes, y por tanto, demandantes de este tipo de servicios para las personas a las que están cuidando; y como trabajadoras encargadas de prestar esta asistencia.

El Ayuntamiento de Bilbao argumenta el recorte de horas por la disminución de la demanda atribuyendo esta a que con la crisis económica las familias prefieren las ayudas económicas que la asistencia domiciliaria. Ante esta afirmación consideramos que, en primer lugar,  resulta necesario estudiar en profundidad cuál es la demanda real de este Servicio (que no tiene por qué coincidir con el número de solicitudes) y cuáles son los motivos que llevan a no hacer uso del mismo. De la misma afirmación del ayuntamiento se entiende que el Servicio se considera caro, por unas familias que optan por la prestación económica, con lo cual puede haber personas que se inhiban de solicitar el mismo (lo que haría que, en otras condiciones, la demanda real fuera mayor). Ante esta posibilidad creemos que el Área de Acción Social, antes de realizar ningún recorte presupuestario, debería estudiar la demanda de servicios de atención a la dependencia existentes en su municipio y planificar con los programas, personas y presupuesto necesario para dar respuesta a la misma.

Además, Alternatiba considera que el Ayuntamiento promueve la precarización del empleo de las mujeres: su planteamiento de recortes en el SAD destruye y precariza el empleo llevado a cabo de manera exclusiva por mujeres. Además, en este análisis superficial que se hace de la situación basado en las preferencias de las personas, se olvida mencionar que, en no pocas ocasiones, las prestaciones económicas de las familias son empleadas para contratar a mujeres,  por más horas y menos dinero de lo que supone el SAD, y en muchas ocasiones extranjeras, sin reconocimiento de derechos laborales y que entran a trabajar en condiciones precarias. Por tanto consideramos que este tipo de medidas contribuyen a precarizar un sector, el de cuidados, que resulta de vital importancia para toda la sociedad.

Por todos estos motivos mostramos nuestro apoyo a las acciones emprendidas y convocadas por el comité de empresa y solicitamos que el Ayuntamiento asuma este servicio y lo gestione de manera directa, reconociendo a las mujeres trabajadoras que hasta el momento han estado prestándolo y valorando la prestación de un servicio de calidad. La existencia de prestaciones económicas no puede ser nunca una justificación para la reducción en la oferta de servicios.  Desde Alternatiba esto sólo puede estar garantizado desde la gestión pública de un derecho ciudadano como es la atención a la dependencia.

Violencia contra las Mujeres (Alternatiba)

El sistema patriarcal y capitalista generan múltiples formas de violencia contra las mujeres, desempoderándolas en las diversas esferas de su vida. Apostamos, por tanto, por un concepto amplio de violencia contra las mujeres, escapando de aquellas visiones que consideran que violencia es sólo el golpe, la violación o el asesinato.

El maltrato o la violencia ejercida contra las mujeres por parte de compañeros o excompañeros es un tipo de violencia que mata a una media de 60 mujeres en el Estado español al año. Es un tipo de violencia que por sus características, (ejercida por un compañero íntimo, durante períodos generalmente largos de tiempo, y con múltiples dimensiones que van minando la autoestima de quienes la sufren), puede ser consideraba como una de las más cruentas. Debemos por tanto denunciar esta realidad y exigir al Estado que establezca todos los medios necesarios para su erradicación. Y también debemos exigir a la sociedad, y exigirnos a nosotros/as mismos/as, tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres.

Dicho esto, consideramos este tipo de violencia como la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres. Creemos que la violencia contra las mujeres tiene múltiples representaciones, y que el no plantearlo desde esta perspectiva convierte los casos de violencia contra las mujeres en hechos aislados que sólo afectan a una “pequeña” parte de las mujeres. Una parte de las mujeres sufre malos tratos, pero todas sufrimos violencia en diferentes momentos de nuestra vida: violencia económica (por ejemplo con nuestra precaria incorporación el mercado de trabajo); violencia sexual (desde las agresiones sexuales y violaciones, ante el acoso laboral); violencia psicológica; violencia socio-cultural (por ejemplo que la mercantilización de nuestros cuerpos en la publicidad, o la constante cosificación de las mujeres en los medios de comunicación); etc. Por tanto debe ser objetivo de las mujeres feministas de esta nueva fuerza política, y también de los varones que comparten la lucha con nosotras, erradicar toda forma de discriminación y violencia, y luchar por la construcción de sistemas equitativos y libres de violencia contra las mujeres.

Consideramos que es una tarea compleja y un proceso a largo plazo en el cual debemos poner todos nuestros esfuerzos, apostando por la mejora de las medidas legales; una atención de calidad e integral a las mujeres víctimas de violencia; el trabajo desde modelos de co-educación; la concienciación de los medios de comunicación y su importancia en la perpetuación de la violencia cultural y simbólica hacia las mujeres; etc. Múltiples campos de lucha y trabajo en los cuales debemos posicionarnos y actuar desde nuestra organización.

Centrándonos en lo concreto, queremos recoger las críticas que las mujeres feministas realizan a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y su aplicación. Consideramos que esta Ley y su aplicación deben ser mejoradas:

  • Garantizando los medios materiales y  humanos necesarios para atender y proteger a las mujeres que sufren violencia, sea cuál sea su lugar de residencia en el Estado español; se traten de mujeres de zonas rurales, o de mujeres inmigrantes en situación de irregularidad administrativa; etc.
  • Formando a los y las profesionales de los ámbitos policial, judicial, asistencial y sanitario, para que puedan comprender la violencia desde una visión integral y abordarla en consecuencia.
  • Trabajando la prevención de la violencia de género.
  • Promoviendo la coordinación entre todas las instituciones y organizaciones implicadas.
  • Agilitando los procedimientos judiciales, especialización de los juzgados y sensibilizando a los jueces y juezas encargados de los casos.
  • Valorando el tipo de pena y el grado de cumplimiento de la misma por parte de los agresores.

Sordera institucional > Manu Basanta (Alternatiba)

En una encuesta ficticia, y por tanto más rigurosa que la media, imagino que si grabadora en mano preguntásemos por la calle acerca del grado de aceptación de muchas de las medidas que las instituciones acometen a diario, un elevado porcentaje de las mismas suspendería estrepitosamente. Esta situación se agrava exponencialmente cuanto más alejadas de la ciudadanía se encuentran dichas instituciones, entre otras cosas porque el control sobre esas decisiones se aleja en la misma medida del pueblo.

Si lanzamos una mirada sobre las últimas acciones acometidas por el gobierno estatal, tales como la congelación de las pensiones, la subida del IVA, el abaratamiento del despido, o la bajada salarial al funcionariado, podremos asegurar que no solo carecen de respaldo, sino que además gozan de una oposición frontal del ciudadano medio, a pesar de la tibieza de la respuesta social.

Las instituciones traicionan a sabiendas el sentir mayoritario de la sociedad a la que representan, haciendo oídos sordos a sus protestas, que mantienen escondidas tras una hiriente cortina de humo: la supuesta falta de información y formación de dicha sociedad para escoger la mejor opción para su presente y futuro. Me parece repugnante insinuar que la ciudadanía es madura para elegirte pero demasiado infantil como para ejercer un control responsable de la gestión que haces de sus recursos, pero si así fuera, los principales culpables son quienes gestionando el poder público, pasan legislatura tras legislatura sin mover ni un dedo para revertir una situación que maniata y domestica a la sociedad.

Con su actitud evitan que la gente se haga protagonista de un sinfín de decisiones, muchas de ellas de máximo calado, como las últimas donde “papá estado” recorta sus derechos laborales por un adulterado bien común. Son las instituciones las que debieran ser garantes del protagonismo de la sociedad en su propio caminar, y no convertirles en paganos sumisos de sus malas decisiones. Al contrario asistimos a diario al sometimiento de los gobiernos a los dictados de las élites económicas, manteniendo un status quo que pesa como una losa sobre las espaldas de una mayoría social que ni siquiera imagina el sinfín de posibilidades que le abriría una democracia participativa, frente al déficit de representación que ahora sufre.

Lo cierto es que la ciudadanía se merece otra versión de sociedad en la cual tenga espacios de empoderamiento, forme parte activa de los procesos, genere propuestas y donde su voz sea determinante. Esa sociedad participada y corresponsable debemos empezar a construirla aquí y ahora entre todos y todas, y no esperar a que quienes nada han hecho hasta ahora despierten de pronto de su pasividad intencionada.

El Sahara Occidental, moneda de cambio del PSOE> Hector Rojo Letón (Diagonal)

Artículo de Héctor Rojo Letón publicado en la revista Diagonal

“Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza de que el Gobierno [franquista] no haya sólo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania”, afirmaba en 1976 Felipe González (PSOE) en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.

Más de 30 años después no descubrimos nada al decir que la descolonización del Sáhara Occidental no ha terminado, único caso en África, y que la potencia administradora de este territorio, según la ONU, es el Estado español. Tampoco si hablamos de los más de 120.000 refugiados saharauis que desde 1974 pueblan la hammada argelina. Allí huyeron de los bombardeos indiscriminados de napalm y fósforo blanco posteriores a la ocupación de su territorio por parte del ejército alauita.

Un muro de 2.700 kilómetros rodeado de minas antipersonas divide los territorios de la antigua provincia y colonia española. A un lado, las zonas liberadas que el Frente Polisario intenta poblar; del otro, los territorios ocupados, donde la población saharaui sufre la ocupación militar de marroquí. “Especialmente desde que el 6 de noviembre Mohamed VI en su discurso conmemorativo de la Marcha Verde declarara que sólo hay dos tipos de personas: marroquíes o traidores. La represión ha aumentado: detienen a gente por recibir a abogados internacionales, a activistas de los derechos humanos les han quitado sus papeles…”, denuncia El Mami Amar Salem, vicepresidente del Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos.

El Mami sigue muy de cerca la situación de Aminetu Haidar, pero tampoco se olvida de los siete activistas que desaparecieron en octubre a su vuelta de una visita a los campamentos. “Siguen en la cárcel de Salé, aislados y a la espera de ser juzgados en un Tribunal militar”, denuncia Khadad Emhamed, coordinador saharaui ante la Misión Internacional de Naciones Unidas para la celebración de un Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), que se creó en 1991

Una misión inconclusa y, de nuevo, paralizada. A primeros de diciembre se debía celebrar una nueva ronda de negociaciones que no tendrá lugar, “las detenciones de activistas saharauis y la expulsión a Lanzarote de Aminetu Haidar hacen que estas sean imposibles”, apuntilla Khadad a este periódico.

¿Apoyo a la causa saharaui?

Aun así la postura oficial de la dirección del PSOE es la de defender la causa saharaui que pelea por el derecho a su autodeterminación. Es decir, un referéndum en el que puedan elegir sobre su independencia o integración en Marruecos. ¿Igual que en 1976? “No hemos modificado ni una coma nuestra postura”, explica a este periódico Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional de este partido. ¿Y qué opinan de Marruecos? El propio González formó parte de la comisión que intentó que Marruecos organizara el Mundial de Fútbol de 2010. También es conocida su intermediación ante Mohamed VI en favor de que Telmex, empresa de Carlos Slim, entrase en el mercado alauita. O para que en 2006 Chile y Colombia decidieran no reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática.

Eso sí, la Agencia Española de Cooperación Internacional no ha dejado de nutrir a los campamentos de refugiados. “Preferimos que llegue un comunicado político que ejecute la legalidad internacional, a toda la ayuda que mantiene a nuestro pueblo en campamentos de refugiados”, reconoce Khadad.

“Marruecos es un tapón para la inmigración del África Subsahariana; empresas españolas realizan dumping social allí, al instalar sus centros y rebajar así las condiciones laborales de sus empleados; los armadores de barcos españoles pueden pescar en sus caladeros gracias a los acuerdos con la UE. Pero todo esto no me parece motivo suficiente para que el pueblo saharaui sea una moneda de cambio. Tampoco que altos cargos del PSOE como el propio Felipe tengan intereses personales”, explica perplejo Fernando Peraíta, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla.

Otra de estas posibles monedas de cambio es el comercio de armas. Desde 1984, todos los gobiernos han vendido o regalado material bélico a Marruecos. Tanto en plena guerra, como en la actual situación de alto fuego. En 2008 recibieron el obsequio de seis torpedos MK46 MOD-2 y una venta cifrada en 113, 9 millones de euros. La monarquía marroquí se convirtió en el tercer cliente de la industria militar española.

Los cambios en la ONU 
“Desde el Franquismo, los únicos gobiernos españoles que se han abstenido en una votación por la descolonización del Sáhara Occidental han sido el de Franco y el de Zapatero”, reconocía en 2006 a DIAGONAL Mohamed Y. Beissat, embajador del Polisario en Argelia, tras la actuación del Gobierno. Tan sólo un año después de la llegada de Zapatero a la Moncloa las cosas estaban muy claras. En marzo de 2007, en su visita a Marruecos, Zapatero conoció su última apuesta por la autonomía. “La parte española ha acogido esta propuesta con interés y considera que podría generar una nueva dinámica de diálogo”, según recogía entonces Asuntos Exteriores.

“Hay mucha gente del PSOE en las asociaciones de defensa del pueblo saharaui, incluso alcaldes o concejales. Esto debe crear contradicciones en el partido. La cúpula está del lado de Marruecos y la base en contra”, reconoce Peraíta. Según el actor Willy Toledo, presidente de la Plataforma Todos con Aminetu, que lleva en Lanzarote desde el 17 de noviembre, así se han manifestado también parlamentarios vascos del PSE o el secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo. Sin embargo, Valenciano no reconoce ninguna tensión. “Decir que hay un movimiento crítico es demasiado, hay mucha gente preocupada y nos pide que hagamos cosas”, apostilla.

El expolio, una traición más 
Desde 2007 a los caladeros saharauis han vuelto los pesqueros europeos, especialmente españoles y franceses. “La historia no tiene marcha atrás”, afirmaba este verano López Aguilar, ex ministro de Justicia y candidato al Parlamento Europeo por el PSOE, sobre las posibilidades de ratificar el Nuevo Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Marruecos. Al menos el conflicto saharaui ha vuelto a la “agenda internacional”. “Hay otros muros en el mundo que deben caer”, denunciaba el presidente hace unas semanas en el vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín. Como dirían en tierras de Zapatero: “Una cosa es predicar y otra dar trigo”. Los 2.700 kilómetros de muralla del Sáhara siguen levantados. Y la valla de Ceuta y Melilla también.

Algunas claves para mantener la vida> Yayo Herrero (Diagonal)

«La visibilización, politización y priorización del cuidado es una tarea necesaria para la sostenibilidad.Representa un cambio de prioridades antipatriarcal y anticapitalista. Es antipatriarcal porque se enfrenta al orden que impone la división sexual del trabajo. Es anticapitalista porque socava el concepto y el valor que el mercado da al trabajo.»

Artículo de Yayo Herrero publicado en Diagonal

 

El crecimiento económico y la obtención de beneficios como prioridad social han conducido en apenas un par de siglos a un cambio global en los equilibrios dinámicos de los sistemas naturales a los cuales la especie humana está adaptada. Los límites físicos del planeta han sido superados y los sumideros que deben degradar los residuos que genera el proceso económico no dan abasto. Pero el modelo socioeconómico no ha crecido sólo a costa de los sistemas naturales, sino también a partir de la apropiación de los tiempos de las personas para ponerlos al servicio de la maquinaria económica. Ha sido evidente en el caso de las personas empleadas de manera remunerada, pero es mucho menos visible o invisible en lo referente a de los tiempos dedicados a la reproducción social y mantenimiento de la vida cotidiana (como los cuidados en el hogar).

La reducción de la noción de trabajo a la esfera exclusiva del empleo asalariado, oculta el hecho de que para que la sociedad y la economía se sostengan es imprescindible la realización de una gran cantidad de trabajo que tiene por fin la resolución de las necesidades y el bienestar de las personas. Labores que, debido la división sexual del trabajo que impone el patriarcado, recae de forma mayoritaria sobre las mujeres en el ámbito del hogar. Esta segregación por roles es la que permite a los hombres ocuparse a tiempo completo del trabajo mercantil, sin tener que ocuparse de las personas de su entorno o de ellos mismos.

Del mismo modo que los materiales de la corteza terrestre son limitados y que la capacidad de los bosques para absorber CO2 no es infinita, los tiempos de las mujeres para trabajar tampoco lo son. Los cambios en los modelos urbanos, la supervivencia de las personas hasta edades más avanzadas, la precariedad y la creciente dedicación de las personas al empleo remunerado, hacen que cada vez sea más difícil cubrir esos tiempos necesarios para mantener la vida cotidianamente. En algunos casos, algunas mujeres contratan a otras mujeres que, casi siempre en condiciones precarias, realizan parte de estas tareas a cambio de un salario. Colocar la satisfacción de las necesidades y el bienestar de las personas como objetivo del proceso económico representa un importante cambio de perspectiva. Así el trabajo que permite a las personas desarrollarse y mantenerse como tales se sitúa como un eje vertebrador de la sociedad.

El capitalismo ha logrado convertir a las fuerzas productivas en fuerzas destructivas que, sin saberlo, muchas veces obtienen el salario realizando una actividad que deteriora la base natural que permite sostener la vida y crea miseria en otras partes del mundo. Frente a ello, los trabajos domésticos son trabajos socialmente necesarios, dotados de sentido vital. No persiguen un aumento constante de la productividad, ni operan según el mecanismo de la competitividad. Conllevan una carga fuerte carga emocional (que no siempre tiene por qué ser positiva) y, a diferencia del mercado, responden a una ética centrada en las relaciones y en las necesidades humanas. El trabajo en el mercado está orientado a la obtención de resultados, pero la satisfacción de necesidades de cara a mantenerse vivo no tiene fin. En una sociedad que, debido a los límites físicos, tendrá que aprender a vivir bien con menos, que deberá adoptar un modelo de producción y consumo más sobrio y equitativo, hay que reflexionar sobre qué trabajos son social y ambientalmente necesarios, y cuáles son aquellos que no es deseable mantener. La pregunta para valorarlos es en qué medida facilitan el mantenimiento de la vida en equidad.

Si intentáramos clasificar los trabajos según su aportación a la calidad de vida, el orden de valoración sería diferente al actual. Podríamos diferenciar entre trabajos ligados a la producción de la vida y trabajos que provocan su destrucción. No basta con que el cuidado se reconozca como algo importante si no se trastoca profundamente el modelo de división sexual del trabajo. Es preciso romper el mito de que las mujeres son felices y se realizan cuidando. Muchas veces cuidar es duro y se hace por obligación, porque no se puede dejar de hacer. Por ello, porque es imprescindible, los hombres y la sociedad en su conjunto se tienen que responsabilizar de él.

La sostenibilidad social necesita la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de mantenimiento de la vida, realizada en equidad y mantenida en el tiempo. Esta transformación puede provocar un cambio de enormes dimensiones: variaciones en los usos de los tiempos de vida, en el aprecio por el mantenimiento y la conservación, en la comunicación y en las formas de vida comunitaria. La visibilización, politización y priorización del cuidado es una tarea necesaria para la sostenibilidad. Representa un cambio de prioridades antipatriarcal y anticapitalista. Es antipatriarcal porque se enfrenta al orden que impone la división sexual del trabajo. Es anticapitalista porque socava el concepto y el valor que el mercado da al trabajo y denuncia la dependencia que el mercado tiene del trabajo de cuidado, además, propone la sustitución del objetivo de crecer por crecer por un compromiso con la defensa de las vidas (cualquier tipo de vidas) en condiciones dignas.

 

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